jueves, 31 de julio de 2014

Argentina: Un fetiche llamado Vaca Muerta

 Por Hernán Scandizzo
OPSur

La referencia a esta formación de esquistos, en los últimos tiempos, se ha vuelto cotidiana tanto en Neuquén como en el ámbito nacional. Las fantasías de vastos sectores de la dirigencia política y del mundo corporativo están depositadas en ella; incluso despierta apetitos más allá de las fronteras argentinas. El intento de concretar esas fantasías pone en tensión concepciones como soberanía, participación popular y democracia, e interpela sobre el significado que el medio ambiente y su cuidado tiene para la dirigencia del país.
 
La Agencia de Información de Energía de EE.UU. estimó, en 2013, que las formaciones de esquistos Vaca Muerta y Los Molles concentran un potencial de recursos recuperables de gas de 582 billones de pies cúbicos (TCF, trillones según la nomenclatura estadounidense). Es decir, más de la mitad de lo que ese organismo le adjudica a la Argentina, 802 TCF, y más de un tercio de lo que proyecta para Sudamérica, 1431 TCF. Independientemente de cuán creíbles sean los números difundidos por Washington, éstos las posicionan en el mercado energético global. Actualmente Vaca Muerta es considerada el área prospectable de esquistos más importante fuera de Norteamérica. Justamente, es a partir de esa caracterización que se dan las pujas entre el gobierno nacional y el de Neuquén –que tiene el dominio sobre la mayoría de estos recursos y porciones menores comparten Mendoza y Río Negro-, y se desarrollan las negociaciones con gobiernos extranjeros y organismos financieros y entre el sector público, las corporaciones petroleras e YPF -que en los hechos queda a mitad de camino.
Desde la agitada primera mitad de 2012, que culminó con la intervención de YPF y la sanción de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el escenario sigue sometido a constantes vaivenes. Aprobada la norma por amplia mayoría en ambas cámaras, el Estado no sólo recuperó el control de la petrolera, al expropiar el 51% de las acciones en poder de Repsol, sino que anunció el retorno a una concepción estratégica de los hidrocarburos, enfocada en las necesidades e intereses del país y divorciada de las imposiciones del mercado. Si bien no se volvió al momento previo a la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ni se desmanteló todo el esquema de los ´90, se avanzó en quitarle a las empresas la libre disponibilidad sobre el recurso y en devolverle al Estado nacional el protagonismo en la planificación de un sector fuertemente trasnacionalizado. Al menos los discursos, y algunas acciones, como el decreto 1277/12 que reglamenta la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, iban en ese sentido (OPSur, 14/08/2012).
Sin embargo, a poco andar, la balanza comercial energética cada vez más deficitaria, debido al incremento de las importaciones, y los fuertes condicionamientos que las corporaciones imponían para asociarse con YPF –libre disponibilidad, aplicar la cotización internacional al mercado interno y liquidación de divisas en casa matriz- minaron la intransigencia arropada de nacionalismo petrolero. El pragmatismo se abrió paso y en ese contexto Miguel Galuccio, presidente y CEO de la petrolera parcialmente nacionalizada, debutó como nexo entre los intereses corporativos y los de la empresa controlada por el Estado, que no necesariamente son los del país. Hizo lobby no sólo para que a través de programas como Plan Gas se aumente el precio en boca de pozo, sino también para que los incrementos lleguen a los surtidores y, además, para que el precio interno del crudo se acerque a la cotización internacional. El objetivo de esta transferencia de renta al sector privado -que funcionó para inyectar dinero en la petrolera de bandera- era reactivar la producción, ya que respondía a la demanda de mejores condiciones planteadas por las corporaciones, sin embargo sólo YPF aumentó los niveles de extracción (Página/12, 14/04/2014).
La imposibilidad de revertir a través de YPF la caída de la extracción de crudo y de gas, que se arrastran desde 1998 y 2004, respectivamente, mostró los límites de la expropiación de las acciones de Repsol, ya que la petrolera de bandera concentra poco más del 30% de la producción argentina. Por otra parte, las dificultades para conseguir socios financieros para avanzar en la explotación de Vaca Muerta, planteada por el Gobierno Nacional como la única vía para lograr el autoabastecimiento, se transformaron en un cuello de botella que se decidió sortear sacrificando letras del término soberanía. Así se alcanzó el acuerdo con Chevron para el desarrollo de un piloto para explotar el área Loma Campana.
Este acuerdo fue precedido por la firma de los decretos 927 y 929, que modifican el marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera. A través del primero se quitaron o redujeron considerablemente aranceles a la importación de tecnología e insumos que directa o indirectamente estén vinculado al desarrollo de yacimientos no convencionales. Mientras que el segundo remontó el camino de los ’90: tanto para los proyectos convencionales como no convencionales que inviertan más de U$S 1000 millones, a partir del quinto año, pueden exportar el 20% de la producción a precio internacional, libre de aranceles, y liquidar en casa matriz las divisas obtenidas; en caso de no autorizarse la exportación, ese porcentaje de la producción puede venderse en el mercado interno en idénticas condiciones.
Sin embargo el nuevo marco regulatorio no fue seguido por la andanada de inversiones esperadas, de momento sólo YPF/Chevron se acopló. Ante el poco interés despertado el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias petroleras discuten la posibilidad de reducir el monto de inversión a U$S 250 millones e incrementar los beneficios, permitiendo la liquidación de total de utilidades en casa matriz. Pero antes de avanzar en ese debate conviene puntualizar otras decisiones que lo precedieron. Una de las más relevantes es el cierre del proceso expropiatorio con Repsol, con el que se intentó dar una señal clara al mercado de la vocación argentina de respetar las reglas y, en términos prácticos, poner fi n a las ofensivas de la compañía española, que había iniciado demandas en diferentes tribunales, incluso ante el CIADI, y presionaba con acciones similares a las empresas que se asociaran con YPF. Más allá de la pirotecnia desplegada al momento de la expropiación, en la que voceros del oficialismo plantearon la posibilidad de no pagar indemnización dada la gravedad de los pasivos ambientales y financieros de la empresa, finalmente se acordó un monto y se pagó con bonos (Tiempo Argentino, 24/05/2012 e Infonews, 18/04/2012). Además se garantizó la indemnidad de Repsol en causas judiciales en curso y futuras vinculadas a su gestión -incluso las vinculadas a pasivos ambientales.
La incorporación de los pasivos ambientales como variable de presión en la puja con Repsol, por parte de las autoridades argentinas, y su posterior desentendimiento, dan un peligroso mensaje de impunidad ambiental se transforma en una bomba de tiempo, máxime cuando, con la finalidad de atraer inversiones, se flexibilizan los marcos regulatorios, como es el caso de los decretos 422 y 1208, firmados en 2013 por el Gobierno de Neuquén. A través del primero se eliminó la realización de Estudios de Impacto Ambiental  en proyectos de explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales y se lo reemplazó por la presentación de un Informe Ambiental, que es menos profundo y no se somete a una Audiencia Pública. En tanto el decreto 1208, a través del cual se aprobó el proyecto de YPF para la explotación de esquistos en el bloque Loma Campana, asociada con Chevron, se incluyeron cláusulas por la cual la fiscalización del plan de trabajo y los controles ambientales los realizarán de manera conjunta la provincia y la empresa, lo que marca tendencia hacia la autorregulación corporativa (OPSur, 23/08/2014).
A poco de concretarse la solución amistosa con Repsol, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario Adjunto de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman, anunciaron que sellaban una alianza en materia energética. Según el diario oficialista Tiempo Argentino, el acuerdo -de carácter estratégico- apunta a que el país capte capitales para la explotación de sus recursos y dinamice proyectos claves del sector mientras que Estados Unidos se insertaría de lleno en el negocio de Vaca Muerta. Durante la reunión Poneman enfatizó en la necesidad de crear lazos “para favorecer el intercambio entre las empresas”; mientras que De Vido aseguró que “es uno de los convenios más importantes que han suscripto ambos países en los últimos años”. “Las partes ponderaron el acuerdo alcanzado entre YPF y Chevron, y confirmaron que la oficialización de la colaboración abrirá el ingreso de nuevos inversores entre los que busca seducir a ExxonMobil” (Tiempo Argentino, 22/05/2014).
Poco tiempo después el Gobierno Nacional informaba que las negociaciones con el Club de París habían llegado a buen puerto, seguirían el camino emprendido con Repsol: pagarle hasta que le duela. En ese sentido, el diario Página/12, también cercano a la Casa Rosada, presentó como una buena noticia que grandes corporaciones, con intereses en Argentina y con casa matriz en los países del Club -como la angloholandesa Shell-, allanaran el camino para el diálogo. “Se trata de grandes empresas de los países acreedores que vienen haciendo buenos negocios en el país, y que en la etapa que se inicia proyectan fuertes inversiones.
Las más importantes en carpeta son en los sectores de hidrocarburos, con Vaca Muerta a la cabeza, química y petroquímica, automotrices, minería, donde podría reflotar un megaproyecto para la extracción de potasio en Mendoza y otros de litio en el norte del país, laboratorios y en licitaciones de obras públicas” (Página/12, 01/06/2014). En esa misma edición tanto el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, como el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, manifestaron sus expectativas de la llegada de inversores externos, incluso se deslizaron los nombres de las petroleras Petronas y Pemex, y de las empresas de servicios Halliburton, Schlumberger y Weatherford. El clima de negocios favorables al desarrollo de Vaca Muerta que se intenta generar a través de los acuerdos con empresas, gobiernos extranjeros y acreedores parece encontrar su techo en la puja entre Nación y los gobernadores de provincias petroleras. El principal conflicto se suscita con la provincia de Neuquén, que tiene el dominio sobre el área de la formación de esquisto que mayores fantasías genera. El gobierno provincial busca captar mayor cantidad de renta a través del sistema de acarreo, por el cual la estatal neuquina Gas y Petróleo (GyP) se asegura la participación en proyectos de desarrollo de no convencionales sin realizar un desembolso directo. Desde el gobierno nacional e YPF se busca poner fin a este sistema, arguyendo que actúa como una traba para la inversión externa, aunque, poco se dice respecto a que la petrolera de bandera tiene intereses en juego. En breve negociará la prórroga de 19 bloques en los que está asociada a GyP a través de dicho mecanismo (LMN, 22/05/2014).
Más allá de las divergencias en torno al acarreo, las negociaciones para consensuar una nueva ley de hidrocarburos giran alrededor de las porciones del negocio que corresponderán a la Nación, las provincias y las empresas, al tiempo que se evalúan otros beneficios para atraer la atención de las corporaciones, como extender la duración de los contratos a 35 años para no convencionales, período al que se sumaría la posibilidad de prórroga por 10 años. También se negocian los alcances de la estabilidad fiscal, el congelamiento de las regalías y la posibilidad de que las empresas liquiden el 100% de utilidades en su casa matriz. El fetiche sigue alimentando fantasías, mientras que de la soberanía sólo se conservan unas pocas letras, el resto fueron servidas como ágape en las celebraciones.
OPOSICIÓN, TERRORISMO Y CONTROL SOCIAL
La fuerte represión policial con que el 28 de agosto de 2013 se intentó frenar la manifestación contra el acuerdo Neuquén-YPF/Chevron fue la expresión del tipo de relación que el gobierno de Jorge Sapag está dispuesto a entablar con la oposición al fracking. Si bien desde un primer momento había adjudicado a sectores fundamentalistas las críticas a esta técnica, después de aquellas jornadas de agosto la cuerda se tensó más. En noviembre de ese año, en el Club del Petróleo, el gobernador neuquino llamó a librar una fuerte batalla comunicacional a favor de la explotación masiva de yacimientos no convencionales (Neuquén Informa, 12/11/2013). Mientras que en diciembre la ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue y actual vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén, convocó nuevamente al empresariado a educar a la población para contrarrestar los discursos de miedo del ‘terrorismo ambiental’ (OPSur, 19/12/2013). Meses más tarde, durante la inauguración de una escuela, el gobernador pidió a los jueces “no generar terrorismo ambiental” al referirse a un fallo judicial que paralizó la perforación de un pozo para esquistos en la provincia de Chubut (LMN, 21/03/2014).
Estas declaraciones se complementan con pedidos de endurecer las sanciones a quienes bloqueen el acceso a yacimientos o interrumpan la producción (LMN, 05/06/2014) y con otras medidas como capacitaciones para policías y fiscales provinciales dictadas por agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos y la construcción de un laboratorio forense con fondos de responsabilidad social de las petroleras (RN, 14/02/2014 y 24/02/2014).
PUNTA DE LANZA 
YPF es la única empresa que ha tomado la decisión explotar masivamente yacimientos de esquistos y, en ese sentido ha desembolsado alrededor de U$S 2.500 millones en Vaca Muerta. También intervino la formación D 129, en Chubut, donde perforó dos pozos, que se encuentran paralizados por acciones judiciales fundadas en la legislación ambiental e indígena. Las otras empresas que más han avanzado en la exploración de Vaca Muerta son la francesa Total y la angloholandesa Shell. La compañía con sede en París explota 11 áreas hidrocarburíferas, en 6 de las cuales está a cargo de la operación, y cuenta con 16 pozos exploratorios perforados en Vaca Muerta. La angloholandesa, en tanto, obtuvo permisos de exploración para tres áreas de la provincia patagónica y perforó 6 pozos horizontales.
Al tándem de las europeas se suma la alemana Wintershall, que a principios de año formalizó un acuerdo con GyP para la exploración del potencial de shale del área Aguada Federal. Mientras que otra actora de peso es la estadounidense ExxonMobil, corporación a la que Gobierno Nacional pretende asociar con YPF, pero que llegó a Vaca Muerta de la mano de la empresa neuquina. En mayo último la mayor petrolera privada del mundo anunció que resultó exitosa la perforación de un pozo en el área Bajada del Choique.

