MINERIA: Para el ARI, "los gobiernos son cómplices del saqueo"


La Diputada Nacional Fernanda Reyes (ARI – Coalición Cívica) manifestó su preocupación por la situación existente en el Noroeste argentino en torno a las recientes y graves ofensivas políticas y judiciales contra los ciudadanos autoconvocados contra la gran minería contaminante.

El pasado sábado 25 de octubre, como consecuencia de un extraño "atentado" contra un camión de la empresa Minera Alumbrera (quema de dos cubiertas traseras), la justicia provincial de Catamarca, con una celeridad poco frecuente, ordenó el allanamiento de 17 viviendas en la localidad de Tinogasta de dicha provincia, propiedad de vecinos autoconvocados.
"Los allanamientos judiciales realizados en Tinogasta son de una gravedad institucional brutal. Secuestrar, como se hizo, cajitas de fósforos en las casas de los vecinos –luego de revisar de manera intimidante todos los domicilios-, no es sino la muestra mas cabal de la complicidad entre el Estado y las empresas mineras en estas provincias"
En el día de hoy, en la Provincia de La Rioja , personal policial, grupos especiales e infantería pretendían amedrentar y reprimir una manifestación pacifica de las Asambleas Ciudadanas Riojanas, en la ruta nacional 38, contra el paso de camiones de gran porte que trasladan materiales para la actividad minera a gran escala.
"Estamos en presencia de gobiernos cómplices de las empresas multinacionales que saquean impunemente nuestros recursos naturales, dejándonos solo los pasivos ambientales. El gobierno nacional es el principal socio del saqueo", afirmó la Diputada Nacional Maria Fernanda Reyes , integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación.
"La presencia policial en las manifestaciones lejos de proteger a los ciudadanos, busca intimidar y acallar las voces que se manifiestan legítimamente en contra de una actividad altamente contaminante. No se trata de hechos aislados, sino una practica sistemática y habitual en provincias donde las multinacionales mineras disponen impunemente de las instituciones provinciales, al amparo de una legislación nacional permisiva avalada perversamente por el gobierno de los Kirchner y su mayoría legislativa"

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