jueves, 30 de abril de 2015

Alerta roja en Chile: el volcán Calbuco entró en erupción por tercera vez



Las autoridades informaron que se registra un "nuevo pulso eruptivo" desde pasado el mediodía con desplazamiento de ceniza hacia el sureste; nuevamente, evacúan una zona de 20 kilómetros a la redonda

SANTIAGO, Chile.- El volcán Calbuco , registra su tercera erupción en ocho días desde pasado este mediodía y la alerta roja vuelve a regir sobre el sur de Chile, informaron las autoridades locales.
"Tal como se proyectó, ha llegado el tercer pulso eruptivo en volcán Calbuco. Alerta Roja", indicó el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), en su cuenta de Twitter, y una semana después de haber registrado dos sorpresivas y potentes erupciones.Pasado el mediodía, el cráter del Calbuco expulsaba una enorme columna de humo y ceniza, que se dirigía hacia el sureste, provocando una nueva evacuación de las personas dentro de la zona de exclusión de 20 km alrededor del volcán, decretada tras la primera erupción el miércoles pasado.
"Se ha ordenado en el mismo perímetro de 20 km que hemos mantenido con restricciones la evacuación", dijo Nofad Abud, gobernador de la región de Los Lagos, 1.300 km al sur de Santiago, al canal de noticias 24 horas.
Más de 6000 personas habían sido evacuadas a localidades como Puerto Montt y Puerto Varas, tras las primeras erupciones.
Dentro de la zona de exclusión, se realizaban las tareas de limpieza y reconstrucción en las localidades circundantes al Calbuco, principalmente Ensenada, un pequeño villorrio de unos 1.500 habitantes que fue el más afectado.
Tras la segunda erupción registrada el jueves en la madrugada, de gran violencia con material piroplástico y rayos, la actividad del Calbuco había disminuido, aunque mantenía la pluma de humo y ceniza que se dirigió hacia el norte de Chile, Argentina y Uruguay.
En las dos primeras erupciones, el Calbuco lanzó unos 210 millones de metros cúbicos de cenizas. El 22 de abril después de las 18, el Calbuco entró erupción por primera vez en 43 años.
Emergencia en Bariloche
La tercera erupción del volcán Calbuco motivó que el Comité de Emergencia de Bariloche que el martes había ingresado en "guardia pasiva", vuelva a convocarse para las 15:30 para analizar la situación aunque la dirección del viento desde Chile arrastra las cenizas hacia el sudeste, en dirección a El Bolsón, a unos 120 kilómetros al sur de Bariloche.
Hoy se presenta un día soleado, sin viento y con escasa ceniza en suspensión en las calles de Bariloche. Estas condiciones permitieron el aterrizaje de 4 vuelos en el aeropuerto local y a las 14:15 estaba en zona un quinto vuelo próximo a aterrizar.

Agencias AFP, EFE y actualización de Soledad Maradona.

Triunfo ambientalista en Chile: Rechazan uso de tronaduras para extraer carbón en mina de grupo Angelini



Integrantes del movimiento Alerta Isla Riesco celebraron la decisión de 
la autoridad ambiental, aunque dijeron que aún no entienden cómo es posible 
que no se exija a la compañía hacer las cosas como corresponde.

