Masacre en la Amazonía
Represión policial termina en baño de sangre con un saldo de 40 muertos entre nativos, pobladores y policías.
Pueblos de la selva se sublevan y gobierno decreta toque de queda.
El nororiente peruano estuvo convulsionado todo el día de ayer luego que la policía antimotines desalojó a balazos a miles de nativos y pobladores de Bagua que permanecían en la carretera Fernando Belaunde Terry en señal de protesta por la terquedad del gobierno y sus aliados políticos, Unidad Nacional y el fujimorismo, de no derogar las leyes antiamazónicas.
Por culpa de este desigual encuentro cayeron abatidos unos 15 nativos awajun y 11 pobladores bagüinos, 3 no identificados y también 11 policías de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). También, según informes de la zona, es posible que el número de muertos entre los awajun-wampis aumente.
La violencia estalló en las ciudades de Jaén (Cajamarca), Bagua Grande y Bagua Chica (Amazonas), con enfrentamientos entre la policía y pobladores.
Mientras tanto, en Tarapoto (San Martín), Yurimaguas (Loreto) y en Lima la población identificada con la lucha amazónica salió a las calles y carreteras a protestar y expresar su indignación.
Pasadas las 8 de la noche llegaron a Lima los cuerpos de los 9 policías que murieron ayer, y el gobierno ordenó el toque de queda en las ciudades estremecidas por los acontecimientos de este inolvidable Día del Medioambiente.
La masacre En la zona conocida como “Curva del Diablo” comenzó, aproximadamente a las 5 de la madrugada de ayer, un operativo policial de desbloqueo, con el apoyo de helicópteros que lanzaron bombas lacrimógenas sobre los indígenas (unos 2,000) y pobladores de Bagua Grande y Bagua Chica solidarios con la protesta amazónica.
Según Darío García Bustamante, uno de los heridos de este enfrentamiento, el primer encuentro contra la policía fue en el sector “Siempre Viva”, a pocos kilómetros de la “Curva del Diablo”, cuando efectivos de la Dinoes lanzaron bombas lacrimógenas contra los indígenas apostados en la carretera. Esto motivó la enérgica reacción de los aguarunas que provistos sólo de lanzas, piedras y palos trataban de ponerse a salvo entre la vegetación de la zona y algunos montículos de tierra.
El operativo policial fue realizado por unos 600 policías armados de la Dinoes y de la Dirección Antidrogas (DINANDRO), que dispararon frontalmente al cuerpo de los manifestantes.
Otro testigo, Alexander Sacay, brazo derecho de Santiago Mauig (representante notable del pueblo indígena), dijo que mientras eran bombardeados desde los helicópteros, algunos francotiradores (policías) les disparaban desde los techos de las casas y edificios.
“En un momento, los ex combatientes del Cenepa trataron de impedir la masacre, pero también fueron repelidos por la policía a balazos, resultando heridos y auxiliados por los manifestantes, quienes trataron de ponerlos a buen recaudo en medio de la Plaza de Armas de Bagua y debajo de la tolva de un camión. Sin embargo, allí perecieron varios de los heridos, entre ellos, un rondero”, indicó Sacay.
Bagua Chica Indignados ante estos acontecimientos, los habitantes de Bagua Chica salieron a las calles a apoyar a los nativos, pero la policía no cesó su ataque hiriendo gravemente a niños, jóvenes y adultos, quienes inmediatamente fueron traslados a los hospitales de EsSalud y del Lanatta Luján del Ministerio de Salud.
Hasta las 2 de la tarde, los fallecidos en Bagua Chica eran cinco policías, siete aguarunas y tres civiles. Entre los muertos fue identificado el policía Julio César Valera Quilcate (26), natural de La Libertad, quien presentó una perforación de bala cerca de la oreja. También murieron Cernia Severo Wawat, Felipe Sabio Wawas y Abel Ticlia Sánchez (27), natural del centro poblado La Peca.
Mario Linares, de la red de Salud de Bagua, confirmó que entre los heridos estaba el director de Radio Fuego, Javier Santa Cruz, con una bala en la pierna. Denunció, asimismo, el colapso de los centros de salud debido a la falta de medicamentos. La enfermera Teresa Romero dijo que todos los heridos eran de bala “en la cabeza, el brazo y abdomen”.
