DE ESTE LADO PROTESTA, ¿DEL OTRO REPRESIÓN?
Vecinos autoconvocados de Bariloche contra la megaminería
“El pueblo aprendió que estaba solo. . . El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza” Rodolfo Walsh.
En la comunidad mapuche de Gelay Ko hubo represión; en Base Riarte, Tucumán, la comunidad diaguita de Indio Colalao sufrió una represión; en Cajamarca, Perú, sigue declarado un estado de excepción tras la represión.
Si. La maldita palabra que se repite y que hunde en la reflexión a muchos argentinos y latinoamericanos. En una primer instancia se podría pensar que son hechos aislados, que tendrán algún espacio en algunos medios masivos de información, que es una más de las represiones que se escuchan por ahí.
No es una más, no puede ser una más. Nunca debería ser una más.
Alguien podría decir, también, que la casualidad juntó tres eventos y algún oportunista hace de esto una noticia. Pero sabemos, por experiencia en estos casos, que no hay casualidades en estos asuntos.
Para evitar conjeturas apresuradas podemos analizar los elementos en común de estos tres eventos casi simultáneos, sumándoles la evidencia de otros, cercanos en tiempo y espacio. Hablamos de evidencias porque se hace necesario pensarlas como una probable cadena de hechos recurrentes y no como una suma de eventos desafortunados.
A esta altura llevamos recopilados datos, noticias y denuncias en cantidad, que expresan una constante: la judicialización de la protesta, las persecuciones, las amenazas, las chicanas políticas, la difamación de los políticos cómplices. Estas constantes sirven para un primer análisis, ya que si hay constantes está la posibilidad de un plan a ser concretado. Por eso mismo sostenemos que esta suma de evidencias lleva a la lógica de la represión como último recurso para ejecutar un propósito. Hay un modelo que se nos quiere imponer, bajo un debate mentiroso, por el cual tanto se rasgan las vestiduras ciertos infames políticos de turno.
Hablamos de mentiras y estrategias.
Es en los medios donde se comprueba día tras día el malestar social. Por más que se niegue, se tergiverse, se silencie, se difame, el escenario está ahí: no es un invento conveniente para la crítica. Es un emergente de asignaturas pendientes; y las maneras políticas, en su mayoría, son de una imposición tal que genera rechazo. Tomemos el caso del movimiento que se opone a la megaminería o la defensa que las comunidades originarias hacen del territorio. Cabe preguntarse a esta altura si todos estos focos de protesta y resistencia populares germinaron como una oposición necia al gobierno o, mediante una lectura saludable, en la defensa de los derechos constitucionales.
Es por eso que asombra con cuanta liviandad muchos funcionarios políticos y judiciales eligen enviar palos mediante la policía y así reprimir estas protestas populares. Pero este es el último de los recursos.
En un primer momento las empresas o particulares se meten en un territorio, cualquier territorio, a espaldas del pueblo y con la indulgencia de muchas autoridades. En los lugares donde la población se calla siguen con su actividad. En los otros lugares, donde la gente no tolera la intromisión y ejerce su derecho a protestar, exponen una serie de artimañas que se repiten en uno y otro lado de Argentina y de Latinoamérica, se trate de expropiación, megaminería o Shale gas. No importa. Los denominadores comunes son: un escudo de políticos e intelectuales de dudoso proceder, datos técnico científicos deliberadamente manipulados, discursos que buscan la confusión, y en última instancia el ejercicio de la violencia. Se repite y, como no es casual, se repetirá esta secuencia de hechos. Lo que también se repite es el ejercicio de protesta de los pueblos que no comparten la opinión de destruir o entregar su tierra para el saqueo, en nombre del desarrollo sustentable, que sin maquillaje es nada más y nada menos que una reiteración de prácticas neocoloniales que ubican a Latinoamérica en la misión de ceder su territorio para estas prácticas de mentira progresista.
Se repite esa maldita palabra: represión.
Hablamos de hechos recientes.
La represión, en su forma más cruda, ocurrió en Cajamarca, Perú. El Gobierno del vecino país declaró el estado de excepción en tres provincias a causa de los sangrientos enfrentamientos entre uniformados y manifestantes que, hasta el momento, lleva como saldo tres personas fallecidas, veinte heridas y muchos detenidos que aún no saben de qué se los acusa. Y todo porque este pueblo peruano no quiere el millonario proyecto minero de cobre y oro de “Conga” y se opone con firme resistencia para evitar que contaminen su futuro. A este estado de las cosas se le suman varias malas decisiones y discursos políticos que llevaron al derramamiento de sangre.
