PESE AL INVENTARIO EN SANTIAGO DEL ESTERO SE SIGUE DESMONTANDO.
Pese a que Santiago del Estero es una de las tres provincias que cumplieron con el inventario de bosques que exige la ley, los desmontes continúan.
Con un nuevo procedimiento para evitar que se arrase con montes en el departamento Banda de Santiago del Estero se concretó en un campo de catorce mil hectáreas, la incautación de tres topadoras.
En lo que va de octubre, Fiscalía de Estado y la Dirección de Bosques secuestraron 14 topadoras por desmontes ilegales, de las cuales 13 permanecen incautadas. El fiscal de Estado, Raúl Abate, estuvo a cargo de un operativo de control de desmonte ilegal realizado en un campo de 14 mil hectáreas, en el que sus propietarios arrasaron 2.500 en total, sin ninguna autorización de organismos competentes.
Abate junto a personal de la Dirección de Bosques y efectivos de la Policía de la Provincia se hicieron presentes en la localidad La Chejchila, a unos 80 kilómetros de la Capital, en una zona roja, en la que está prohibido el desmonte.
Se trata de una zona de gran biodiversidad y allí se secuestró una gran cantidad de máquinas, entre ellas, tres topadoras, tractores y retroexcavadoras con las que hicieron el desmonte.
A días de finalizado el Congreso Mundial Forestal el epicentro de un gran negocio deja al desnudo la realidad en un país donde la ilegalidad otorga importantes ganancias.
La pérdida de hábitat a causa de los desplazamientos por deforestación, la biodiversidad y la ampliación de la frontera agropecuaria es parte de este combo.
Desde que se reglamentó la ley de bosques, el año pasado, sólo tres provincias completaron sus inventarios: Chaco, Santiago del Estero del Estero y Salta. Esta última lo realizó después de una orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Nación. El Fondo de Conservación, para compensar a quienes protejan los bosques, sólo contempla para el año próximo 300 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la ley establece que debe estar compuesto con por lo menos el 0,3 por ciento del monto total del ejercicio. Lo proyectado: 273.129 millones de pesos, debería ser entonces de al menos 819 millones de pesos.
Abate dijo que buscan “parar los desmontes y sólo permitir los adaptados a las leyes que rigen a la materia”, y en otra etapa muy próxima se avanzará “cada departamento pidiendo que los dueños de campos que se encuentran en incumplimiento de las leyes, se los apercibirá para que empiecen a dejar las cortinas como sistemas protectores de suelo, debiendo reimplantarlas o dejar que crezcan en forma natural”.
“Son operativos que se realizan semanalmente y hasta ahora hemos tenido mucho éxito, lo que significa que es malo para la provincia, porque los desmontes siguen”, indicó.
Abate rescató que por otro lado hay “muchos productores” que se acercan para informarse y estar acordes a la ley.
“Eso es motivo de orgullo del Gobierno santiagueño y una señal de que las cosas se están haciendo bien, que Santiago no volverá a ser nunca más el que fue. Se tomó conciencia del valor que significa preservar los recursos naturales, y se tiene conocimiento el deterioro que produce en el medio ambiente y el clima la destrucción de la mano boscosa”, indicó.
El fiscal Abate recordó que desde Jesús María hasta Loreto antes era monte, y ahora hasta “Las Salinas, prácticamente se ha desmontado todo. Esto no ha sido frenado e inclusive en muchos gobiernos se lo ha tomado como un botín de guerra y un reparto político de tierras y bosques que han sido diezmados, y se ha incrementado esta desertificación a partir del ’oro verde’ o el ingreso de la soja en Argentina”.
Sostuvo, además, que la superficie boscosa de la provincia aún “es notoria” y ante las segundas posibilidades que ofrece el crecimiento de especies en suelos que fueron agredidos por el hombre queremos que “no se pierda”.
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