Minería justicia, asesinatos y enfermedades
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Lunes, 29 de agosto 2011. La Corte Suprema de Filipinas ha prohibido la minería en la península de Zamboanga, rica en minerales, lo que favorece la petición de las organizaciones religiosas y no gubernamentales que pidió que la minería se detuvo debido a sus efectos peligrosos para el medio ambiente y las comunidades indígenas.
En una decisión en pleno el 16 de agosto, el Alto Tribunal emitió una orden de "Kalikasan," dirigiéndose al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) y sus organismos adscritos, en particular la Oficina de Minas y Geociencias (MGB), para detener la emisión de la minería los permisos y las aplicaciones.
MGB Director Leo Jasareno lamentó la emisión de la resolución por parte de la Corte, diciendo que esto ha sido un golpe duro para la industria minera del país.
"La orden judicial detendría todas las aplicaciones de minería y operaciones en toda la península de Zamboanga. Si se terminaría demostrando que las alegaciones son infundadas, pues esto sería desastroso para las empresas y pondría en duda la capacidad del gobierno para proteger las inversiones legítimas ", dijo Jasareno.
1,4 millones de hectáreas de tierra, o el 54 por ciento del total de la península, está cubierto por bosques. El lugar cuenta con reservas probadas de oro, cromo, plata, manganeso y plomo.
La orden judicial de Kalikasan fue promulgada por el entonces Jefe de Justicia de Reynato Puno, dando los ciudadanos y las partes interesadas una forma legal para desafiar a los partidos que creen que están dañando el medio ambiente.
Según los peticionarios, el DENR y sus organismos adscritos prácticamente cometieron graves abusos de poder cuando emitieron permisos y viviendas a las empresas mineras en la región, a sabiendas de que esto iba en detrimento del medio ambiente.
Los peticionarios subrayaron que la industria minera en la península de Zamboanga planteaba amenazas a los residentes y al medio ambiente. Ellos sostuvieron que muchas concesiones mineras cubren áreas claves de biodiversidad y zonas de cuenca. Estas áreas serían degradadas por las actividades de extracción de minerales.
Las empresas mineras de la península también usurparon las tierras ancestrales de la tribu subanen, agregaron.
Los peticionarios incluyen al Centro de Justicia de Filipinas la Tierra, Alianza para el Ahorro de la integridad de la naturaleza, Kesalubuukan Tupusumi Organización de los Pueblos subanen, el Obispo José R. Manguiran y varios otros.
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La minería siempre deja una huella ecológica': Manuel Rodriguez. Así lo afirmó el ex ministro de Medio Ambiente en foro sobre megaminería. La posibilidad de una explotación a cielo abierto en Marmato (Caldas), que implicaría el traslado del municipio, volvió a ser ayer uno de los temas centrales del Seminario internacional sobre Megaminería, que termina hoy en la Universidad de Caldas. El ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, afirmó que la explotación a cielo abierto en zonas de montaña está en proscrita por la comunidad científica estadounidense por la "gran devastación ambiental que genera".
Aunque admite desconocer la problemática de Marmato, Rodríguez afirma que en términos generales la gran minería en montaña implica, precisamente, acabar con una montaña completa o parte de esta y esto conlleva a una transformación del entorno, que no tiene reversa. "Si usted va a sacar oro de una montaña tiene que destruirla, desaparecerla, y esto jamás es sostenible ambientalmente", afirmó.
Esta situación se aplica en el llamado 'Pesebre de Oro' de Colombia, donde existe una montaña, el cerro El Burro, que desde hace cerca de 500 años es explotado con minería de socavón por pequeños mineros.
Además, una explotación a cielo abierto en Marmato implica la destrucción de un pueblo que fue fundado hace 473 años y trasladarlo a otro sector. Actualmente la compañía minera que está al frente del proyecto de exploración y explotación de los yacimientos de oro y plata de esta población del occidente de Caldas es Gran Colombia Gold, y ha planteado la posibilidad de hacer una explotación a cielo abierto.
Rodríguez planteó varios interrogantes, como ¿dónde van a depositar el material que saquen de la montaña?, ¿Qué va a pasar con el agua?, ¿Qué pasa con los huecos que quedan abiertos?
Ese año 2000 Andrea Escalante y otros casi mil pobladores firmaron acuerdos extrajudiciales con Yanacocha. A ella le dieron 1.000 soles de indemnización y 2.000 soles por cada uno de sus hijos. "¿Qué iba a saber yo lo que gastaría luego en medicinas?". A cambio de ese acuerdo, renunciaba a alguna otra acción civil o penal contra la minera. Le dijeron que no podía hablar del tema porque era un acuerdo confidencial. Entonces, no contó nada.
Fuente: noalamina.org
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