Las batallas locales por salvar la Amazonia brasileña enfrentan a los pobladores con las empresas taladoras y el gobierno

Tras más de una década de denuncias ignoradas, negociaciones infructuosas con el gobierno e incontables amenazas a sus dirigentes de parte de las empresas taladoras y sus mercenarios, los pobladores de la región Arapiuns en la Amazonia brasileña realizaron una protesta pública contra la tala ilegal en sus tierras.
Más de 500 miembros de 40 comunidades se unieron, usando sus rabetas (canoas con motor fuera de borda) para cerrar el Río Arapiuns a la actividad de la tala en la Gleba Nova Olinda. Los manifestantes tomaron dos barcazas de troncos.
La protesta se prolongó durante más de un mes, mientras funcionarios del gobierno estatal y federal alternativamente les ignoraban o respondían con evasivas. Al final los manifestantes, frustrados, decidieron volver más apremiante su mensaje. El 12 de noviembre, luego de una segunda reunión con funcionarios estatales y federales que de nuevo dejaron sin solución sus problemas, incendiaron las barcazas.
La llamada Gleba Nova Olinda comprende 172,900 hectáreas entre los ríos Maró y Aruá, en el nacimiento del Río Arapiuns, municipio de Santarém. Sus recursos naturales son vitales para la sobrevivencia del pueblo Arapiuns. La protesta une a 14 comunidades de todo ese territorio, en el "Movimiento en Defensa de la Vida y la Cultura de los Arapiuns."
Las comunidades indígenas y campesinas de la Gleba Nova Olinda han estado solicitando al gobierno el reconocimiento legal de sus derechos territoriales desde hace trece años, cuando se creó la vecina Reserva Extractiva Tapajós-Arapiuns. A lo largo de los últimos diez años, los programas de intercambio de tierras estatales y de incentivos para el desarrollo atrajeron a explotadoras forestales y agricultores potenciales de soya a la Gleba Nova Olinda. Su entrada despertó conflictos, que pronto se volvieron violentos, por los derechos a la tierra y a los recursos con los habitantes del área. La violencia efectiva y las amenazas de violencia son medios comunes para la resolución de conflictos en el estado de Pará, donde recursos valiosos como la madera conducen a conflictos donde mucho se arriesga y la coacción estatal es mínima.
Las explotadoras forestales han dividido a las comunidades de la región, expandiendo el conflicto más allá de la tradicional confrontación entre taladoras, especuladores de tierras y comunidades. Las empresas han comprado a bajo precio el apoyo de algunas comunidades proporcionándoles infraestructura que el gobierno nunca les entregó, como generadores y edificaciones comunitarias, o empleos que convierten a los pobladores del área en agentes de la deforestación. Sin embargo, casi toda la población continúa protestando contra la presencia de las compañías taladoras.
Las comunidades de la Gleba Nova Olinda, el sindicato de trabajadores rurales y la Comisión Pastoral de la Tierra colaboraron durante tres meses en un proyecto de plan de tenencia de la tierra que garantizaría los derechos de los pobladores. Este plan se basó en años de discusiones entre las comunidades de la Gleba Nova Linda y la región de Arapiuns, más amplia. Después de todos sus esfuerzos, el gobierno del estado escogió ignorar su propuesta en favor de otra presentada por las compañías madereras y las cooperativas que reclamaban ilegalmente tierras y recursos dentro del área. (1)
En los hechos, el gobierno estatal de Pará resolvió no expulsar a las taladoras y especuladores de tierra que operan en los territorios tradicionales e indígenas. Por el contrario, la propuesta autorizó once "planes de administración sostenible" y redujo el tamaño del Proyecto de Asentamientos de Reforma Agraria Agroextractivistas Vista Alegre, de 25,000 hectáreas a 5,000 hectáreas.
Entre tanto, el proceso legal llevado por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) para que se reconozca y se demarque el área, ha permanecido estancado por años. (2) La renuencia del FUNAI a demarcar el área ha permitido a las taladoras de la región y al gobierno estatal seguir ignorando los derechos del pueblo indígena Borari-Arapiuns construyendo caminos para el transporte de troncos, otorgando licencias para planes administrativos y negándose a hacer cumplir las normas para la tala y transporte de madera y tenencia de la tierra dentro del territorio indígena.
