Chile: Declaración Pública Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA)
En la edición del diario La Tercera del día miércoles 7 de enero, página 28, señala "Gobierno impulsa cambio legal para frenar rechazo a centrales". En el cuerpo del artículo se explica que la medida fue dada a conocer por la presidenta en la Cena Anual de la Energía, convocada por el ministerio de esa área.
Este incentivo se realizará a través de dos medidas: la primera es la modificación reglamentaria para que el pago de patentes de las generadoras de hidroelectricidad se realice en la localidad donde está ubicada la casa matriz de las generadoras, y así, los recursos sean redistribuidos por los municipios para el desarrollo de las zonas afectadas. El objetivo es que esta modificación entre en vigencia el primer semestre del año 2010. Como segunda acción, se establecerá la obligación a las empresas de contribuir al desarrollo local de las comunas en que se encuentren mediante el pago por cada megawatts instalado.
La presidenta declaró sin ambages que estas medidas están orientadas a "encontrar mecanismos que permitan reducir la oposición local a los proyectos energéticos, internalizando en las comunas parte de los beneficios nacionales que generan los proyectos".
Ante lo anterior FIMA considera que:
Ø El gobierno encabezado por la Presidenta de la República menosprecia el interés que los ciudadanos tienen por el medio ambiente en el que habitan. Se insiste en considerar que todos los intereses humanos están condicionados por fines económicos a los cuales estarían subordinadas las necesidades humanas no comerciables que, finalmente, son las que permiten que la vida de las personas sea única.
Ø Nos encontramos frente a una clara incitación a la coacción, lo cual, si en sí mismo es repudiable, peor aún lo es, si quién lo incentiva es el propio gobierno. La Presidenta pareciera no darse cuenta que su actuar está avalando las denuncias hechas contra las empresas hidroeléctricas en el sentido de que intentarían captar la voluntad de los vecinos con prebendas para que retiren las oposiciones a su proyecto.
Ø Denunciamos la falta de imparcialidad del gobierno dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental al apoyar abiertamente, proyectos que todavía no han sido capaces de cumplir con las mínimas normas que la Legislación Ambiental y el reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental establecen, tal como lo demuestran las múltiples observaciones efectuadas por los propios Servicios Públicos del Estado.
En consecuencia, repudiamos la negligencia con que el patrimonio ambiental de Chile es valorado por este gobierno.
Exigimos que el Estado cumpla con su deber constitucional de tutelar la preservación de la naturaleza, y que se garantice un proceso de evaluación ambiental imparcial, limpio y transparente.
