Marcha en Esquel: vecinos repudiaron la violencia de Rawson y exigieron la renuncia de los políticos responsables


Por Puerta E 
Tal como se había definido en la asamblea del miércoles, vecinos marcharon este jueves por las calles de Esquel para expresar su más enérgico repudio a la violencia minera desatada el pasado martes en Rawson. En la oportunidad, se leyó un contundente documento donde, entre otros puntos, se exigió la renuncia inmediata de los políticos responsables del feroz ataque a los "hermanos de lucha"
Aquí el documento completo:
Los vecinos autoconvocados por el NO a la MINA DE ESQUEL y TREVELIN, REUNIDOS  HOY,  repudiamos profundamente los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Rawson, el día 27 de Noviembre en horas de la tarde en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Allí un grupo de choque dispuesto especialmente PARA TAL FIN- atacó violenta e impunemente a vecinas y vecinos que intentaban asistir, como lo hacen desde hace meses, a la sesión ordinaria de la legislatura para expresar su oposición a la aprobación del PROYECTO DE MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD MINERA E HIDROCARBURÍFERA  presentado por el Poder Ejecutivo Provincial, que permitiría la habilitación de la MEGAMINERÍA.
Por ello, declaramos:
1) Nuestro más sincero reconocimiento a nuestros hermanos de lucha, las vecinas y vecinos de las asambleas de las ciudades del valle, de la costa y de la meseta, comprometidos en esta causa que ya no es sólo de Esquel y la comarca , como hace 10 años, sino que es de todos los chubutenses y que cada día es de más argentinos
2) Exigimos la renuncia inmediata de los políticos responsables de estos sucesos, ya que no sólo no dispusieron de la seguridad adecuada para evitar el accionar de las patotas que atacaron impunemente a los vecinos, sino que no han hecho nada para identificar a los agresores o asistir a las víctimas.  Son responsables: el Ministro de Gobierno Javier Touriñan, el Secretario de Seguridad José Glinski, el Jefe de la Policía Provincial Julio Blanco y el Secretario de Derechos Humanos Ricardo Lázaro.
3) Denunciamos la inacción del gobierno que permite la permanencia de este grupo de violentos aún después de las agresiones y que no ha hecho ningún esfuerzo en poner en manos de la justicia a los responsables directos de los ataques a hombres, mujeres y niños indefensos.
4) Exigimos la identificación de los responsables ideológicos y de quienes dan respaldo económico a esta organización destinada a amedrentar a la población y condicionar a los legisladores.
5)  Repudiamos los dichos del Gobernador Martín Buzzi  que lejos de condenar la violencia, la justifican.
6) Exigimos al intendente Rafael Williams que exprese, claramente y sin ambigüedades, cuál es su voluntad política respecto al retiro de la  habilitación comercial de la empresa Minas Argentinas-Yamana Gold  de la ciudad de Esquel y su postura  respecto a los graves hechos del día 27  que ocurrieron mientras  él mismo se hallaba presente en la ciudad de Rawson. Guardar silencio, estar ausente, ser ambiguo, o ser tibio, en situaciones  graves como las que pesan sobre el pueblo, es signo de complicidad, de cobardía manifiesta, o de miserable especulación política.
7) Denunciamos el incumplimiento flagrante del compromiso asumido por el Intendente, rubricado por su misma firma, ante organizaciones sociales como el MLT, la Agrupación juvenil Guanacos en Pie, y vecinos autoconvocados  para   dar  respuesta sobre la inhabilitación comercial de la minera el día 28 de Noviembre a las 10 de la mañana.
8) Diferenciamos  claramente a los verdaderos  trabajadores  de la construcción,  permanentemente vulnerables a la precarización laboral y a la desocupación , de  aquellos personeros y mercenarios como  Gerardo Martínez,  Secretario General de la UOCRA nacional, identificado como personal civil de inteligencia durante la dictadura, que  utiliza las estructuras gremiales y a los obreros que las sostienen para ofrecerlas como fuerzas paraestatales  de represión fascista al servicio del poder  de turno político o económico.
RESULTA PREOCUPANTE QUE ESTA FORMA DE DISUACIÓN DE LA LEGITIMA  PROTESTA SOCIAL  COMIENCE A REITERARSE, especialmente en manos de quien resulta ser un aliado político-gremial del gobierno nacional.  Cuesta ver a nuestra presidenta sentada junto al represor Gerardo Martinez o ver a nuestro gobernador reunido la semana pasada en Buenos Aires con este siniestro personaje, ¿de qué hablaron? ¿qué acuerdos hicieron?