Publicado en Fractura Expuesta N°3, julio 2014.
FUENTES: Organismos oficiales
-US Energy Information Administration (2013); Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. June.
Medios de Prensa: InfoNews, 18/04/2012; Santa Cruz demanda a Repsol por daño ambiental.
La Mañana Neuquén, 21/03/2014; Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental”
— 22/05/2014; El 20% de Vaca Muerta, en la disputa con YPF.
— 05/06/2014; Sapag quiere fuertes penas para los piquetes petroleros.
Neuquén Informa, 12/11/2013; Exposición del gobernador Jorge Sapag en reunión del Club del Petróleo.
Observatorio Petrolero Sur -OPSur-, 14/08/2012; Ante la reglamentación de la ley de ‘Soberanía Hidrocarburífera’.
— 23/08/2013; Acuerdo Neuquén-YPF: ¿El nuevo piso para las demandas corporativas?
— 19/12/2013; El extractivismo pide represión.
— (Hernán Scandizzo), 14/04/2014; YPF, nuevos desiertos y resistencias.
Página/12, 14/04/2014; “No creo que alcance con YPF”.
— (David Cufré), 01/06/2014; La trama oculta del acuerdo.
Revista Petroquímica (Nicolás Gadano), 28/05/2014; Qué está haciendo cada una de las grandes petroleras para subirse al boom de Vaca Muerta.
Río Negro, 14/02/2014; Agentes del FBI capacitarán a policías y fiscales de Neuquén.
— 24/02/2014; Con fondos petroleros crearán un laboratorio de genética forense.
Tiempo Argentino, 24/05/2012; El pasivo que dejó Repsol ya es superior al valor que exige por YPF.
— 22/05/2014; La Argentina y los EE UU sellaron una alianza estratégica en energía
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Chile-Central Hidroeléctrica Angostura: La influencia del poder económico por sobre el Estado