Los activistas de Alerta Isla Riesco están contentos por un nuevo triunfo del movimiento ambientalista en la Región de Magallanes. Esto, porque a la empresa Mina Invierno, que opera una megamina de carbón a tajo abierto en la isla Riesco, le fue rechazada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para extraer el mineral mediante la labor de tronaduras, cuyo proceso consiste en la fragmentación instantánea que se produce en la roca por efecto de la detonación de explosivos depositados en su interior.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue el que expresó la negativa “por carecer de información relevante para ser evaluada”. Sin embargo, uno de los puntos que destaca el movimiento ecologista es que en mayo de 2014, la minera, de propiedad de COPEC y Ultramar, dijo públicamente que usaría tronaduras. Por ello presentó una ‘solicitud de pertinencia’ con el objetivo de obtener luz verde para realizar las explosiones, cuyas detonaciones nunca fueron ingresadas al Sistema de Evaluación Ambiental. Qué significa esto: que el proceso de las tronaduras no pasó por una Resolución de Calificación Ambiental, que es el documento que emana desde el SEA una vez culminado el proceso de evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y que entre otras cosas, establece si éste ha sido aprobado, rechazado o aprobado con condiciones. En palabras de Alerta Isla Riesco, esto implicó que “sus impactos no habían sido evaluados en el Estudio de Impacto Ambiental, pues en reiteradas ocasiones la empresa negó ante la autoridad y la ciudadanía que emplearía tronaduras como parte de su proceso extractivo”.
Ante este hecho, el movimiento ecologista inició un intenso trabajo para pedir los impactos socio-ambientales sobre el uso de explosivos a gran escala para que fueran evaluados por la autoridad ambiental. No obstante, el SEA negó la solicitud de pertinencia elevada por los grupos Angelini y Von Appen, dueños de la minera, por lo que el SEA exigió el ingreso del proyecto a evaluación.
Luego, en marzo de este año, la minera ingresó una DIA. Con esto la compañía buscaba soslayar la ejecución de un EIA y además la participación ciudadana. “Ante esto, Alerta Isla Riesco y más de 20 personas naturales (comuneros, científicos y ciudadanía en general) en conjunto con las organizaciones FIMA, Fundación Yendegaia y Chile Sustentable, solicitaron abrir un proceso de participación ciudadana, de manera de estar preparados ante la posibilidad de que el DIA fuera aceptado por la autoridad”, dicen desde Alerta Isla Riesco.
Respecto de la evaluación de la DIA, cuatro organismos públicos se manifestaron a favor: Sernapesca, CONAF, Municipio de Río Verde y la Dirección de Obras Hidráulicas; tres se abstuvieron de evaluar: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Seremi de Energía y Seremi de Bienes Nacionales; y nueve hicieron observaciones al proyecto, porque no se podía evaluar con los antecedentes presentados por Mina Invierno. Estos fueron: SERNATUR, CONADI, Dirección General de Aguas, SAG, Seremis de Transporte y Telecomunicaciones, Medio Ambiente, Geología y Minería, Salud y Agricultura.
Finalmente, ayer 28 de abril, el SEA de Magallanes rechazó la DIA de la firma de capitales chilenos por “carecer de información relevante para ser evaluada”. Entre otras cosas, indican desde Alerta Isla Riesco, porque los servicios del Estado destacan que: a) el análisis de dispersión y depositación de material particulado (MP) se encuentra subestimado, porque no existe evaluación sinérgica de las otras fuentes de emisión y no presenta un modelo de dispersión, b) para al impacto acústico no se determinó el área de influencia del proyecto y tampoco consideró los efectos sinérgicos de otras fuentes emisoras, debiéndose considerar en su peor escenario, c) el proyecto no acompaña antecedentes del componente fauna, por lo que no es posible analizar y descartar el nivel de afectación sobre especies en distintos grados de conservación, d) el titular no reconoce, y en consecuencia no describe en términos generales la presencia de grupos humanos en el área de influencia del proyecto, e) no existe informe consolidado sobre estudios realizados en la zona en referencia a la arqueología o asentamiento de grupos humanos, siendo una zona de alta concentración de sitios arqueológicos y de confluencia de los pueblos Kawésqar y Tehuelche, y por último, f) el proyecto no contempla la suma de los impactos provocados por la modificación del proyecto con RCA vigente, por nombrar los temas más relevantes observados.
