Crisis de la salmonicultura: un rescate a la chilena


Por: Paulina Vera P
Parece que está de moda rescatar a los grandes conglomerados económicos en problemas, y como Chile nunca quiere quedar fuera de las últimas tendencias mundiales, ha emprendido su propio rescate financiero a la industria del salmón. Claro, porque de pronto un producto estrella del modelo económico chilensis se encuentra en la más fatal de las crisis. Y, en lugar de un castigo o al menos, las más fuerte de las reformas, recibe de parte del gobierno un premio en forma de líneas de crédito avaladas por el Estado, en un paquete de medidas anunciado por la Presidenta Bachelet en la última semana de noviembre.

La situación es así: en los últimos 20 años el cultivo de salmón en Chile se convirtió en una industria pujante, con ganancias millonarias, exportaciones por unos US$ 2.000.000 y ganancias del orden de un 20 por ciento de las ventas. Así, se convirtió en poco tiempo en uno de los sectores que más aporta a la canasta exportadora del país. Sin embargo, todo esto ha significado una transformación enorme en el paisaje social y económico de la zona sur del país, principalmente en la Décima Región, donde se concentra esta actividad. Allí, cientos de centros productivos, tanto en el borde costero como en los lagos de la región, han intervenido los ecosistemas naturales. Y desde el punto de vista social, lo que predominan son unas condiciones laborales altamente precarias, tanto en términos de la seguridad física de los trabajadores como de sus remuneraciones.
Pero la presión de las empresas finalmente comenzó a pasar la cuenta. El año pasado se dio la voz de alerta a raíz de la aparición del virus ISA en los cultivos de salmones. Esta enfermedad, que no se traspasa a los humanos, afecta el crecimiento de los peces, obliga a una cosecha temprana, y ha forzado el cierre de decenas de centros de cultivo.
Esto, a su vez, ha reportado millonarias pérdidas para las empresas afectadas y por lo tanto, la pérdida de miles de puestos de trabajo; los sindicatos del sector aseguran que para marzo, probablemente habrá unos 10.000 trabajadores despedidos, generando profundas consecuencias sociales en la región.
Sin embargo y aunque ahora cueste creerlo, esta crisis no sólo era previsible, sino que fue advertida por diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que señalaron que las prácticas de cultivo y cosecha de las empresas en el país son nocivas y peligrosas. En efecto, la densidad al interior de las balsas jaulas, así como la cercanía entre los centros de cultivo, el abuso de antibióticos y otros productos peligrosos y el deterioro de los ecosistemas naturales producto de los desechos de los peces, generan una situación inestable y precaria, que favorece la aparición y propagación de este tipo de enfermedades.
Hoy, la situación es compleja no sólo por el estado sanitario actual de la industria, sino porque además muchas de las empresas se resisten a implementar medidas de control más estrictas o, al menos, a asumir los costos de lo que estas modificaciones significan. En su lugar, la respuesta ha sido intentar trasladar los mismos centros de cultivos, bajo las mismas condiciones, hacia zonas a las que la enfermedad aún no ha llegado.
Por ello, se han disparado en los últimos meses las solicitudes de concesión para centros de cultivo acuícolas en las regiones de Aysén y Magallanes. Pero está claro que el simple traslado de las empresas no significará una mejora de la situación sino que, por el contrario, se corre un alto riesgo de trasladar el virus y con él, todos los problemas que acarrea. Está por verse la actitud que adopten las autoridades frente a este intento de la industria. Una autoridad cuya respuesta más contundente, por ahora, ha sido poner dinero sobre la mesa –US$120 millones- con la finalidad de inyectar liquidez en una industria que claramente presenta problemas estructurales.
Fuente: http://www.vocesdelbosque.org

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