lunes, 2 de noviembre de 2015

Argentina-Neuquén: El juicio de las piedras


Tres mapuches en el banquillo, en Neuquén. Por primera vez en América Latina, los juzga un jurado donde también hay seis mapuches.

Esta es la historia de un montón de piedras que terminaron en un juicio histórico.
La pedrada fue en diciembre de 2012 y el juicio está ahora en pleno desarrollo en Zapala, Neuquén. Bajo el vuelo de esas piedras hay una disputa entre empresas petroleras y una comunidad mapuche. El interés de un Nobel de la Paz y un cartel exhibido en el Obelisco, incomprensible para los automovilistas porteños. Y una nena que se para al lado de un policía, allá en la estepa patagónica, y le dice su consigna ancestral: “Andate de mi tierra”.
Hay que rebobinar al 28 de diciembre de 2012, último día hábil de aquel año. Minutos antes de que comenzara la feria judicial, una jueza dictó una medida cautelar para que la petrolera estadounidense Apache Corporation ingresara, “de ser necesario con la policía”, al territorio que reclama como propio la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala.
Una caravana de camionetas, policías y guardias de seguridad privada de la petrolera enfilaron entonces hacia el lugar indicado, acompañados de una topadora.
La comunidad estaba particularmente sensible. El día anterior había enterrado a una bebita mapuche que había nacido con problemas. Entre ellos comentaban que la chiquita no pudo sobrevivir porque la contaminación de un derrame de crudo en la tierra había afectado a su mamá durante el embarazo.
El frente frío de camionetas y topadoras avanzaba entonces sobre el frente caliente de una comunidad dolida, impotente. Presagio de tormenta.
En la comitiva visitante iba la oficial de Justicia Verónica Pelayes, que entregó la cédula judicial y ordenó el avance de la topadora sobre los alambres y la tranquera que la comunidad había puesto sobre el territorio. La petrolera argumentaba que les había quedado un pozo sin explotar en esa área que le había concesionado el Estado, y que no podían acceder a él porque la comunidad se los impedía.
Los mapuches sostenían que la petrolera se les metió de prepo durante una “veranada”, cuando la comunidad se había trasladado temporariamente. Hasta que en 2012, tras varios episodios de denuncias sobre derrame de crudo en las tierras, le cerraron el paso a la empresa.
En cuanto la topadora derribó el primer alambrado, una lluvia de piedras empezó a caer sobre la máquina y los vehículos de la comitiva oficial. Una de las piedras rompió el parabrisas de un auto y dio de lleno en la cara de la oficial Pelayes. Le rompió el tabique nasal.
Todos se fueron y algunos días más tarde acusaron por el ataque a los mapuches Mauricio Rain, Martín Maliqueo y Relmu Ñamku, una mujer referente de su comunidad. Ella fue identificada por Pelayes como la que arrojó la piedra contra su auto. Los hombres fueron acusados por “daños”. La mujer tuvo la misma imputación al principio, pero luego le fue cambiada por la gravísima “tentativa de homicidio”, una figura por la que podría ser condenada hasta a 15 años de prisión.
Los policías Gonzalo Salinas y Santiago Coria recordaron esta semana, durante la primera audiencia del juicio, que la oficial del poder judicial “era presionada por sus superiores por teléfono y al mismo tiempo por el abogado de la empresa, que estaba en el lugar”. Dijeron que la gente les gritaba “fuera de nuestra tierra” mientras les tiraban piedras “a los vehículos” y no a las personas. Por eso la defensa de la mujer imputada sostiene que de ninguna manera se la puede acusar de intento de homicidio. “Una piedra arrojada sobre un auto no tiene ninguna intención de matar a nadie”, sostiene su abogado, Darío Kosovsky.
Entre apelaciones cruzadas, el caso llegó a juicio con una particularidad: es la primera vez en toda América Latina que se forma un “jurado intercultural” para juzgar a los acusados: seis de los doce miembros del jurado son de la comunidad mapuche.
Esto es así por el nuevo código procesal penal de Neuquén, que contempla expresamente: “El jurado deberá quedar integrado por hombres y mujeres en partes iguales. Se tratará de que, como mínimo, la mitad del jurado pertenezca al mismo entorno social y cultural del imputado...”.