“La ausencia de este tipo de información, que es vital para analizar el uso de tronaduras de parte de Mina Invierno, manifiesta no sólo la falta de seriedad y profundidad con que la empresa analizó los posibles impactos, si no el poco respecto que la misma demuestra por el resguardo del medio ambiente y la comunidad que le rodea”, dijo el movimiento ambientalista en una declaración pública.
No obstante, Alerta Isla Riesco, aclaró que “nos parece preocupante que la misma resolución deje abierta la posibilidad que, una vez subsanada la ausencia de información y precisión de múltiples competentes afectados, Mina Invierno pueda nuevamente entrar al sistema de evaluación ambiental bajo la categoría de Declaración de Impacto Ambiental. A nuestro juicio y de manera de ser categóricos creemos que la autoridad debió haber indicado claramente en su resolución que, el proyecto para usar tronaduras en Isla Riesco debe entrar bajo un Estudio de Impacto Ambiental, ya que como ha quedado en evidencia, requiere de un análisis en profundidad, tanto de parte de la empresa proponente, organismos evaluadores del Estado, como así también para respetar el derecho de una participación ciudadana amplia y con mayores plazos para generar sus aprensiones y observaciones, derechos que no son parte del sistema, si Mina Invierno decidiera nuevamente entrar bajo DIA”.
“Ante estos hechos declaramos nuestra satisfacción ante una decisión que se auguraba obvia y necesaria, sin embargo no entendemos cómo es posible que dado los antecedentes que hoy se tienen, no se exija a Mina Invierno hacer las cosas como corresponde, de modo de SEÑALAR UN CAMINO PLENO DE RIGUROSIDAD, IMPECABILIDAD Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, respetando los derechos del resto de la sociedad. Si Mina Invierno insiste en re-ingresar su proyecto sólo declarando sus impactos ambientales, Alerta Isla Riesco seguirá trabajando en la necesidad de a lo menos lograr un Estudio de Impacto Ambiental”, puntualizaron.
EL PROYECTO, EL HUEMUL Y EL CÓNDOR
La mina está ubicada dentro de la Estancia Invierno y en ella explotan desde 2013, a tajo abierto (como en la mina de Chuquicamata), 72 millones de toneladas de carbón sub-bituminoso. Esto, día y noche por 12 años, según informa la empresa en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El objetivo: “Abastecer de carbón a termoeléctricas existentes o que serán construidas en Chile, o bien ser exportado a mercados internacionales” en barcos cargueros que llegarán a la cuarta isla más extensa del país (500 mil hectáreas), inserta en la comuna de Río Verde.
La iniciativa minera, en la que tendría participación Sebastián Piñera, ha sido severamente cuestionada con argumentos desde variados frentes como el climatológico, hídrico, social y turístico, entre otros, ya que el carbón ha causado más daños generalizados para nuestra salud y el medio ambiente que cualquier otra fuente de energía. Los magallánicos alegan que se trata de un proyecto débil que sólo busca enriquecer a sus dueños y que pondrá en peligro, por la contaminación que generará, a especies como la orca, la ballena jorobada y cuatro especies de delfines: el austral, el chileno, nariz de botella y la tunina overa. Además de aves como el albatros de ceja negra, petrel gigante, gaviotín sudamericano y el pingüino de Magallanes. Pero, también peligra el huemul y el cóndor, ya que es la única isla en que habitan juntas las dos especies.
El huemul fue bautizado así por los mapuche y es una especie autóctona de Argentina y Chile. Su imagen fue incorporada en 1883 al escudo nacional, y en 1993 fue declarado en peligro de extinción. En el ámbito científico, las investigaciones del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa), establecen que la isla Riesco es “una de las pocas islas en que habita”. Se estima que hay unos 1.500 en Chile.
