México: el negocio de la palma a costa de los más pobres







Desde 2004 el gobierno mexicano impulsa la expansión de las plantaciones de palma africana. Actualmente existen 9 plantas extractoras de aceite de palma en cuatro estados, 6 de las cuales están ubicadas en Chiapas, que es el principal estado productor de palma aceitera en México. Para este año 2009, el gobierno del estado de Chiapas llegaría a un total de 44 mil hectáreas sembradas de palma africana y su gobernador anunció que para 2012 pretende llegar a las 100 mil hectáreas, proyectándose en un futuro a más de 900 mil hectáreas.
Lo que queda claro es que la producción de palma ha sido posible gracias a un fuerte apoyo del gobierno, que la ha vuelto rentable. Se ha brindado tanto apoyo directo al productor para la reconversión productiva, como programas de promoción comercial y fomento a las exportaciones, asesoría y capacitación, etc. También la Unión Europea, interesada en la palma africana para agrocombustible, ha impulsado desde 2005 las plantaciones en Chiapas, más específicamente en la zona de amortiguamiento de la Selva Lacandona y en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en la frontera con Guatemala.
El gobierno Federal y de Chiapas afirman que las plantaciones de palma se están instalando en áreas previamente deforestadas por la ganadería y otras actividades que ya no son rentables. No obstante, muchas actividades han dejado de ser “rentables” para el mercado empresarial porque la estrategia del gobierno para ganar terreno a la palma africana ha sido bajar los apoyos a otros sectores para orillarlos hacia estas plantaciones. El gobierno abandonó el campo, a los pequeños productores y, en la lógica de los Tratados de Libre Comercio, se ha enfocado no en la soberanía alimentaria sino en el mercado del agronegocio. El pequeño productor, el campesino y el indígena quedan desamparados y muchas veces se ven obligados a insertarse en esta nueva dinámica de entregar su mano de obra barata y su tierra, subsidiando así las ganancias del agronegocio. La palma africana tampoco sería rentable si no contara con los grandes subsidios gubernamentales, del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sus financiamientos a programas como Procampo, destinado a la inversión en las plantaciones de palma africana.
Los monocultivos de palma “sustituyen bosques tropicales u otros ecosistemas, provocando una grave deforestación, que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, la consiguiente contaminación de los cursos de agua y la aparición de plagas por la ruptura del equilibrio ecológico y cambios en las cadenas alimentarias”. Además, los monocultivos de palma ponen en peligro “la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto”, tal como denunciara la Declaración internacional en contra de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO) (http://www.wrm.org.uy/temas/Agrocombustibles/
Declaracion_Internacional_RSPO.html)
El Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Bosques identificó como causas de la deforestación y la degradación de los bosques las políticas gubernamentales de sustitución de bosques por plantaciones industriales de árboles –como la palma aceitera-, así como el avance de la frontera agrícola empujada por las plantaciones de monocultivos. Pese a ello, en la región de los Montes Azules -donde de 220 mil hectáreas de selva ya se ha deforestado el 80%- el gobierno habla de crear “cordones de protección mediante proyectos productivos de gran impacto como la palma africana”, entre otros.
Las plantaciones de palma no solo no han mejorado sino que han empeorado las condiciones de vida de la población. Uno de los problemas graves que ocasionan tiene que ver con el agua. Ante la falta de servicio de agua potable, las más de 11 mil personas que habitan el municipio de Marqués de Comillas, en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, consumen agua en su mayoría de fuentes subterráneas, por medio de pozos. Las plantaciones de palma, grandes consumidoras de agua, agravan la disponibilidad de agua en la región. También utilizan grandes cantidades de agrotóxicos: insecticidas como el endosulfán y otros productos químicos, como rodenticidas, que terminan en los cursos de agua.  Los huracanes agravan el problema cuando provocan que los ríos rebasen su corriente, como ocurre en la región de la Selva Lacandona con el río Lacantún, contaminando las plantaciones de subsistencia de los campesinos del lugar y dispersando los agrotóxicos en un área rica en biodiversidad.
Según estudios de la Fundación Produce Chiapas, los ingresos de "un productor promedio ejidal con siete hectáreas y una producción promedio de 19 toneladas por hectárea” equivaldrían a 274 pesos diarios (21 dólares), o sea menos del salario mínimo mexicano por hectárea. En la inversión anual para establecer una hectárea de palma, el paquete tecnológico le cuesta al productor alrededor de 6.500 pesos (17 pesos o 1,3 dólares diarios): incluye la siembra (preparación del terreno, compra de la plántula, control de malezas, limpieza de calle, aplicación de herbicidas, plantación manual), fertilización, control de plagas, podas, equipamiento y servicios. La tercera parte del costo se va en herbicidas, control de plagas, fertilizantes, rodenticidas. Por otro lado, durante los primeros tres años no hay producción ni cosecha, y recién al octavo año se cosecha al 100%.
Los productores que trabajan para una empresa procesadora de palma de aceite suelen quedar cautivos de esa situación: la Planta Extractora de la Empresa Palma Tica de México ofreció plántulas a los productores, a crédito, con la condición de que comercializaran sólo con ella su cosecha. En muchos casos los productores no cuentan con la capacitación y las herramientas adecuadas para la cosecha; en otros casos no cuentan tampoco con la capacitación ni la adecuada asesoría técnica para el cultivo, control y manejo integral de las plantaciones. Muchas veces los productores campesinos e indígenas que venden a las empresas procesadoras de aceite no están protegidos por contratos o convenios de compra, ni seguros, lo que implica que puede ocurrir que si la empresa no quiere, no les compra su producción. Tampoco existen diferencias en los precios por la calidad del producto que entregan.
En 2008, un grupo de trabajadores de la planta de aceite AGROIMSA, en el municipio de Mapastepec, fue reprimido por la fuerza pública, que detuvo a un asesor y a algunos dirigentes, varios de los cuales quedaron en prisión. También los despidieron, generando así un conflicto laboral.
Por otro lado, las plantaciones de palma resultan excluyentes de otras producciones. En el municipio de Villa Comaltitlán, una de las principales zonas de cría de ganado junto con otros municipios de la Costa, confirman que la caída de la ganadería “se debió no a la negligencia de los productores, si no más bien a la llegada de otro tipo de cultivos en donde no se puede combinar con la ganadería. Por ejemplo, el cultivo de plátano y de la palma africana le ha restado espacios, lo que implica la disminución de la cría de ganado.” En Chiapas los monocultivos de palma han tenido impactos desastrosos sobre la producción de miel, de la que dependen miles de apicultores, cuya crisis se agrava en la medida en que aumentan las plantaciones.
También causan otros estragos: en el municipio de Acapetahua, donde el señor Manuel Jiménez manifestó que “los principales culpables de destruir caminos y carreteras son los transportistas de carga pesada, ya que con sus camiones cargados de piedra, caña y fruta de palma africana causan los daños.” En la cabecera municipal de Mapastepec, “Por el zanjeo para introducir el drenaje se hundió el terreno (…) en el barrio 15 de septiembre y ahora dificulta el tránsito vehicular así como se levantan grandes polvaredas y afecta la salud de los vecinos”. Los habitantes del barrio, Gabriel Colón y Elio Ventura, exigieron al Ayuntamiento el arreglo de la calle que es muy transitada principalmente por camiones con carga de palma africana que van a la planta de la aceitera.
No cabe duda que los grandes negocios se hacen sobre las espaldas de los más pobres, sobre sus tierras y territorios y a costa de los bienes comunes de la humanidad. ¡Basta de monocultivos!
Resumen y adaptación de: “La palma africana en México. Los monocultivos desastrosos”, Gustavo Castro Soto, Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México, 
12 de junio de 2009. Puede accederse al artículo completo en: http://www.wrm.org.uy/paises/Mexico.html#info
Boletín WRM 144