Los manifestantes incendiaron el local del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PRONAMACHS), las instalaciones del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y las instalaciones de la Subprefectura, el Poder Judicial y una unidad móvil de este organismo del Estado.
La caótica situación fue aprovechada por ladrones que cometieron saqueos en la zona comercial.
El alcalde de la provincia de Bagua, Jaime Vílchez Oblitas, condenó al gobierno central por los actos de violencia que se registran en Jaén, Bagua y Utcubamba. “No supieron manejar la situación, ahora huyen y no afrontan las consecuencias”, señaló.
El burgomaestre lamentó la pérdida de vidas humanas. Dijo que si el presidente de la República Alan García y el premier Yehude Simon hubiesen actuado de manera correcta, ahora no estaríamos lamentando las muertes.
“Es lamentable que el jefe de Estado no haya podido manejar el conflicto propiciado por el reclamo de los aguarunas en protección del medio ambiente”, señaló. Asimismo, lamentó la histeria colectiva que se vive en esa provincia y en otras localidades del nororiente del país.
Bagua Grande Los actos de mayor violencia ocurrieron en Bagua. En esta provincia más de dos mil aguarunas y ronderos tomaron las calles y el parque principal de la ciudad, quemando el local de la Policía Nacional del Perú, el local del Partido Aprista, la Gobernación y otros establecimientos. Conforme pasaban las horas el temor crecía, debido a que para evitar mayores incendios las autoridades de la provincia decidieron cortar el suministro eléctrico.
Los enfrentamientos se registraron en el sector El Reposo, 4 kilómetros antes de llegar a Utcubamba. En este lugar los manifestantes tomaron por asalto el puesto policial, que dejó como saldo cuatro policías muertos.
Por su parte, el doctor Rodas, del hospital de EsSalud “El Buen Samaritano” de Bagua Grande, informó que tenían en el hospital a siete heridos, entre ellos dos niños heridos de bala como Laydi Montes Gonzáles (7) y a un adolescente de 12 años de edad que trató de salvar a sus hermanitos menores; mientras que en el hospital Santiago Apóstol de Utcubamba se atendían 36 heridos de bala, tres de suma gravedad.
Jaén A un día de su aniversario, la ciudad de Jaén se vio convulsionada por los actos de violencia. Desde las primeras horas los manifestantes tomaron el cruce Chamaya, interrumpiendo así el tránsito de buses interprovinciales al nororiente peruano.
En esta ciudad, los ánimos se caldearon cuando la policía intentó frenar a los manifestantes que procedieron a quemar el local de la Compañía de Bomberos. Los muertos serían cuatro policías. Mientras tanto, otros cuerpos eran trasladados al cuartel “El Milagro” desconociéndose la intención.
Desaparecen los cuerpos El representante de la Vicaría de Medio Ambiente Apostólico de Jaén, Nicanor Alvarado, exigió a las autoridades que expliquen urgentemente por qué un grupo de heridos y muertos civiles que dejó la intervención policial en la zona denominada la “Curva del Diablo” está siendo trasladado de manera sospechosa al cuartel “El Milagro”, denunció ante Ideeleradio.
“Aún no hay una relación de personas y las cosas son inciertas, lo único que hemos visto es que los heridos están siendo trasladados al cuartel “El Milagro”, mentiría si digo cuántos son, pero eso es lo que hemos visto. Pido a los organismos internacionales que intervengan y que el Congreso forme inmediatamente una Comisión de Alto Nivel para acabar con esta persecución y muerte de nativos”, demandó.
Lina Godoy (Lima) Rocío Faya (Chiclayo)
La Primera, Perú
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Grupos indígenas amazónicos se enfrentan a gobierno pro-empresarial del Perú
El poder político de los pueblos indígenas del Perú —estimados en 45% de los 28 millones de habitantes— por mucho tiempo palideció en comparación con el de sus vecinos andinos de Bolivia y Ecuador.
Los indígenas peruanos están entre los sectores más pobres del país pero habitan en tierras ricas en recursos naturales, sin embargo no han logrado consolidar una agenda política que dé fuerza a su movimiento.
A diferencia Bolivia y Ecuador donde las luchas más fructíferas para consolidar el movimiento indígena proviene de los grupos andinos, en el Perú son los grupos nativos de la cuenca amazónica los que están viendo resultados a sus demandas para proteger sus tierras y medios de vida.