Los ambientalistas sostienen que la línea de base del proyecto, aparte de ser pobre, no considera al huemul porque los muestreos no detectaron la presencia del animal. Aunque la empresa sabe que existe en la isla, hizo caso omiso de los avistamientos de los lugareños. Además, los expertos aseguran que la selección de la muestra se realizó en zonas de fácil acceso, y lugares poco intervenidos no se consideraron.
El biólogo especialista en vida silvestre magallánica, Alejandro Kusch, señala que hay que realizar un trabajo exhaustivo para detectarlo. “Es muy fácil no verlo. Para buscarlo hay que dedicarle muchas horas de terreno. Lo más probable es que haya huemules en las partes altas con bosque. Pero para la empresa esas zonas representan territorios con impacto indirecto del proyecto, por lo que no hicieron el esfuerzo necesario”.
Por su parte, el ingeniero forestal Luis Otero, integrante del Centro de Estudios Ambientales (Ceam) de la Universidad Austral, aclaró que la empresa estipula en el EIA que no hay huemul en la zona. “Pero resulta que los ganaderos lo han visto varias veces. Incluso se mete dentro de los piños del ganado. Otros lo han cazado y tenían la cornamenta, por lo que hay evidencia. Además, hay mapas especializados que consideran a isla Riesco como área de huemules”.
Kusch expresó que la compañía de Angelini optimizó los recursos tanto en dinero como en horas hombre y que faltó arrojo en la investigación. “Sé que en invierno (de 2010) ellos ubicaron cámaras fotográficas con sensor de movimiento para captar especies y no registraron huemul. Pero eso no significa que no haya”.
El biólogo explicó que el huemul peligra, porque no existirá un corredor biológico, por efecto del trabajo en la minera, que genere continuidad en el tránsito del cérvido. “Hay que generar un estudio específico con mucha gente que busque rastros, huellas. Mientras eso no suceda no se va a saber para dónde se mueve”, agrega.
Respecto del cóndor no hay investigaciones que determinen el número, aunque su situación en Magallanes es tan inquietante como la del huemul. El biólogo y especialista en vida silvestre, Jürgen Rottman, señaló que la población del ave heráldica “es más reducida que la del huemul. No sólo habitan pequeñas superficies inalcanzables para la mayoría de nosotros, sino recorren cada día distancias más largas” para comer. Resulta que en el cerro Palomares, situado a 8 kilómetros de la isla Riesco, a un costado de la ribera oriente del canal Fitz Roy que divide la isla del continente, vive una gran colonia de cóndores que habita cuevas naturales que le sirven de nidos. Esa montaña es el único centro de nidificación ubicado a nivel del mar conocido en Chile. A escasos metros pasa la Ruta Y-50, la vía para llegar a Isla Riesco, y es un hecho que el tránsito vehicular aumentará considerablemente producto de la faena minera, lo que resultará en impactos irreversibles en la población de cóndores, según los expertos.
Kusch estudió por cuatro años las poblaciones de cóndores en el cerro Palomares. Revela que en la Patagonia argentina, científicos determinaron que, por aumento del tránsito vehicular (autos, no camiones), se generó un impacto en la cantidad de cóndores que usaban normalmente un posadero. “Es decir que a mayor tráfico, podemos esperar que cada vez sean menos los que usen el lugar. Esto tiene un carácter crítico, porque estas aves necesitan paredes de roca con cierta orientación al sol y al viento. Estos lugares no se encuentran al azar y los que son óptimos para ellos, generalmente, están ocupados. Esto implica que habrá cóndores que se estresarán y van a buscar otros lugares, por lo que tendrán que desplazarse por más tiempo y gastar más energía para alimentarse”.
El experto puntuaizó que se le solicitó a la empresa valorizar ese impacto y que aplicara un sistema de monitoreo por el tráfico de camiones: “La respuesta fue ambigua, porque decían que un animal que se puede mover muchos kilómetros para consumir alimento no será afectado. El tema no es la distancia que vuela para alimentarse, sino que los lugares que usa para descansar son escasos”.