Empresarios y gobiernos versus comunidades

Destruyen lugares de alto valor ambiental, modificando y borrando para siempre los ecosistemas, la memoria y la historia del territorio reemplazándolos por los embalses muertos que además siembran el temor acarrean un peligro por su cercanía a los volcanes. El territorio mapuche pewenche sigue sin protección alguna ante la amenaza del capital privado.
El negocio privado energético no da tregua en su avance. Hoy por hoy es uno de los más rentables y aquí en el territorio lo sabemos muy bien. Hemos sido y seguimos siendo testigos de esto. Son ya tres los grandes embalses en el río Bio Bio, los que juntos embolsan una no despreciable potencia instalada de 1.505 MW. La Central Palmucho de 32 MW, la Central Ralco de 690 MW, la Central Pangue de 467 MW y la recién inaugurada Central Angostura de 316 MW conforman hasta hoy esa suculenta cifra, que en el corto plazo pretende seguir en aumento. Un cuarto embalse en el río Bio Bio y otra central de menor envergadura en el canal Bio Bio Sur cuyas potencias serían unos 110 MW entre ambas, ya están en proceso de evaluación ambiental.
Pero esto no queda ahí. Mas proyectos de intervención en el mismo río Bio Bio están en carpeta. También en el río Queuco, en el río Pangue en el río Chaquilvin y otros de las comunidades mapuche pewenche del Alto Bio Bio. Y pese a que existen acuerdos de Estado (Acuerdo de Solución Amistosa de Ralco) para esta zona que no permiten este tipo de intervenciones, este modelo continúa concretando sin retrasos ni contratiempos su andar dejando de manifiesto la inutilidad de la legislación ambiental a la hora de poder influir en su instalación.
El movimiento mapuche es el ejemplo más claro de esta manipulación en donde el Estado –presionado por el capital privado- ha militarizado las comunidades llegando a invocar la Ley de Seguridad del Estado para justificar el uso de la fuerza en los allanamientos a la propiedad privada.
Los efectos negativos que han causado estas ocupaciones en el territorio son cuantiosos. Desapareció parte de una cultura milenaria, desapareció un ecosistema prístino de proporciones, y junto con esto también un polo de desarrollo que convivía en forma armónica con la cultura mapuche pewenche y su entorno: el ecoturismo.
¿El escenario de hoy?
Un territorio intervenido vorazmente que muestra la huella del colonialismo moderno, esa que deja ver el saqueo desmedido de los recursos, sin importar lo que los demás piensen o digan, y que usufructúa al máximo sin retribución alguna para las comunidades.
Aquí en la región se genera el 30% de la energía de Chile, sin embargo, los costos de esta son los más altos del país. Aquí en Quilaco, Santa Bárbara y Alto Bio Bio se paga una tarifa domiciliaria por concepto de energía mucho más alta que en Santiago, Concepción o Calama, sin embargo, el costo social, ambiental, cultural, emocional, etc. nosotros lo hemos pagado, y de acuerdo al mensaje entregado por la propia presidenta Michelle Bachelet en la inauguración de la Central Angostura -en donde avala este modelo- seguiremos pangándolo mientras la normativa continúe en su rol actual.
Varios años han pasado desde que este proyecto ingresara al sistema de evaluación ambiental, y pese a la inadmisibilidad que el estudio de impacto ambiental presentado contenía, este fue acogido por la legislación de esa época sin reparo alguno.
Presentaba derechos de agua insuficientes para su funcionamiento y en litigio legal en los tribunales de justica además de una violación al acuerdo de Solución Amistosa de Ralco; el cual establecía el compromiso del Estado de Chile que comprometía lo siguiente: “acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros mega proyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del alto Bío Bío”.
Sin embargo, y pese a las denuncias ciudadanas y recursos de reclamación a la resolución de calificación ambiental, la Central Angostura prosiguió su paso firme en un recorrido por los gobiernos de la concertación con Michelle Bachelet, la coalición por el cambio con Sebastián Piñera y la nueva mayoría nuevamente con Michelle Bachelet, quién el día  martes 8 de julio de 2014 inauguró y respaldó esta hoja de ruta planteando que: “el modelo que se ha seguido acá va en la línea de lo que queremos, que es conciliar la generación de energía con un trabajo de asociatividad con las comunas que lo acogen y privilegiar el cuidado del entorno natural”, palabras que no se condicen con la realidad de la historia que hasta hoy ha marcado la Central Hidroeléctrica Angostura, puesto que las comunidades organizadas así lo manifestaron y las propias autoridades locales de las comunas lo denunciaran públicamente por los medios de comunicación dejando además de asistir a esta “solemne” inauguración junto a la presidenta. La señal que queda; es la de un gobierno permisivo y en manos de la empresa privada.
El movimiento social frente a las instalaciones hidroeléctricas en el río Bio Bio.
Innumerables han sido las reuniones, documentos, emails etc., que los habitantes de esta parte del territorio han cruzado en torno a las temáticas ambientales, sociales y culturales; en diferentes gobiernos, sin embargo, el escenario continúa sin cambios sustanciales.
La ley 19.300 con todas sus modificaciones, continúa en un rol pasivo. Permite acomodar los proyectos frente cualquier variable medioambiental, cultural, social etc. por muy sensible que esta sea, y pese a que la presidenta el día de ayer planteó lo contrario, la central angostura destruyó sitios de significación cultural de alto valor patrimonial, reasentó gente mapuche pewenche sin consulta indígena y aniquiló un río – el Huequecura- prístino que albergaba una enrome fuente de vida muchas de ellas especies endémicas, en peligro de extinción.
Se denuncia la permisividad del estado con el negocio privado por considerar que estas instalaciones no respetan ni tampoco aportan al desarrollo local de las comunidades.
Destruyen lugares de alto valor ambiental, modificando y borrando para siempre los ecosistemas, la memoria y la historia del territorio reemplazándolos por los embalses muertos que además siembran el temor acarrean un peligro por su cercanía a los volcanes. El territorio mapuche pewenche sigue sin protección alguna ante la amenaza del capital privado.
La alta rentabilidad del negocio energético versus el alto valor de la energía es el reflejo del desarrollo que el Estado y la empresa privada proponen para los habitantes afectados.
Estado de derecho y la represión policial.
La criminalización de los movimientos sociales en chile se ha ido acrecentando en el último tiempo. El movimiento estudiantil por ejemplo en su largo proceso ha sido víctima de ese manejo que los medios tradicionales -televisión y diarios de propiedad de grandes poderes económicos-toman y manejan a su antojo creando escenarios que distorsionan la realidad.
El movimiento mapuche es el ejemplo más claro de esta manipulación en donde el Estado –presionado por el capital privado- ha militarizado las comunidades llegando a invocar la Ley de Seguridad del Estado para justificar el uso de la fuerza en los allanamientos a la propiedad privada.
En la visita de la presidenta a la inauguración de la Central Hidroeléctrica Angostura hubo situaciones de represión excesiva que no se condice con el lenguaje de los que habitamos este territorio. La sensación que quedó al final del día fue un proceder –de las fuerzas de orden que se desplegaron”- que violentó y redujo a los ciudadanos que quisieron proponer otra mirada al modelo actual del desarrollo, anulando cualquier voz que no fuese la del capital privado que ayer se dejó ver en todo su esplendor. El análisis en este sentido amerita afinar el oído para entender el mensaje que el día de ayer la presidenta junto al capital privado entregó en el puel mapu.
Fuente: Mapuexpress.org

Pronunciamiento hondureño en el día Mundial de la Minería a Cielo Abierto

Exigen la inmediata derogación de la actual y nociva Ley de Minería así como la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas. Por otra parte, exigen el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía, han declarado sus municipios libres de minería. Asimismo, demmanan la investigación y judicialización de todas las denuncias sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras en sus territorios.
 
Por Coalición Nacionalde Redes Ambientales de Honduras
 
La Coalición Nacionalde Redes Ambientales de Honduras reunida en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, los días 10 y 11 de Julio, en su VI asambleadeclaramos lo siguiente:
Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las personas soterradas en los tenebrosos túneles excavados para extraer oro en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, y denunciamos al Gobierno sobre la doble moral con que ésta manejando esta penosa catástrofe, que se refleja en la indiferencia mostrada con la no resolución de los recursos legales presentados por organizaciones ambientalistas ante el Ministerio Público sobre la grave situación que desde hace años enfrentan nuestros compatriotas del sur.
Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan los/as pobladores/as de Azacualpa, La Unión, Copan, que enfrentan amenazas de desalojo por la Empresa Aura Minerals que usufructa territorios concesionados para la explotación minera en ese municipio. La empresa en mención, ha incumplido todos los compromisos adquiridos con la comunidad desde el 2012 y ahora, para imponer sus negocios, ha hecho uso de la fuerza militar y policial para reprimirles e intimidarles a fin de obligarles a reubicarse, incluyendo su cementerio, para proceder a la extracción de metales en el territorio que habitan desde tiempo inmemoriales y donde han construido su patrimonio.
Nos solidarizamos y acompañamos a los habitantes de las comunidades de El Tránsito, Nacaome, Valle, y Nueva Esperanza, Tela, que por idénticos motivos a la defensa de sus derechos frente a concesiones y explotaciones mineras enfrentan procesos judiciales, persecución e intimidaciones por parte de operadores de justicia e inversionistas mineros.
A un año de aprobada la nueva Ley de minería, los casos anteriores, solo son algunos ejemplos de los resultados negativos de la implantación de esta política extractivista, que desde esta Coalición habíamos oportunamente señalado, ya que la aplicación de políticas, legislaciones y modelos económicos incongruentes con la dignidad del ser humano y sus hábitat han tenido a la fecha las siguientes consecuencias:
1.Enajenación del territorio a inversionistas nacionales y extranjeros bajo la falsa promesa de superar la pobreza y subdesarrollo en que las propias políticas del Estado han sumido a los/as hondureños/as
2.Criminalización de las acciones sociales en defensa de territorios así como la constante violación a los derechos humanos, acción que muestra la ambivalencia del actual Gobierno ya que al mismo tiempo que criminaliza a los defensores y defensoras, promueve una ley para la protección de los mismos.
3. Intencional desarticulación de los movimientos sociales y organizaciones comunitarias mediante la militarización de territorios, preocupación que ha sido expresada por la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI) en su informe "Honduras, la defensa de Derechos Humanos: Una actividad de alto riesgo.", donde advierte que la ampliación de poderes a las Fuerzas Armadas en asuntos de protección civiles: "pueda derivar en vulneraciones de los derechos humanos, así como acciones de represión, detenciones y persecuciones destinadas a silenciar su defensa", en tanto el ejército trabaja en evidente protección de los intereses de inversionistas y no del pueblo hondureño como debería ser la función de un Estado garante de los derechos humanos y de los bienes naturales
4. Existencia de campañas mediáticas destinadas a hacer ver a la minería como la panacea de la prosperidad económica y futuro de Honduras, y que al mismo tiempo invisibilizan el deterioro ambiental que provocan las actividades extractivas y las violaciones a los derechos humanos generadas en los territorios para imponer este modelo destructor de la vida..
Por lo anterior, exigimos: La inmediata derogación de la actual y nociva Ley de Minería; La cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha; el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía, han declarado sus municipios libres de minería. A los órganos competentes del Estado, demmanadmos la investigación y debida judicialización de todas las denuncias, que se producen a lo largo y ancho del país, sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras en sus territorios.
Nos declaramos en alerta permanente ante la constante amenaza a defensores y defensoras de los territorios y sus bienes naturales y solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales estar pendientes de nuestras denuncias ante la grave situación de inseguridad, vulnerabilidad ambiental y amenazas e intimidaciones a comunidades opuestas a la minería que estamos viviendo en Honduras.
NO A LA MINERIA EN HONDURAS
COALICION DE ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS DE HONDURAS

Dado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, a los diez días del mes de julio del año dos mil catorce

Mexico - Sembrar desastres. Trasnacionales, hagan con el suelo y el agua lo que quieran