No sólo estamos  en peligro aquellos que militamos contra la megaminería contaminante, es la misma esencia de la democracia la que está en juego, está en peligro cualquier ciudadano  que  se oponga  a  los intereses antipopulares  del poder.
9) Declaramos  que los derechos humanos no son sólo válidos para las víctimas de la última dictadura militar, deben estar vigentes aquí y ahora para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, para aquellos que sobrevivieron a aquel genocidio y para las nuevas generaciones. No  queremos esperar  30  años para que se juzguen los crímenes que hoy se están cometiendo. No queremos más crímenes, no queremos más violencia ni amenazas. ¡No queremos MEGAMINERÍA! ¡NO A LA MINA! ¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN!

Por Humberto Kadomoto 
Cuando el gobernador decidió “traicionar políticamente” a sus “padrinos”, quienes le permitieron llegar a un lugar donde nadie hubiese imaginado, se puso del lado del gobierno nacional. Sin embargo todos saben que este gobernador “no es persona de confianza para Julio De Vido ni para la presidenta”; para un peronista…. y justamente este no es el caso.
El gobierno nacional de inmediato “utilizó” al gobernador para poder meter a la provincia dentro del esquema “Megaminero Nacional”.  Cristina se permitió posar en alguna foto junto a Buzzi mientras este último cancelaba algunas las concesiones a YPF.  Luego sentó al gobernador a la mesa de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), y por último le entregó un modelo que, mediante la INCLUSION de la ACTIVIDAD PETROLERA, pretende habilitar la MEGAMINERIA contaminante y saqueadora a la provincia.  Se trata del Marco Regulatorio Minero e Hidrocarburífero.
Pero este mamarracho técnico y jurídico encontró fuertes oposiciones desde todos los sectores.  La más férrea postura en contrario la conforman las asambleas de vecinos de Rawson, Playa Unión, Trelew, Puerto Madryn, Dolavon y Gaiman quienes asisten regularmente durante los últimos meses a cada sesión legislativa.
Varios diputados provinciales aliados a la mega minería le pidieron al gobernador que “los bancara” ya que en cada sesión los anti mineros eran mayoría exclusiva. Ellos, por más “que recibieran miles de explicaciones” por parte de las mineras y el ejecutivo nacional, no estaban dispuestos a votar el Marco Regulatorio con esa presión popular sobre sus cabezas.
Como queda demostrado en cada acto público del gobernador, la gente la tiene que traer otro, Buzzi no convoca a nadie.  Y esto también le pasó cuando intentó llevar gente por el Si al la Mina a las gradas de la legislatura.  Siempre convocó a muy pocos, que a la mitad de la sesión se retiraban dejando sus banderas olvidadas.
Fue así que el gobernador solicitó la ayuda al gobierno nacional, quien le dio una serie de gremios con los cuales podría organizar una movida en la legislatura.  Además instruyó al Diputado Nacional Carlos Eliceche para que actuara de interlocutor entre Buzzi y los gremios.
Ahora entiendo por qué le dicen “EL GANSO”
Sin rédito político alguno, el diputado nacional y ex intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche es tildado como uno de los principales gestores de la presencia sindical en los incidentes de la legislatura.
Según la información brindada por el diario pro minero “El Chubut”; durante la segunda semana de noviembre “…hubo una reunión entre legisladores, funcionarios y gremialistas de la UOCRA en la sede central del gremio en Buenos Aires…”, y agrega “… que también existió una reunión anterior, hace exactamente una semana, con otros sectores relacionados a la actividad. El común denominador de esos encuentros fue el diputado nacional y ex intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche. También estuvo el dirigente Mateo Suárez…”.
De esa serie de reuniones derivó que,  justamente, la semana anterior a los violentos acontecimientos del 27 de noviembre en inmediaciones de la legislatura, el gobernador Martín Buzzi se fotografiara junto al jefe de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, acordando mutua colaboración para llevar adelante “proyectos y obras”.
¿Puede ser esto fruto de la casualidad?
Es por ello que no se entiende la razón de haber convocado a los gremialistas en un momento donde se sabía que no habría tratamiento del marco regulatorio.  Lo que si es entendible que NI BUZZI ni su propio entorno como TOURIÑAN, TROVANT, etc. podían manejar la situación, ya el peso político otorgado por el Ministro Yahuar es casi nulo en esos aspectos.
Las camionetas de las mineras cortaron las calles de acceso a la legislatura mientras los vecinos que se movilizan desde hace varios meses fueron golpeados, lesionados, corridos a palos por la gente que tanto “EL GANSO” como BUZZI había ido a visitar hace pocos días.  Todo esto ocurrió a una cuadra de la comisaría.