El Ciudadano
Por M.S.

Argentina/La Rioja: No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio


Ante la denuncia de la minera MIDAIS SH (que opera en Angulo- Dpto. Famatina) a vecinos e integrantes de las asambleas, entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta y la autodeterminación de los pueblos, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si estos derechos nos faltan, todos los demás derechos están en riesgo.

Declaración de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, 
Asamblea El Retamo de Nonogasta, Vecinos por la Vida de Campanas, 
Asamblea Riojana Capital, Asamblea de los Llanos por la Vida

Las mineras roban, contaminan y matan, nosotros defendemos nuestra vida, agua y cerros y el Estado nos criminaliza.
Una vez más, denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta social, presentando ante la sociedad a la lucha por nuestros derechos, como delitos. Y a los luchadores, como delincuentes.
De esta manera el gobierno pone en marcha dispositivos institucionales que deberían estar al servicio del pueblo, como a la policía y a la justicia, para proteger a las empresas explotadoras de las personas y la naturaleza, reprimiendo, deteniendo y judicializando a los obreros y vecinos que defienden los legítimos derechos a tener un trabajo digno y un ambiente sano. Como ocurre con los obreros de la empresa aceitera AMURAI en Vichigasta y con pobladores de los pueblos de Famatina y Chilecito.
La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar y desarticular a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades, cuestionando la miseria y la opresión, en un claro acto de disciplinamiento, imponiendo el poder antidemocrático de la fuerza y la dominación social.
Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través del espionaje y la persecución penal de sus integrantes y el encarcelamiento utilizado como "castigo ejemplificador" para frenar el conflicto acallando y domesticando las disidencias. Corriendo el eje de la injusticia denunciada hasta plantear que lo que está sucediendo es un "delito", una "amenaza para el orden legal", una "violación a la ley", deslegitimando la lucha.
Para conseguir sus fines se están utilizando estrategias tales como: crear causas con mentiras, falsas denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera MIDAIS, en complicidad con un aparato policial y judicial que rápidamente actúa incriminando a vecinos sin contar con las pruebas que acrediten la denuncia.
Esta operación política utiliza los medios de comunicación amigos del poder para desparramar la mentira con el claro objetivo de generar malestar social contra los luchadores.
El aparato del Estado en su conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos vayan allanado su camino hacia una creciente privatización y mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas. En nombre del 'desarrollo' y la 'generación de empleo', el territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las legítimas reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de la tierra y las fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos de una virulencia creciente.
Desde hace 8 años venimos denunciando la violación a los derechos de los pueblos con metodologías que van desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se desarrollan entre las organizaciones movilizadas en puebladas como lo es en nuestro territorio en contra de la minería.
Afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los ciudadanos sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado del gobierno de Beder Herrera, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.
Los últimos acontecimientos ocurridos tanto en la lucha obrera que vienen manteniendo los compañeros de la empresa aceitera AMURAI como con nosotros , los vecinos de los pueblo de Famatina y Chilecito, que se suman a otras tantas luchas, ponen de manifiesto un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se viene repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados en torno a los derechos laborales y territoriales: la criminalización, represión y judicialización de la protesta social.
Denunciamos que existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de los ciudadanos y aumentando la militarización de la zona pretendiendo generar miedo en los pobladores.
Responsabilizamos al gobierno provincial del sistemático ejercicio de la de violencia institucional que nos llevan al hartazgo popular quebrando los límites de la tolerancia y alimentando una escalada de reacciones que puede terminar en el desborde total de la situación con saldos aún más dolorosos.
No propiciamos ni acordamos el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas condenas genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las responsabilidades de sus provocadores. Por el contrario, condenamos el uso de la violencia institucional y señalamos a las máximas autoridades del gobierno como sus principales responsables.
Condenamos en particular el uso del aparato legal-represivo del estado para 'brindar 'protección y seguridad jurídica' a las empresas, aún en contra de la desprotección y la vulneración de los más elementales derechos y garantías constitucionales de nuestras propias poblaciones.
Saludamos nuestras reivindicaciones como una legítima defensa de los derechos y las condiciones básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos.
Convocamos la población en general a adherir y sumar esfuerzos en defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos y por la construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida digna y sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.
Por último, renovamos nuestra decisión de no permitir la minería de ningún tipo en nuestra provincia anteponiendo un perfil agrario y turístico a baja escala con apoyo a las economías sociales y solidarias en la región.
No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio
Frente al miedo que nos intentan imponer, nosotros nos fortalecemos y unimos. Seguimos defendiendo nuestra vida, nuestra agua y nuestros cerros. Seguimos defendiendo la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la protesta y la libertad de expresión como pilares de una democracia real.
Resistimos a las injusticias y abusos de poder que impiden el desarrollo democrático de los pueblos y la participación activa en defensa de nuestros derechos fundamentales. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan sus derechos por una sociedad más justa, equitativa y sustentable.
"La mejor forma de expresión del enojo es cuando te indignas por algo que te parece indignante. Uno tiene que elegir cotidianamente de qué lado está: DEL LADO DE LOS INDIGNOS O DE LOS INDIGNADOS" –Eduardo Galeano-
¡Gane quien gane, aquí no habrá minería!

