ESPAÑA: Una vorágine de carbón y cambio climático
El cambio climático supone una gran amenaza para nuestra civilización. Sin embargo, los sectores de la izquierda ecologista no actúan en consecuencia, orquestando una campaña tan sonora como en el caso del cierre de Garoña. ¿Por qué mantienen tanta tibieza en su postura?
La política medioambiental del Gobierno es mucho más retórica que real y tiene incluso que ver en estos momentos con la figura de la "Comedia dell’ Arte" de Arlequino, servidor de dos amos (del dramaturgo italiano Carlo Goldoni). Si sólo existieran dos amos, estaría incluso bien, pero ya se ha convertido en algo mucho más poblado. Al menos se pueden identificar dos polos de movimiento: las presiones de los intereses electorales y la incapacidad para gestionar y reformar sectores que son poco productivos para la economía. En paralelo se preconiza un futuro de energías renovables, contrario a la energía nuclear, de eficiencia y sostenibilidad energética. Todo ello con una factura con la rémora pasada de la tarifa intervenida y el déficit tarifario. Del mismo modo, recoge características arlequinescas, desde la exageración hasta la improvisación.
En esta semana se ha producido el envío del Real Decreto (recién entrado en la CNE para la emisión de un informe la semana que viene) que incorpora el mecanismo que el Ministerio de Industria ha ideado para aumentar la protección del carbón nacional, dándole preferencia y un precio garantizado en el mix de generación. Algo que afectará sensiblemente a la tarifa, “calzará” 4.700 millones más en el factura energética ensanchando los codos contra las previsiones totales de déficit tarifario hasta 2012 que establece el R.D. Ley 6/2009, desplazará fuentes de energía más eficientes y limpias y, además, aumentará las emisiones de carbono y, consiguientemente, el efecto invernadero. Mientras, la política en materia de renovables es fuertemente errática, genera inseguridad jurídica y cambios constantes. Por una parte pronuncia discursos favorables y por otra se paralizan las resoluciones del registro de preasignación. Al mismo tiempo se desbordan las previsiones de capacidad en las tecnologías más primadas y se estanca la revisión de los modelos retributivos. Por otra parte, en el plano del contexto, los estudios vuelven a señalar al cambio climático como una grave amenaza para las personas, para la salud y la civilización, lo cual, junto al horizonte de la Cumbre de Copenhague, ha vuelto a poner sobre la mesa la reducción de emisiones como primer objetivo de la política medioambiental. Por tanto, ya tenemos perfilados dos agentes “concernidos”, de mucho calado para una medida de esta envergadura: por una parte, los consumidores de energía que verán cómo su electricidad va a subir (o no va a bajar) lo que hubiera sido posible en ausencia de intervención pública para proteger el carbón y cuya factura, déficit e intereses se prolongan y crecensine die. Y, por otro, los colectivos ecologistas y medioambientales que deberían tener un interés firme, nítido y taxativo en que no se produjera un aumento en las emisiones de carbono. Lo cual también pone a prueba la postura de los sectores más cercanos a la izquierda ecologista que, en esta cuestión, vienen manteniendo posturas tibias y, en todo caso, mucho menos insistentes que en cuestiones anteriores. Sobre todo porque los antecedentes a los que hemos asistido en el caso de Garoña dejan el listón muy alto en la respuesta de estas organizaciones, dado que lo hicieron con toda profesionalidad. Hay que reconocer que el único incidente relativamente serio con respecto a las pretensiones del Gobierno de aumentar la producción de electricidad mediante carbón nacional (menos competitivo, menos eficiente y más contaminante) ha provenido de Greenpeace. Recordemos que la semana pasada dos de sus activistas escalaron el obelisco de Calatrava en Madrid en señal de protesta contra la política medioambiental del Gobierno. Como es conocido, en el mundo conservacionista, medioambientalista y ecologista, hay dos tendencias y un cierto debate al respecto. En síntesis, una primera que se circunscribe a los que consideran que el problema más importante para la humanidad en el plano medioambiental es el cambio climático y que, en ese contexto, sería razonable utilizar la energía nuclear para combatir el cambio climático. Por tanto aceptan y asumen la gravedad del problema y sus soluciones. La segunda línea, está formada por los que son contrarios a nucleares y combustibles fósiles por igual, con un concepto de problema medioambiental más holístico. Lo que es más extravagante y una posición claramente descompensada es que estén contra las centrales nucleares y no contra las emisiones de las centrales térmicas. Eso sería una creación patria mucho más exótica de lo que parece. Por eso, recientemente hemos tenido noticia de que en el Reino Unido hay fuertes manifestaciones contra las centrales de carbón. El pasado sábado se celebró el Día Internacional de Acción Global contra el Cambio Climático,fijándose la cifra de 350 partículas por millón de carbono en la atmósfera como objetivo para lograr reducir el efecto del cambio climático. Hoy estamos muy por encima de esta cifra y los países tienen la mirada en objetivos menos ambiciosos. Este es el contexto, el fresco que dibuja el escenario sobre la política medioambiental para nuestro Gobierno de cara a la cumbre de Copenhague sobre cambio climático. Cumbre a la que, por otra parte, Zapatero no puede ir cargado nuevamente de discursos, de buenas intenciones y escondiendo las emisiones (aminoradas por la crisis) debajo de las alfombras, con las Tablas de Daimiel secándose, consumiéndose su subsuelo en un incendio y recibiendo admoniciones desde la Comisión Europea por la desastrosa política medioambiental. Añadamos a todo ello, esta nueva propuesta de incremento de la producción de electricidad mediante carbón nacional, en un modo de proteccionismo y de agravar las consecuencias del incremento de ayudas al carbón, distorsionando el funcionamiento del sector eléctrico y los mecanismos medioambientales asociados al mismo. Por tanto, tras esta descripción, es el momento de las preguntas, ¿tenemos en España un modelo ecologista público o autóctono negacionista del cambio climático como George Bush? ¿Es sólo un planteamiento discursivo? ¿Cuáles son las razones de tanta tibieza desde ciertos sectores fronterizos entre izquierda y ecologismo en España, con respecto a la política energética (en concreto, con respecto a estas últimas medidas incrementadoras de las emisiones) en lo que se refiere a sus efectos medioambientales? ¿Es un problema de defensa del empleo y la actividad ? Si esto es así, el empleo en Garoña y su entorno regional, ¿no merecerían el mismo trato? ¿No había exceso de oferta y nuestro futuro iba a ser renovable como preconizaba el informe de la Fundación Ideas? ¿Cuánto tiempo se sostendrá este discurso contradictorio, modelo Arlequino? ¿Dónde nos hemos perdido?
Fuente: Portaldelmedioambiente.com