Para finalizar esta serie de torpezas mal intencionadas, Javier Touriñan intenta justificar el accionar violento aduciendo que fue una “respuesta” de la UOCRA ante la rotura de unos vidrios. Jamás se le ocurrió pensar quién trajo a esa gente a la legislatura.
Quienes conocen tanto a Buzzi como a Eliceche dicen que la torpeza política es una característica en ambos.  Esto fue corroborado durante las últimas elecciones a gobernador, donde los dos candidatos PERDIERON EN SUS CIUDADES DE ORIGEN.
Nadie que no sea funcionario directo y allegado a Buzzi lo salió a respaldar.  Los vecinos reclamamos la RENUNCIA de los responsables directos de los desmanes, pero sabemos quiénes han sido los verdaderos responsables.  Tanto los actuales como aquellos anteriores gobiernos que sentaron a su mesa a la mineras extranjeras e iniciaron este camino de confrontación.

Declaración de repudio por la represión en Rawson 
Desde Plataforma 2012, queremos hacer llegar nuestro repudio por la represión llevada a cabo en la ciudad de Rawson contra vecinos movilizados en favor de la ley 5001, el día 27/11, frente a la legislatura provincial, la cual causó numerosos heridos, varios de ellos hospitalizados. Se trata de una represión tercerizada, de la cual es responsable tanto el gobierno provincial como nacional, que utilizó las patotas del sindicato de la construcción (UOCRA), dirigido por Gerardo Martínez, quien fuera agente de inteligencia  del Batallón 601 y oficial del Destacamento 201 de Campo de Mayo. 
Recordemos que la ley 5001 que prohíbe la megaminería en Chubut fue producto directo del plebiscito realizado en Esquel en marzo de 2003, en el cual el 81% de la población votó contra la instalación de una mina, en un verdadero ejemplo de democracia “desde abajo”. En la actualidad, el gobernador Martín Buzzi, busca derogar esta ley, para imponer un nuevo marco regulatorio que rezonificaría la provincia, decretando “área de sacrificio” a la zona de la meseta (donde habitan pueblos originarios), y avanzando en la posibilidad de realizar actividad minera también en la zona de la cordillera.
Desde Plataforma 2012 manifestamos nuestro apoyo a la ley 5001 que prohíbe la megaminería con cianuro en Chubut, exigimos su no derogación e instamos a todos los representantes del Congreso chubutense y a su ejecutivo, a dejar de lado las falsas soluciones cortoplacistas que propone una actividad como la megaminería (síntesis del maldesarrollo) y a debatir soluciones y proyectos de largo plazo, que sean sustentables para el conjunto de la sociedad.
No es decretando “área de sacrificio” a la meseta patagónica que la provincia del Chubut encontrará el camino de la inclusión, la democratización y la justicia social. Tampoco lo es la negación de un referéndum, a pedido de la población, tal como pretende hacer el gobernador, amparándose en el artículo 22 de la Constitución nacional, al afirmar que “el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes”. No es con más criminalización y represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino por la doble vía de un genuino debate de la sociedad sobre las consecuencias que acarrea el modelo de megaminería y muy especialmente, a través de la democratización de las decisiones, tal como mostró el plebiscito de Esquel en 2003, así como el referéndum realizado en junio de este año en Loncopué, provincia de Neuquén, el cual sentó un hito importante en la historia de las luchas sociales argentinas.
Asimismo, queremos hacer llegar nuestra solidaridad a todos los pueblos movilizados que en distintos lugares del país y desde hace años, vienen luchando en ostensible situación de asimetría de fuerzas, contra el modelo neocolonial de la megaminería a cielo abierto.
Somos conscientes de que, lejos de haberse abierto un debate “serio y responsable” sobre la megaminería, más allá de la altisonante convocatoria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en febrero de este año, lo que se ha producido es un rápida clausura de cualquier debate, a través del realineamiento operado entre el poder económico, el poder político y el poder mediático respecto del tema, visible en la creación, a espaldas de la sociedad, de OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros), la visita de la presidenta al emprendimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, la presentación en cadena nacional del emprendimiento Potasio Río Colorado y la masiva publicidad prominera que ha invadido los medios de comunicación del país (lo cual incluye un spot publicitario en nombre de la “minería responsable”, de la Barrick Gold, la empresa responsable de la destrucción de glaciares en Pascua Lama).
