Tres medidas a medida con el saqueo y destrucción del medioambiente

El mes de noviembre se convirtió en el más fiel reflejo de la política económica llevada adelante por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tres acontecimientos de este mes han venido a ratificar el rumbo de un gobierno que, sin lugar a dudas, debemos inscribirlo en este tema, como en otros fundamentales, en un línea de continuidad con el menemismo y con el mandato de su marido: el veto a la ley de protección de glaciares, el anuncio de los programas Petróleo Plus y Refinación Plus y el primer aniversario de la Ley de Bosques Nativos sin reglamentación.
Pasada la pelea con el campo y la estatización de las AFJP, con estas tres políticas Cristina no ha hecho más que confirmar que su gobierno está al servicio de las multinacionales mineras, petroleras y sojeras, a costa de nuestros bienes naturales y de la salud de la población.
Repasamos las medidas:
 
11 de noviembre: a través del decreto 1837/08, la presidenta vetó la Ley de Protección de Glaciares que había sido aprobada por unanimidad tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores. La ley, además de crear un Inventario Nacional de Glaciares, prohibía que en los glaciares y su entorno “se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance”. Entre esas actividades, la ley detallaba la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera. Aunque la restricción se refería únicamente al área glaciar, las empresas mineras y su embajada, la Secretaría de Minería, pusieron el grito en el cielo. Cristina, fiel a sus demandas, impuso el veto.
“La principal y más significativa reserva de agua dulce de nuestro país, con su veto, ha sido puesta en riesgo de contaminación y deterioro irreversibles”, manifiesta el geólogo cordobés Carlos Seara en una carta dirigida a la presidenta. No es para menos, si tenemos en cuenta que datos de expertos de todo el mundo calculan que sólo el 3% del agua existente en la Tierra es agua dulce y que de este porcentaje, el 79% se concentra en los casquetes polares y en los glaciares. Es decir, que se está dando luz verde para que las empresas mineras no sólo consuman millones de litros de agua por día para procesar los minerales sino también para que destruyan la fuente natural de agua de las generaciones futuras. Cabe agregar las consecuencias que trae para la salud la actividad minera a cielo abierto, cuyo proceso incluye la voladura de la montaña con toneladas de dinamita por día y la utilización de cianuro para separar los metales de las rocas, al tiempo que las poblaciones vecinas a los emprendimientos ven crecer con alarmante rapidez los casos de cáncer y enfermedades respiratorias.
El decreto argumenta que la prohibición de las actividades descritas en la norma “podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas”. Mejor dicho, el desarrollo económico de las multinacionales mineras que se llevan oro, plata, cobre y otros 60 minerales vitales para la maquinaria industrial capitalista de otras latitudes. La minería a cielo abierto es un sinónimo de saqueo y contaminación ambiental de las provincias involucradas. Gracias al Código Minero implantado en el menemato, minas como Bajo La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan) pagan un máximo de 3% de regalías de lo que ellas declaran haber extraído y obtienen descuentos impositivos de toda clase. Y gracias al impulso del Plan Minero 2004 de Kirchner se preparan cientos de emprendimientos en toda la cordillera que son resistidos por vecinos autoconvocados y organizaciones políticas desde Santa Cruz hasta Jujuy.
El principal beneficiado del veto tiene nombre y apellido: Barrick Gold, que se alista para inaugurar el megaemprendimiento Pascua Lama, en la provincia de San Juan, y prevé la liquidación de una vasta zona glaciar.
 
13 de noviembre: Cristina anunció la puesta en marcha de los programas Petróleo Plus y Refinación Plus. “Este plan es de carácter estratégico y estructural” manifestó desde la Quinta de Olivos. No hay lugar a vacilaciones que es de carácter estratégico... para las petroleras.
En consonancia con el modelo  privatizador de los noventa y su profundización durante el gobierno de Néstor, Cristina implementa un plan de incentivos fiscales para que las petroleras incrementen las reservas de crudo y construyan y amplíen refinerías para producir más combustibles. Si Menem despojó al país de su empresa estatal YPF con la complicidad de Kirchner como gobernador; si Kirchner como presidente provincializó el control de los hidrocarburos y otorgó junto a los gobernadores de Chubut y Santa Cruz la concesión de Cerro Dragón a Panamerican Energy hasta el año 2047 (!); ahora el gobierno nacional premia a los responsables de la crisis energética.
Las petroleras no han explorado nuevos yacimientos y no han invertido en refinación. A cambio, han exprimido los pozos existentes para sacar fuera del país el crudo mientras se desabastece el mercado interno. Se premia a quienes nos dejan reservas de hidrocarburos para 8 años cuando antes de la privatización de YPF los niveles indicaban 15 años para el petróleo y 35 para el gas.
Una vez más, los beneficiados directos tienen nombre y apellido: Repsol y Pan American Energy.
 
28 de noviembre: se cumplió un año de la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos ¿Hay que festejar? Claro que no. El primer aniversario llegó sin la reglamentación correspondiente.
Si bien el planteo de la ley era bastante tímido ya que proponía un congelamiento de los desmontes por un año, hasta tanto se fijase un ordenamiento territorial en cada provincia, desde el gobierno nacional no se hizo absolutamente nada para instrumentarla. El tratamiento del proyecto había sido muy resistido por las provincias más decididas a liquidar los bosques nativos en aras de la ganancia de los empresarios sojeros, lo cual valió la incorporación en el Senado de una cláusula que otorgaría compensaciones a los productores que no podrían realizar nuevos desmontes. Tocados sus intereses, los gobiernos provinciales de Salta, Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero defendieron tenazmente los resarcimientos económicos para los responsables de la desaparición de 300.000 hectáreas de bosques por año. Proteger los bosques es nada menos que proteger la biodiversidad, el suelo, la calidad del agua, la regulación hídrica o la fijación de gases de efecto invernadero.
La ley se encuentra en vigencia. Sin embargo, no hay instrumento válido para controlar ni sancionar a aquellos que continúen desmontando indiscriminadamente ¿Los beneficiados? Grandes productores agrarios que se proponen extender la frontera de la soja más allá de los límites pampeanos a costa de familias campesinas e indígenas y árboles milenarios. Se trata del proceso de sojización que meses atrás, en medio de la pulseada con los productores, Cristina dijo combatir.
 
Es hora de discutir a fondo la política kirchnerista. Una política que responde a las necesidades de los capitales hambrientos de bienes naturales que escasean en otras partes del mundo. Una política que no repara en el daño ambiental que provoca la expoliación por parte de las multinacionales. Desde RedES seguimos luchando junto a los pueblos que se organizan para enfrentar el saqueo y la destrucción, proponiendo una alternativa política que contemple la soberanía popular sobre los bienes naturales y el acceso a un medioambiente sano.