Por Pedro Miguel

El grupo gobernante hizo algo peor que entregar a las corporaciones energéticas trasnacionales el subsuelo del país: les está entregando el suelo. Si entran en vigor las leyes aprobadas la semana pasada a contrapelo de la legalidad parlamentaria, los consorcios de la electricidad y del petróleo tendrán derecho de apropiarse de cualquier superficie del territorio nacional que les resulte apetecible.
Es un procedimiento simple: harán una oferta de compra, renta o comodato a los propietarios y si éstos se rehúsan o si la negociación no fructifica en un plazo breve el gobierno expropiará a favor de los demandantes. Todo ello, en nombre de un "interés social y orden público" que es, en realidad, interés empresarial y orden privado.
La voracidad de las trasnacionales energéticas tendrá prioridad sobre cualquier otra consideración y nadie ni nada estará a salvo de ella. Ni grandes, medianos o pequeños propietarios ni comunidades ni ejidos ni industrias. En su precipitado entreguismo los senadores priístas y panistas no establecieron ni siquiera una reserva en la redacción de las leyes para impedir la afectación de sitios y yacimientos arqueológicos y no repararon en que si su engendro llegara a entrar en vigor más valdría rezar porque nadie descubra un yacimiento de hidrocarburos bajo la Pirámide del Sol o que el tendido de líneas eléctricas no haga necesaria la demolición de Palacio Nacional. Y de reservas ecológicas mejor ni hablamos.
Peña Nieto dice que "no es fácil entender la dimensión" de sus reformas. Por si quedaban dudas los dictámenes de leyes secundarias elaborados por el régimen se encargan de disiparlas: el propósito de este ciclo de alteraciones legales es acabar con las industrias energéticas propiedad de la nación, convertir a Pemex y a la CFE en ventanillas de adquisiciones, reducir a la población a un mercado de consumidores de energía y transformar al país en un campo de operaciones para las empresas eléctricas y petroleras de Estados Unidos y Europa, es decir, entregar el territorio nacional para que los zopilotes de la energía se lo coman a picotazos. Falta que algún propagandista de la Presidencia nos comunique que esto era justamente lo que pretendía el general Lázaro Cárdenas.
Lo que no es fácil calcular es el impacto social y política que tendrá esta canallada si no es detenida a tiempo, pero uno puede imaginarse en primera instancia un reordenamiento territorial forzado y a gran escala que pasaría por la expulsión de pueblos, comunidades y pequeños propietarios en el agro, así como del despojo arbitrario de predios en zonas urbanas y semiurbanas para edificar y ampliar instalaciones eléctricas. En lo económico ello se traduciría en un nuevo golpe al sector agrario, tan grave como el que recibió con la firma del TLCAN, o más. En lo social y lo político las disposiciones peñistas provocarían una nueva oleada de migración a las ciudades y, cabe suponer, un estado de explosividad permanente en vastas regiones del país y una desintegración sin precedentes del tejido social.
Las reformas peñistas en materia de electricidad e hidrocarburos son, pues, una siembra de desastres. Está por verse si el país se esperará a ver los frutos de la cosecha o si será capaz de visualizar la dimensión de lo que se le viene encima y logra reaccionar antes.
La Jornada http://www.jornada.unam.mx/

Chile: Cae acuerdo entre Comunidad Diaguita de Perales y Barrick Gold

Barrick profundiza presiones a comunidades opositoras para destrabar paralizado Pascua Lama
Entre amenazas y reuniones de Barrick se desmorona acuerdo inconsulto con comunidades diaguitas

La Comunidad Indígena Diaguita de Perales, informó por medio de un comunicado que el acuerdo realizado con la empresa Barrick Gold, se habría desecho por actuaciones ilegales por parte de la empresa minera.
La comunidad Indígena Diaguita de Perales determinó cancelar el acuerdo realizado con la empresa Barrick Gold. Decisión que fue tomada en una asamblea el sábado 19 de Julio en la misma localidad.
Las razones que pusieron fin al trato fueron los "actos ilegales" e incumplimiento de acuerdos de la empresa minera.
Los comuneros especificaron que "no se invita a todos los comuneros a las reuniones, ni tampoco se cumplen los plazos, las actas son redactadas sin consulta a la asamblea y existen presiones de los abogados para aprobar lo que les conviene".
También "se hacen reuniones sin el quórum necesario establecido en los estatutos, después de las asambleas buscan las firmas y aprueban cosas con personas que no van a las asambleas. Se deja entrar gente que no es de la comunidad y se les prohíbe el ingreso a comuneros de nuestra comunidad que piensan de forma distinta", entre otras irregularidades.
Además, la Comunidad informó que solicitaron al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Alberto Pizarro, que fiscalice la forma en que algunos dirigentes llevan a cabo sus labores en la comunidad.
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Carta de las Comunidades del Valle del Huasco a Patricio Rodrigo (Universidad de Chile y Secretario Ejecutivo del Consejo por la Defensa de la Patagonia) por su participación en el Memorándum de Entendimiento Diaguita - Barrick
Martes 29 de Julio de 2014
Sr. Patricio Rodrigo
Secretario Ejecutivo Consejo de Defensa de la Patagonia
PRESENTE
Junto con saludarlo, nos presentamos. Somos los y las comunidades, habitantes, agricultores, crianceros, regantes, productores, comunidades diaguitas y de iglesias del Valle del Huasco, quienes por más de 14 años llevamos resistiendo al criminal proyecto minero de Barrick Gold: Pascua Lama. Somos también la parte de la población que se negó a los servicios ofrecidos por el  abogado Lorenzo Soto ya que sabíamos de su trayectoria donde empuja a la comunidad a tranzar Medio Ambiente a cambio de compensaciones económicas en todos los procesos de conflicto ambiental en que ha participado (Termoeléctricas Castilla, Los Robles, Barrancones y Farellones entre otros). Sabíamos que solo busca la negociación para abultar aún más sus bolsillos de dinero a costa del sufrimiento, la vulnerabilidad y preocupación de comunidades amenazadas.
Hemos corroborado tras la reunión de la Comunidad Indígena de Los Perales del 5 de Julio de 2014, instancia que se utilizó para tratar de blanquear el memorándum y ratificarlo de manera irregular, así como por otros medios, que sería usted el profesional contratado como coordinador técnico-científico, encargado de formar el equipo para  llevar a cabo la revisión  de los  estudios técnicos existentes sobre Pascua Lama, del controvertido Memorándum de Entendimiento Diaguita - Barrick,  asesoría que a su vez se realizaría  bajo el amparo institucional de la Universidad de Chile. El fin de esta carta es solicitarle que renuncie y que no se involucre Ud. ni  la prestigiosa Universidad de Chile  en  este sucio proceso. Abogando  que usted ha aceptado el trabajo sin tener toda la información a su haber, es que nos proponemos informarle acerca del contexto y  de lo que realmente significa el Memorándum de Entendimiento,  así como también de su carácter  ilegal e inconsulto.
Ha sido tras largos 14 años de lucha, trabajo constante y aporte de una serie de actores que el año 2013 logramos llegar al punto de poner a la empresa en jaque nuevamente. Tanto por una serie de procesos judiciales y denuncias como por el nivel de deslegitimidad tanto local, como nacional e internacional. Fue en este contexto, que la empresa desesperada, para hacer su lavado de imagen y conseguir licencia social, se acercó a un grupo de dirigentes de comunidades diaguitas  representadas por el abogado Soto, a ofrecer una Mesa de Dialogo buscando entendimiento.  Estos pocos dirigentes decidieron por todo el Valle, aceptaron incorporarse al proceso a cambio de que la empresa pagara los honorarios históricos de su abogado, y pactaron que previo a cualquier dialogo necesitaban información del proyecto y sus impactos, saber si es verdad o no lo que dice la minera, entre otros, como si todo esto no existiese.
Es así como se llega a la figura de Memorándum de Entendimiento Diaguita - Barrick, el cual, cómo es de su conocimiento, consta en una primera instancia de seis meses de intercambio y procesamiento de información de estudios técnicos en donde supuestamente la empresa brindará todos los documentos e información requerida. Esto llevaría a conclusiones técnicas según las cuales las comunidades firmantes del Memorándum decidirían si entran a dialogo o no con la empresa.
Tanto la participación de la Universidad y expertos contratados, como el amigable componedor o abogado mediador, así como el propio abogado de las comunidades y los trámites necesarios serán pagados por la empresa. Por su parte los dirigentes que firmaron este Memorándum ya están recibiendo altas sumas de dinero con la excusa de ser viáticos para todo el trabajo que les supone este Memorándum. Recibieron también un minibús, un computador y se les paga una oficina con secretaría en Alto del Carmen. Además se están pagando viáticos de 25.000 pesos y 50.000 pesos a los miembros de las comunidades para que asistan a las reuniones.
Como secretario ejecutivo del consejo de defensa de la Patagonia, entidad que coordinó la campaña contra el proyecto Hidroaysén, entendemos que comprende y ha experimentado lo que cuesta  sostener la resistencia frente a mega proyectos sobre todo frente a empresas  con tamaño poder. Al igual que usted sabía que Hidroaysén era la muerte para la Patagonia, nosotros desde un principio hemos sabido que Pascua Lama es la muerte para nuestro Valle. Y tras estos 14 años podemos decir con nuestra experiencia en el territorio, documentos, una serie de pruebas, que todos nuestros miedos y fundamentos para que no se llevara a cabo este proyecto, los cuales dígase de paso quedaron registrados en el proceso de participación ciudadana de la RCA 24/2006, se han hecho realidad. Hoy contamos con gran cantidad de nuestros glaciares destruidos y con la afectación de nuestro ecosistema glaciar en su conjunto, nuestras aguas se han contaminado y mermado, los cultivos se han dañado, nuestro tejido social también ha sido destruido y nuestras formas de vida y cultura han sido impactadas. Además hay una serie de procesos judiciales a nivel nacional e internacional abiertos. Ya no hay dudas, este proyecto es inviable y no necesitamos ningún estudio que venga a reafirmar esta realidad ni menos que lo ponga en duda. Apoyar un estudio en este sentido no es más que relativizar los daños ya ocasionados por la minera además, ¿Qué confianza podemos tener en un proceso pagado netamente por la empresa?  Sabemos que al final los resultados serán ocupados en favor de la trasnacional.  Además, le advertimos que desde esta trinchera, entrometerse en temas como la cultura o etnia diaguita, así como la recuperación de tierras usurpadas sólo traerá más división, confrontación y problemas en nuestro territorio. Creer que esto nos hará bien como comunidad demuestra lo poco que conoce, respeta y esta interiorizado de nuestra realidad, lo cual debiese frenarlo a tomar decisiones apuradas que lo llevarán a tener responsabilidades de las cuales más tarde pueda arrepentirse.
Como si todo lo anterior fuese poco, hay que agregar que este Memorándum es ilegal y ha violado el Convenio 169 de la OIT sobre todo en el punto de consulta previa, informada y de buena fe. Este Memorándum ha sido firmado tan sólo por los dirigentes de  12 comunidades y  3 asociaciones indígenas de las cuales sus bases no han sido consultadas y de las cuales, en su mayoría, tras el conocimiento de este por la prensa lo han rechazado tenazmente. Lo anterior fue confirmado en reunión del Consejal Oriel Campillay y Barrick, donde el abogado Francisco Charlin reconoció que el Acuerdo se firmó con algunos dirigentes los que tenían 30 días para ratificarlo en sus Asambleas, hoy se encuentran consiguiendo estas firmas de manera engañosa pasando listas de asistencia como ratificaciones del Acuerdo o presionando a los comuneros. Lo mismo ha sucedido con un poder amplio dado a Solange Bordones.
Se ha pasado a llevar también la Ley Indígena de nuestro país al arrogarse  las asociaciones el poder de representar a comunidades. Estas son tan sólo entidades funcionales compuestas por individuos. Se han repartido dineros directos a comuneros de manera irregular como en el caso del pueblo del Corral. Por último, un importante número de comunidades indígenas, aquellas que justamente se encuentran a los pies de la cordillera vecinas al proyecto no han firmado este Acuerdo y exigen su anulación así como la gran mayoría del Valle del Huasco.
Todo esto ha sido denunciado tanto al Ministro de Medio Ambiente como a la Ministra de Minería, a la Embajadora de Canadá y el miércoles recién pasado ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde los Diputados decidieron oficiar a la Dirección Nacional de la CONADI por las irregularidades en este proceso.
Señor Patricio, como puede ver está usted participando de la última estrategia social y comunicacional de Barrick Gold, la cual tal como usted pudo percatarse en la ya citada  reunión de Los Perales del Sábado de 5 Julio donde fue presentado como un asesor de confianza por el abogado Lorenzo Soto, está dividiendo aún más a nuestras comunidades llegando a incentivar fuertes discusiones entre vecinos.  Volvemos a solicitarle que renuncié, que no se preste para este sucio juego y que no ayude a socavar todo el esfuerzo de estos 14 años, que como usted bien debe saber, por su trabajo en contra de Hidroaysén, cuesta mucho mantener y cuidar.
Por ultimo hacemos un llamado tanto a la Universidad de Chile como a los profesionales que estarían siendo reclutados, a que no le den legitimidad a este estudio que nace muerto y que vulnera nuestros derechos. Apelamos a la tradición histórica de la Universidad de Chile, la cual se ha caracterizado por tener una gran vocación social y una ética basada en ricos valores como el respeto, la justicia y la búsqueda de la verdad. Y tal como dice una cita de Andrés Bello rescatada por ésta misma Universidad en su libro “La desigualdad es el problema. 170 años de la Universidad de Chile” del 2012: “La Universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales si (como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo de un punto de vista político”.
Fuente: Diario Universidad de Chile