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Uganda: La expansión de la plantación de palma aceitera de BIDCO pondrá en mayor riesgo los medios de vida de las comunidades locales


BIDCO, el mayor fabricante de aceites vegetales, grasas, margarina, jabones y concentrados de proteínas de África central y oriental, es también el de más rápido crecimiento y está invirtiendo en una multimillonaria plantación de palma aceitera en las islas Bugala, en Kalangala. La compañía cuenta con socios inversores como Archer Daniels Midlands of America, el grupo Wilmar de Malasia y Josovina de Singapur. En el marco del proyecto ugandés denominado Vegetable Oil Development Project (VODP), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial le otorgaron un préstamo de $10 millones para financiar las plantaciones y la infraestructura necesaria, mientras el gobierno contribuirá con $12 millones en forma de tierras, electricidad y caminería, y BIDCO invertirá $120 millones (ver Boletín N° 100 del WRM).
El proyecto tenía como objetivo cultivar 10.000 ha de palma en la isla de Bugala. Hasta ahora se ha plantado casi toda la superficie proyectada. Del área total del proyecto, 6.500 ha fueron plantadas por la empresa madre y 3.500 por pequeños propietarios subcontratados.
Según los proponentes del proyecto, el mismo fue diseñado para mejorar los medios de vida del pueblo de Uganda y de Kalangala en particular, sobre todo las condiciones de nutrición de los sectores pobres, y para reducir los costos que implica para el país la importación de aceites vegetales.
Hasta la fecha, Oil Palm Uganda Limited (filial de BIDCO) ha cortado más de 6.500 ha de bosques y praderas reemplazándolas en su mayor parte con palmas que estarán listas para ser procesadas este año.
Sin embargo, el proyecto de palma aceitera no ha logrado los objetivos prometidos por el gobierno y la empresa. Según un informe recientemente realizado por el Foro de ONG del Distrito de Kalangala (KADINGO), la gente del lugar se está enfrentando a graves impactos negativos.
El establecimiento de las plantaciones ha tenido un fuerte impacto ambiental, comenzando por la deforestación y el agotamiento del agua; y las poblaciones locales ya no pueden conseguir una gran cantidad de productos y servicios del bosque que desaparecieron como resultado de la plantación. Sin embargo, el impacto más serio al que se enfrentan las comunidades es la apropiación de su tierra por las empresas de plantación. En el distrito de Kalangala, los lugareños no son formalmente propietarios de la tierra. Las empresas reciben concesiones o títulos de propiedad sobre dichas tierras, así como el apoyo del gobierno para reprimir cualquier oposición que pudieran enfrentar por parte de las comunidades locales.
Han surgido altercados entre BIDCO y la comunidad por definir quién es el propietario de la tierra. Algunos vecinos no pueden decir con certeza qué sucederá mañana, simplemente porque la tierra en la que están establecidos está siendo reclamada por BIDCO.