El Traslado de las Tierras y los Recursos al Mercado
En el estado de Pará, la vasta existencia de recursos naturales ha desembocado en corrupción incrustada en las instituciones. En una combinación tanto de manipulación legal como de violación de leyes con la impunidad, el gobierno frecuentemente facilita y encubre los delitos ambientales en la región. Como lo explica el especialista sobre la Amazonia Leal Aluzio, "a fin de cuentas, quienes tienen el poder de impedir o permitir la ilegalidad son las autoridades; ésta es la autoridad investida de poder institucional. Así la ilegalidad, cuando es 'liberada', se expresa en diversas formas de transgresión, desde lo claramente ilegal a lo presuntamente 'legal', que se encuentran 'protegidos' por la ley." (3)
Los cambios recientes en el uso del suelo y distribución territorial en la Amazonia brasileña siguen en general dos vertientes: Ha habido un ímpetu hacia el reconocimiento de derechos étnica y culturalmente fundamentados a tierras/territorio para los pueblos indígenas y nativos a consecuencia de movimientos populares de base más fuertes y convenciones internacionales. A los pobladores indígenas, quilombolas (descendientes de comunidades de esclavos fugitivos), pueblo "tradicional", campesinos sin tierra y a la naturaleza se les ha asignado sus propios polígonos en los "mapas de zonificación Económica y Ecológica", los planos territoriales de la región amazónica creados por la iniciativa del Banco Mundial para poner en práctica el "desarrollo sostenible participativo." (4)
La rezonificación inspirada por el Banco Mundial tiene por objeto facilitar otra meta de redistribución territorial del desarrollo económico, a saber, el desarrollo de mega-infraestructura y la apertura de áreas nuevas a la extracción maderera y minera, agroindustria y operación de ranchos. Los planos para la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE por sus siglas en portugués), pretenden integrar los intereses ambientales y sociales al desarrollo económico en la Amazonia, pero se han convertido en un medio para "disfrazar de verde" el desarrollo económico de Brasil. El último plan de desarrollo económico brasileño, el Programa para el Crecimiento Acelerado (PAC - Programa de Aceleração do Crescimento), tiene destinados 95 mil millones de dólares de E.U. a la construcción de carreteras, vías fluviales y presas en la Amazonia en un período de cuatro años. La Zonificación Económico-Ecológica para el Oeste de Pará (ZEE – Oeste do Pará) fue creada en respuesta a preocupaciones ecológicas en torno al proyecto PAC para pavimentar la Carretera Santarém-Cuiaba (BR 163). Esta carretera es la única que cruza la Amazonia de sur a norte, y es potencialmente la vía más veloz para transportar cosechas de soya desde el sur de Brasil al Río Amazonas para su exportación. La Zonificación Ecológico-Económica divide a la región en áreas con diferentes clasificaciones según su uso.
En 2009, los gobiernos estatal y federal aprobaron rápidamente una serie de leyes y políticas que facilitan los cambios de usos del suelo contenidos en los planos ZEE. Estas leyes reorganizan las funciones territoriales y estatales para agilizar el desarrollo económico regional, e incluyen la creación de nuevas clasificaciones de tierras que relajan los reglamentos que permiten concesionar la agricultura y la extracción maderera y mineral. Algunas leyes crean también nuevos títulos de tierras o concesiones para uso colectivo.
Otras leyes atacan el código forestal brasileño. La misma ZEE reduce efectivamente la extensión de tierra que los tenedores deben conservar como bosque en su propiedad, del 80% al 50% en muchos casos. (5) Actualmente se discute una medida para permitir que rancheros compren áreas de reserva fuera (y lejos) de su propiedad para dejarlos deforestar una mayor porción de su propia tierra, aun en áreas que están protegidas. (6)
Presuntamente las tierras indígenas y áreas de conservación están protegidas contra el desarrollo, mientras todas las demás áreas se dedican a "consolidar" o "expandir" actividades productivas para los mercados internos y externos, tales como operación de ranchos, agroindustria, y explotación forestal. (7) Una vez delimitadas dichas áreas, leyes y políticas diversas obligan a que cada área funcione de acuerdo con su clasificación en los ZEE. La Gleba Nova Olinda está clasificada como zona de expansión, es decir que da prioridad al desarrollo por encima de la conservación, y permite a los desarrolladores obtener licencias para dichas actividades productivas.