El Gobierno británico permitirá el 'fracking' en los parques nacionales

El Gobierno británico permitirá la extracción de gas pizarra por el controvertido método del "fracking" (fractura hidráulica) incluso en los parques nacionales y en otras zonas protegidas en "circunstancias excepcionales". Hasta el 64% de la campiña inglesa podría perforarse a la busca del "maná" energético, pese a las protestas de los grupos ecologistas, que boicotearon las primeras prospecciones en lugares como Balcombe o Blackpool.
Dos años después de que el Gobierno de David Cameron diera luz verde al "fracking", la nueva directiva abre finalmente de par en par las puertas a las extracciones de gas pizarra y ha sidorecibida con los brazos abiertos por la industria. El ministro del Tesoro, George Osborne, ha prometido entre tanto "el mejor régimen fiscal de Europa" para la explotaciones por el polémico método, que requiere la inyección a presión de agua con productos químicos para ampliar las fracturas en el sustrato rocoso y extraer el gas natural.
El anuncio ha sido criticado por los principales grupos ecologistas como Greenpeace y Amigos de la Tierra, alegando los riesgos del 'fracking' : de lacontaminación de los acuíferos a su posible contribución a movimientos sísmicos. El Gobierno británico alega sin embargo que las explotaciones requerirán estudios de impacto ambiental y las compañías estarán obligadas a demostrar el "interés público" y su "sensibilidad" hacia las comunidades locales.
La mayoría de los británicos reconoce que no tiene información suficiente sobre los beneficios y riesgos del 'fracking'. La controvertida técnica, implantada en los últimos años en Estados Unidos, pasó sin embargo por una moratoria de 18 meses en Gran Bretaña, ante la alarma desatada por dos pequeños terremotos en el condado de Lancashire, coincidiendo con las prospecciones de gas de pizarra de la compañía Cuadrilla.
"Las extracciones de gas pizarra nos darán una mayor seguridad energética yservirán para que generar empleos y hacer crecer nuestra economía", ha asegurado el ministro de Energía Matthew Hancock. "Debemos actuar en cualquier caso con cuidado y minimizando los riesgos".
Hancock ha asegurado que el proceso para acelerar la puesta en marcha de las explotaciones (seis meses después de obtener la licencia) es perfectamente compatible con "la protección de los parques nacionales y de nuestros mejores paisajes".
La primera prueba de fuego será en el condado de Sussex, donde las prospecciones a cargo de la compañía Celtique Energie pueden afectar a unafranja del Parque Nacional de South Downs. El ministro de Comunidades, Erick Pickles, se ha comprometido a mediar en éste y en otros proyectos en los que pueden existir potenciales conflictos.
Como contrapunto al impulso al "fracking", el Partido Conservador estudia la posible moratoria en la construcción de nuevos parques eólicos en la campiña inglesa, alegando precisamente el impacto ambiental y el rechazo provocado en algunas comunidades rurales.
Fuente: medioymedio.com.ar

miércoles, 30 de julio de 2014

Un campo con wifi


Gustavo Duch

Imaginémonos por un momento, explica Carlos Espín, qué prodigioso fuere que los árboles, perennes o caducos, milenarios o recién brotados, frutales u ornamentales, gigantes o minúsculos, todos, fueran productores de ondas wifi.
Tejos, sauces, abetos, limoneros y castaños; olivos e higueras, la fantástica ceiba, todos serían considerados seres sagrados, templos que defenderíamos con nuestras mejores energías y los más hermosos cuidados.
Los bosques, por decreto popular, serían declarados espacios de Utilidad Pública.
Para amplificar la cobertura wifi, ampliaríamos la cobertura arbórea plantando, que cosa más maravillosa, árboles en los patios de vecinos, en las calles de pueblos y ciudades, cerca de los puestos de trabajo, en los márgenes de carreteras y autopistas.
Embebidos en la fantástica tarea de repoblación de wifi, no dudaríamos en derribar edificios y polígonos que sólo hacen que ocupar espacio. Y de rebote, en poco tiempo acabaríamos con la deforestación, recuperaríamos biodiversidad y el peligro del cambio climático sería cosa del pasado.
* * *
Imaginémonos por un momento nuestros pequeños pueblos rurales con sus calles adoquinadas con la más pulida cerámica, impoluta de excrementos de animales o cagadas de golondrinas, con balcones floreados por geranios de plástico perpetuo y sólo el tenue silencio de las cámaras fotográficas, que en cada clic guardarían como recuerdo esas imágenes en retinas de metal, distraerían del silencio alcanzado sin chavalería molestando.
Imaginémonos a la mitad de nuestros pueblos rurales rodeados de fabulosas pistas de esquí y el mercadeo chic asociado a ésta u otras actividades deportivas; y, a la otra mitad, disfrazada de paraísos para el más idílico y romántico lugar de ‘escapadas con encanto’. Seguro que entonces grandes multinacionales, sponsorizando pueblos -San Vicente de Nestlé o Villa Campofrío- los rescatarían de su ancestral olvido.
Pero, como bien sabemos, los árboles no producen wifi. Y es una lástima, concluye Carlos, pues los árboles son sencillamente esos verticales especímenes que nos dan frutos que son comida; madera y sombra que son morada y refugio; y oxígeno que respirado es vida.
Y deberíamos saber que estúpidos prodigios no son las fórmulas que nuestros pueblos requieren. Los pueblos son muchas cosas, lugares con historia, libros vivos de sabiduría… pero sobre todo su privilegiada relación con la naturaleza les hace idóneos para la producción de alimentos en base al trabajo, esfuerzo y disfrute de parte de su población. Es ahí donde se tienen que fraguar complicidades y apoyos: alimentémonos de nuestros pueblos para que sigan siendo pueblos sin más.
Imagen: ‪twicsy.com‬ - Fuente:
Rebelión

El comercio del carbono en América latina: Respuestas latinoamericanas a proyectos REDD+


