El cambio climático: La mirada larga
El tema es que la misión del Estado no es construir aparato estatal, sino hacerlo para elaborar las matrices energéticas y así no administrar las que elaboren los privados, cuyo objetivo es la obtención de utilidades y no el bien común.
por: Por Gonzalo Rovira S. (Chile)
En un mismo día (18/9/2008) en El Mercurio se anunciaba, por una parte, que Noruega estaba dispuesta a aportar hasta mil millones de dólares para impedir la deforestación de la Amazonía brasileña, pues este esfuerzo "podría darnos las mayores, más rápidas y más efectivas reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero"; y por otra, en su editorial se propiciaba "el desarrollo de un buen mercado de bonos de carbono", un mercado bien regulado para asegurar su "precio". Se trata de preocupaciones de distinto signo, pero que dan cuenta de algo evidente, pues la humanidad enfrenta una difícil encrucijada: perdurar.
Pareciera que todos se quieren hacer cargo de lo que la propia humanidad ha provocado; sin embargo, cómo se hace y a qué velocidad dan cuenta de actores con una diferente comprensión de la situación. Las crecientes necesidades energéticas chocan con nuestra sobrevivencia y los argumentos en defensa del progreso llegan al relativismo más absoluto con tal de justificar el desastre medioambiental. Sin embargo, el daño es tan irrebatible que el relativismo se topa con la evidencia.
Uno que se dio cuenta que incluso el relativismo debía aceptar que su propia justificación es absoluta y no relativa, o no podría tener opinión de nada, es Al Gore. El ex vicepresidente norteamericano, en su libro "Una verdad incomoda" (Gedisa-Océano, 2007), señala que cuando hablamos del cambio climático nos referimos a un fenómeno "atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial -mediante la emisión de los gases de efecto invernadero, sus precursores y los aerosoles- y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables". Aunque resulta inevitable que se lo critique, pues cuando participó del poder no fue un gran aporte a la solución, es evidente que su posición ha influido positivamente en la actitud vacilante de otros sectores de la sociedad norteamericana.
El ex vicepresidente ha debido reconocer como absoluto; que durante el siglo XX la temperatura superficial global promedio de la atmósfera aumentó en +- 0,6 C; que el aumento de emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y aerosoles por actividades humanas continúa alterando la atmósfera; que la década de los 90 fue la más cálida en el hemisferio norte y que 1998 fue el año más cálido del siglo XX.
Gore sólo seguía el camino argumental planteado antes por el profesor Peter Singer, que ya había descalificado el argumento relativista en política; y aunque lo considera burdo y banal, por lo que sugería como innecesario regalar tiempo a analizar su ética, él mismo dedicó al problema parte de su libro sobre George Bush, "El Presidente del bien y del mal" (Tusquets, 2004), pues cuando éste declaró que no iba "a permitir que Estados Unidos soporten la carga de limpiar el aire del mundo", nos estaba recordando algo que ya sabíamos: no podemos esperar de los otros, en particular del norte, políticas que enfrenten el creciente daño ambiental.
En Chile nos topamos con los mismos argumentos, pero con el agravante que de acuerdo con la Convención de Cambio Climático, somos un "país vulnerable". Con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a desastres naturales, sequía y desertificación, áreas urbanas altamente contaminadas y ecosistemas frágiles.
Los pronósticos son bastante malos. Estudios de Conama indican que a 2040 la zona norte será aún más árida, avanzando la desertificación y la reducción hídrica en la zona central, y aumentando las precipitaciones más al sur. Hacia finales del siglo XXI la situación será aun peor. Enfrentaremos cambios significativos en la temperatura y la precipitación.
Derivado del proceso de calentamiento se producirá una reducción del área andina capaz de almacenar nieve entre estaciones, por lo que en las regiones cordilleranas que corresponden a las de mayor productividad desde el punto de vista silvoagropecuario, y en las que se ubica la generación hidroeléctrica del sistema interconectado, en todas las estaciones habrá reducciones del área comprendida dentro de la isoterma cero, la zona en que la precipitación debería ser sólida. En cuanto a la pluviometría, con excepción de la región altiplánica en verano y el extremo austral en invierno, dominan las disminuciones. Si sumamos estas bajas pluviométricas a la elevación de la isoterma cero, nos encontraremos con un cuadro preocupante en las regiones centro y centro sur.
Y aunque estos estudios no incorporaron la variable económica en la determinación del impacto, es evidente que lo tendrán. El Tercer Informe de Evaluación del Panel Internacional sobre Cambio Climático (2001) indicó que los países en desarrollo serán más afectados que los desarrollados, en términos de inversión, economía y pérdida de vidas.