La ambigüedad en la situación de la tenencia de la tierra es considerada un obstáculo para el desarrollo en el estado de Pará. Muy pocas personas tienen seguros sus derechos de propiedad en la forma de títulos sin gravámenes y gran parte del estado es terra devoluta, es decir, tierra de propiedad federal no clasificada, pero a menudo ocupada. En Pará, alrededor de 30 millones de hectáreas de esta tierra la tienen personas que la han ocupado ilegalmente. (8) Existen programas de expedición de títulos de propiedad, asentamientos de reforma agraria, y áreas de preservación para resolver este problema.
Leyes como la de "terra legal", promulgada en 2009 [B1] legalizarán todas las reclamaciones de títulos de tierras en la Amazonia brasileña que constituyan tierra federal, hasta por 1,500 hectáreas. Pará promulgó una ley similar a nivel estatal. Estas leyes modernizan el traslado de las tierras, de propiedad pública, a propiedad privada.
Movimientos sociales, políticos de izquierda y algunos científicos han criticado estas leyes por abrir la puerta a la legalización de tierras obtenidas mediante invasiones ilícitas. También se han criticado estas leyes por promover la mercantilización de las tierras a gran escala, tergiversando la legalidad en beneficio de grandes terratenientes y de invasores de tierras, más conocidos como grileiros.(9) El presidente Luiz Inácio da Silva trajo al profesor de Harvard Mangabeira Unger y lo nombró Secretario Especial de Asuntos Estratégicos para que presentara toda la argumentación política necesaria para lograr la aprobación de estas leyes: convencer legisladores, hacer tratos e infundir al proyecto el prestigio de Harvard. Unger renunció y regresó a Estados Unidos dos días después de que esta ley (federal) fue aprobada.
Frecuentemente se trata a los territorios indígenas y áreas de conservación como si estuvieran "fuera del mercado", pero los conflictos por el uso de la tierra en estas áreas demuestra que mientras contengan recursos viables, es improbable que se libren de la explotación. Las demoras extremas en la clasificación legal de áreas protegidas abren grandes oportunidades para la extracción rápida de los recursos antes de que dicha protección entre en vigor. Esto es práctica común.(10) Cada vez más, los asentamientos de reforma agraria y las nuevas áreas de preservación son reducidas a una fracción de las dimensiones originalmente solicitadas, en favor de los intereses madereros y mineros.
El Caso de la Reserva Extractiva Renascer
La Reserva Extractiva Renascer fue creada como área de preservación dentro de la ZEE el 5 de junio de 2009 tras diez años de lucha. Las comunidades de la región comenzaron a cabildear para la creación de una reserva cuando grandes compañías de explotación forestal como Madenorte se mudaron a la región a finales de los 1990s, ocuparon el territorio y aseguraron sus límites mediante amenazas y violencia. Los organismos regulatorios federales se desentendieron de innumerables pedidos de sacar a las taladoras de la región. En 2006, el pueblo de Santa Maria do Uruará realizó una serie de acciones en el curso de tres meses, cerrando el camino al puerto, apoderándose de barcazas de troncos, y quemando finalmente una que transportaba 1,000 metros cuadrados de madera.
Fue sólo tras el incendio de las barcazas que el gobierno, por fin, respondió. En diciembre de 2006, el gobierno federal puso en práctica el "Operativo Renascer" contra la tala ilegal, que produjo nueve arrestos y eliminó la tala ilegal en la región, durante algún tiempo. Sin embargo, tres años después, todavía no se ha establecido la reserva y han regresado las mismas taladoras. Las empresas en sí no cambian: su personal e infraestructura siguen siendo los mismos. Solamente cambian su denominación y conservan las mismas prácticas. Madenorte, por ejemplo, funciona ahora como Jaurú, empleando los mismos aserraderos e instalaciones portuarias dentro de la reserva.