En el Valle del Famatina, a los 27 días del mes de Abril de 2015 Fuente: noalamina.org
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Argentina/Esquel: Eran mentiras nomás

El Fiscal Fernando Rivarola confirmó a un medio radial de Esquel que -luego de recibir los testimonios del intendente Williams y del Jefe de la Unidad Regional de la policía de Chubut- dispuso el archivo de las actuaciones por supuestas amenazas hacia el intendente de la ciudad, porque "no se me ha brindado ningún dato concreto de cuáles podrían haber sido las amenazas, ni por qué medio, ni qué persona sería su autor".
Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA

Recordemos que, utilizando el argumento de supuestas amenazas contra su persona y de incidentes en el acto aniversario de la ciudad de Esquel, el intendente Williams anunció a minutos de su inicio que el tradicional desfile popular se cancelaba. La suspensión  indudablemente causó sorpresa y desagrado en el conjunto de la comunidad.
Ante ello, el 3 de marzo pasado, un grupo de vecinos se presentaron ante la Fiscalía local para demandar una investigación por sentirse agraviados y acusados falsamente por el intendente. 
La investigación fiscal confirma, entonces, que ni el intendente ni el Jefe de Unidad Regional aportaron prueba alguna que sostenga sus afirmaciones. Manifestó Rivarola, que tampoco ninguna otra persona se acercó a la fiscalía para aportar datos. 
Los motivos que dan conclusión a la investigación de la fiscalía ponen de manifiesto la falsedad de las declaraciones públicas de ambos funcionarios.
Asimismo, Rivarola ordenó el archivo de la investigación por inclumplimiento de los deberes de funcionario público porque "no existiendo amenaza concreta no hay obligación para denunicar y tampoco hay un término legal para que funcionario tenga que denunciarlo".

México: El ejido Ovando, en Chiapas, se declara libre de minería


Los ejidatarios, avencindados y pobladores del ejido Ovando Turquía resolvieron en asamblea del 8 de marzo pasado que "todos y cada uno de nuestros habitantes se dio su opinión llegando a la conclusión de que no se dejará abrir ninguna mina en nuestro ejido."
En el Ejido Ovando Turquía, Municipio de Escuintla, Chiapas; siendo las 4:00 de la tarde del día 08 de marzo del 2015, reunidos los ejidatarios, avencindados y pobladores del mismo ejido, para tratar asuntos relacionados con las minas.
Tomando la palabra la juez C. FLORILIA CRUZ GONZALEZ, da a conocer las causas y consecuencias la apertura de mina cerca en nuestro ejido, ya que contamina el mediof ambiente y nuestra salud. Por lo que todos y cada uno de nuestros habitantes se dio su opinión llegando a la conclusión de que no se dejará abrir ninguna mina en nuestro ejido.
Por lo que se acordó hacerle saber a las autoridades correspondientes que ningún momento se dejará aperturar por ningún motivo ninguna mina.
No habiendo que tratar se da por terminanda la presente acta, en el mismo día y fecha de su inicio.
Atentamente
C. FLORILIA CRUZ GONZALEZ, JUEZ
c. VICTOR RAMOS HERNANDEZ, COMISARIADO

Fuente: Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4

Minera Los Pelambres arroja sus desechos peligrosos en 51 hectáreas de territorio argentino


Un fiscal argentino pidió la indagatoria de los más altos ejecutivos de la minera Pelambres. Hubo dos reuniones a alto nivel diplomático, pero sin acercamientos. Como si un vecino con obra en construcción tira la basura del otro lado y la víctima se queja por la desconsideración y le pide que se lleve los desperdicios a otro lado. Así, pero a una escala miles de veces mayor es el litigio creciente por los desechos que Minera Los Pelambres tiró del lado argentino del límite en territorio de la provincia de San Juan, y que no encuentra solución a la vista.