Desde que asumió el poder en julio del 2006, el presidente Alan García ha mantenido a toda máquina su agenda pro-empresarial, negociando tratados de libre comercio con países como Chile o China, y abriendo agresivamente la selva del país a la inversión para la exploración masiva de gas y petróleo. Es por ello que los indígenas amazónicos están en pie de lucha desde abril.
Decretos de la discordia
Una de las decisiones más controvertidas de García fue la promulgación de un paquete de 99 decretos legislativos en mayo del 2008 para ayudar a impulsar la inversión privada en el Perú, que todavía espera este año encabezar el crecimiento económico en la región. Pero los decretos, aprobados como parte del tratado de libre comercio con EEUU que entró en vigencia el 1 de febrero, provocaron la ira de las comunidades indígenas, particularmente las amazónicas.
En agosto del año pasado los indígenas amazónicos protagonizaron masivas protestas contra los decretos legislativos que flexibilizaban los requisitos para la venta de las tierras comunales. Sostenían que las normas servían para crear divisiones en sus comunidades, mientras que otros críticos de las medidas dijeron que las empresas hidrocarburíferas podrían usar incentivos financieros para persuadir a los nativos amazónicos a entregar sus tierras ancestrales.
Luego de 11 días de movilizaciones, el Congreso derogó en setiembre dos de los decretos, poco después que el gobierno subastara 17 nuevos lotes petroleros y gasíferos, muchos de ellos en la cuenca amazónica. García calificó la decisión de los legisladores como un “grave error histórico”.
Pero hay otros nueve decretos que los movimientos indígenas, encabezados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a 1,350 comunidades, demandan sean derogados porque los consideran inconstitucionales. También violan la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que establece la protección de las tierras comunales y la consulta previa para cualquier actividad en ellas o su venta.
El 9 de abril los indígenas iniciaron su huelga indefinida que puso una presión sin precedentes sobre el gobierno de García. Los indígenas tomaron puentes y carreteras y paralizaron el tráfico fluvial. También tomaron dos estaciones de bombeo de petróleo pertenecientes a la estatal Petróleos del Perú, lo que obligó a la empresa a cerrar el oleoducto norperuano, dejando de enviar hacia la costa crudo destinado a la exportación. La petrolera argentina Pluspetrol fue obligada a detener sus operaciones en los lotes 1-AB y 9 en el noreste del país. El 30 de mayo, manifestantes ocuparon parte de un gaseoducto en el yacimiento de gas de Camisea, en el departamento suroriental de Cusco.
El 9 de mayo el gobierno declaró estado de emergencia por 60 días sólo en las zonas donde hay inversión minera y petrolera y ordenó a las Fuerzas Armadas disolver las protestas.
“Las tierras de la Amazonia son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación, son de todos los peruanos y no de un grupo que viva allí”, dijo García en un mensaje a la nación al cumplirse un mes de iniciadas las protestas. “Las riquezas del Perú son de todos los peruanos”.
Diálogo infructuoso
A pesar de la teoría de García, la Comisión de Constitución del Congreso votó a favor de derogar el decreto 1090, la llamada Ley de Flora y Fauna, uno de los más controvertidos de los nueve que los nativos demandan sean derogados y que permite la venta de las tierras si son “de interés nacional”.
Al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se le dio la tarea de sofocar el levantamiento, pero usó medidas duras, negándose a dialogar mientras la protesta siguiera en pie. No obstante, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, y Simon acordaron sentarse a discutir los decretos, así como otros temas tales como acceso a la salud y la educación de estas comunidades que viven en la extrema pobreza.
Sin embargo, las protestas han continuado y algunos miembros de comunidades indígenas amazónicas han criticado a Pizango por aceptar las negociaciones.
El procurador del Ministerio del Interior, Julio Talledo, ha entablado una denuncia penal contra él y otros cinco líderes indígenas por atentar contra la tranquilidad pública y atacar medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos. Pizango, sin embargo, niega que con la medida de fuerza de los pueblos amazónicos se haya violado los derechos a la propiedad privada.
A pesar de estos contratiempos y que las autoridades tienen la mira puesta en los líderes indígenas, la atención está centrada en el gobierno de García, quién está tratando de salvar la imagen del Perú como la “nueva estrella” de América Latina, de ser un imán para la inversión. Pero esos temas, que por mucho tiempo han estado latentes, finalmente salieron a la superficie y los legisladores finalmente les están prestando algo de atención.
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