Como contracara del realineamiento estratégico entre los diversos poderes, observamos un aumento de la criminalización y represión de las luchas socio-ambientales, la estigmatización del ambientalismo y un mayor cierre de los canales de expresión. Muestra de ello es la política de criminalización y la escalada represiva que, a partir de la pueblada de Famatina, viene desarrollándose en contra de estas movilizaciones, en diferentes provincias. Muy especialmente en Catamarca, en donde en los últimos meses hemos asistido a 7 episodios de represión, que han incluido detenidos y procesamientos en Belén, Santa María y Tinogasta, bloqueos promineros selectivos en Andalgalá,  represión y desalojo en Cerro Negro.
Estos procesos van acompañados por una creciente estigmatización del “ambientalismo”, figura que aparece demonizada no sólo desde el discurso empresarial sino desde los diversos oficialismos (provinciales y nacional). Los ambientalistas aparecen descalificados sin más como “fundamentalistas”, cuando no –como es el caso en Catamarca, La Rioja y San Juan-, imputados como “foráneos”, como si éstos no fueran ciudadanos argentinos con plenos derechos, sea el territorio provincial en el cual se encuentren. Esto se evidenció en el desalojo violento del campamento de Cerro Negro, en julio de este año, que derivó en la expulsión de la provincia de Catamarca de activistas que realizaban un acampe, imputados como “ambientalistas”, “hippies” y “foráneos”.
Así, en nombre de un discurso seudofederalista, asistimos a una mayor consolidación de provincias “feudos”, cuyos gobiernos, aliados estratégicos del gobierno nacional, muestran el gran desfase existente entre la realidad incontestable de los hechos y la sobreactuación de una épica progresista en clave nacional y popular.
Por último y una vez más, desde Plataforma 2012 queremos reafirmar nuestra convicción de que esta lucha por la protección y defensa de nuestras cuencas hídricas, de nuestros territorios y nuestros bienes comunes, es una causa nacional, que nos involucra a todos los argentinos y argentinas. En razón de ello, como ya hemos hecho conocer a través de un pronunciamiento emitido el 10 de febrero del corriente año, Plataforma 2012 propone debatir e impulsar las siguientes propuestas:
1.      Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (ley 24.196) y sus modificatorias,  que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
2.      Aplicación efectiva  de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.
3.      Recomposición ambiental  de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.
4.      Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería.
5.      Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista.
6.      Urgente  sanción  de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.
7.      Urgente sanción de la ley contra la criminalización de la protesta social, que se encuentra en estado parlamentario.
8.      Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.
9.      Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.
10.    Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.
11.    Propuesta de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo, en pos de  un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida.

Por Bloque de Concejales del FPV-Esquel
La participación y el protagonismo del pueblo  es un ejercicio de democracia, un proceso de empoderamiento popular que en estos últimos años ha ido alcanzando cada vez mayor fuerza y profundidad.
La participación ciudadana debe permitir avanzar con mayor compromiso hacia las transformaciones, desde un proceso de identificación de las preocupaciones, necesidades, valores, intercambiando información y fomentando la interacción y la integración. 
La paz social es indudablemente el bienestar de la sociedad, cuando hay paz en una sociedad organizada, se estimula la confianza y un desarrollo progresivo donde se respetan los deberes y derechos para llegar a ser un estado sostenible.
Desde este marco, el bloque de concejales del FPV del HCD de Esquel, hacemos  público nuestro repudio por los hechos acontecidos el día Martes 27 del corriente en la ciudad de Rawson, justamente porque entendemos que la defensa de nuestra Democracia es mantener estos principios de participación y protagonismo del pueblo manteniendo la paz social.
Esta Paz Social, la integración y la inclusión no se consigue enfrentando ciudadanos, no es la violencia, el patoterismo y las agresiones personales lo que ayuda a los pueblos a superar los conflictos, es el dialogo, la participación, el debate de los ciudadanos  lo que fortalece la democracia.
No aceptamos injerencia de empresas multinacionales supraestaduales, cuyos intereses no son los del pueblo de Chubut y que intentan tomar de rehenes a los sectores mas postergados de nuestra sociedad y a sus representaciones políticas.
Esquel ha sido y sigue siendo un ejemplo de participación ciudadana en aquellas cuestiones que atañen a los intereses de la comunidad en general, y donde el estado municipal ha puesto a disposición del pueblo las herramientas para ello.
Por ello entendemos  que aquellas cuestiones que impliquen compromisos institucionales o estén relacionados a los recursos que pertenecen a todos los chubutenses,  en la actualidad y para el futuro, deben ser resueltas por estos mecanismos de participación popular y en paz social.
Imagenes: curarconopinion.com - faspatagonico.blogspot.com-subdivx.com - Fuente: PuertaE

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