Impactos de la minería en el Estado español
25.000 mineros con pensiones de invalidez permanente por silicosis
El funcionamiento del sector minero trasciende fronteras. La alianza con instituciones públicas y la poca responsabilidad social ante los costes socioambientales que tiene su actividad se repiten en cada proyecto.
En los países empobrecidos las grandes multinacionales controlan los yacimientos, generando sus propios beneficios para el norte y dejando contaminación y pobreza para el sur. Mientras, los gobiernos que tendrían que ser, al menos, mediadores entre las poblaciones afectadas y las empresas, se alían claramente con estas últimas, aportándoles facilidades a todos los niveles. Pero, ¿qué pasa en el norte? ¿Cómo es la minería en el Estado español?
Diferencias y semejanzas
En el Estado español se importa tres veces más de lo que se exporta y la producción mayoritaria es de minerales industriales.
Desde que en 2003 finalizó la minería de zinc y plomo, la producción de minerales metálicos se redujo casi a la mitad y en la actualidad consta básicamente de la extracción de oro en Asturias. En cuanto a los recursos energéticos también se han visto en descenso, sobre todo con el carbón, un mineral que en cuatro décadas ha pasado de ser el combustible básico a ser un producto considerado de segunda y sucio. Aún siendo clasificado como país “desarrollado” y sin estar atado a la deuda externa ni ser un punto de mira para la explotación minera mundial y teniendo leyes medioambientales más estrictas y directrices europeas al respecto, parece que la lógica dentro del sector minero no es muy diferente a la de los países del sur.
Una decena de empresas son las que controlan la producción minera en el Estado español, donde existen más de 4.000 explotaciones. También aquí encontramos varios casos, como el del valle de Baztán, donde las instituciones públicas se posicionan claramente a favor de las empresas sin atender las preocupaciones de la población. La minería tal y como se practica hoy en día produce graves impactos en el entorno y en el paisaje, impactos sociales, impactos en las economías locales y graves impactos en la salud humana como sucede en el área de Asturias y León.
25.000 mineros con pensiones de invalidez permanente por silicosis
La huella que el carbón ha ido dejando en España se vuelve más negra a medida que nos acercamos a la provincia de León y a la región de Asturias. En esta demarcación asturleonesa se concentra más del 80% de la producción nacional de antracita, cifra que se eleva al 90% si nos referimos a la hulla. Las elevadas concentraciones atmosféricas de polvo de carbón en sus explotaciones inciden negativamente en la seguridad laboral y la salud de los mineros de la zona. A principios del siglo XX, leoneses y asturianos trabajaban a destajo en esta atmósfera insalubre sin horarios definidos, bajo la norma patronal de que, en función de lo que quisieran ganar, tantas horas debían trabajar. Pero no hace falta remontarse un siglo atrás. En la actualidad, los datos oficiales hablan de 25.000 mineros asturleoneses con pensiones de invalidez permanente por silicosis, enfermedad profesional asociada a la extracción del carbón.
Instituto Nacional de Silicosis
No es casual que el Instituto Nacional de Silicosis (INS), único nacional para el tratamiento paliativo que requiere esta enfermedad, se ubicara en Oviedo, en un intento de dotar a la región asturleonesa de un centro que ayudara a paliar la trágica situación que vivían los mineros de la demarcación. Hasta la creación del INS, en el año 1970, la silicosis llevaba irremediablemente a la muerte. Es difícil conocer datos concretos sobre el número de fallecidos por silicosis, puesto que la mayor parte de casos ni siquiera se había diagnosticado previamente. “Los mineros que no fallecían en accidentes laborales, lo acababan haciendo por silicosis; de una forma u otra, la profesión llevaba asociada su propia pena de muerte”, explica José Sala, jefe clínico de Neumología del Hospital de Oviedo. Los altos niveles de material particulado no sólo inciden en las condiciones laborales de los mineros, sino que las poblaciones asturleonesas cercanas a las explotaciones también v en afectadas su salud ambiental. Las denuncias no cesan. Mientras que en Villablino (León) se estima que más de 150 familias respiran día tras día el polvo de la montaña de carbón, en Mieres (Asturias), la Coordinadora Ecoloxista alerta sobre los niveles de partículas en suspensión y de óxidos de nitrógeno del municipio, por encima de los máximos establecidos por la directiva europea en vigor.
La mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa, en Sevilla
Los impactos ambientales derivados de la extracción de cobre a cielo abierto son ya muy graves, pero pueden llegar a ser irreversibles si afecta a las aguas subterráneas y superficiales del alrededor.
El proyecto minero Cobre las Cruces, situado entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, es propiedad de la empresa minera canadiense Inmet Mining Corporation. El proyecto consta de una cota minera (considerada la mayor mina a cielo abierto de extracción de cobre en Europa), y de unas instalaciones para transformar el mineral en metal cobre, que necesitan gran cantidad de agua para su funcionamiento. Una vez utilizada en el proceso productivo, previa depuración, el agua es conducida al río Guadalquivir para verterla a la altura del municipio de La Algaba. Para responder a las presiones por parte de los habitantes de este municipio y de grupos ecologistas de la zona sobre la incertidumbre en relación a las consecuencias del vertido en el río, la empresa minera encargó a una gestoría medioambiental la realización de un estudio sobre las posibles afecciones para las aguas. El informe encargado asegura que el vertido no tendrá consecuencias, y que dichos riesgos están asociados a situaciones de déficit hídrico en la cuenca. Resulta paradójico porque esta cuenca es una de las más castigadas por la sequía de España, y por otro lado, la del Guadalquivir está ya muy deteriorada debido a la variedad de vertidos contaminantes que acaban en sus aguas. Actualmente esta situación no impide los usos del río abajo del vertido. Unas 30.000 hectáreas. de arrozal se nutren de las aguas que después alimentan las marismas del Parque Nacional de Doñana, y en la desembocadura del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz hay una actividad pesquera muy importante.
Impactos en el acuífero
A su vez, el yacimiento se sitúa justo debajo de una parte del acuífero Niebla Posadas (una de las pocas masas de agua subterráneas de la zona que no está contaminada). Para llegar hasta él, la empresa diseñó un modelo de sistema llamado “drenaje-inyección”, consistente en una serie de sondeos de drenaje en la cota que deprimirían las aguas del acuífero para poder acceder al mineral, conectada, a su vez a unos sondeos de inyección que reinyectarían las aguas en otra parte del acuífero. Debido a las deficiencias detectadas cuando ha entrado en funcionamiento dicho sistema, en septiembre, la Fiscalía de Sevilla ha interpuesto una querella criminal a la empresa por contaminación de las aguas con arsénico, entre otros cargos, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir suspendiera el permiso del citado sistema. Actualmente, dichas administraciones están a la espera de que la empresa asegure la fiabilidad de sus actuaciones. Las consecuencias de una posible contaminación, tanto de las aguas superficiales, como subterráneas, serían irreversibles.
Fuente: http://www.rebelion.org/
