El Comercio mundial acelera la crisis climática
Ecologistas en Acción denuncia con el informe “Cambiemos el Comercio, no el Clima” los impactos del llamado “libre” comercio en el Cambio Climático
Con motivo de la 7ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Ginebra del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009 – y pocos días antes de la crucial Cumbre del Clima de la ONU en Copenhague, Ecologistas en Acción evidencia en un informe la relación entre liberalización comercial y Cambio Climático.
Las conclusiones del informe “Cambiemos el Comercio, no el Clima” son claras y contundentes: el sistema mundial del llamado “libre” comercio es una de las causas fundamentales para el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global. El 89,3% del total de las emisiones de GEI mundiales se originan en la industria, el uso de la energía, la deforestación y la agricultura industrial. Aun así, los acuerdos internacionales sobre comercio e inversiones impulsan la expansión de los sectores industriales con uso intensivo de energía, el aumento de la extracción y procesamiento de combustibles fósiles y la expansión de la agricultura intensiva. Todas estas actividades contribuyen a la destrucción de sumideros que regulan el clima, como los bosques.
Además, el transporte internacional es responsable de una parte importante de las emisiones de GEI. Cerca de 60% del petróleo usado en el mundo se consume en las actividades del transporte motorizado que depende en un 95% de combustibles fósiles. Lo que genera entre 20-25% del total de las emisiones, aunque en los países industrializados esta cifra alcanza el 66%. Haber puesto en práctica las obligaciones comerciales adquiridas en la Ronda de Uruguay de la OMC supuso un incremento del 70% (sobre los niveles de 1992) del transporte de mercancías.
Al mismo tiempo, la OMC y las distintas reglas internacionales de comercio y inversión impiden una respuesta rápida y efectiva de las administraciones públicas al cambio climático, como se señala en el informe elaborado por la red internacional “Nuestro Mundo no está en Venta”, de la que Ecologistas en Acción es miembro. Las normas sobre los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, encarecen las tecnologías limpias, el sistema de patentes de seres vivos monopoliza en empresas privadas los genes para plantas resistentes al Cambio Climático y limita así la posibilidad de control público del proceso de adaptación, y la liberalización de los servicios energéticos relentiza el cambio hacía fuentes de energía renovable. Las negociaciones sobre el Acceso al Mercado No Agícola (NAMA) está siendo utilizado para cuestionar medidas contra el Cambio Climático como “obstáculos no arancelarios” y el Acuerdo sobre Agricultura frustra los intentos de proteger y promover la producción y el consumo local y a pequeña escala de alimentos. Incluso, las claúsuras sobre subsidios de la OMC restringen o impiden que se preste apoyo financiero público al desarrollo de energías y tecnologías limpias.
“La liberalización comercial es una amenaza para el desarrollo de medidas que intenten frenar el Cambio Climático”, explica Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción. “El gobierno español tiene que decidir entre combatir el Cambio Climático o seguir impulsando políticas que representen únicamente los intereses económicos de una minoría y que causan sistemáticamente crímenes de lesa humanidad como el hambre, la pobreza, falta de agua, desplazamiento forzado y enfermedades curables”.
Con la liberalización de los bienes y servicios ambientales, prevista en Ginebra, la OMC pretende promover las “falsas soluciones” al Cambio Climático, tales como los mercados de carbono, los agrocombustibles industriales a gran escala, y los mal llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, con las que se pretende crear uno de los mercados financieros especulativos de materias primas más grandes del mundo. “Ello retrasa peligrosamente la transición necesaria hacía un modelo económico post-petróleo y con bajas emisiones de GEI”.
Por otra parte, la negociación de la UE de tratados comerciales con decenas de países de África, Asia y América Latina, resultaría en pérdidas económicas en términos de recaudación de aranceles y, por ende, estos países tendrían menos capacidad todavía para sobrellevar los impactos del Cambio Climático.
Diez años después de la "Batalla de Seattle”, cuando más de 100.000 personas exigían el desmantelamiento de la OMC, el balance de las políticas de dicho organismo y de todos los acuerdos de libre comercio es catastrófico, sobre todo para la población más vulnerable y el medio ambiente en el mundo. Tras 15 años de oposición a las políticas de la OMC, la sociedad civil internacional ha rebautizado la OMC como la «Organización Mundial de las Crisis».