La represión apareció también en la comunidad mapuche de Gelay Ko, cercana a la neuquina ciudad de Zapala. Estos manifestantes se enfrentan a la empresa Apache, que es la encargada de perforar un pozo de Shale gas en su territorio. Los habitantes de la zona resisten ante el avance de estos proyectos de extracción no convencional de hidrocarburos y procuran alcanzar el respeto y el reconocimiento de sus derechos. Pero lo que recibieron a cambio fue agresión, tanto física como verbal, de parte de los uniformados, que accionaron sin importarles la presencia de niños, mayores y mujeres. La Lonko Cristina Linkopan fue pateada en el piso y esposada, dos comuneros detenidos, y algunas personas sufrieron lesiones por parte de los efectivos.
La represión en Base Riarte, donde la comunidad diaguita de Indio Colalao sufre atropellos históricos, fue dramática. Tras la llegada de 20 camionetas, 3 colectivos y motos con policías, hubo unas horas de incomunicación con un último mensaje de texto: los balazos habían empezado. Más allá del desalojo a la fuerza y con amenazas, no hay que lamentar heridos. Los terratenientes habían iniciado una política de expulsión de los habitantes originarios de Riarte, a base de hostigamiento: matando animales, amenazando a las familias para impedir la siembra en los cercos comunitarios, restringiendo el uso del agua de acequia para el consumo diario y para la siembra. Todo esto coronado con el cierre de la Escuela N° 31. Luego cerraron el único camino vecinal que permite el ingreso con vehículos a la zona, llegando al extremo de pedir documento a los comuneros que lo atravesaban, además de enviar allí sujetos armados. Ante esta situación, y la poca respuesta de los funcionarios públicos, la comunidad diaguita declaró que resistiría el atropello.
Hablamos de derechos y antecedentes.
No olvidemos lo que dice la Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras. En su presentación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación afirma que “una de las demandas más sentidas de los pueblos originarios es el reconocimiento constitucional de la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan””, remitiendo al artículo 75 de la Constitución Nacional. No obstante el marco normativo vigente, las comunidades Indígenas han soportado en los últimos años numerosas y reiteradas amenazas, atropellos y desalojos en sus propios territorios. La ley 26.160 de Emergencia tiene carácter de orden público, por lo cual es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.
Además el convenio 169 O.I.T. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071, expresa en el artículo 15 que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente” y que estos derechos comprenden “el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.
Esta legislación propicia el No desalojo en territorio indígena.
Parece claro. Pero algunos funcionarios no lo ven así.
Pero estos tres casos son el emergente de una evidencia.
El informe presentado por organismos de derechos humanos nucleados en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sobre la criminalización de la protesta y la represión durante el periodo 2001 – 2012 arroja estos datos:
Total de criminalizados registrados: 2268
Porcentaje de criminalizados por año - 2001-2012
Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de las medidas represivas a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.
Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia - 2001-2012:
Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados.
Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto - 2001-2012:
Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización.
Porcentaje de criminalizados por provincia - 2001-2012:
Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país. La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.
(Sobre Rio Negro nos permitimos un aparte: nótese el alto porcentaje de criminalización en esta provincia que solo tiene el 1,5% de la población nacional)
“Este informe es una declaración que expone a la criminalización de la protesta como una estrategia política que presenta ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes”.
Hablamos de herramientas y Constituciones.
Estas evidencias llevan a un hecho irrefutable en sus datos: la represión es una herramienta necesaria de imposición. Porque lo que se ve es una imposición de un modelo y funcionarios que lo llevan adelante, sí o sí, sin importar la licencia social. Esta lógica siempre va a llevar a la represión ante cualquier pueblo que insista en oponerse. No importan los derechos humanos. Es una lógica que lleva a la violencia y que necesita de la criminalización de la protesta como argumento para encauzar el orden. Según esta óptica es posible llamar desorden a la legítima protesta del pueblo.
Hay una Constitución, hay movimientos sociales y protestas populares.
Los gobiernos pueden usar la mediación, herramienta que consideramos indispensable para evitar la violencia y sostener el dialogo democrático. Claro que para mediar se necesitan argumentos firmes y diálogos sinceros de construcción democrática. Si los argumentos no están se llega fácilmente a la represión, la cara más descarnada del modelo de imposición.
Prensa de asamblea de Bariloche contra la megamineria.
Imagenes: mensajerodigital.com
