A pesar de que la reforma que se plantea al Código de Minería no prohíbe todos los tipos de explotación minera en el país, busca prohibir la que se desarrolla a cielo abierto y con cianuro, que es considerada la forma más dañina para el medio ambiente y la salud de las personas. Ambientalistas explicaron la reforma durante foro en la Asamblea Legislativa.
Ese fue uno de los principales puntos que defendieron ambientalistas durante el foro "La Reforma al Código de Minería: estado actual del proyecto y su papel en la Campaña Nacional contra la minería metálica" realizado ayer en la Asamblea Legislativa. Esta actividad fue impulsada por las organizaciones ambientalistas UNOVIDA y la Coordinadora Ni una Sola Mina, entre otras.
En el foro participaron el abogado Nicolás Boeglin de Llamado Urgente por el País, Javier Baltodano de Coecoceiba ATCR y José María Villalta el diputado Frente Amplio. Ellos expusieron las principales razones por las que consideran que esta reforma es importante para el país.
Entre sus principales argumentos se destacan que el Código actual está desactualizado pues no ha sido modificado desde 1982 y fue creado, según comentó el diputado Villalta, bajo una lógica extractivista que declara la minería en general como de interés público. "Es un código desactualizado y permisivo que cobra cánones ridículos a las empresas mineras", afirmó el congresista.
Otro argumento importante fue dado por Javier Baltodano, quien asegura que el Parlamento Europeo tomó la resolución de prohibir la minería con cianuro pues ésta actividad genera poco empleo y no hay garantías reales de evitar accidentes ambientales.
Nicolás Boeglín recalcó que Costa Rica no tiene capacidad para fiscalizar este tipo de proyectos. Además considera preocupante que actualmente las empresas mineras son las que financian los Estudios de Impacto Ambiental y a las personas que fiscalizan estos proyectos.
Fortalezas y debilidades de la reforma
Este proyecto de reforma, bajo el expediente 15948, no prohibiría la minería subterránea ni las actividades mineras artesanales. Esa limitante preocupa a grupos ambientalistas como los son Miramar al grano, quienes la califican de "autoengaño". Sin embargo, Villalta puntualizó que
No hay consenso ni viabilidad para dar ese paso (prohibir la minería subterránea). Hay que ir poco a poco en este tipo de reforma. Estamos empezando con la forma más dañina que es la minería metálica a cielo abierto. Donde están los principales yacimientos de explotación minera, la técnica que se puede utilizar es la de cielo abierto". Sobre la contaminación que genera la minería artesanal, Baltodano comentó que uno no puede comparar los kilos de cianuro que utilizan todos los mineros artesanales con las toneladas de cianuro mensual que va a embodegar y transportar el proyecto minero Crucitas. No hay nivel de comparación".
Otro punto importante de la charla fue recordar que la reforma no prohibiría la minería de tajo y otras formas de minería en las que se extraen materiales de construcción como lo son el hierro y el cemento, las cuales, según Baltodano "dejan muchos réditos".
Villalta dijo que la Reforma avanza rápidamente en la Asamblea y la votación final puede darse entre la segunda y tercer semana del mes de octubre. La reforma y Crucitas
Esta reforma no tiene efecto sobre la concesión dada a Crucitas. Sin embargo, si el Tribunal Contencioso Administrativo falla en contra de ese proyecto minero de Infinito Gold, la reforma impediría que la empresa volviera a solicitar la concesión.
Al final del foro los miembros de la Coordinadora Ni una Sola Mina informaron que llevarán a cabo un ayuno frente a Casa Presidencial por tiempo indefinido para solicitar que se derogue el decreto que declara a Crucitas como un proyecto de "interés público y conveniencia nacional".
Fuente: diario El Pregón
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REPUBLICA DOMINICANA: Protestas multitudinarias contra Barrick Gold en Dominicana
Las autoridades de la ciudad dominicana de Cotuí y organizaciones civiles protestaron el jueves contra la negativa de la minera Barrick Gold a presentar los estudios de impacto ambiental para explotar oro en la zona.
"Tienen que ser paradas las operaciones" de la minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), insistió Rafael Molina Lluberes, alcalde de Cotuí, 105 kilómetros al norte de la capital.
Molina Lluberes encabezó una multitudinaria manifestación en la que regidores de la localidad, sacerdotes católicos, dirigentes comunitarios y medioambientalistas demandaron la revisión del contrato de la compañía para explotar la mina de Pueblo Viejo.
"La alcaldía de Cotuí reclama, exige y demanda que se cumpla la ley en lo que respecta a la evaluación del impacto ambiental", insistió Molina Lluberes.
PVDC, conformado por las canadienses Barrick Gold y Goldcorp, compró en 2005 la compañía Placer Dome, que tenía el permiso de explotación de la mina de Pueblo Viejo desde 2001, pero nunca comenzó sus operaciones.
La minera, que tiene previsto comenzar la explotación de oro a finales de 2011, logró el año pasado, con base e la misma licencia, que el Congreso modificara el contrato a fin de ampliar la extensión de la mina y sus beneficios.
Según el nuevo contrato, PVDC comenzará a pagar utilidades al Estado una vez que haya recuperado su inversión de 3.000 millones de dólares y obtenga ganancias superiores al 10%.
Molina Lluberes explicó que, aunque Placer Dome contaba con el permiso de explotación de la mina, la licencia no puede ser la misma ya que PVDC amplío el proyecto a otras zonas.
Mientras que Placer Dome pretendía mover 12.000 toneladas métricas de tierra al día, PVDC pretende extraer 24.000 toneladas métricas y utilizar el método de oxidación mediante autoclaves, que no estaba previsto en la licencia original, según el funcionario.
Los manifestantes colocaron obstáculos en la avenida que conduce a la entrada de las instalaciones mineras para impedir el ingreso de los camiones que transportan equipos pesados a la empresa.
PVDC espera la llegada de maquinarias fabricadas en Malasia que usará para la eliminación de contaminantes, según había anunciado a mediados de este año el director de la compañía, Fernando Sánchez.
La alcaldía y la sala de regidores de Cotuí también reclaman la revisión del contrato para que PVDC pague el 5% de sus ingresos como impuestos por uso de territorialidad al municipio, como ocurre con otras mineras.
"Hay una heterogeneidad de demandas" en contra de PVDC, indicó a la AP el biólogo Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y quien ha participado en diversas manifestaciones en contra de la minera.
Carvajal, que demanda la rescisión del contrato, indica que PVDC "carece de licencia ambiental" y ha falseado datos, como la supuesta inversión de más de 3.000 millones de dólares, que sería la más alta en la historia del país.
El biólogo asegura que la explotación de la mina requerirá de una inversión de unos 900 millones de dólares.
De forma paralela a la protesta en Cotuí, cientos de manifestantes bloquearon las avenidas en la localidad cercana de Maimón en rechazo al despido de 48 empleados de la minera.
"Exigimos que les devuelvan el trabajo" indico Manuel Valerio, dirigente comunitario de Maimón, al considerar que los despidos están vinculados a la demanda de los empleados de la compañía a conformar sindicatos.
La compañía Barrick aclaró en un comunicado que los empleados no fueron despedidos, sino que se trató de "un cambio de nómina" en el que fueron transferidos de una empresa subcontratista de la minera a otra.
Barrick indicó además que un grupo de 30 empleados inconformes paralizaron el jueves las actividades de la minera durante varias horas.
La empresa se abstuvo de comentar los reclamos de la alcaldía de Cotuí y de los manifestantes en esa ciudad.
Fuente: Associated Press
