Chubut: La elección de las mineras
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"En muy pocos días más vamos a estar presentando la ley que fijará el marco regulatorio para la explotación de los recursos naturales no renovables, y dentro de ese marco, será cada comunidad la que va a poder elegir el destino que se quiere buscar". Esta definición del Gobernador, Martín Buzzi, puso en alerta a todos los sectores de la política que no comulgan con el oficialismo, ni con la megaminería. Es que se cree que la promocionada búsqueda de más democracia para las comunas rurales, le caería como anillo al dedo a las mineras para promover -y sostener con fondos propios- a candidatos dispuestos a aceptar el desarrollo de esa actividad extractivaen sus ejidos.
El discurso democratizador del Gobierno -y no hay por qué creer que no habla en serio cuando valoriza el voto de los ciudadanos en los pequeños pueblos y parajes-, tiene sin embargo un segundo párrafo que comienza a llamar la atención, por la insistencia con la que se pronuncia y por qué forma parte del cuerpo del primero. "La democracia plena hay que construirla, se ejecuta día a día, y nuestra filosofía política está ligada a sostener el derecho a la igualdad, que en el caso de la Meseta, tiene que ver con la posibilidad de ejercer el voto y decidir el destino de cada lugar", dice por ejemplo Buzzi y deja abierta una posibilidad que merece examinarse.
¿Qué quiere decir exactamente "decidir el destino de cada lugar"? ¿Es la elección libre de sus autoridades solamente o la ecuación incluye plebiscitos locales sobre el desarrollo de la minería?
Hasta este momento, nadie le ha preguntado al Gobernador sobre esta cuestión, pero el interrogante ya planea sobre la política, no sólo la de la Meseta sino aquella que incluye a los principales dirigentes, cuyo olfato advierte que las cosas no son -o no podría ser- tan sencillas como las plantea el casi romántico mensaje oficial. "Que los pueblos puedan elegir autoridades tiene que ver con poder definir su forma de vida, su matriz productiva y sus posibilidades de desarrollo", explicó Buzzi durante su gira por el territorio minero. Si así son las cosas, el voto en los comicios para elegir autoridades en las comunas rurales tiene más de un significado.
Y el central podría estar ligado a la resolución final de la dificultad que hoy por hoy plantea la "licencia social" que, según el Gobierno, debe tener toda industria dedicada a la explotación de los recursos naturales no renovables. Si la hipótesis de este artículo está cerca de la realidad, no hay que ser muy creativo para imaginar la diversidad de recursos que podrían volcar las corporaciones mineras en el comicio.
Y Buzzi podría gozar de dos alternativas muy favorables en el futuro cercano, si la suerte le sonríe a los hombres de sus lista. Por un lado, se legitimaría electoralmente después del controversial resultado de la doble elección del año pasado y, por el otro, podría abrirle la puerta a una actividad que, con enormes cuestionamientos, dice estar en condiciones de reactivar la economía chubutense, que ya da signos de flojera.
Fuente: Rawsonline
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OPI tuvo acceso al borrador de un proyecto de Ley Minera que prepara el gobierno de Martín Buzzi. Bajo el título de Anteproyecto de Ley sobre Regulación de la Actividad Minera en la Provincia de Chubut, se inscriben una serie de condiciones para ajustar la actividad extractiva a "nuevas variables económicas y sociales" de la provincia. En realidad, este proyecto es parte de un proyecto más abarcativo que incluiría también un marco regulatorio de la actividad petrolera. Pretenden unificar todo en una ley marco y OPI brinda los adelantos.
OPI Chubut ha tenido acceso a los borradores que se preparan para generar una nueva Ley minera y un marco regulatorio del petróleo en la provincia. Fuentes allegadas al gobierno de Martín Buzzi han señalado que quienes se encuentran abocado a este proceso, lo hacen "a toda máquina" y la idea es unificar en un solo cuerpo todo el marco legal (minero y petrolero) para lo cual se están haciendo los borradores que se van modificando a instancias de las observaciones que hacen los cuerpos de asesores del gobernador Buzzi. "Están trabajado todo tiempo y contrarreloj, la gente de Petrominera, para darle forma a una ley marco y a partir de ahí acercarle a la Cámara de Diputados un proyecto que contenga tanto al ley minera como la petrolera, bajo las nuevas instancias que pretende imponer la provincia", le confió a OPI una fuente de Energía de Rawson.
