martes, 6 de octubre de 2015

Argentina: La megaminería, nuevamente en entredicho


Horacio Cardo

En el imaginario ambiental de nuestro país circulan palabras que han adquirido un significado tenebroso, como uranio, glifosato o cianuro. Aun cuando existe un debate sobre las características de cada uno de esos términos, seguramente cianuro es el que más rechazo genera. Es por eso que la noticia de que en el yacimiento minero de Veladero, manejado por la empresa minera canadiense Barrick, se había producido un derrame de un líquido que lo contenía captó inmediatamente el interés del público. 

La minería a gran escala -“megaminería”- se viene desarrollando en Argentina desde mediados de los ´90 y se han concretado ocho emprendimientos, uno de los cuales, la Alumbrera, en pocos años terminará su ciclo productivo. Esta actividad ha generado una serie de problemas, básicamente por la poca transparencia en lo que se refiere a sus potenciales impactos ambientales, económicos y sociales. Y esto se hace más grave si consideramos que la minería, si bien tiene una localización precisa en el territorio, parte de decisiones nacionales y provinciales que usualmente no consideran la opinión de la población local o, si lo hacen, es en base a consultas no vinculantes.
Esta situación y la falta de información confiable, han producido en muchos casos la oposición de la sociedad local. A la fecha por lo menos cuatro grandes proyectos de inversión han sido detenidos por la acción de este tipo de movimientos sociales.
Es en este contexto que se produce el incidente en Veladero, un yacimiento ubicado en la alta cordillera de San Juan. Desde un principio esta provincia se declaró abiertamente prominera y los incipientes movimientos de oposición no pudieron desarrollarse, en buena medida porque los yacimientos en actividad (son actualmente tres) se encuentran muy alejados de los centros poblados y hasta el momento no habían generado mayores problemas ambientales. Sin embargo, se ubican en las cabeceras de los ríos que terminan en las áreas de riego y los centros poblados, por lo que la contaminación de los mismos es preocupante. Ya Barrick había sido el centro del ataque de diferentes movimientos ambientalistas por su posible acción sobre área glaciarias y peri glaciarias. Por otra parte, la misma empresa tiene paradas sus actividades en Chile desde hace un año por decisión del gobierno por problemas de contaminación. Por todo eso la noticia del derrame de líquido cianurado es de especial interés, y en este caso el tema de la información se mezcla con el accionar de los diversos actores e intereses en juego. Un primer tema, que pone en duda el resto del proceso, es que la minera comunica finalmente que el volumen del derrame no era como había informado al principio de 200.000 litros, sino de un millón. Esta cifra es en sí misma alarmante si consideramos que el derrame se produce sobre un arroyo que en esta época tiene un caudal que no llega al metro cúbico por segundo.
Al tomar el problema estado público, comienzan a actuar los usuales mecanismos de oscurecimiento y negación por parte de los interesados. El ministro de minería de San Juan, por ejemplo, habla de un “pequeño derrame” y el Colegio de Ingenieros en Minas saca una apresurada solicitada diciendo que en realidad el derrame no implica peligro alguno. Pero al mismo tiempo la Provincia comienza a distribuir agua embotellada entre la población cercana al río presuntamente contaminado y la justicia interviene cerrando parte del proceso de producción de la mina por un mes.
En pocos días esta medida es revertida, mientras se producen acusaciones de los fiscales provinciales y nacionales dirigidas a identificar los responsables. Por su parte, las autoridades en ambos niveles, abiertamente defensoras de la actividad minera, guardan silencio o hacen grandilocuentes declaraciones intrascendentes. Al mismo tiempo se producen manifestaciones en varias ciudades de la provincia solicitando que se tomen medidas para evitar la contaminación del agua y los movimientos ambientalistas contrarios a la megaminería ver reforzados sus reclamos.
A riesgo de que el tema se diluya en el tiempo, la sociedad espera vanamente que se produzca alguna solicitada aclaratoria por parte de, por ejemplo, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Secretaría de Minería, el gobierno de San Juan o de la propia empresa. Esta incapacidad para informar con claridad a la población sobre un evidente caso de contaminación, explicar cuál es su verdadera magnitud y que acciones de control se tomarán para prevenirlo, reabre una serie de interrogantes sobre el futuro de la minería tanto en San Juan como en el resto del país y refuerza la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad sobre esta actividad tan problemática.

* Carlos Reboratti es geógrafo UBA-CONICET - Fuente: iEco.com