Chile: Graves impactos de empresa forestal certificada por FSC



Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). 
Un duro informe que evidencia impactos ambientales y sociales negativos derivados de las prácticas desarrolladas por empresas forestales en la Región de los Ríos fue dado a conocer este martes por parlamentarios integrantes de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural; y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Parlamentarios mostraron su preocupación por malas prácticas forestales y anunciaron creación de comisión especial que investigue los impactos sociales y ambientales que genera esta industria. 

El documento presentado por los diputados Alfonso De Urresti, Enrique Accorsi, Denise Pascal Allande y Fidel Espinoza, fue elaborado por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) durante junio y julio del 2012, en el marco de su línea de Monitoreo Forestal, y detalla una serie de actividades productivas de alto impacto ambiental e incumplimiento de la legislación forestal de la empresa Forestal Anchile Ltda., actualmente certificada con el sello FSC, en todos los sectores monitoreados.  
Según consta el resumen ejecutivo del “Informe de Monitoreo Forestal Independiente a patrimonio de Forestal ANCHILE Ltda. en la Región de Los Ríos y Los Lagos”, se ha realizado intervención y destrucción de áreas de protección de cursos de agua, remoción y perdida de suelos en áreas con pendientes, sustitución gradual de vegetación nativa que cumple la función de protección de cursos de agua, corta de renovales de bosque nativo durante la cosecha de plantaciones y talas rasas en extensas superficies, que generan un fuerte impacto paisajístico.  
“Vemos con enorme preocupación el grado de destrucción y vulneración de normas legales por parte de empresas que a lo largo de Chile generan altas utilidades certificándose internacionalmente, pero que en lo concreto han generado enormes impactos medioambientales y sociales”, expuso el diputado De Urresti. “Se trata de un documento contundente que ponemos a disposición de la ciudadanía para que se informe que la industria forestal está causando estragos en comunidades y ecosistemas donde están interviniendo”, agregó.  
El legislador anunció que pedirán investigar esta situación. “Vamos a solicitar la creación de una comisión especial que investigue las condiciones laborales y medioambientales de la industria forestal y sobre esa base presentar en la Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente informes de fiscalización tanto vía CONAF así como otras normas que han vulnerado estas empresas”, dijo.  
En este sentido, el vicepresidente AIFBN, Cristián Frene Conget, planteó que el informe tiene aristas políticas y sociales importantes a considerar. “Este modelo forestal está funcionando desde hace cuatro décadas y está generando enormes impactos de manera sistemática”, recalcó.  
“Si bien estos informes hablan de casos puntuales, estas prácticas están generando impactos en la productividad del suelo como en la disponibilidad de agua para las comunidades rurales. Queremos establecer un puente importante con los legisladores para hacer cambios profundos en legislación y la institucionalidad forestal. Debemos fortalecer a CONAF y eso en buena parte es tarea del poder legislativo”, agregó.  
ROL FISCALIZADOR DE ESTADO
Los parlamentarios también se mostraron inquietos porque las prácticas reseñadas en el informe infringen el artículo 17° del Decreto Ley N°701, relacionada con las medidas de protección ambiental que debe contener y cumplir el plan de manejo correspondiente a la unidad de manejo o plantación a cosechar. También transgreden la Ley de Bosques D.S.N° 4363 en su artículo 5°, que suscribe medidas de protección de la vegetación nativa en áreas cercanas a cursos de agua y medidas para la conservación de suelos.  
Enfatizaron que muchas de las malas prácticas ocurren debido a la débil legislación forestal vigente, por lo cual se necesita una institucionalidad forestal más fuerte y que organismos como CONAF cuenten con más recursos para realizar fiscalizaciones más efectivas.  
La diputada Denise Pascal Allande subrayó la necesidad de establecer mejor el rol del Estado. “Si bien tenemos estos informes hablan de zonas de los Ríos y Los Lagos, no nos olvidemos de que hay otros territorios donde están ocurriendo situaciones similares donde los bosques nativos son arrasados para plantar especies exóticas. Hay una situación anómala que vamos a tener que investigar a fondo”, aseveró.  
Por su parte, el diputado Fidel Espinosa, coincidió en la necesidad de mejorar la institucionalidad y la fiscalización. “Solicité hace dos meses una investigación por lo que está ocurriendo en la isla grande de Chiloé. Hay compras desmesuradas de miles de hectáreas taladas de manera ilegal provocando daños sociales como desplazamiento de las poblaciones, están provocando escasez de agua que es un elemento vital del quehacer de las poblaciones rurales”, subrayó el parlamentario por Chiloé.  
Cabe destacar que el trabajo de monitoreo se focalizó en tres sectores de la Cordillera de la Costa de Valdivia: el sector costero de San José de la Mariquina, incluyendo la cuenca del Río Cruces; el sector de Llancahue y Piedra Blanca, aledaño a la ciudad de Valdivia; y el Sector del Río Futa, ubicado a lo largo del camino que comunica a Valdivia con Corral.  
Este informe se suma al documento dado a conocer por la AIFBN en mayo, que pone en evidencia las prácticas de la empresa Agrícola El Brinzal, quienes fueron denunciados ante CONAF por no respetar zonas de protección de cursos de agua y sustitución de bosque nativo por plantaciones de especies exóticas. La empresa, con dirección comercial en Viña del Mar, cometería una serie de faltas a la Ley de Bosque Nativo, entre las que se cuentan cortas de bosques en distintos estados de desarrollo y estructura.  

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