El Anteproyecto
Si bien el documento con sus respectivos "comentarios", efectuados por los observadores, en camino a concebir un proyecto final, es muy extenso y lo vamos a incluir al pie de esta nota en forma completa para que los lectores puedan analizarlos, es importante destacar que en parte de sus fundamentos expresa "...La demanda social también sufrió transformaciones. Ante un modelo económico nacional y provincial de mayor inclusión social y distribución con equidad, la Provincia de Chubut requiere de una regulación de la actividad minera que provea a la población de información, conocimiento y certezas sobre la forma en que se desarrolla la actividad, y asegurar que el aprovechamiento del recurso geológico minero se realice teniendo en cuenta el uso racional y sustentable de todos los recursos naturales primarios y de la justa captación y distribución de la renta minera". Chubut expresa ser partícipe de la OFEMI y con respecto a esto, señala "En concordancia, la Provincia de Chubut, signataria del Acuerdo, requiere de una normativa que refleje los cambios que se han ido produciendo en estos años y que se adapte a los nuevos escenarios globales teniendo en cuenta las necesidades locales" y para ello resalta la creación del Consejo Provincial Minero Ambiental, que actuará como órgano consultivo en los distintos aspectos de la temática minera. Uno de los puntos que resalta el anteproyecto al que tuvimos acceso es el denominado "compromiso social" de las mineras y al respecto los fundamentos expresan: "La responsabilidad social empresaria, imprescindible en los proyectos mineros, deberá ser un requisito fundamental para el normal desarrollo de un emprendimiento minero en un ámbito amplio y abierto a la generación de alianzas entre la empresa, el Estado y la comunidad. Es así, que la ley establece la obligación por parte de las empresas mineras de elaborar un plan de acción socioeconómico diseñado de acuerdo con las pautas y criterios acordados con los representantes sociales de los distintos ámbitos del quehacer privado y de la actividad pública, nucleados en el Consejo Provincial Minero Ambiental". El anteproyecto impulsa la creación de un Fondo de Inversión en Infraestructura, Industrial y Tecnológico que a instancias del proyecto actuará como instrumento de desarrollo para mitigar las desigualdades sociales, de factor estabilizador para contrarrestar la volatilidad en el mercado de los minerales y de ahorro para asegurar los beneficios mediante la transferencia de recursos inter generacionales. Le recomendamos al lector que preste especial atención en las partes del texto del cuerpo de este anteproyecto, donde sobre el margen derecho se hacen los "comentarios", resignificando el ítems, modificándolo o agregando particularidades al concepto básico allí expresado, diferenciándolo de los establecido actualmente. En una segunda entrega OPI difundirá el marco regulatorio de la nueva ley petrolera que estudia la provincia de Chubut.
Fuente: OPI
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Se trata de tres nuevas concesiones en Cerro Solo, un depósito de uranio que pertenece al Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La explotación será a cielo abierto. Curiosamente la ley provincial 5001 prohíbe expresamente "la minería metalífera a cielo abierto" y el uranio es un metal. La actividad minera a gran escala despierta crecientes rechazos en Chubut, no solo en la zona cordillerana sino también en localidades como Trelew, Comodoro Rivadavia, Dolavon y Puerto Madryn donde foros y asambleas se movilizan contra la megaminería.
Cerro Solo es un proyecto minero que cuenta con reservas de uranio por aproximadamente 13 millones de libras, transformándolo en uno de los depósitos más importantes de Argentina. Se trata de un área propiedad del Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En la actualidad el país importa desde Canadá la totalidad del uranio utilizado para sus tres plantas nucleares aunque las autoridades han señalado la intención de reasumir la producción local del mineral para abastecer el mercado interno. La empresa minera canadiense U308 Corp. busca con esta adquisición potenciar los proyectos en Argentina dado la simplicidad de extracción con el consecuente bajo costo. Se hará bajo un régimen de minería a cielo abierto, estando el mineral a 3 metros de profundidad.