Un caso en que sí podemos establecer el impacto es en nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (Snaspe), ya que un reciente informe (PNUD-GEF) estimó, con "una visión conservadora", que el valor del flujo anual de los servicios ecosistémicos que éstas proveen, "como valor ‘piso’", es de 2.551 millones de dólares, lo que equivale a que cada hectárea protegida aporta anualmente como mínimo el equivalente a 170 dólares.
Este aporte representa 2,2% del PIB de Chile, lo que "supera en más de 20% el producto anual generado por el sector comunicaciones" y "equivale a más de tres cuartas partes de los gastos en salud, a más de dos tercios de los gastos en educación y a más de un tercio de los gastos públicos para la protección social".
Actualmente se discute en el Congreso un proyecto que crea el Ministerio y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Con este paso se crea un necesario ente fiscalizador, pero al mantener repartidas las atribuciones en diversos ministerios, resulta que los mismos que están encargados de fomentar la explotación de nuestros recursos naturales se mantienen como supuestos responsables de las acciones de conservación.
Efectivamente, desde afuera de la economía de mercado -como señala Gore- también es posible el impulso de políticas ambientales sustentables por parte del gobierno, pero ello requiere decisión. El Estado tiene muchos mecanismos directos de presión y coerción para lograr que las grandes empresas respeten nuestras aún insuficientes normativas, y para esto es determinante no esperar un "ajuste natural" del sector público, como señala el documento de la ley, sino entregar las atribuciones a los organismos que se están creando, y así no se confundan intereses sectoriales, aparentemente relativos, que terminan haciendo ineficientes las políticas del Estado.
La seguridad jurídica es un bien social, y también significa no quedar a merced de los intereses de poderosos grupos económicos. Podemos exigir que la contaminación se compense, pero ¿cuál será el límite? ¿Cuál su medida?
El Estado no sólo debe tener "organizaciones responsables en la gestión y con un sistema de fiscalización eficiente y sujeto a rendición de cuentas", además debe definir esos límites. Aunque hemos establecido el valor económico que tiene nuestro "medio ambiente poco intervenido", las empresas, nuevamente recurriendo al argumento relativista, insisten en considerar un gasto y no una inversión el dinero ocupado por los servicios públicos para la conservación o protección ambiental, aun sabiendo que al hacerlo estamos valorizando nuestros activos como país.
De manera simultánea, sus medios de comunicación no consideran o relativizan las externalidades negativas de las acciones públicas y privadas sobre la matriz ambiental, llámense centrales hidroeléctricas o carreteras sobre territorios no explotados, las que no son valoradas económicamente como pérdidas de activos para el país.
Chile requiere de una matriz energética que responda a su desarrollo, pero ¿una basada en hidroeléctricas, con el consecuente daño ecológico y económico, es nuestra medida? ¿Cuál es el valor de las pérdidas de servicios ambientales que implica la modificación de los ecosistemas de Aysén por el proyecto HidroAysén?
Hoy existen otras fuentes energéticas, y es evidente que el alto costo de las actuales, incluida la atómica, incentivara la búsqueda de otras nuevas. El Mercurio, con los mismos argumentos relativistas, nos "recuerda" que el desarrollo de fuentes de energías alternativas (eólicas, solares, etc.) significará un "encarecimiento" de un 3% en los costos de energía. ¿Y los beneficios económicos de largo plazo a que porcentaje de nuestro PIB equivalen?
Todo indica que deberemos explorar nuevas formas de satisfacer una matriz energética que responda a nuestras necesidades de mediano y largo plazo. Si bien es efectivo que otros países han incorporado la energía atómica a su matriz, nada nos indica que su concepto de desarrollo sustentable sea el adecuado, lo que sí es efectivo es que estos esfuerzos han traído consigo un importante desarrollo científico. De cualquier forma debemos asumir que el desarrollo de una matriz responsable significa también invertir en ciencia y tecnología.
El tema es que la misión del Estado no es construir aparato estatal, sino hacerlo para elaborar dichas matrices y así no administrar la que elaboren los privados, cuyo objetivo es la obtención de utilidades y no el bien común. El Estado no sólo debe tener "organizaciones responsables en la gestión y con un sistema de fiscalización eficiente y sujeto a rendición de cuentas", también debe tener matrices medioambiental y energética, las que deben ser compatibles entre sí y reguladas por órganos independientes. El tenerlas o no, es una responsabilidad del Estado que no debe quedar sometida a acuerdos políticos que perjudiquen nuestra calidad de vida y la de futuras generaciones.
Fuente: http://www.lanacion.cl
