Condor Cliff y la Barrancosa no están en condiciones de ser licitadas
Jorge Lapeña, desde el Instituto “General Mosconi” trata el delicado tema de la licitación de las centrales hidroeléctricas Condor Cliff y la Barrancosa en el Río Santa Cruz. Se habla de premuras, de duplicación de costos, de compromisos riesgosos, del bloqueo futuro de proyectos sobre el Santa Cruz. Jorge Lapeña es un experto reconocido en materia energética, y un buscador infatigable de consensos.
1. Los presupuestos actualizados en el año 2006 eran de 1.500 millones de u$s para Condor Cliff y 1.000 millones de u$s para La Barrancosa. En ambos casos con elevados niveles de incertidumbre: entre ambos emprendimientos la inversión total rondaba los 2.500 millones de u$s. Para potencias instaladas de 1.400 MW y 750 MW respectivamente y una generación anual total de 4900 GWh. El precio de venta de la energía fue estimado en 90 u$s/MWh para Condor Cliff y en 110 u$s/MWh para La Barrancosa.
2. Poco después de este Informe, EBISA y la Secretaría de Energía fueron apartadas de los proyectos hidroeléctricos, y se encomendó esta tarea a la Secretaría de Recursos Hídricos, sin experiencia histórica en proyectos de este tipo, en conjunto con las provincias que tuvieran injerencia en el desarrollo de los mismos. En el año 2007 se efectuaron los estudios geotécnicos por cuenta de la Provincia de Santa Cruz. En 2008, se abrieron los sobres económicos de ofertas para ambas obras que tuvieron que ser retirados como consecuencia de cambios e incertidumbres respecto del Proyecto y del entorno económico. En febrero de 2009, se reitera la licitación pero al continuar las incertidumbres existentes se amplía el compromiso del Estado Nacional con el Proyecto, obligándose a aportar el 70% del financiamiento para la construcción. Los costos de obra que han trascendido en las últimas semanas prácticamente duplican los anteriores y crecen en forma desproporcionada.
3. La realidad es que estos Proyectos, dado el avance de los estudios técnicos, económicos y ambientales no están en condiciones de ser licitados, y requieren una profundización de los estudios que permita completar la documentación correspondiente a un Proyecto Básico. Esto lo debe hacer el Estado Nacional y el Estado Provincial. No se conoce la potencia óptima a instalar, ni los riesgos geológicos, hidrológicos, ambientales y económicos no están aún suficientemente calibrados. Es altamente riesgoso ejecutar proyectos todavía inmaduros; ya sea ésta de índole técnica, económica, financiera o ambiental. La experiencia de construcción de grandes centrales hidroeléctricas en nuestro país - fundamentalmente concentrada en las ex empresas estatales Agua y Energía Eléctrica e Hidronor- así lo indican: No desaprovechemos esa valiosa experiencia.
4. Una vez finalizadas estas obras, la Provincia de Santa Cruz tendrá una potencia instalada cercana a los 2.200 MW (si incluimos la planta de carbón en construcción en Río Turbio). La potencia máxima demandada en la Provincia no supera los 100 MW. Para poder hacer económicos estos emprendimientos será necesario transportar cerca de 2.000 MW hasta los centros de consumo, reforzando el sistema de transporte interconectado nacional en al menos 2.000 kilómetros de líneas de 500 kV, con un costo de inversión que supera los 1.000 millones de u$s, que no han sido contabilizados en los proyectos hidroeléctricos, pero que sin duda también tendrá que aportar el Estado.
5. Con estos niveles de incertidumbre no es posible conocer el monto total de las obras y el precio de la energía a suministrar. Tampoco es posible conocer cuánto dinero tendrá que poner el Tesoro Nacional para que estas obras se concreten. Todo indica que la licitación en curso es al menos apresurada, y que por lo tanto es muy alta la probabilidad que, ó bien se transforme en un anuncio más, parecido al del Tren de Alta velocidad, o al Gasoducto de Venezuela, o tantos otros que no despegan; o bien estemos dando inicio a otro gran sumidero de fondos públicos como ha ocurrido con otros proyectos públicos en el pasado lanzados sin la financiación asegurada. El perjuicio de este apresuramiento puede ser alto, porque quedan comprometidas empresas por un largo plazo, que pueden a llegar a firmar contratos que luego no podrán ser cumplidos, y de esta forma quedarían bloqueados futuros emprendimientos sobre el río Santa Cruz.