Fuente: diario La Nación
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Una década de megaminería y sociedad estatal con empresas del sector no sirvieron para captar nada de la renta por las profundas raíces que implica el saqueo. El Gobierno de Daniel Peralta pidió a las empresas mineras que están explorando en el territorio provincial que aporten en conjunto y en concepto de "Responsabilidad Social Empresaria" unos 14 millones de pesos extras mensuales para el financiamiento del presupuesto completo de la salud pública. El Estado local carece hoy de los recursos para sostenerlo.
La minería aportó $ 1.260 millones a las provincias durante 2010. De esa cifra, Santa Cruz se quedó con el 11%. Menos de la mitad, cerca de $ 400 millones, corresponden a las regalías (3% del valor del recurso en boca de mina) que las gigantes empresas internacionales pagan a las gobernaciones por lo que se llevan de sus territorios. El pedido de Peralta no se vincula con las acciones que desde la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) se vienen planteando desde fines de marzo con el objeto de ampliar la participación de las provincias de la renta minera. El Ejecutivo provincial hizo llegar la propuesta a los empresarios mineros a través de la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz). Tras ese encuentro, que tuvo como escenario la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires la semana pasada, la gestión kirchnerista aceleró la embestida con mayor presión. «Nuestro principal pedido es que tengan responsabilidad social empresaria y no avizoramos voluntad por parte de las mineras de que es momento de poner el hombro a la provincia y al país», declaró la ministra de Gobierno de Santa Cruz, Paola Knoop, e indicó que se les solicitó «que colaboren estableciendo mecanismos de cooperación y ayuda mutua entre el Estado, las firmas y los trabajadores». Asimismo, la funcionaria dijo que el Gobierno pretende que se efectúe un «análisis profundo y exhaustivo de lo que significa el costo-beneficio que han tenido y tienen las empresas mineras» y subrayó que «sin necesidad de romper el estatus jurídico que se les dio para que se consoliden las inversiones, pueden colaborar a través de la responsabilidad social empresaria». En tanto, los funcionarios de la gobernación y los empresarios mineros habrían pactado una nueva reunión, que se desarrollaría en Río Gallegos, a mediados de mes. Luego de la estatización de YPF, la gestión de Peralta, que atraviesa una asfixiante crisis, apunta a avanzar por la otra gran industria extractiva que posiciona a la provincia entre los tres primeros puestos del podio minero nacional en términos de ingresos fiscales junto con Catamarca y San Juan. La minería aportó $ 1.260 millones a las provincias durante 2010. De esa cifra, Santa Cruz se quedó con el 11%. Menos de la mitad, cerca de $ 400 millones, corresponden a las regalías (3% del valor del recurso en boca de mina) que las gigantes empresas internacionales pagan a las gobernaciones por lo que se llevan de sus territorios. El pedido de Peralta no se vincula con las acciones que desde la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi) se vienen planteando desde fines de marzo con el objeto de ampliar la participación de las provincias de la renta minera. En ese marco, el plan sobre el que se busca avanzar apunta a la creación de empresas estatales que se puedan asociar con las privadas para explotar nuevos emprendimientos. Concretamente, con la constitución de compañías públicas que operen en conjunto con las extranjeras los proyectos mineros, se busca que las bondades de los minerales y los metales desborden y apuntalen las economías del interior. Como adicional, la apreciación de la sociedad sobre la actividad más golpeada este último tiempo por sectores ambientalistas -suponen- tendería a cambiar. El ejemplo de ese modelo, paradójicamente, lo encabeza Santa Cruz, que con Fomicruz, sociedad del Estado santacruceño, participa de la operación de la mina, una de las más importantes de oro del país, como accionista: posee el 7,5% de la firma Cerro Vanguardia. El resto es de la sudafricana AngloGold Ashanti.
Fuente: Radio Salta - Todas estas notas fueron publicadas en: noalamina.org incluyendo la foto