Por Oscar Guerrero Bojorquez*


La iniciativa que naciera en Naciones Unidas para lograr un desarrollo con menos carbono, mayor protagonismo regulador del mercado y nulo combate a los actores responsables del mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo también ha aterrizado en América Latina. Las alternativas que ofrece el subcontinente al plan expansivo del programa ONU-REDD podrían complementar el lado sostenible de este último y a la vez contribuir a levantar un sistema nuevo, donde los parámetros del desarrollo sean dictados por comunidades y pueblos cada vez más informados.
En este contexto seguimos con las investigaciones ligadas al emergente negocio del carbono y sus implicancias. Esta vez toca revisar la situación en América Latina.
A grandes rasgos la problemática de fondo, aunque menos traumática y descarada, es la misma que en Asia y África: insuficientes políticas de consulta previa, problemas de tenencia de tierras no resueltos, menosprecio de las formas de vida ancestrales de los aborígenes y poca transparencia de los agentes financieros en el marco de los proyectos REDD+ en la región. No obstante, se registran algunos casos aislados donde la implementación del negocio del carbono arroja resultados positivos. Por más que entidades poderosas como el Banco Mundial u otras estructuras financieras quieran presionar para que se apruebe el establecimiento de REDD+ con mecanismos propios del mercado, existe una fuerte oposición a este modelo que lo lidera Brasil, país que ha establecido un mecanismo basado en fondos para aquellas reducciones en la tasa de deforestación que estén debajo de las líneas de base.
En todo esto hay una doble moral de los organismos financieros internacionales, ya que a la vez de declarar su compromiso para combatir el cambio climático, continúan financiando el desarrollo a gran escala de combustibles fósiles y de las industrias extractivas. A continuación revisaremos la situación en algunos países de América Latina donde existen proyectos y planes piloto REDD+ en marcha.
Bolivia
Bolivia estuvo incluida en un grupo de países con bosques tropicales que propuso en 2005 un mecanismo basado en el mercado para la conservación de bosques. Con la llegada al poder de Evo Morales en el año 2006, el país asume una nueva orientación rechazando al mercado como órgano principal de control sobre los diversos proyectos de REDD+.
La oposición de Morales a los mecanismos REDD se basaron en dos puntos concretos: primero que los proyectos conllevaban a una creciente mercantilización de la naturaleza y segundo que los países industrializados evadían su responsabilidad histórica por las consecuencias catastróficas derivadas del cambio climático.
Pero Bolivia se mostró más dura en sus críticas a REDD+ cuando fue sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en 2010 y denunció que los mecanismos mercantilistas de REDD+ estaban violando la soberanía de los pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, además de atentar contra los derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Entre los años 1980 y 2010 el país altiplánico perdió más de 6 millones de hectáreas de superficie forestal. Esta deforestación ha tenido lugar sobre suelos considerados de vocación forestal, lo cual tiene un impacto directo en la biodiversidad. De ahí la preocupación del estado por detener esta tendencia e implementar programas que hagan frente a esta problemática. Para el período del programa nacional 2010-2013 de ONU-REDD Bolivia recibió fondos que alcanzaron la suma de 4 millones 700 mil dólares. No obstante, se suscitaron algunos impases entre el gobierno y ONU-REDD que ralentizaron el inicio del proyecto.
Finalmente en 2012 el estado boliviano presentó su alternativa al proyecto REDD+, el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, cuyos aportes y lineamientos fueron integrados al plan de trabajo.
Con las nuevas propuestas del gobierno, entre las que sobresale la no mercantilización de la naturaleza y las políticas de adaptación y mitigación de los bosques, la Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó el plan de trabajo y el presupuesto en 2013.
Costa Rica
El país centroamericano no tiene propiamente un programa nacional de REDD+. Pero si cuenta con un apoyo selectivo que contempla el desarrollo e implementación de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). Desde mediados de 2012 Costa Rica está en la lista de países asociados del Programa ONU-REDD.
En líneas generales, Costa Rica no tiene grandes problemas de deforestación en su territorio. Por ello, los estrategas de REDD+ sobre todo vienen focalizando su trabajo en la ampliación del Sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Una de las políticas ambientales más conocidas a nivel mundial data del año 1997 y consiste en que el estado paga a los propietarios privados de bosques (que bien pueden ser las mismas comunidades indígenas) para conservar los bosques e incluso permitir que se regeneren a cambio de los servicios de los ecosistemas que producen.
La mitigación de las emisiones, la protección de las fuentes de agua, la provisión de belleza escénica y la protección de la biodiversidad constituyen los cuatro pilares del PSA que han permitido situar al país a la vanguardia en el uso de mecanismos de mercado para reducir la deforestación. De hecho Costa Rica implementó su Sistema de Pagos por Servicios Ambientales mucho antes de que la iniciativa REDD+ fuera presentada en las Naciones Unidas y se comenzara a negociar a nivel internacional. Tal vez por ello jamás estableció escalas de referencia.
Dando muestras del grado de conciencia de las autoridades, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones adquirió el compromiso de convertir al país en carbono neutral para el año 2021, lo cual implica que los eventuales proyectos REDD sólo podrán ser financiados por capital extranjero hasta esa fecha.
El escollo que aún no supera el estado es el concerniente a la tenencia de tierras. Ambigüedades legales y normas poco elaboradas permitieron que se otorgasen muchos títulos de propiedad de tierras que ya tenían dueño.
Los ocupantes ilegales ocupan cerca del 40 por ciento de tierras pertenecientes a distintas reservas indígenas, situación que ha originado conflictos. A fines de 2013 solo una comunidad, la Kekoldi, consiguió que se le restauren sus derechos luego de acudir a los tribunales.
Perú
Perú no tiene un Programa Nacional REDD, pero ocupa el cuarto lugar en el mundo en lo que atañe a países con superficies de bosques tropicales. El potencial de desarrollo del programa REDD+ es inmenso. El gobierno se ha trazado como meta reducir a cero la tasa de deforestación para el año 2021, aunque al paso que va es difícil que cumpla este cometido.
Entre los factores que condicionan la deforestación en el país figuran la migración, la agricultura, la ganadería, la informalidad, el pobre nivel de fiscalización sobre actividades ilegales y la galopante corrupción en el trabajo de los funcionarios del estado. Aun así existen más de 40 proyectos piloto REDD en diversas regiones de la Amazonía peruana.
Pero no se explica cómo se ha dado la autorización para operar en territorios indígenas que el Estado de momento no ha reconocido. Justamente esta deuda histórica que mantiene el Estado constituye el obstáculo principal a la implementación por etapas del programa REDD+.
“Mientras un estimado de 20 millones de hectáreas de territorio indígena permanezcan sin reconocer y el marco legislativo debilite sus derechos en vez de fortalecerlos, REDD+ es una amenaza para los pueblos indígenas” En ese sentido es válido citar las palabras que hiciera al respecto Alberto Pizango, dirigente de la más grande organización nacional que representa a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, AIDESEP: “Mientras un estimado de 20 millones de hectáreas de territorio indígena permanezcan sin reconocer y el marco legislativo debilite sus derechos en vez de fortalecerlos, REDD+ es una amenaza para los pueblos indígenas”(1).
En suma, los representantes indígenas del Perú buscan que el esquema REDD+ se adecue a la base cultural de los pueblos indígenas y priorice sus demandas.
En este sentido, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) lanzó la propuesta Redd+ Indígena Amazónica (RIA) cuyos ejes principales son: encausar mejor el pedido del universo nativo que se centra en temas como la territorialidad, el consenso hacía lo holístico, el debate prolongado para que REDD+ se adapte a los nuevos aprendizajes, tomar parte activa de los múltiples eventos regionales e internacionales para expresar problemas concretos y deficiencias del REDD+ convencional y reafirmar la confianza en la pluralidad.
En definitiva el caso peruano de REDD+ requiere una especial atención puesto que no se deben permitir abusos como los registrados en las comunidades Bélgica (Madre de Dios), Matsés, Yanayacu y Cusco. Las mafias madereras y los piratas del carbono a menudo juegan con la ignorancia de la gente y cuentan con la complicidad de las autoridades locales.
No debe sorprender entonces el contenido de un Informe de la Defensoría del Pueblo del 2010 donde se dice que el 90 por ciento de madera que salió de Loreto es ilegal y que el 80 por ciento de funcionarios que ha trabajado en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) tiene problemas de corrupción(2).
Los responsables de los proyectos piloto de ONU-REDD en Perú muchas veces parten de una premisa equivocada: suponen que las comunidades cuentan con títulos de propiedad y en esa idea lanzan sus programas. Es posible que este comportamiento sea premeditado en casos concretos, en otros sencillamente no han realizado las verificaciones pertinentes mostrando un desconocimiento sobre la factibilidad del proyecto.
El estado debería hacer todo lo que este a su alcance para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas incluyendo el derecho a elegir el modelo de desarrollo que quieran adoptar. No vaya a ser que se estén incubando todos los elementos para que los fantasmas de Bagua vuelvan a las primeras planas de los diarios.
México
México es miembro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y es un país socio de la ONU-REDD, donde también es un observador de la Junta Normativa. Se registran 11 proyectos REDD, muchos de los cuales ya están en la etapa de pago por resultados en el mercado del carbono. En el marco de la lucha contra los efectos del cambio climático, México ha implementado un conjunto de estrategias y programas ambientales como el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) que prioriza acciones sectoriales e incorpora REDD+.
A fines de 2012 México dispuso que la implementación de REDD+ se haga en tres etapas, preparación, evaluación e implementación. La deforestación en el país está relacionada a la conversión de bosques en tierras con uso lucrativo, como las actividades agropecuarias.
Como en Costa Rica, el gobierno ha implementado el sistema de Pago por Servicios Ambientales donde destaca el programa ProÁrbol, que promueve la conservación, restauración y uso sostenible de los bosques. El progreso en el manejo comunitario de los bosques ha alcanzado niveles sin comparación en el mundo. Alrededor del 75 por ciento de los bosques mexicanos son de propiedad comunal, incluidas las comunidades indígenas.
Las discusiones internacionales que vienen dándose sobre el comercio del carbono y los proyectos ONU-REDD tienen en México a un interlocutor de primer orden. Se espera que las acciones tempranas -como se les denomina a los planes piloto de REDD+ en México- determinen cuáles son los alcances de REDD+ y si los mismos en realidad ayudan a mitigar los efectos negativos del calentamiento global y del cambio climático.
Conclusiones
Vistos algunos casos de países donde la presencia de los proyectos ONU-REDD han tenido distintos impactos e interpretaciones, es propicio establecer algunas conclusiones y sugerir ciertas alternativas que bien podrían enriquecer la concepción del comercio del carbono y las políticas encaminadas a reducir la deforestación.
En primer lugar para encarar el cambio climático resulta imperativo transformar las raíces del sistema de producción imperante y el uso de la energía. Esto podría comenzar a hacerse realidad si los gobiernos destinan más fondos al desarrollo de fuentes de energía renovables. En segundo término solo un consenso internacional podría ser capaz de restringir la agricultura industrial basada en el uso de combustibles fósiles para apoyar la agricultura sustentable a pequeña escala. La tercera recomendación se asocia a la necesidad de enfrentar las causas centrales que están precipitando la deforestación, como la demanda de agrocombustibles, de productos forestales y carne de animales alimentados con soja, y la incapacidad de proteger los derechos a la tierra, entre otros.
Finalmente, los desafíos que se trace la comunidad internacional para detener la destrucción del planeta tendrán que focalizarse en la imperiosa necesidad de cambiar los estereotipos de vida consumistas, sobre todo en las naciones industrializadas. Es la sociedad del consumo la que está acelerando la desaparición de los ecosistemas y de la biodiversidad. En tanto los gobiernos continúen relativizando esta realidad, los grupos humanos menos informados y maltratados en sus derechos más elementales seguirán siendo los más perjudicados.