“Vamos a impedir la conclusión de la Ronda de Doha porque necesitamos girar 180 grados en el sistema mundial de comercio como condición previa para definir las estrategias contra el Cambio Climático en Copenhague”, concluye Tom Kucharz, “y eso implica la desaparición de la OMC, parar las negociaciones de tratados comerciales bilaterales de la UE y revertir los existentes”.
Ecologistas en Acción estará presente en las movilizaciones contra la OMC Ginebra. Como contraparte de la red internacional “Nuestro Mundo no está en Venta” recordará al gobierno español su responsabilidad dentro de la actual crisis alimentaria, financiera y climática.
Documentos adjuntos
• Resumen ejecutivo del informe "Cambiemos el Comercio, no el Clima" (PDF - 158.7 KB)
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16002
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Por la incineración de residuos
España triplicará sus emisiones de CO2 en 2025
Greenpeace
Rebelión
Greenpeace advirtió este miércoles de que la incineración de residuos en España triplicará sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 --desde los 1,7 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas en 2007 por las diez plantas actuales--, debido a los planes de construcción de ocho nuevas incineradoras y la ampliación de cuatro.
En una rueda de prensa durante la que presentaron el informe estatal 'Incineración de residuos: malos humos para el clima', la entidad alertó de que esta tendencia contrasta con los objetivos de reducción a los que se aspira llegar en la cumbre mundial de Copenhague el próximo mes.
España se comprometió en el marco de Kyoto a aumentar sus emisiones respecto a 1990 en solo un 15 por ciento, si bien en 2007 las cifras acumuladas reflejaron que se había emitido un 52% más. Los datos avanzados por el Gobierno para 2008 reflejan una reducción del 8% respecto al año anterior.
En cualquier caso, los ecologistas señalaron hoy que la gestión de residuos y con ella la incineración --opuesta a lo que consideran una gestión sostenible que potencie la recuperación, reutilización y reciclaje-- causa el 3% de emisiones globales en España.
El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, criticó la intención del Gobierno de aumentar las emisiones de la incineración con la excusa de la "valorización energética" y la producción de electricidad en las plantas, si bien las diez incineradoras producen solo el 0,41 % del total español.
Un negocio redondo
Barea señaló que la instalación de incineradoras en España es hoy por hoy un "negocio redondo", ya que goza de ayudas fiscales, cobra 60 euros de las administraciones por cada tonelada que quema, cobra también por la electricidad "sucia" que genera y, en algunos casos, también vende parte de las cenizas y escorias que resultan del proceso.
Sin entrar en los "evidentes" riesgos para la salud que supone la incineración, Greenpeace pone el acento en su informe en la intención de aumentar este tipo de gestión de residuos, una estrategia contraria a la necesidad que fijan los científicos de no permitir que la temperatura suba dos grados centígrados anuales de media, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto en un 40 % antes de 2020.
Además, Barea hizo hincapié en que un sistema que potencie el reciclaje supondría un ahorro de los 120 millones de euros que se queman actualmente --dos millones de toneladas incineradas a razón de 60 euros pagados por cada una-- y, según sus cálculos, generaría 43.000 puestos de trabajo frente a los 1.000 empleados actuales de las diez incineradoras.
Los ecologistas alertaron también de que la construcción de ocho nuevas plantas y la ampliación de otras cuatro supondrá una inversión de 1.100 millones de euros que, añadidos a los 650 invertidos hasta el momento, serían una gran inversión para fomentar otros sistemas, como la recuperación de la materia orgánica o el fomento del reciclaje --que actualmente supone solo el 13,1 % de media en España--.
Además, precisaron que del volumen de toda la basura incinerada, alrededor del 20 % se queda en forma de cenizas y escorias, lo que evidencia que la quema no hace aparecer por completo los residuos y, en algunos casos, además genera restos "tóxicos" que deberían ser tratados de forma especial.
La portavoz de Greenpeace en Catalunya, Anna Rosa Martínez, recordó por su parte que el nuevo plan de gestión de residuos en el área metropolitana de Barcelona contempla la construcción de una nueva incineradora, si bien esta comunidad autónoma ya cuenta con cuatro de las diez incineradoras que hay en España.
El informe puede bajarse de http://www.greenpeace.org/espana/reports/091124-02
