“El Gobierno congeló la ley de glaciares”
por No a la Mina
No comenzó el inventario de las reservas de agua en montaña. El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. El organismo de aplicación de la ley es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) su director, Ricardo Villalba, reveló que "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
Fuente: La Nación
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza.
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Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina
Los vecinos harán una asamblea este viernes ante el desarrollo de acciones solapadas en Esquel y el resto de la provincia por parte de gobiernos actuales y por asumir, junto a mineras y gestores promineros que pujan por abrir la posibilidad a las explotaciones mineras a gran escala en Chubut.
La asamblea de vecinos será en la Escuela 767 (ex Normal) el viernes 4 a las 18 hs.
En esta ciudad la población se prepara para celebrar 9 años de movilización social a favor de la vida, de la producción sostenible por generaciones y contra la actividad minera a gran escala. A fines de noviembre de 2002 fue la primera marcha en Esquel por el NO A LA MINA.
En este momento la cuestión minera en Chubut encuentra a un gobierno provincial a punto de asumir por un nuevo período y el municipal por reasumir. En tanto que los funcionarios actuales y los que están por ingresar, de un tiempo a esta parte no hacen declaraciones pero acuerdan con mineras para abrir la provincia a los grandes negocios de la megaminería.
Un informe reciente de la Dirección de Minas y Geología de la Provincia del Chubut certificó que existen unas 1.000 solicitudes "vigentes" en etapas previas a la explotación de minerales metalíferos y radiactivos.
Ese es el sustrato concreto que facilitó la administración del actual gobernador Mario Das Neves para generar derechos a favor de las mineras y en ese camino se interpone la movilización social y la Ley 5001, que desde el año 2003 prohíbe en todo Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro.
La inserción prepotente de las empresas mineras en la meseta hace que –entre otros aspectos- los empleados de las comunas usen vestimenta y camionetas de las empresas y éstas reemplazan al estado en distintas funciones.
Los vecinos señalan que en la pequeña localidad de Paso del Sapo, a 200 km al este de Esquel, Ricardo Bustos -uno de los representantes/lobbistas mineros de la zona y conocido conductor/periodista radial de una fm de Esquel - trabaja para que los pobladores permitan la exploración y futura explotación minera.
Mientras que en Esquel, los gestores mineros están muy activos con actividades de extorsión y seducción para tratar de "dar vuelta la decisión de Esquel" intentando enfrentar a vecinos contra vecinos.
Los personeros del sector minero están en estrecho contacto con altos funcionarios provinciales y del municipio local lo cual señala su aval en este accionar. Organizan reuniones secretas con grupos de vecinos y comerciantes, ofrecen distintas "ayudas" y hasta puestos de trabajo en mineras. También contratan periodistas, a ciertos docentes, suman algún referente religioso o barrial y tratan de meterse en clubes y otras organizaciones sociales.
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Por Proyecto Sur Comodoro
El referente de Proyecto Sur Andrés Acevedo cuestionó “las estrategias de marketing que están llevando a cabo los políticos y los lobbistas de las empresas mineras”. Apuntó directamente contra el intendente de Paso de Indios Mario Pichiñan. “Ayer, martes, salió a mediodía en un programa radial de Comodoro Rivadavia, asegurando que la minería tiene mala prensa pero que es inofensiva, que va a dar muchos puestos de trabajo y que estas empresas tienen gran responsabilidad social, porque pueden construir hasta hospitales y también pueden dar agua a los vecinos, para la agricultura”, mencionó.
Quien fuera recientemente candidato a diputado nacional por el Frente Unidad Sur, espacio que integra Proyecto Sur, consideró que “Pichiñan y todos los que piensan como él nos quieren vender el mundo del revés. Las mineras son capaces de construir no un hospital, sino diez, porque el costo representa una insignificancia en relación con sus ganancias. El problema es que ese hospital no debería ser construido por una empresa privada, sino por el Estado”.
Para Acevedo, “la tan promocionada ‘responsabilidad social de las mineras’ es la contracara de la ‘irresponsabilidad social del Estado’, cuando este cae en manos de quienes no defienden nuestros recursos naturales y desarrollan políticas de hambre y de ajuste para poner de rodillas al pueblo, así las mineras desembarcan como si fueran salvadores venidos del cielo”.
Mucho petróleo, poco combustible
La escasez de combustible fue tomada por Acevedo como “otro ejemplo del mundo del revés que nos quieren imponer. Estamos en una zona rica en hidrocarburo, en un país que no debería tener problemas con este producto, pero, aunque parezca ridículo el gobierno se ve obligado a importar petróleo porque no puede abastecer el mercado interno. El oro negro que está bajo nuestros pies ya no nos pertenece y esa es una realidad que hay que revertir”.
“Siento una gran frustración cuando veo colas de autos esperando para cargar combustible o cuando, directamente, están los conos naranja porque las estaciones se quedaron sin nada. Es lamentable que en una región petrolera no tengamos combustible” sostuvo.
“Ya vemos cómo es el mundo del revés. Ese que quieren hacernos vivir. El Estado es el pavo de la película, los políticos oficialistas son empleados de los grandes grupos económicos y son capaces de hacer cosas que jamás mencionaron mientras estaban en campaña”, concluyó.
Fuente: PuertaE