Notas
(1) Premio Salwan. Los mejores reportajes periodísticos sobre pueblos indígenas amazónicos. Sacadas de Vuelta en la Amazonía. Patricia Wiesse y Gerardo Saravia. Pag. 63. Lima, 2012.
(2) La Política Forestal y la Amazonía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad. Informe de la Defensoría del Pueblo. Lima, 2010.
Bibliografía
1. Documento del Programa Nacional Conjunto- Bolivia. ONU-REDD. Marzo, 2010.
2. Reseña temática para el financiamiento del clima: Financiamiento para REDD+. Washington, 2013. Documento del Climate Funds Update Heinrich Böll Stiftung North America.
3. Actualización semestral 2013 de progreso sobre logros del Fondo del Programa ONU-REDD. Ginebra, 2013.
4. Informe semestral de 2012 sobre el avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONUREDD. Brazzaville, 2012.
5. Una Docena de los Peores Proyectos Tipo-REDD. Afectando Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Informe del Grupo Carbon Trade Watch.
6. REDD+ en América Latina: Estado actual de las estrategias de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Santiago, 2014. José Eduardo Sanhueza y Mariana Antonissen.
7. Perspectivas de los Pueblos Indígenas de los Bosques Tropicales sobre Diversidad Forestal y Cambio Climático. Panamá, 2011. Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales.
8. Construyendo Redd+ Indígena. Adecuación Intercultural del Redd+ Perú a los Derechos Territoriales y Colectivos de los Pueblos Indígenas. Perú, 2011. AIDESEP.
9. Desarrollo Con Menos Carbono. Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático. Washington, 2009. Augusto de la Torre, Pablo Fajnzylber y John Nash.
10. El Mundo Indígena 2014. Copenhague, 2014. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA. Varios autores.
11. Premio Salwan. Los mejores reportajes periodísticos sobre pueblos indígenas amazónicos. Lima, 2013. “Sacadas de vuelta en la Amazonía”. Patricia Wiesse y Gerardo Saravia.
12. Despejando El Aire. Dejar atrás el comercio de carbono, en pos de soluciones verdaderas para el clima. Londres, 2010. Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
13. El estado de las negociaciones REDD. Puntos de consenso, opciones para seguir avanzando y necesidades de investigación para respaldar el proceso. Bogor, 2010. Louis Verchot y Elena Petkova.
14. Página web especializada en proyectos REDD. Plataforma REDD Desk. http://theredddesk.org/
*Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional. - Servindi http://servindi.org/ - Imagen: http://www.biodiversidadla.org

Operación ‘infernal’, calentamiento del planeta + más ozono, igual a menos alimentos


Muchos estudios han demostrado el potencial del cambio climático global para cortar los suministros de alimentos, pero, en su mayor parte, estas investigaciones han ignorado las interacciones entre el aumento de la temperatura y la contaminación del aire, específicamente la polución por ozono, que es conocida por dañar los cultivos.
Las interacciones entre el cambio climático y la contaminación del aire pueden tener un papel importante en frenar los suministros de alimentos.
Muchos estudios han demostrado el potencial del cambio climático global para cortar los suministros de alimentos, pero, en su mayor parte, estas investigaciones han ignorado las interacciones entre el aumento de la temperatura y la contaminación del aire, específicamente la polución por ozono, que es conocida por dañar los cultivos.
Un nuevo estudio con participación de investigadores del analizó en detalle la producción mundial de los cuatro principales cultivos alimenticios, arroz, trigo, maíz y soja, que representan más de la mitad de las calorías que consumen los seres humanos en todo el mundo. Se predice que los efectos pueden variar considerablemente de una región a otra y que algunos de los cultivos están mucho más fuertemente afectados por uno u otro factor.
Por ejemplo, el trigo es muy sensible a la exposición al ozono, mientras que el maíz resulta mucho más negativamente afectado por el calor, como señala este trabajo, realizado por Colette Heald, profesora asociada de Ingeniería Civil y Ambiental (CEE) en el MIT, el exbecario postdoctoral de CEE Amos Tai y Maria van Martin, de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos.
Heald explica que aunque se sabe que las temperaturas más altas y la contaminación por ozono pueden dañar las plantas y reducir los rendimientos de los cultivos, "nadie los ha analizado juntos". Aunque se debate ampliamente sobre el aumento de las temperaturas, el impacto de la calidad del aire en los cultivos está menos reconocido.
Los efectos tienden a variar ampliamente según la región, según predice el estudio, que se publica en 'Nature Climate Change'. En Estados Unidos, se espera que regulaciones más estrictas de la calidad del aire den lugar a una fuerte disminución de la contaminación por ozono, mitigando su impacto en los cultivos, pero en otras regiones, el resultado "dependerá de las políticas de contaminación del aire domésticas", destaca Heald. "Una limpieza de la calidad del aire podría mejorar el rendimiento de los cultivos", insiste.
UN 10 POR CIENTO MENOS PARA 2050
En general, con todos los demás factores estando iguales, el calentamiento puede reducir los rendimientos de los cultivos a nivel mundial en un 10 por ciento para el año 2050, tal y como revela este trabajo. Pero los efectos de la contaminación por ozono son más complejos, afectando más a fuertemente a algunos cultivos que a otros, lo que sugiere que las medidas de control de la contaminación podrían desempeñar un papel importante en los resultados.
La contaminación por ozono también puede ser difícil de identificar, plantea Heald, porque el daño que produce puede parecerse a otras enfermedades de las plantas, como manchas en las hojas y decoloración. Se espera que el mundo necesitará un 50 por ciento más de alimentos para el año 2050, según los autores del estudio, debido al crecimiento de la población y el cambio de las tendencias alimenticias en los países en desarrollo.
Por ello, cualquier disminución de los rendimientos se producirá en un contexto de una necesidad general de incrementar la producción de manera significativa a través de mejores selecciones de cultivos y métodos de cultivo, así como la expansión de las tierras agrícolas.
46 POR CIENTO DE DAÑOS EN LA SOJA POR EL OZONO
Aunque el calor y el ozono pueden perjudicar a las plantas cada uno de forma independiente, ambos factores también interactúan. Por ejemplo, temperaturas más cálidas aumentan significativamente la producción de ozono a partir de las reacciones en la luz del sol de compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno. Por estas interacciones, el equipo encontró que el 46 por ciento de los daños a los cultivos de soja que previamente habían sido atribuidos al calor son causado por el aumento del ozono.
En algunas situaciones, los investigadores vieron que las medidas de control de la contaminación podrían influir en las esperadas reducciones de los cultivos por el cambio climático. Por ejemplo, mientras que se preveé un descenso de un 15 por ciento en la producción mundial de alimentos, la reducción de emisiones proyectada en un escenario alternativo reduce esa caída al 9 por ciento.
La contaminación del aire es aún más decisiva en la desnutrición del mundo en desarrollo, hallaron los investigadores. Así, en el escenario más pesimista sobre la calidad del aire, la tasa de desnutrición podría aumentar del 18 al 27 por ciento en 2050, con un incremento de casi el 50 por ciento; y bajo el escenario más optimista, la tasa todavía se elevaría, pero esa subida se rebajaría casi a la mitad.
La producción agrícola es "muy sensible a la contaminación por ozono", sentencia Heald, quien agrega que estos hallazgos "demuestran lo importante que es pensar en las implicaciones agrarias de la normativa de calidad del aire". "El ozono es algo que cuyas causas y medidas para mejorar la calidad del aire todavía no entendemos", concluye.
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Sequía o inundaciones, la oscilante realidad del Caribe

