URUGUAY: OTRO GOLPE AMBIENTAL
por Eduardo Gudynas
A los pocos días de proponer que el área ambiental sería removida de su ministerio, la presidencia de José Mujica aunnció que se autorizaba la construcción de un polémico puente en una laguna de la costa atlántica. Esa obra, resistida por años por sus impactos ambientales y territoriales, deja en claro la intención presidencial de reducir las exigencias ambientales y colocarlas al servicio de la inversión. Se han salteado todas las formalidades institucionales, y el permiso ambiental no fue anunciado por el ministerio del ramo, sino por la presidencia. La argumentación técnia fue reemplazada por una conferencia de prensa donde se dieron justificativos que, en unos casos son pocos serios, y en otros, por lo menos sorpresivos.
La aprobación de un puente sobre la Laguna Garzón desató una fuerte polémica en Uruguay. Atendiendo la consulta de varios medios de prensa he presentado algunos argumentos sobre esta cuestión (por ejemplo en El Espectador, aquí… y en El País, aquí…). Comparto con ustedes algunas de esas ideas (varias de ellas adelantadas en un artículo reciente en Voces – aquí…)
Un puente demasiado riesgoso
Comencemos por recordar que el puente sobre la Laguna Garzón tiene impactos directos, pero más graves, extendidos y complejos son sus efectos indirectos. Al permitir una conexión vial sencilla, se hace posible una rápida expansión urbana sobre la costa de Rocha. Seguramente en unos años aquella franja costera se parecerá a Solymar, y con ello tendremos problemas con la basura, el saneamiento, cañadas contaminadas, incendios, etc. Los remanentes de áreas naturales y su biodiversidad desaparecerán.
Estos y otros efectos del puente son tan negativos que, hasta donde puede saberse por la prensa, los técnicos de DINAMA no firmaban el permiso ambiental. Pero como la decisión final es política, la oficina presidencial decidió dar luz verde a esa construcción. Las advertencias ambientales fueron sepultadas, dejando en claro que era más importante satisfacer la demanda del inversor argentino y concretar la construcción de un nuevo “country”. Detrás de esa inversión extranjera, se anuncian otros emprendimientos urbanísticos similares.
Todo esto pone en riesgo no sólo el ambiente propio de la Laguna Garzón, una laguna litoral en una costa oceánica, sino que amenaza la costa ayacedente, en particular la franja que se extiende hasta la Laguna de Rocha. Allí encontramos ecosistemas costeros, con dunas, y enclaves de bañados, algunos remanentes de bosques nativos psamófilos, que si bien están alterados en ciertas zonas, hay otras que mantienen buenas condiciones. Son el refugio de una flora y fauna autóctona, especialmente rica por ejemplo en aves costeras.
Un permiso presidencial
La argumentación del permiso, ofrecida por el secretario de la presidencia, A. Breccia, desnudan el nivel técnico y político al que se ha caído en la gestión ambiental.
En primer lugar, justificó el puente indicando que tendrá bajo tránsito, excluyendo vehículos pesados, y que para ello la actual ruta 10 dejará de ser nacional y será un camino departamental. Mi reacción: si el tránsito realmente será limitado, la mejor opción es el cruce de la laguna en balsa, y por lo tanto deja de tener sentido construir el puente. Agrego otro argumento: en Uruguay buena parte del tránsito pesado, desde camiones con granos a otros con ganado, transitan por lo caminos departamentales. ¿Cuál es el plan presidencial? ¿Colocar inspectores municipales en ese camino presidencial para controlar que no entren camiones? Parece evidente que este procedimiento es inviable.
En segundo lugar afirmó que para asegurar los aspectos ambientales el sitio será ingresado al sistema nacional de áreas protegidas. Mi reacción: esto es un eufemismo, porque la laguna Garzón, junto con las de José Ignacio y Rocha, ya son áreas protegidas desde hace más de 30 años (decreto 260 de 1977). Decir que están dentro del “sistema” es solamente una etiqueta. Agrego ahora que con esto damos en nuevo paso en la confusión generada por el llamado “SNAP” (Sistema Nacional de Areas Protegidas), colocando dentro del “sistema” área que ya estaban legalmente protegidas. Lo que se necesitan son medidas concretas y efectivas de protección.
En tercer lugar, se insistió en que el diseño del puente será del arquitecto Rafael Viñoly, y como sus obras son bellas, esto sería una medida ambiental. Mi reacción: si el puente es lindo o feo, o si lo construye un renombrado arquitecto o no, es en gran medida irrelevante en cuanto a sus efectos ambientales y territoriales. Un puente hermoso puede tener los mismos efectos negativos que uno estéticamente desagradable. No deja de sorprenderme que buena parte de la prensa se dedicara a esta cuestión, como si tuviera una importancia sustancial en este asunto. Pero más me sorprende que desde la presidencia se presentara como medida de mitigación ecológica la estética de un puente nos muestra la dramática debilidad de nuestra política ambiental. Con ese mismo criterio, si pintamos de verde las fachadas de las centrales nucleares, supondríamos que nunca explotarían.
La debilidad en la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón ilustra lo que nos espera si la DINAMA queda dentro de las oficinas presidenciales, o la transforman en una agencia. En el mismo sentido, las declaraciones del prosecretario, Diego Cánepa, son todavía más preocupantes, ya que muestran que no está muy al tanto de las competencias ambientales del ministerio actual, y que desea enviarlas a un sitio donde puedan estar atadas a los proyectos de desarrollo.
La audición radial del presidente J. Mujica, de pocos días atrás, donde volvió a justificar el puente, no aclaran la situación (ver…). Es que sostener, por ejemplo, que el puente es necesario para que jaridneros y otros empleados de servicios puedan ir a trabajar a las casas de las personas adineradas que ocuparán las nuevas chacras costeras, es un justificativo que pocos podrían defender. Pero es además una visión muy pobre para una estrategia de desarrollo futuro del país.
El puente y la institucionalidad ambiental
Enfrentamos dos problemas, y los dos son de gravedad. Por un lado, se encuentra el puente y sus impactos directos, e indirectos sobre el territorio. Pero por otro lado, en paralelo, la forma en que se está aceptando la obra quiebra la institucionalidad ambiental uruguaya. En nuestro país, las evaluaciones y permisos ambientales los otorga el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se elabora una resolución ministerial que se acompaña del fundamento técnico y legal. Las obras no se aprueban en la presidencia, ni se justifican en conferencias de prensa de la oficina presidencial.
La gravedad de esto no es menor. Como están las cosas, el mandato presidencial de construir el puente se impone, como condición previa, a las decisines de la DINAMA, y del ministerio del ambiente. Se dice que se busca una DINAMA independiente, pero en este caso se la condiciona y se le dice lo que tiene que aprobar.
En toda esta confusión tampoco es un tema menor que todo parece indicar que se estaría autorizando un puente con un diseño, ubicación y funcionalidad distinta a la del proyecto original. Si esto es así, los vecinos de la Laguna Garzón tienen razón, y el proceso de evaluación ambiental debe comenzar una vez más.
Por esta tipos de razones, estimo que con el puente no sólo está en cuestión el desarrollo de la costa del departamento de Rocha, sino que se abre un debate sobre la supervivencia de la institucionalidad ambiental uruguay.
Fuente: http://accionyreaccion.com/
