Chile: investigación brinda datos sobre importancia del bosque nativo para el agua





Según describe el estudio, una gran parte de los bosques templados sudamericanos se encuentra en la Ecorregión de los Bosques Valdivianos (35-488S), en Chile y zonas adyacentes de Argentina, que figura entre las que tienen mayor prioridad de conservación en el mundo.
Como característica, se señala que la mayoría de los bosques indígenas de Chile son propiedad privada (el 71% del total). Los demás se encuentran en parques nacionales y reservas. En general, los bosques privados han sido valorados y utilizados para la producción de leña y madera (casi siempre aplicando métodos de explotación no sustentables), o para la expansión de otras actividades productivas: agricultura, pastoreo y plantaciones comerciales de árboles exóticos de rápido crecimiento (Pinus radiata y Eucalyptus spp.). Entre 1975 y 2000, la rápida conversión en plantaciones de bosque [sic] condujo a un índice de deforestación anual de 4,5% en una zona determinada.
La investigación explica que la política forestal aplicada en Chile desde 1974 sería responsable del mal estado de conservación de los bosques nativos. Dicha política no ofreció incentivos económicos para el manejo sustentable y la conservación de los bosques y, en cambio, se usaron fondos públicos para financiar el establecimiento de plantaciones. Esto, junto a la liberalización de las exportaciones y a la privatización de las plantaciones y fábricas de celulosa estatales, explica el rápido crecimiento de la industria forestal basada en las plantaciones, a menudo considerada como un modelo económicamente exitoso en los países latinoamericanos y en otros lugares (Lara y Veblen, 1993; Sedjo et al., 1999; Lara et al., 2006).
Mientras aumentan las plantaciones forestales, el bosque nativo se degrada o se destruye. Según datos aportados por el artículo de La Tercera, “en la región de La Araucanía se pierden anualmente un promedio de 2.845 hectáreas por incendios forestales, inundaciones por represas, talas ilegales y degradación de bosques. Un escenario mejor, pues según la FAO antes del 2000 la pérdida promedio anual era de 20 mil hectáreas. Otras estimaciones: entre la V y la XII regiones la pérdida llega a 100 mil hectáreas desde 1995. Y un estudio de las universidades de Concepción, Austral y Alcalá, de España, dijo que se perdieron 82.131 hectáreas de la vegetación autóctona en las regiones V, Metropolitana y VI entre 1975 y 2008, lo que equivale a un 42,5% del total original”.
La academia ha respondido a la pérdida de bosque nativo tratando de demostrar su importancia como ecosistema, así como los beneficios que presta directa e indirectamente a la sociedad, entre ellos la provisión de agua, tanto en cantidad como en calidad. 
En el trabajo de investigación de la Universidad Austral se “midió diariamente, durante cuatro años, en seis cuencas de 140 a 1.462 hectáreas en la Cordillera de la Costa, en el área de Valdivia. Se tomaron en cuenta el porcentaje de cobertura de bosque nativo de cada cuenca y el coeficiente de escorrentía -esto es, la relación entre el caudal y la precipitación anual-. Y la conclusión fue que los caudales y la producción de agua están correlacionados con el porcentaje de bosque nativo que cubre las cuencas. En números: un incremento del 10% en la cubierta de bosque nativo en las cuencas produciría un aumento de 14,1% en el caudal de verano”. 
"El bosque nativo reduce la velocidad de escurrimiento, lo que permite una recarga de las napas y un flujo lento hacia los arroyos y ríos que mantienen los caudales de verano, en comparación con terrenos de uso agropecuario y plantaciones forestales", explica Antonio Lara, Decano de la Universidad Austral e integrante del equipo de investigación. El bosque regula el flujo de agua y aporta equilibrio.
Por otro lado, el estudio hace referencia a investigaciones que indicaron que la conversión de bosques nativos en plantaciones de crecimiento rápido hace disminuir el caudal de los ríos, especialmente en verano. Además, algunos estudios sobre el equilibrio hídrico de las plantaciones jóvenes de E. globulus y P. radiata realizados en el centro-sur de Chile han revelado que las reservas de humedad del suelo disminuyen más a medida que la plantación envejece, mientras aumentan la intercepción del dosel y la evapotranspiración. Por otra parte, la conversión en plantaciones ha hecho disminuir la calidad del agua debido al aumento de los sedimentos asociados al desmonte total en plantaciones manejadas en ciclos de 12 años en el caso de Eucalyptus spp., y de 20 años en el caso de Pinus radiata.
Tal como lo señala el artículo de La Tercera, los resultados académicos vienen a confirmar lo que las organizaciones del movimiento mapuche y socioambiental han estado señalando hace tiempo: que las plantaciones de monocultivos de árboles atentan contra el suelo y las reservas de agua.
Hoy más que nunca es necesario cuidar los bosques, que son la base de la biodiversidad y del sustento y la vida no solo de las comunidades que dependen directamente de ellos para su sustento, sino, a la larga, de toda la humanidad.
(1) “Estudio relaciona presencia de bosque nativo con mayor producción de agua”, http://www.mapuexpress.net/images/publications/18_12_2009_23_3_41_1.jpg.
(2)  http://aureliennewenmapuche.blogspot.com/2009/12/estudios-relacionan-presencia-de-bosque.html.

