El modelo “agrotóxico y la corrupción del poder”
Lo mató el glifosato
Por Daniel Tort
Abogado y periodista.
La gestación de gemelos significa para una familia un hecho inusual que como tal es recibido con enorme alegría. Se generan especulaciones sobre el futuro de los hermanitos, se planifica para recibir dos bebés, se arman camitas iguales, se compra todo por dos, se aventuran nombres que combinen con los que llegarán y seguramente inundarán, primero de llantos y mas tarde de risas, a los felices padres que sueñan y se desvelan por el cambio de vida que les significará un nacimiento doble.
Su bebé ha muerto por intoxicación con agrotóxicos y deben mudarse si no quieren arriesgar a su hermano.
Por haber compartido la bipartición temprana de un solo embrión, el destino de los niñitos será la curiosa identidad física para toda la vida. Para toda una vida planificada de a dos. Como la falta de espacio en el seno materno les resultará incómoda, el parto se anticipará, y a más tardar en la semana treinta y siete nacerán. En ese hogar todo es ansiedad, todo es felicidad. Pero en un control médico de rutina, el médico obstetra le informa a la madre que uno de los fetos está muerto. Y todo se desmorona.
¿Qué pasó? Será lo primero que los padres, en repentino luto y angustia, le preguntarán al médico. Esa escena trágica es la que acaban de vivir los esposos Fontanellaz en la localidad de Firmat, en la Provincia de Santa Fe. Edgar y María escuchan la respuesta con impotencia y el Dr. Darío García que los asiste les explica lapidariamente que el bebé ha muerto por intoxicación con agrotóxicos, y que deben mudarse si no quieren arriesgar a su hermano.
Otra vez se hace presente en nuestro país el asesino silencioso que ha llegado de la mano del éxito del llamado modelo agropecuario: el glifosato. La familia había sufrido la enésima fumigación sobre su hogar a principios de septiembre. En ese caso se quiso contratar un escribano para dejar constancia del daño y la desaprensión del grupo empresario que contaminaba el barrio entero para lograr sus rendimientos del capital, pero ninguno quiso prestarse para labrar el acta.
La policía se negó a intervenir porque no tenían patrullero para ir hasta el lugar y el Secretario del área de la Municipalidad del lugar no quiso atenderlo. Es claro que al bebé Fontanellaz, que ya no será, no solamente lo mató el glifosato sino también la indiferencia y falta de compromiso de los demás y el poder efímero y brutal del dinero.
Cuando se pidió al ente público que exhibiera los planos que delimitan la zona rural, para probar que se estaba violando el espacio urbano, se informó que el expediente que tenía el plano se había perdido. La otra hija de esta familia por consejos del mismo médico tuvo que mudarse, porque presenta frecuentes episodios inflamatorios y catarrales de vías aéreas superiores, lo que afecta sus vías respiratorias y audición.
No existe la más mínima duda de que el glifosato causa enfermedades y muerte. Pero sigue reinando en el país. Sería de esperar que los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, adoptaran medidas urgentes para detener este genocidio que se está llevando a cabo en nombre de los rendimientos agropecuarios, pero a nadie parece importarle.
No solamente no se toman medidas de restricción del uso de este letal veneno, sino que la Presidenta de los argentinos acaba de presentar con bombos y platillos el llamado Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, popularizado como PEA, y en el mismo se anuncia que se tiende a llevar las cien millones de toneladas de granos de hoy a ciento sesenta millones en el 2020.
Para esto se determina que el 45% de la extensión de siembra será para soja transgénica y que el maíz será destinado para los llamados agro combustibles. Así, las semillas transgénicas, los fertilizantes artificiales y los agrotóxicos aumentarán el 60%. Es de esperar que las muertes sigan el mismo incremento. De esta manera los llamados commodities de exportación no solamente seguirán atentando contra la soberanía y la seguridad alimentaria de los argentinos sino que seguirán cobrando vidas para que los llamados éxitos de los especuladores del comercio exterior y el gobierno nacional hagan caja cuando liquiden divisas.
Un detalle no menor: para elaborar el PEA participaron numerosas organizaciones sociales y cuarenta universidades nacionales. Muchas de ellas son las mismas que con una desvergüenza ilimitada se financian con el dinero de la minería a cielo abierto que a base de arsénico se ocupa de contaminar la Cordillera de Los Andes mientras los sojeros contaminan la llanura.
Como se puede apreciar claramente, el entramado del actual panorama económico, que en palabras de la Presidenta es llamado el “modelo a profundizar”, tiene otras prioridades más importantes que la salud de la población. Y llegará el día en que se deprecie el valor de los granos por algún mecanismo especulativo de alguna movida accionaria o por algún mecanismo que aunque nos lo expliquen una y otra vez no llegaremos a entender –precisamente para eso son los análisis de los expertos- y nos quedaremos mirando los campos irremediablemente contaminados y maldiciendo nuestra pasividad y nuestra falta de conciencia.
Otra opción es –como decía Arturo Jauretche- barajar y dar de nuevo, por que así, con el mazo marcado por ellos, no tenemos chances.
Fuente: SALTA LIBRE NET
Avda. Italia 1442 - Bº Manjón (CP 4400) Salta- Cap
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Otros tres pueblos santafesinos acuden a la justicia contra el glifosato
Por Clarisa Ercolano
En San Jorge, donde las muertes por cáncer aumentaron un 30%, un fallo impide la fumigación. En Ibarlucea, abogados ambientalistas denuncian aprietes. Y en La Criolla liberaron de agroquímicos la zona urbana,
pero no los cursos de agua.
