CHILE: Campiche o cómo las autoridades tuercen el Estado de Derecho
SANTIAGO ESCOBAR
Abogado y Cientista Político.
http://elmostrador.cl
La distinción entre legalidad y legitimidad, que ocupa volúmenes en la historia de las ideas políticas, es en Chile un sutil velo que apenas cubre las partes pudendas de lo público y lo privado.
Gobernantes, parlamentarios y asesores comunicacionales se preguntan sobre la baja valoración de la política en la opinión ciudadana sin mirarse siquiera al espejo de la ética pública, ni aceptar que en el país son las propias autoridades las que han construido una verdadera ideología de la trampa al adoptar decisiones, cuando su deber es respetar y hacer cumplir las leyes.
La política y el gobierno son oficios rudos, y nadie espera que los ejerzan ángeles. Practicarlos implica superar el escollo electoral, la discriminación y el cuadrillazo en el propio partido, y practicarlos a su favor con espíritu deportivo. Para todo ello hay que tener la piel dura y armonizar en la cabeza todo tipo de intereses que en tropel se disputan los favores del poder político. Por ello hay que transparentarlos y controlarlos, política y gobierno, para que las decisiones tengan al menos un matiz de interés general.
La publicación de los cables filtrados por Wikileaks donde consta la negociación subterránea entre ministros del gobierno chileno durante el mandato de Michelle Bachelet, diplomáticos norteamericanos y representantes de la empresa AES GENER para lograr la aprobación de la Central Termoeléctrica Campiche es una prueba solemne sobre la necesidad del control y la transparencia.
LA PARTICULAR VISIÓN DEL BIEN COMÚN DE LOS MINISTROS
El hecho que delatan los cables, muestra como un grupo de ministros, tal vez inspirados por una muy particular visión del bien común, deciden un curso de acción pública de dudosa legalidad para ayudar a un privado. Todos ellos manifiestan en los hechos que actúan “preocupados por el clima de inversiones en el país”, ignorando que el peor clima para cualquier potencial inversionista en todo el mundo es el de la discrecionalidad de las autoridades y el irrespeto de las normas.
El inicio de procedimientos administrativos que tienen causa aparente de legalidad pero que en realidad obedecen a razones secretas y de otra índole, y que posteriormente se filtran a la opinión pública, constituyen un daño incalculable para la imagen del país. Tal cosa ocurre en este caso.
En una economía de mercado, con una democracia estable y reconocimiento legítimo del valor del interés económico y la propiedad privada, es insensato pensar que un privado con riesgo de perder una gran inversión no hará todo lo que esté a su alcance por salvarla. Es su derecho, y también su riesgo si decide emplear métodos ilegales. También es natural que recurra a las autoridades de su país, si es extranjero, para que lo ayuden, y natural que aquellas del país receptor de la inversión muestren interés en el tema.
Lo que es inadmisible es que un grupo de ministros de Estado se concierte para cambiar la legalidad vigente, adopte decisiones e instruya a la administración, con el propósito expreso de burlar y revertir los efectos de una sentencia judicial de la Corte Suprema, con el fin de ayudar al privado. Más aún si ellos mismos reconocen que este actuó de manera ilegal y sin los permisos previos que requería su inversión.
¿CUÁLES RESPONSABILIDADES?
De acuerdo a los cables , los ex ministros Edmundo Pérez Yoma, Patricia Poblete, Marcelo Tokman y Ana Lia Uriarte, y el ex Director Ejecutivo de CONAMA Álvaro Sapag, actuaron de facto en el papel de consultores y lobistas de la empresa en vez de como funcionarios públicos con competencias estrictas.
Es muy preocupante además que, en medio de las reuniones y entrevistas para encontrar soluciones ad hoc para el privado, la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, reconozca haber recibido una llamada de la propia Presidenta Bachelet para que solucione el problema, al mismo tiempo que recrimina a sus visitantes la ilegalidad inicial de lo actuado por la empresa.
La solución final para construir la Termoeléctrica Campiche provino de un cambio del Plano Regulador de la V Región mediante un Decreto Presidencial, firmado por Edmundo Pérez Yoma como Vicepresidente y la ministra de la Vivienda, en enero de 2010, hecho que en su oportunidad fue calificado por El Mostrador como un traje a la medida del gobierno para AES Gener, lo que por cierto fue rebatido de manera categórica por el gobierno en su momento.
Todas las acciones de los ministros que dieron sustento a la solución final positiva sobre Campiche quedaron consignadas en la correspondencia del embajador norteamericano con su gobierno, ahora filtrada por wikileaks a la opinión pública, más de un año después de ocurridos los hechos.
Así, no solo se verían confirmadas las sospechas de manipulación señaladas previamente por El Mostrador, sino justificadas las aprehensiones ciudadanas de que en este tipo de casos la autoridad actúa contra su opinión e interpreta la legalidad de manera distorsionada o tramposa.
Ello es grave cuando en estos días se discute un escenario energético y ambiental complejo. Existen otras centrales eléctricas en proceso de aprobación como Castilla o Hidroaysén que tienen oposición ambiental y requieren que sus permisos pasen el test de la confianza ciudadana, la transparencia y la legalidad.
Casos como el de Campiche hacen dudar que sea la legalidad lo que impere, y llevan a muchos ciudadanos a la convicción, incluidos los propios inversionistas, que la decisión está echada de antemano, y que los debates legales son un tongo de políticos necesario pero que en Chile se puede burlar todo, incluso las decisiones judiciales del principal tribunal de la República.
Esta ideología de la trampa, destinada a satisfacer solo las apariencias legales lesiona de manera frontal nuestra propia Constitución de la República, la que en sus artículos 6, 7 y 8 señala las obligaciones que funcionarios como los señalados tienen en el ejercicio de sus cargos.
