Presidente Piñera autorizó de forma irregular la desafectación de terrenos de la Reserva de la Biósfera Lauca para reanudar la minería
Por Diana Porras
La reanudación del proyecto Choquelimpie de Copec puede significar un nuevo foco de conflictos para el Presidente Sebastián Piñera, quien siendo accionista minoritario de la firma titular, autorizó la desafectación de terrenos de la Reserva de la Biósfera Lauca para concretar la iniciativa.
A principios de esta semana, Empresas Copec anunció que reanudaría proyectos de gran envergadura en el norte del país, entre ellos el yacimiento Choquelimpie y otras pertenencias mineras ubicadas en la región de Arica y Parinacota.
El proyecto Choquelimpie busca la explotación de cobre, oro y plata localizados a gran profundidad. En este caso, se planean sondajes de 800 metros de profundidad.
Lo que llama la atención de esta iniciativa, es que se desarrolla en los límites de la Reserva Nacional Las Vicuñas, un área protegida por la UNESCO como Reserva de la Biósfera Lauca, que alberga poblaciones de vicuñas protegidas bajo el Convenio para la protección de las Vicuñas.
Esta Reserva fue creada mediante Decreto Supremo Nº 29 del Ministerio de Agricultura del 8 de marzo de 1983. A través del mismo Decreto se declara a esta unidad como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, alertó que el país está siendo testigo de un nuevo y gravísimo conflicto de intereses del actual Mandatario, pues la decisión de desafectar un área protegida del Estado, le reportará en el mediano plazo grandes ganancias económicas.
“Desde el año pasado vimos que a muy poco de asumir, el Presidente Piñera hizo un viaje a la región de Arica y Parinacota y anunció la desafectación de parte del Parque Nacional Lauca para la minería. Ahora notamos que aparece esta reactivación de un proyecto que fue aprobado en 2007 donde uno de los grupos económicos que está detrás de esto es Copec, en el cual el Mandatario tiene acciones, aunque minoritarias, pero es parte de la sociedad”, denunció la ambientalista.
El titular del proyecto presentó únicamente una Declaración de Impacto Ambiental, con lo cual obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental positiva en julio de 2007. La Fundación recuerda que en ese momento organizaciones ciudadanas reclamaron por la aprobación de la iniciativa, pues su evaluación a través de una DIA no permite la participación de la comunidad interesada.
Flavia Liberona manifestó que debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, de manera de abrir la posibilidad de generar un debate más amplio e imponerle mayores exigencias y condicionantes.
“Hay un tema que nos parece de mucha relevancia y que no sólo tiene que ver con este gobierno porque fue la administración de Michelle Bachelet la que aprobó esta declaración de Impacto Ambiental cuando lo que debería haber hecho era ordenar un Estudio de Impacto Ambiental y cumplir con la Convención de Washington que dice que este tipo de área protegida, sólo puede ser intervenida para los objetos que fueron creadas. Como lo vemos desde nuestra parte es una alerta y un cierto temor porque ha habido mucha presión sobre un área protegida para extraer mineral y si esto se materializa sería absolutamente nefasto para el país”, dijo Liberona.
Desde la organización manifestaron que la historia de este proyecto ha estado llena de irregularidades; una de las más claras es su aprobación bajo el gobierno de Michelle Bachelet a través de una Declaración de Impacto Ambiental y no de un Estudio.
El programa del proyecto durará seis meses, por lo que ya a fines de 2012 se comenzaría con la construcción de la planta de procesos, para lo que se tiene que formular un Estudio de Impacto Ambiental.
OLCA
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Son 7 las presentaciones que se verán en la sala.
En Puerto Montt son este martes alegatos por recursos de protección que tienen paralizado HidroAysén
· Por los recurrentes participarán los abogados Jesús Vicent, Macarena Soler, Marcelo Castillo, Alex Quevedo y Fernando Dougnac.
Este martes a las 9 de la mañana en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se iniciarán los alegatos por los 7 recursos de protección que desde el 20 de junio mantienen paralizada la tramitación del proyecto HidroAysén, luego que el tribunal decretara una orden de no innovar.
Los recursos versan sobre diversas garantías constitucionales que habrían sido vulneradas en la aprobación del estudio de impacto ambiental el pasado 9 de mayo por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén. Las acciones que se cuestionan, y en las cuales se estarían conculcando los derechos a la vida, de igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, apuntan a la aprobación de HidroAysén a pesar de faltar al estudio información esencial y relevante para ser evaluado, por amenazar la especie protegida huemul, por afectación del Parque Nacional Laguna San Rafael y por excesivos impactos demográficos no evaluados.
Son varios los escritos que fueron suscritos por diversos habitantes y organizaciones regionales, entre ellos la pobladora de Los Ñadis Elisabeth Schindele (cuya casa y predio HidroAysén pretende inundar), los dirigentes regionales Miriam Chible y Alejandro del Pino, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, los alcaldes de Tortel Bernardo López y de Chile Chico Luperciano Muñoz, además de los senadores patagónicos Carlos Bianchi y Antonio Horvath, el presidente del Senado Guido Girardi, los diputados Gabriel Silber, Enrique Accorsi, Patricio Vallespín, y los empresarios Víctor Hugo Puchi, Carlos Vial, junto a Greenpeace Chile, la Fundación Terram, la Fundación Pumalín y la ONG Ecosistemas, entre otras personas y agrupaciones.
En representación de estos requirentes alegarán los abogados Jesús Vicent, Macarena Soler y Marcelo Castillo. Junto a ellos y en representación de la Agrupación de Pescadores Artesanales de Aysén lo hará el profesional Alex Quevedo argumentando falta de consideración de las observaciones ciudadanas de sus representados y también Fernando Dougnac, sustentado en ilegalidad de la presentación a evaluación de las represas y tendidos en forma separada.
Marcelo Castillo explicó que estos recursos de protección buscan “que se deje sin efecto la calificación de evaluación ambiental que aprobó el proyecto HidroAysén. Este proceso ha estado plagado de ilegalidades y su objetivo es precisamente resguardar los derechos constitucionales que no han sido respetados durante todo este proceso”.
Comunicaciones
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida
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