Sumado a ello, muchas comunidades han sido desplazadas de las zonas donde cultivaban y pastoreaban, por lo cual algunos de sus miembros se han visto forzados a vender sus animales. Si bien se dijo que algunas personas sin tierra de Bwendero, Buguzi y Mulabana recibieron facilidades para adquirir tierras para reubicarse, las comunidades desplazadas de Buswa y Mugela no habrían recibido compensación alguna por sus pérdidas, o bien la indemnización recibida fue absolutamente insuficiente.
La entrega de tierras públicas afectó a las comunidades locales que siempre vivieron allí y dependieron de ellas para su sustento. Además, el boom del mercado de tierras en la isla atrajo a mucha gente de dinero en busca de tierras privadas para comprar. La mayoría de los pobladores locales e indígenas que vivieron allí por años vieron sus tierras cercadas o fueron expulsados.
Como consecuencia, las comunidades que vivían tanto en tierras públicas como privadas perdieron sus medios de vida. Incluso quienes no han sido afectados directamente están preocupados por su futuro y no pueden hacer inversiones a largo plazo en la tierra. En la aldea Mugoye, más de 100 personas viven actualmente en un enclave rodeado de plantaciones de palma aceitera. La población local está preocupada por lo que sucederá si los “propietarios” de la tierra deciden venderla a los dueños del Proyecto o dedicarla al cultivo de palma aceitera en régimen de subcontratación.
La tierra y los recursos naturales, como los bosques, siempre fueron una red de seguridad para las víctimas de cambios sociales, desplazamientos, desempleo, oportunidades perdidas en las zonas urbanas, etc. Su pérdida aumentó la vulnerabilidad de las comunidades frente a esos cambios sobre los cuales no tienen control alguno.
Además, existen muchos conflictos entre las comunidades y el Proyecto, que surgen en la medida que se les niega el acceso a:
- el uso de la red vial del proyecto para el movimiento o transporte de ganado;
- las fuentes de agua ubicadas en el área del proyecto que antes eran usadas por las comunidades; algunas fueron destruidas durante el desmonte de la tierra para actividades del proyecto, especialmente los pozos de Kibaale;
- las tierras de pastoreo dentro del área del proyecto; los animales que “entran en propiedad privada” son confiscados, y se debe pagar una multa exorbitante de 50.000 chelines ugandeses por animal, o correr el riesgo de que los carneen y consuman gratis; esto desalienta la cría de ganado en la mayoría de las áreas del proyecto.
Un problema particularmente grave surgió con la toma de control de las areneras por parte del proyecto, con lo cual las comunidades locales e indígenas dejaron de tener acceso a materiales de construcción, como fue el caso de Bukuzzindu. La zona brindaba un servicio comunitario ya que ahí se podía obtener arena para la construcción, pero cuando el proyecto asumió el control, le negó a los indígenas y a los lugareños la posibilidad de acceder a este material vital. El área fue utilizada para establecer plantaciones de palma aceitera y la infraestructura necesaria para el alojamiento de los principales funcionarios y trabajadores de la empresa. La negativa de BIDCO a liberar el área está creando fricciones entre la compañía y la comunidad, a tal punto que la gente ha reaccionado cavando cunetas de arena al borde de los caminos para provocar accidentes a los vehículos de BIDCO.
En el afán de la empresa por obtener más tierras para plantaciones ¡hasta el patio de recreo de los niños de la comunidad de Kasenyi – Bamungi fue convertido en plantación de palma aceitera!
Dado que BIDCO planea establecer 30.000 ha más de palma aceitera en el territorio continental, es importante informar a las comunidades locales que habitan las zonas objetivo de las plantaciones acerca de los impactos negativos de las 10.000 ha ya plantadas en las islas. La expansión propuesta no sólo no mejorará sino que empeorará el nivel de vida de la gente, y las comunidades de las islas Buggala de Kalangala, que ya han sufrido estos impactos, pueden proporcionar evidencias más que suficientes sobre el tema.
Artículo basado en información extraída de: “A study to identify key issues for engagement about the oil palm project in Ssese islands Kalangala district: A case study of Buggala and Bunyama island in Kalangala district”, enviado por David Mwayafu – funcionario del programa Uganda Coalition for Sustainable Development (UCSD), P.O. Box 27551 Kampala, Tel: 256 414, 269 461, correo electrónico: ugandacoalition@infocom.co.ug, sitio web: www.ugandacoalition.or.ug. El informe completo está disponible en: Kalangala District NGO Forum, correo electrónico: Kalangalango@yahoo.com.
Boletin WRM 143

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