EL LAMENTABLE DESENCUENTRO ENTRE POLITICA Y AMBIENTE

TRES EJEMPLOS: CHILE-PERU-ARGENTINA

CHILE: Frei Reconoce que si es Electo Implementará Energía Nuclear el año 2020
06/08/2009 - 11:44:59
El candidato presidencial de la Concertación Eduardo Frei, quien se reunió esta mañana con un grupo de empresarios del Centro de Estudios Públicos, reconoció que tiene planeado para el año 2020 implementar la energía nuclear en el país.

El postulante oficialista, dijo que "una cuestión estratégica que Chile no puede dejar de evaluar si no quiere ver afectada su seguridad nacional".

Dijo que si llega a ser electo como presidente, creará la Agencia de Energía Nuclear para evaluar su implementación en Chile.

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PERU: La miopía ambiental de García
Por Raúl Chacón Pagán

Como cada 28 de julio, el presidente constitucional de la República del Perú dirigió a la ciudadanía su mensaje de balance anual y líneas a seguir durante los siguientes doce meses.
Como cada 28 de julio, el presidente constitucional de la República del Perú dirigió a la ciudadanía su mensaje de balance anual y líneas a seguir durante los siguientes doce meses. Un mensaje, a primera vista, cargado de optimismo y triunfalismo desarrollistas que, como era previsible, culminó con un llamado a rechazar el divisionismo y autodestructivismo. En aras de salvaguardar la democracia y el progreso, tal como los entiende el actual régimen. Desde luego, Bagua, Andahuaylas y Sicuani, todos mencionados, eran los principales demonios a exorcisar.
Desde luego, las opiniones sobre el mensaje están tajantemente divididas: El gremio de los grandes empresarios y la bancada aprista, sobre todo, se mostraron bastante satisfechos con aquel, mientras que la oposición y los intelectuales de izquierda no tardaron en lanzarle sus críticas del caso. Es decir, lo que para unos eran méritos e indicios de seguir por el buen rumbo, para los otros eran vacíos o señales de un manejo preocupante de los recursos económicos del Estado.
El meollo del mensaje de García fueron las cinco reformas necesarias para convertirnos, según él, en un país “del primer mundo, desarrollado y justo” el año que se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia. Esas reformas son las de la descentralización, la educación, la salud, la administración de justicia y la reducción de la pobreza. Ejes alrededor de los cuales García se explayó largamente. Sin embargo, hubo un vacío especialmente preocupante: la reforma de la gestión ambiental. Algo urgente en un país donde, según la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los conflictos sociales tienen un trasfondo ambiental, es decir, son conflictos socioambientales (128 de 273 conflictos). Lo más saltante de esta ausencia es constatar que en un mensaje de más de 10,000 palabras, sólo se menciona una vez la palabra “ambiente”. Curiosamente, lo hace tras hablar de la pequeña empresa, y no de las grandes empresas más contaminadoras: ciertas mineras e industrias. Este sinsentido no le impidió al mandatario mencionar dos veces a la empresa Doe Run Perú y nueve veces al gas natural. Con lo cual se asomó a dos complejas problemáticas socioambientales: la contaminación ambiental a causa de la metalurgia y la minería, y la gestión adecuada de recursos naturales como la fuente más limpia de energía no renovable.
En cuanto a lo primero, fue decepcionante que al ocuparse de la DRP, García no dijo claramente qué se hará a corto plazo para que La Oroya deje de ser una de las ciudades más contaminadas del mundo. Literalmente, García sostuvo: “Si la empresa aporta nuevo capital y da al Perú garantía económica suficiente de que esta vez sí cumplirá el Estado podrá conversar y concertar; de lo contrario la ley será aplicada implacablemente”. La primera duda que despiertan estas palabras es: ¿Qué significa concertar para el presidente? ¿Acaso es un sinónimo de ceder a los requerimientos de la empresa de contar con más tiempo para terminar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)?. No es difícil deducir que así sería. Es decir, en caso de que la empresa ponga el dinero requerido sobre la mesa, de inmediato el gobierno sacaría la bandera de la “concertación”/ flexibilización. Sin importarle si con esa decisión, se incumplen por un tiempo más los estándares ambientales que la DRP debía cumplir desde octubre del 2009, y ya no en diciembre del 2006, como se normó en mayo del 2006. Ello pese a que la ampliación del PAMA otorgada a la empresa aquella vez era supuestamente la última. Una señal clara y lamentable de que las leyes no se cumplen con quienes tienen el poder suficiente como para desafiarlas impunemente y sin el menor rubor.
Dos vacíos adicionales de García sobre La Oroya fueron: no se preocupó por constatar si con la culminación del PAMA de la DRP se solucionará definitivamente el alto nivel de emisiones de la fundición, y no tocó el tema de la remediación de los pasivos ambientales (residuos minerales tóxicos acumulados) que dejaron décadas de metalurgia en La Oroya. Aspectos que deben resolverse cuanto antes para mejorar de verdad las condiciones ambientales de dicha ciudad. Así, el derecho a la salud de la población de La Oroya y la cautela del medio ambiente, queda relegado frente a la capacidad de presionar de la DRP que, una vez más, con o sin nueva multa de por medio, está a punto de incumplir con sus compromisos ambientales. www.ecoportal.net
Raúl Chacón Pagán

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ARGENTINA: Un fiscal pide que Filmus declare en la investigación sobre el veto a la Ley de Glaciares

La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protecciónde Glaciares llegó a la Justicia.



Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.

Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado.
El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia. El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.

En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.

Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación.

También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera. El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold.

Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.

No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial.

También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.
|| Fuente:
http://www.prodiario.com.ar/despachos2.asp?cod_Des=280513&ID_Seccion=33

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