Qué tienen en común pueblos como San Jorge, Ibarlucea o La Criolla? Además de estar todos en la provincia de Santa Fe, comparten un triste destino que, boom sojero mediante, los está convirtiendo en pueblos fumigados, donde escuelas, casas y barrios enteros no se salvan del afán agropecuario, sólo preocupado por el rinde de la semilla.
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”. Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños. Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana. La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas. Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
Hay otros indicadores, preocupantes, que crecen al ritmo de la producción sojera. Hace tiempo que Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, comenzó a contar los fallecimientos registrados por cáncer. La cifra hiela la sangre: un 30% más que hace tres años. A ella se suma el doctor Ángel Bracco, que constata esos efectos en su consultorio y curiosamente explica a Tiempo Argentino que “muchos llegan a la consulta preocupados por su falta de rendimiento sexual, sin saber que los pesticidas inciden en los procesos hormonales de un modo notable”. Bracco enumera además alergias severas, cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas que superan su capacidad de asombro. “El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”, dice, contundente, y agrega que cada vez son más visibles los aumentos en las tasas de infertilidad por el efecto endócrino.
“Fumigan a la noche y la gente se siente mal por la mañana, pero yo, por ejemplo, tengo alergia, me pica todo el cuerpo y la cabeza como si tuviese piojos, y me hice un análisis porque tengo alteraciones de la flora intestinal como si fuese celíaca, pero no lo soy. Me están apareciendo cosas que jamás tuve en la vida”, se queja ante Tiempo Argentino una vecina, que no quiere dar su nombre y que vive justo enfrente de un silo sojero, en San Jorge, ubicado peligrosamente junto a una plaza donde juegan niños. Héctor Lombarte, responsable de una de las obras sociales del pueblo, reseña que en los últimos tres años “los casos de cáncer que llegan hasta nuestra institución treparon un 400%”.
La justicia llegó a San Jorge a partir de las denuncias de la vecina Viviana Peralta sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén prácticamente desde que nació. Ellos, junto a otros vecinos del Barrio Urquiza, recurrieron a todas las instancias judiciales y, además, revolearon unos cuantos cascotazos contra los “mosquitos” (las máquinas fumigadoras), logrando que un fallo judicial impida la fumigación en esa zona que, pese a estar pegada a los campos, sigue siendo urbana. La medida, no obstante, sólo protege al barrio en cuestión y no a todo el pueblo. Como la provincia de Santa Fe se negó a realizar estudios, el fallo es precautorio: la prohibición ante el riesgo y amenaza para la salud. Pero en San Jorge, hasta las banquinas tienen soja.
EL FALLO ESCONDIDO. Ibarlucea es otro pueblo rural ubicado a pocos kilómetros de Rosario. Allí, la vecina María Celeste Bravo inició una acción legal contra la comuna santafesina por las fumigaciones que se realizan casi de modo constante y apenas a 100 metros de áreas habitadas. Tras más de 150 días desde la prescripción del plazo legal, todo sigue igual y el juez tampoco se expidió sobre la medida cautelar solicitada. Fuentes judiciales de la provincia de Santa Fe advirtieron a Tiempo sobre una posible recusación al magistrado Néstor Osvaldo García. Por lo pronto, el intendente de Ibarlucea, Juan José Prino, ordenó fumigar a 100 metros de la casa de la familia demandante, cuando la ley provincial estipula 500 como mínimo.
La abogada ambientalista Graciela Gómez, que representa a la familia Bravo, denunció que recibió amenazas en la puerta del juzgado por parte de Eduardo Sosa, el abogado de la comuna de Ibarlucea. En el Juzgado Civil N°6 de Rosario no le dejan ver el expediente. “Una vez más la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida”, dijo Gómez, y agregó: “Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mí no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas.”
LA TIERRA SÍ, EL AGUA NO. Después de largos debates y contratiempos, Oscar Brasca, vecino de La Criolla, puede sonreír, aunque no del todo. “Hoy tenemos la zona urbana libre de pesticidas”, le cuenta a este diario, “pero no los ríos, lagunas y humedales que lindan con lotes sojeros, de modo que, aunque sea en forma parcial, la contaminación sigue. Medio Ambiente de la provincia hace caso omiso a las quejas que presentamos porque, luego de fumigar, dejan los residuos y bidones de glifosato tirados, inclusive cerca de tomas de agua”, subraya preocupado.
Oscar es un referente en el norte de Santa Fe, por la experiencia adquirida durante años de lucha contra la fumigación. Cuenta que en el pueblo vecino, Vera y Pintado, “siembran hasta la última calle de la localidad”, pero advierte que parte de la batalla se gana educando: “Yo doy talleres en los colegios para que padres y chicos sepan sobre los peligros y puedan organizarse igual que nosotros.”
Respecto de las escuelas, un dato más viene a pintar de lleno cuál es el panorama en la provincia fumigada. Hace tres meses, al menos tres escuelas rurales sufrieron las consecuencias de fumigaciones en terrenos linderos e inclusive en el mismo espacio ocupado por los colegios, según denunció el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). “Mosquitos y avionetas han realizado fumigaciones a escasísima distancia de establecimientos educativos, algunas a 15 metros, y con los alumnos en clase”, informó esa ONG en un comunicado.
Las escuelas rurales primarias de Paraje El Ombú (cerca de Arroyo Seco), Villa Amelia (vecina a Rosario) y Paraje El Mataco fueron las últimas, pero son apenas una muestra de lo que sucede con las más de 800 escuelas rurales de la provincia. Desde el Cepronat grafican: “Reciben las gotas de veneno sobre las cabezas de docentes y alumnos.”