Después de negociaciones entre el estado, el gobierno federal, el WWF, y los miembros del sindicato de trabajadores rurales y el sindicato de pescadores, se creó la reserva Extractiva Renascer en junio pasado con la mitad de la extensión originalmente propuesta. La porción de la reserva con recursos minerales potenciales, la vasta mayoría de los bosques primarios, y las fuentes de los tres ríos de la zona quedaron excluidas, de acuerdo con altos funcionarios del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que administra las unidades de preservación en Brasil, a menudo a favor de los intereses madereros y mineros. Con la creación de la Reserva en el papel, la velocidad a la que se está extrayendo ilegalmente la madera ha crecido exponencialmente. Los habitantes informan que diariamente abandonan el área hasta cinco barcazas que transportan entre 1,000 y 2,000 metros cúbicos de madera.
En respuesta a las denuncias reiteradas de miembros de la comunidad, el Instituto Chico Mendes y la SEMA, Secretaría Estatal del Medio Ambiente, responsable de hacer cumplir las reglas de la tala en las tierras estatales y federales dentro de Pará, declararon que no pueden hacer nada sin tener que agotar largos procesos burocráticos. Afirman necesitar más información específica como datos y fotos obtenidos por geolocalización satelital (GPS), lo que rebasa la capacidad de las comunidades, siendo también su obtención un peligro para ellas. Así, las acciones y omisiones gubernamentales mandan las tierras y los recursos, teóricamente protegidos, directamente al mercado.
El pasado 27 de noviembre, los habitantes de Renascer y de Santa Maria de Uruará, en los límites de la reserva, decidieron que ya no podían esperar que el gobierno resolviera. Establecieron un campamento junto al límite de la Reserva en la confluencia de los ríos Tamataí y Uruará. Avisaron a las taladoras y a los gobiernos municipal, estatal y federal que ya no permitirían el paso de una sola barcaza maderera más. Una barcaza que iba en camino río abajo regresó de inmediato a su puerto y ninguna otra traspuso el bloqueo durante más de un mes.
Después de varias semanas de que las comunidades acamparon al lado del río (Tamataí), el Instituto Chico Mendes emitió la orden de cerrar el puerto. Un juez municipal también ordenó que se cerrara el puerto hasta que se ejercitaran las leyes contra la tala ilegal dentro de la Reserva. Con todo, la tala dentro de la Reserva no se detuvo, y los gobiernos estatal y federal siguieron asegurando que la falta de recursos hacía prohibitivo el cumplimiento de la ley ordenado por el juez. Los miembros de la comunidad siguen recibiendo amenazas diarias, tanto verbales como de los barcos y aviones que pasan cerca. Más de 200 personas siguen acampadas en la boca del Tamataí, impidiendo la salida de barcazas y exigiendo la respuesta gubernamental.
Después de intentar vanamente sobornar a los miembros de la comunidad para que permitieran la tala ilegal, el 3 de enero de 2010 las compañías taladoras contrataron a pistoleros para que transportaran su madera al mercado. Al llegar al campamento, y al cerrar los miembros de la comunidad el río con sus canoas, los mercenarios abrieron fuego hiriendo a dos pobladores, y las barcazas de troncos siguieron su camino hacia el mercado.
Intervenciones
Los actos de desobediencia civil de los movimientos sociales para llamar la atención hacia las violaciones de sus derechos son criminalizados en la prensa, descalificados por ONGs internacionales que afirman haberlos apoyado, y se les abren procesos legales con mayor frecuencia.11 Los líderes de los movimientos tanto de Arapiuns como de Renascer han sido citados por la policía y amenazados con la cárcel mientras las taladoras siguen actuando impunemente. Empero tales actos parecen las únicas opciones para arrancar una respuesta al gobierno y hacer retroceder a quienes han delinquido contra ellos.
Los gobiernos del G-20, la prensa, la mayoría de las ONGs ecológicas internacionales importantes, y muchos científicos, han celebrado esta preservación orientada al desarrollo, y obtenida por medio de acciones oficiales basadas en el mercado, como la mejor forma de salvar la Amazonia. Sin embargo estas políticas ya están demostrando ser insuficientes, conflictivas y contraproducentes, tal como se ha visto en los casos de la Gleba Nova Olinda y la Reserva Renascer. Los costos sociales y ecológicos de "disfrazar de verde" este tipo de desarrollo inherentemente destructivo son enormes. Los graves problemas de los debates posteriores al protocolo de Kyoto, la actual crisis económica global y las múltiples crisis del paradigma de los mercados libres crean un contexto de explotación acelerada justo cuando los líderes mundiales honran la conservación ambiental de dientes para afuera.