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En su versión 2009 .
Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales Devela Deficiencias en Tramitación de EIA de HidroAysén
En particular apunta a que no estaría garantizado plenamente el derecho a la participación ciudadana de los afectados, y que la generación de incentivos por parte de las empresas en pleno proceso de evaluación es una situación que la autoridad debe considerar al momento de desarrollar planes, programas y regulaciones de carácter ambiental.

Sus aprehensiones respecto de la tramitación del estudio de impacto ambiental de HidroAysén realizó el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en su Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2009, publicado a fines de 2009. La investigación, una de las más importantes en la materia que se realiza en el país, apunta esencialmente a deficiencias en garantizar la participación de la comunidad en el marco del que se define como uno de los proyectos de inversión más grandes que se han presentado en Chile.
El documento, que analizó diversos casos complejos en términos de derechos humanos, apunta a que dado el alto nivel técnico que involucra un estudio de este tipo, además de su envergadura, “resulta insuficiente el plazo de sesenta días concedido a la ciudadanía para que formule observaciones al proyecto, en especial cuando los documentos son de una extensión considerable (más de 10 mil páginas) y el grueso de las personas que se enfrentan a su contenido no son entendidos ni expertos en los temas que se tratan”. Se recuerda en el informe que esta situación incluso fue consignada por los propios ciudadanos que hicieron observaciones a la iniciativa.
Además de las miles de presentaciones que los afectados hicieron estudio, un total de 32 servicios públicos con competencia ambiental realizaron 3.150 observaciones “lo que dio pie a que la ministra de Medio Ambiente declarara que el EIA de HidroAysén 'no ha estado a la altura de la evaluación, la información entregada no resulta ser suficiente a la hora de hacer una evaluación ambiental de la magnitud del proyecto' ” consigna el centro en su informe.
Otro tema relevante al que se apunta es que la magnitud de la intervención ha generado un debate que trasciende la esfera local, llegando al ámbito nacional e incluso internacional. En este sentido se preguntan los investigadores de la Universidad Diego Portales: “¿el derecho a participar que asiste a un aysenino lo tiene también quien habita en el otro extremo del país, o un extranjero que se manifiesta desde cualquier lugar del planeta?”, relevando que “la legislación vigente no reconoce la participación igualitaria de todos estos actores; sin embargo, los cambios a la institucionalidad ambiental que propone el proyecto de ley, la característica de globalidad del medio ambiente, y la postura de amplia difusión que han adoptado los propios gestores del proyecto indican que la respuesta podría ser distinta”.
En este sentido recuerda que varios medios internacionales, incluido el estadounidense The New York Times, han puesto atención en las intenciones de Endesa y Colbún, como cuando en abril de 2008 publicó una editorial expresando que las represas “irremediablemente dañarían uno de los lugares más salvajes y hermosos de la Tierra” y agregando que “la mayor parte de la electricidad generada no iría al uso residencial, sino a la minería y a la industria”. Y aunque el medio dio cuenta de que el país “necesita desesperadamente nuevas fuentes de energía” su visión es que la alternativa no sería destruir dichas cuencas, argumentando que “la construcción de grandes represas hidroeléctricas es una forma antigua de obtener energía” y concluyendo que el Gobierno -a estas alturas el de Sebastián Piñera- “haría bien en reconsiderar estos planes miopes, al igual que los dueños internacionales de los derechos de agua de estos ríos”.
En consecuencia el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales expresa que “la presentación de estos casos pone sobre la mesa aspectos de la participación que la institucionalidad vigente no ha sido capaz de enfrentar en términos adecuados. La evidencia indica que el uso de incentivos durante los procesos de evaluación, así como la participación ciudadana organizada y globalizada en el mismo contexto, constituyen hechos que la autoridad no debe pasar por alto al momento de diseñar planes, programas y regulaciones de carácter ambiental, puesto que de una u otra manera repercuten en la calidad de los procesos decisorios y de las decisiones finales”.
Comunicaciones
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
www.aisenreservadevida.cl

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