El bosque vive bajo amenaza



La organización ambientalista Greenpeace le pidió al gobierno de Salta que modifique el mapa ambiental que permite el desmonte de 1,3 millones de hectáreas y denunció que la propuesta diseñada por los funcionarios de la provincia determinaría “la completa desaparición de la región conocida como ‘El Impenetrable’”. Hernán Giardini, coordinador de campañas de la organización, expresó que “esa cantidad de terreno es demasiado y el departamento entero de Anta está condenado a desaparecer por el desmonte para la explotación”.

Desde la Secretaría de Política Ambiental salteña, Cristina Camardelli minimizó la cuestión y explicó que “el mapa es meramente orientativo para la ley. Hay 5 o 6 mapas posibles dando vuelta”. Sin embargo, Camardelli evaluó que “es poco probable que el definitivo difiera mucho de éste, ya que su trazado permite seguir desmontando la provincia por diez años más si las cuencas lo toleran”, al rechazar que se pueda producir un daño irreversible.

Según la funcionaria, la provincia tiene tiempo hasta marzo para presentar el plano oficial que acompañaría la Ley de Ordenamiento Territorial. La Ley Nacional de Bosques –que fue aprobada hace más de un año por el Senado Nacional, pero todavía carece de reglamentación establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial de sus zonas boscosas. La provincia tenía hasta el 28 de noviembre para hacer su ordenamiento, aunque la prórroga continúa y actualmente no se pueden autorizar talas ni desmonte.

Según técnicos del Consejo Superior de la Universidad de Salta, las modificaciones introducidas por los legisladores salteños a la ley de ordenamiento territorial, que permiten la prórroga por tres años de las autorizaciones ya otorgadas para el desmonte y el achicamiento de las áreas protegidas a los márgenes de los ríos –entre otras limitaciones-, van contra el espíritu de la ley. En diciembre, los técnicos de la universidad le pidieron si éxito al gobernador Juan Manuel Urtubey que vetara la ley porque “permite la continuidad indiscriminada de las actividades sin considerar el daño potencial para el ambiente”. Camardelli buscó despegarse de esas modificaciones y señaló que “desde la secretaría no estamos para nada de acuerdo con los cambios introducidos por el Poder Legislativo, si no, le hubiéramos puesto los artículos desde el comienzo. De todas maneras, no creemos que el gobernador deba vetarla por tres o cuatros artículos que fueron modificados”.

Desde Greenpeace, Giardini explicó que “en Salta las cosas se hicieron a la inversa: el mapa elaborado nunca se presentó oficialmente y el Poder Legislativo aprobó una ley de ordenamiento territorial que no sólo modificó su espíritu, sino que lo hizo sin tener un mapa oficial en la mano, y ya las unidades consultoras, como el INTA y la Dirección de Parques Nacionales, no están más vinculadas al proyecto”.

Entre los años 2004 y 2007, la gestión del ex gobernador Juan Carlos Romero autorizó 195 pedidos de desmonte. La Corte Suprema de Justicia ordenó parar la tala en cuatro departamentos salteños en el último año mediante una medida cautelar solicitada por dieciocho pueblos originarios de la región. Además, la Corte llamará a audiencia pública para el próximo 18 de febrero a la provincia. Esta medida, según Camardelli, no cambiará el mapa de desmonte, “porque hay que demarcar primero con exactitud cuáles son los territorios que pertenecen a los aborígenes”.


El ecocidio
Lo que acaba de ocurrir en Salta confirma mis temores y alimenta las peores sospechas. La Legislatura salteña ha votado días atrás una ley de ordenamiento territorial que autoriza al gobernador Juan Manuel Urtubey a presentar un mapa de posibles desmontes, tan amplio como su conciencia se lo permita. Miguel Bonasso.


Por M. Bonasso

Siguen pasando los días, las semanas y los meses y el Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley de Bosques, que promulgó el 28 de noviembre de 2007. Como autor del proyecto original he venido señalando que la ausencia del decreto correspondiente favorece a los interesados en violarla.

Lo que acaba de ocurrir en Salta confirma mis temores y alimenta las peores sospechas. La Legislatura salteña ha votado días atrás una ley de ordenamiento territorial que autoriza al gobernador Juan Manuel Urtubey a presentar un mapa de posibles desmontes, tan amplio como su conciencia se lo permita.

Los legisladores que le han otorgado esa carta blanca (o negra) proceden en su gran mayoría del romerismo y ya sabemos que el ex gobernador Juan Carlos Romero se apresuró a autorizar el desmonte de casi medio millón de hectáreas, cuando se tornó evidente que el Congreso Nacional aprobaría la ley. También sabemos que en Salta las topadoras de los grandes sojeros han volteado ya más de dos millones de hectáreas.

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) vienen advirtiendo –en todos los tonos– que no puede talarse ni un metro más por encima del millón trescientas mil hectáreas delineadas en un mapa provisorio de ordenamiento como zona verde. Existe el temor de que Urtubey, dando marcha atrás a sus promesas de campaña, permita el desmonte de tres o cuatro millones de hectáreas, lo que sería un verdadero ecocidio. No es un exceso de susceptibilidad: el senador provincial Alfredo Olmedo presentó un plan de ordenamiento que autorizaba el desmonte de seis millones de hectáreas.

Al ecocidio le sigue el genocidio de las comunidades campesinas y los pueblos originarios. Un reciente fallo ejemplar de la Corte Suprema hizo lugar a la protesta de estas comunidades arrasadas por la tala indiscriminada. Es, hasta hoy, el único poder del Estado que ha demostrado interés por frenar los desmontes. El silencio del Ejecutivo, por el contrario, alienta a quienes desde los gobiernos provinciales se remiten al viejo refrán “Hecha la ley, hecha la trampa”.
Fuente: criticadigital.com

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