Todo el juicio tiene traducción simultánea en mapuzungun, la lengua originaria mapuche. La traducción es para garantizar que los imputados comprendan perfectamente la acusación, y además para asegurar la “oralidad” del proceso, porque entre el público hay miembros de la comunidad y la justicia debe garantizar que todos comprendan perfectamente lo que se dice en la sala.
Las audiencias empezaron el lunes en Zapala, en una carpa especial instalada en el patio de los tribunales. Dos docenas de policías controlaban celosamente el ingreso al lugar, y en las cuadras adyacentes se pusieron vallas para cortar el tránsito. Cerca de allí instaló otra carpa la comunidad mapuche, en solidaridad con los acusados.
La fiscal del juicio, Sandra González Taboada, es la misma que había archivado una causa por un misterioso ataque contra la comunidad en abril de 2012. Ella explicó los hechos al jurado. Dijo que la oficial Pelayes fue presionada por sus superiores para ir a notificar a la comunidad mapuche de permitir el paso a las máquinas de la petrolera, que fue insultada y que cuando se iba del lugar –acompañada por su hijo de 18 años– recibió pedradas sobre su vehículo. Y agregó: Carol Soae (el otro nombre de Relmu Ñamku) “se acercó a la ventanilla y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo lesiones gravísimas en el rostro a Pelayes”. El abogado de la víctima, Julián Alvarez, compartió esa visión de los hechos.
Para el defensor, “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraron piedras, pero no con la intención de lastimar”, dijo. “Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron las cosas. Esta comunidad sufre todos los días por los derrames y las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”, argumentó ante el jurado popular.
La empresa Apache ya no existe. Fue adquirida por Yacimientos del Sur, y ésta por YPF. Es la petrolera del Estado la que ahora tiene los pozos en las tierras reclamadas como propias por los mapuches. Y el Estado el que los lleva a juicio.
El caso llamó la atención del Servicio de Paz y Justicia que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Este pidió a los jueces constituirse como “amigo del tribunal” para aportar información sobre las tierras en disputa y los derrames de petróleo que contaminan a la comunidad mapuche, pero su iniciativa fue rechazada. El tribunal consideró que la imparcialidad y las garantías del proceso se veían reforzadas con la inclusión de seis mapuches en el jurado.
La situación buscó llamar la atención del corazón porteño el mes pasado, aunque desde el otro lado. Frente al Obelisco colgaba una pancarta que decía: “Verónica Pelayes es víctima del terrorismo mapuche”.
Relmu, la principal acusada, explica de dónde salió: “Hay un foro antimapuche que se llama De defensa de la Patagonia. La xenofobia nos da miedo porque sabemos cómo se mueven”.
Para ella, “Verónica Pelayes es una empleada judicial que nosotros también consideramos víctima de un conflicto generado por el Estado. Las petroleras han significado contaminación de la tierra, el agua y el aire con terribles consecuencias para la comunidad”. Y argumenta que, cuando entró la topadora aquella tarde, “casi arrolla a Maira, una de las jóvenes de nuestro grupo, y por eso nos defendimos con piedras”.
Mientras el juicio avanza, hay problemas con las pruebas. La querella iba a exhibir las piedras que quedaron en el auto atacado de la oficial de justicia, pero nadie las encontró. Mostraron, en cambio, un conjunto de piedras de diverso tamaño recogidas en el lugar de los hechos nueve meses después del incidente. El sitio es un camino pedregoso, con miles de rocas como las que se mostraron al tribunal y al jurado.
Durante la semana, además, ningún policía de los que participaron aquella vez identificó a Relmu como a la autora de la pedrada que hirió a Pelayes. Por el lado de la petrolera, tres empleados declararon que era el abogado de la empresa el que comandaba el operativo y quien le insistía a Pelayes para que se metieran al predio.
Otro operario del área de “Seguridad e Higiene” reconoció los hechos de contaminación. Primero dijo no recordar las denuncias de la comunidad, pero le mostraron un acta con su firma y aceptó los derrames.
El martes habrá sentencia. El jurado elegirá entre culpables o no culpables. Y el juicio de las piedras ya no tratará sobre una nariz rota. Será la plataforma para ver cómo sigue la pulseada entre mapuches y empresas por la perforación del suelo en disputa. Una tierra donde abundan el petróleo, y las piedras.
Fuente: clarin.com