Por Desmond Brown

Sometida a las impredecibles variaciones climáticas que impactan la disponibilidad y calidad del agua, la pequeña isla caribeña de Santa Lucía se esfuerza por crear resiliencia contra los problemas que aquejan al sector.
Paulette Bynoe, especializada en gestión de desastres, políticas de adaptación al cambio climático y gestión ambiental, dijo que la administración integrada de recursos hídricos es fundamental. “Hemos logrado avances creando conciencia entre profesionales y otros importantes actores sobre este asunto. Ese es el primer paso”, dijo a IPS. “En otros sectores también podemos tratar de coordinar, ya sea en agricultura o turismo. Es importante que seamos originales y dejemos de tener sectores para trabajar realmente juntos”, añadió.
A principios de este mes, Bynoe estuvo a cargo de un taller de tres días sobre Desastres Hidroclimáticos en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Santa Lucía. El mismo se realizó en el marco del proyecto de Reducción de Riesgos a Recursos Humanos y Naturales Derivados del Cambio Climático (RRACC), de la Organización de los Estados del Caribe Oriental.
Los participantes se informaron sobre los aspectos cl
ave de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y la reducción del riesgo de desastres, las implicaciones del cambio climático y la variabilidad de la gestión de recursos hídricos, la legislación y los requisitos institucionales a escala comunitaria ambas cuestiones, la economía de desastres y las respuestas de emergencia.
Rupert Lay, especialista en recursos hídricos de proyecto RRACC, dijo a IPS: “Lo que necesitamos hacer ahora y más adelante en la región es correlacionar directamente los efectos, los impactos económicos de las condiciones climáticas adversas con los recursos de agua”.
El 9 de este mes, la Compañía de Agua y Saneamiento de Santa Lucía (WASCO, en inglés) estableció un plan de emergencia en toda la isla por la sequía. De hecho, el gobierno describió la situación actual como “crisis de agua”.
El problema, que se originó en el norte de este país insular, se expandió a todo el país.
El director general de WASCO, Vincent Hippolyte, dijo que hubo suficientes lluvias para cubrir la demanda de los consumidores. En la última evaluación, el embalse estaba a 322 pies (poco más de 98 metros), cuando el nivel normal es de 333 pies (101,5 metros).
“A pesar de las lluvias y el verdor, las sequía existe porque los ríos no se mueve. No tienen el caudal que le permite a WASCO extraer suficiente agua para cubrir la demanda”, explicó.
El gobierno señaló que los especialistas pronosticaron que la sequía podría persistir hasta agosto. Bynoe observó que lo que ocurre en Santa Lucía y otras partes del Caribe es consistente con los pronósticos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el Grupo para el Modelado Climático, de la Universidad de las Indias Occidentales. Ambos grupos ofrecieron posibles escenarios para los pequeños estados insulares en desarrollo en relación con el cambio climático y cómo este fenómeno y la variabilidad climática pueden afectar a los recursos hídricos, puntualizó. “La cuestión es que en la región es altamente probable que tengamos escasez de agua, por lo que podemos tener sequías y, quizá, al mismo tiempo, cuando tenemos precipitaciones pueden ser muy intensas”, precisó Bynoe, quien además es directora de la Escuela de la Tierra y Ciencias Ambientales de la Universidad de Guyana. Los modelos muestran que puede haber tanto escasez como exceso de agua, ambos pueden causar graves problemas para el Caribe, apuntó. “Con demasiada agua podemos tener desbordes, sedimentación y contaminación de agua, lo que quiere decir que en países que dependen del líquido superficial, el tratamiento se vuelve fundamental, pero esto implica un costo porque es un proceso muy caro”, explicó. “Pero para tratar el agua se necesita mucha energía y este es uno de los sectores que más contribuye a la emisión de gases invernadero. Entonces puede ver dónde el cambio climático afecta al agua, pero al tratarla también puede contribuir al cambio climático”, precisó. Para Santa Lucía y sus vecinos, la falta de recursos económicos está entre los principales desafíos, remarcó Bynoe, cuando se trata de nuevas medidas mitigación y adaptación en relación con desastres hidroclimáticos. También mencionó la importancia del capital humano y remarcó la necesidad de tener personas capacitadas en áreas especiales para ayudar a modelar “porque para prepararnos tenemos que saber de qué se trata, cuál es la probabilidad de ocurrencia, qué camino podemos tomar para lograr lo que más nos beneficie”, observó. “Necesitamos el capital humano porque primero los gobiernos de la región deben colaborar para que las lecciones aprendidas en un país se puedan llevar a otros y replicar las buenas experiencias para no ser rehenes del mismo tipo de problemas”, prosiguió. “Pero también se necesita el capital social dentro del país en el que tratamos de garantizar la participación de todos los actores, es un proceso muy democrático porque no se trata solo de las autoridades. Cada persona, cada hogar debe desempeñar un papel en la adaptación; comienza con un hombre o una mujer frente al espejo”, añadió. En octubre de 2010, el huracán Tomas pasó muy cerca de Santa Lucía y dejó 14 personas muertas y los daños materiales ascendieron a millones de dólares. Tres años después, este país fue uno de los tres del Caribe Oriental que el 24 de diciembre de 2013 recibieron cientos de milímetros de agua que causaron la muerte de 13 personas.
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Alerta ante la posible desaparición inminente de una de las cuatro subespecies de chimpancés.

El pasado 25 de junio la ONU ya alertó en Nairobi, que la rápida explotación de los recursos naturales está poniendo en grave peligro a los grandes simios. Según los expertos reunidos, para el 2030 se habrá destruido el 90% del hábitat de los grandes simios en África y el 99% en Asia, donde los orangutanes y gibones están al borde de su desaparición.
Según los datos facilitados por el Limbe Wildlife Centre, un centro de rescate de chimpancés y animales de la selva y con el cual el Proyecto Gran Simio desde hace años colabora de forma intensa en Camerún, la subespecie del chimpancé de Nigeria -Camerún (Pan troglodytes ellioti). que comparte hábitat con el también muy amenazado Gorila de Rio Cross, se encuentran en límites de extinción con menos de 2.500 ejemplares y reduciéndose de forma alarmante.
El pasado 25 de junio la ONU ya alertó en Nairobi, que la rápida explotación de los recursos naturales está poniendo en grave peligro a los grandes simios. Según los expertos reunidos, para el 2030 se habrá destruido el 90% del hábitat de los grandes simios en África y el 99% en Asia, donde los orangutanes y gibones están al borde de su desaparición.
Los chimpancés de Nigeria – Camerún, se encuentran solamente en el área de Cross-Sanaga, al norte del río Sanaga, en el punto caliente de biodiversidad de los bosques guineanos de África occidental. En esta zona, según apunta Proyecto Gran Simio, viven 25 especies de primates. Es también uno de los sistemas forestales más amenazados del mundo, ya que sólo queda un 14,4% de su cobertura boscosa debido la tala comercial, la agricultura de tala y quema, las plantaciones de Palma de Aceite y la minería. Otro de sus graves problemas por las que atraviesa estas subespecies de chimpancé y Gorila, es por la caza para comida de su carne, tráfico de bebes, pérdida de su hábitat y por las enfermedades contagiadas por los humanos que igualmente comparten hábitat debido al crecimiento enorme de sus poblaciones que se ha quintuplicado en Nigeria y multiplicado por cuatro en Camerún desde 1950.
Además de todo ello y según apunta igualmente los responsables del Limbe Wildlife Centre, la fragmentación de sus poblaciones que se encuentran cortadas por campos de plantaciones y otras actividades humanas, limitan el paso y el contacto de las mismas, aislándolos en islas arbóreas, que poco a poco se van estrechando hasta hacerlos desaparecer.
“Desde hace años, venimos advirtiendo del peligro inminente de la desaparición de los grandes simios (chimpancés, gorilas, bonobos y orangurtanes), sin que internacionalmente hayan echo caso a nuestros llamadas desesperadas. Por desgracia, el tiempo nos está dando la razón y ahora los organismos internacionales anuncian que en 2030 habrá desaparecido la practica totalidad del habitat de los grandes simios. Sobre lo bonobos no tenemos censos fiables y me temo que a pesar de ser el último gran simio en descubrirse (1.929), sea uno de los primeros en desaparecer. La situación es caótica y la comunidad internacional y los gobiernos de los propios países donde aun subsisten los grandes simios, no hacen absolutamente nada por evitar esta gran pérdida para la humanidad”- ha declarado Pedro Pozas Terrados, Director Ejecutivo del Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España).
Pozas advierte que la Palma de Aceite está siendo el arma asesina de las selvas tropicales y de las comunidades y poblaciones indígenas. Un arma que está haciendo desaparecer los bosques primarios en Asia, África y América del Sur de una forma fulminante.
Proyecto Gran Simio y Limbe Wildlife Centre, hacen un nuevo llamamiento mundial a las naciones para evitar que los grandes simios y muchas otras especies desaparezcan. Advierten que esta gran pérdida de biodiversidad ocasionada por el hombre es como un bumerang que se volverá irremediablemente contra los seres humanos.
Fuente: ecoticias.com