Comisión Ciudadana de Energía: Otro punto de inflexión en Chile
Algo novedoso está pasando en Chile. Realmente pareciera que estamos en un punto de inflexión. Se respira en el aire un potencial de cambios donde los mayores sabemos que son momentos escasos a lo largo de una vida, y es muy notable verse involucrado en ellos. El tema es que también sabemos que muchos movimientos que intentaron darle una revolución, un giro de 180° a una añeja y adversa realidad, se frustraron. Esperamos que esta vez el cambio en nuestro país sea en serio y perdurable.
Respecto del tema del desarrollo eléctrico y energético, está ocurriendo algo sin precedentes. Un colectivo transversal se encuentra desde hace dos meses trabajando para destapar conceptualmente lo que hasta ahora ha sido la caja fuerte del sistema eléctrico nacional instalado en Chile desde los tiempos de la dictadura, que ha servido fundamentalmente para garantizarle a las empresas privadas altas rentabilidades mientras les permite externalizar todos los costos de sus emprendimientos al medio ambiente y la sociedad chilena en general.
El paradigma y sistema imperante ha resultado en una matriz eléctrica muy pobre en términos de fuentes y con un nivel de concentración, casi único en el mundo: el oligopolio constituido por Endesa, Colbún y AES Gener, con Endesa, hoy controlada desde Italia por Enel, como el actor fundamental. Como si esto fuera poco, la electricidad en Chile es muy cara y el sistema es cada vez más contaminante y nocivo para el medio ambiente, al sustentarse en grandes centrales térmicas a carbón y grandes hidroeléctricas de embalse.
La Comisión Ciudadana busca generar una propuesta/país que permita establecer cuáles serían las condiciones regulatorias y normativas que logren avanzar hacia una matriz radicalmente diferente, moderna, eficiente, diversa en fuentes renovables, distribuida y con múltiples actores regionales. Para obtener esto se necesita un serio cambio de timón y orientar el sistema en base a la búsqueda genuina del bien común y de la sustentabilidad social y ecológica, en vez del despiadado negocio eléctrico que ha sido casi la única brújula del sistema durante las últimas décadas.
Aquí se puede y se debe hacer un paralelo con la revuelta, totalmente justificada, de los estudiantes. En efecto, su principal reclamo es contra el lucro en la educación. El problema de fondo es que en Chile --algo que terminó de agudizarse durante la dictadura con la promulgación de la Constitución de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de Educación-- sólo se puede obtener a una educación de calidad, que permita buenos resultados en la PSU y en la universidad, y, por lo tanto, movilidad social, teniendo abundantes recursos económicos para poder acceder a establecimientos educacionales que lucran con la educación de calidad. Y en un sentido profundo, tan de calidad no son tampoco, porque son centros de reproducción del status quo, de paradigmas respecto del desarrollo, por ejemplo, que nos tienen atrapados en la aguda y peligrosa crisis socio-ambiental actual.
El tema aquí es que durante la dictadura fuimos muy deliberadamente colonizados por la doctrina económica de M. Friedman de la Universidad de Chicago, con la colaboración de la Universidad Católica de Chile. Justamente, una de las piedras angulares de esta doctrina es la trasformación de los servicios públicos en negocios privados. Así, proveer estratégicamente a un país de energía, agua potable, educación, salud y de carreteras de calidad, pasa a ser prerrogativa exclusiva, en el caso de Chile, del sector privado, de empresas que lucran en grande con estos ex-servicios públicos convertidos en negocios.
Muchos dirán que el lucro no es pecado, de hecho todo nuestro sistema actual a nivel global está basado en esto. Y otros dirán que el aparato público por naturaleza es corrupto, así como ineficiente, justamente porque no tiene el aliciente del lucro. Pero ¿Por qué el sector público tiene que ser necesariamente corrupto e ineficiente? ¿No será esto un tanto ideológico? Se podría pensar que una buena solución es la combinación público-privada, pero donde predomine lo público y el resguardo del bien común, por sobre el privado. Y respecto del lucro el problema es el exceso. ¿Por qué estas tremendas rentabilidades y utilidades? Es decir, queda claro que los que nos cobran por estos servicios no corresponde para nada a sus valores reales, sino ¿de adonde tan abundante cosecha de plusvalía?
En todos estos sectores vitales necesitamos urgentemente volver al concepto de servicio público, algunos, como la educación y la salud, deben ser derechos humanos garantizados y gratuitos, y en otros, donde una armónica combinación público-privada permita que los consumidores paguen lo justo, y los privados ganen lo justo y aprendan a convivir en forma más equitativa.
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