Si los países y organizaciones del hemisferio norte realmente quieren detener la destrucción de los bosques y los pueblos de las regiones tropicales, deben reconocer, valorar y poner en práctica las innumerables propuestas para la conservación ambiental no basadas en el mercado. Los habitantes de estos bosques son quienes pueden garantizar su supervivencia a través de sus conocimientos y prácticas diversos [B1].
Los burócratas del G-20 harían bien en aprender de esta gente. Un paradigma más humano y considerado comienza por reconocer que nuestros modelos de consumo y de gobierno internacional son directamente responsables de gran parte de la destrucción.
La comunidad internacional puede ayudar más a la conservación de la Región Amazónica prestando la atención debida a los temas que surgen en los debates de la localidad, en lugar de recurrir al discurso generalizado de "buen gobierno" y de soluciones basadas en el mercado a los problemas planteados por los patrones mundiales de consumo. Un enfoque más razonable es el de presionar a los gobiernos en los niveles estatal y nacional para que reconozcan y respeten los derechos de la población a gobernar sus propios territorios y recursos en la práctica y no sólo en la retórica.
Éste no es un llamado romántico al localismo; es una cuestión trascendental de soberanía política. Los pueblos de la Gleba Nova Olinda y la Reserva Renascer ¿no tienen el derecho de determinar su identidad, demarcar sus territorios y decidir cómo administrar las tierras y los recursos dentro de ellos?
Notas
1) Treccani, G.D. 2009. Regularizacao Fundiaria da Regiao Mamuru Arapiuns. Presentación en Power Point. Seminario Ideflor. Santarém.
2) El proceso de reconocimiento de derechos indígenas a la tierra se inicia con una investigación antropológica de la historia y la cultura de los pueblos aunada a una investigación geográfica de las dimensiones de su territorio. Se publica un informe sumario en el Diario de la Federación, y se abre un proceso de 90 días durante el cual las partes interesadas pueden contender por los derechos al área. Toda la documentación se envía al Ministerio de Justicia, el cual anuncia oficialmente la demarcación. La demarcación física de los límites es realizada por un tercero contratado por el gobierno. La investigación antropológica y geográfica respecto a la Gleba Nova Olinda se completó en 2007. El informe sumario todavía no se publica.
3) Leal, Aluizio. Trabalho Escravo Os porquês da questão? Texto inédito en portugués. 
4) ACSELRAD, Henri. O Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia e o panoptismo imperfeito. P&A Editora: Rio de Janeiro, 2002. 
5) Véase la ley Nº 7,243, del 9 de enero de 2009. Mientras que el código forestal ordena una reserva de 80%, estipulando que si un individuo posee tierra que está deforestada en más de 80%, esa tierra debe reforestarse, la ZEE cambió este requisito. Los tenedores de tierra ya deforestada pueden utilizar hasta el 50% de esa propiedad en lugar de reforestarla. 
6) Véase aquí. 
7) Véase la ley Nº 7,243 del 9 de enero de 2009. 
8) Benatti 2007. 
9) Como ejemplo, véase la carta abierta de Marina Silva sobre esta medida: aquí. 
10) Benatti, J.H. 2007. Internacalizacão da Amazônia e a questão ambiental: o direito das populações tradicionais e indígenas a terra. Revista Amazônia Legal de estudos sócio-jurídico-ambientais. 1(1): 23-39. 
11) Como ejemplo véase "Moradores incendeiam balsas com Madeira no Pará aquí.
Brenda Baletti, Gilson Rego y Antonio Sena | 12 de enero de 2010
Versión original: Local Battles to Save the Brazilian Amazon Pit Residents against Loggers and Government
Traducción por: María Soledad Cervantes Ramírez
Brenda Baletti tiene una maestría en geografía de la Universidad de Tejas en Austin y es candidata a un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Vive en Santarém y las investigaciones que realiza para su disertación versan sobre las luchas por los derechos territoriales en la parte oeste de Pará.

Gilson Rego es licenciado en Sociología por la Universidad Federal de Pará y trabaja para la Comisión Pastoral de la Tierra o Comissao Pastoral da Terra en Santarém.

Antonio Sena es estudiante de Derecho en la Universidad Federal del Amazonas y se especializa en investigaciones sobre derechos a la tierra.

Fuente: biodiversidadla.org