Los vecinos son dos países, los protagonistas son dos mega compañías mineras a escala global, y la "basurita" son 51 hectáreas de material contaminante producida por la quinta mina de cobre más importante del mundo (Pelambres), ubicada justo al otro lado de la cordillera a la altura de San Juan, cerca del proyecto Pachón.
El botadero de escombros y basura del lado argentino tiene una historia más bien reciente: comenzó a formarse en 2007 según la propia empresa chilena y recién fue descubierto a principios del año 2011, cuando la empresa sanjuanina Pachón (antes manejada por Xtrata y ahora adquirida por el gigante global Glencore) se empezó a quejar sin obtener respuestas de Pelambres. Hasta que en marzo del 2014 presentó una demanda civil contra su colega chilena (filial minera del Grupo Luksic controlada por otros dos gigantes mundiales, Antofagasta Minerals en un 60% y un consorcio japonés en el 40% restante). Nada de eso hizo mejorar la situación de la escombrera con residuos chilenos en territorio argentino.
Más bien lo contrario, empeoró: la empresa chilena consideró que el reclamo desde Argentina, donde se les pidió remediar la situación llevándose la escombrera de regreso a Chile y el pago de un canon de alquiler por el uso del terreno de Pachón es "oportunista". En esa causa, el juez federal Miguel Galvez Atienza dictó una cautelar para se deje de tirar material y se cuide la zona. Pero Pelambres siguió sin contestar sobre el retiro del botadero, y entonces en marzo de este año la compañía argentina contraatacó con una demanda penal en la que se le adjudican los posibles delitos de usurpación (art. 181 del CP), usurpación de aguas porque la escombrara produce una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, en lugar de hacia Argentina hacia Chile (art.182 del CP), infracción a la ley de residuos peligrosos (número 24.051) y hasta contrabando (art. 863 del Código Aduanero).
La presentación fue realizada ante el juzgado federal a cargo de Leopoldo Rago Gallo y la novedad es que hace pocos días el magistrado resolvió avanzar con la investigación, que contempla el pedido de indagatoria formulada por el fiscal Francisco Maldonado. Pide traer a los máximos directivos de la empresa chilena en carácter de sospechosos por los delitos denunciados. Ellos son los últimos tres gerentes generales:
-Ignacio Cruz Zabala, designado en 2006 como gerente general de la firma, a cargo en el momento de la construcción de la escombrera en 2008, desvinculado en enero del 2012 y actualmente en otro gigante, Colbum.
-Alberto Cerdá Mery, gerente general de Pelambres desde mayo de 2012. Un experimentado y prestigioso ingeniero que pasó por varias grandes compañías chilenas y que dirigió Pelambres en el inicio del conflicto con Pachón.
-Robert Andrew Mayne-Nicholls, el actual gerente general de Pelambres desde junio del año pasado.
Los tres fueron señalados en la denuncia penal de Glencore como presuntos autores o coautores porque tomaron "protagonismo directo en los hechos". La causa quedó en manos del fiscal Maldonado, quien el 6 de abril pasado consideró pertinente que "se les reciba declaración indagatoria a los presuntos responsables", mientras que el juez Leopoldo Rago Gallo consideró 4 días más tarde que a las indagatorias las tendrá presente "para su oportunidad" junto al resto de las medidas de prueba solicitadas en la demanda penal de Pachón.
Justamente esa presentación de marzo pasado es un documento para comprender cómo ocurrieron los hechos de acuerdo con el punto de vista de la denunciante. Sostiene Glencore-Pachón que su demandada Pelambres argumentó haber tirado los residuos en la parte argentina porque confundió la zona con territorio chileno, en base a "cartografía oficial emitida por dicho país", obviamente señalando que el lugar pertenece a Chile. Y agrega que "con posterioridad a esas autorizaciones otorgadas por Chile se ha producido un cambio del límite fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina en ese sector, por lo cual alguna parte del mismo pudo quedar finalmente en territorio" argentino. Es decir que Pelambres arrojó los desperdicios de su mina en terreno que inicialmente eran de Chile, pero que luego una modificación indicó que ese lugar es Argentina (San Juan, propiedad de Pachón, para mayores precisiones). Señala Pelambres que hubo una visita conjunta a la zona en 2012 que "emplazó un nuevo límite fronterizo". Es decir, corrió el límite a favor de la Argentina.
La denuncia penal de Pachón impugna esa explicación como "falaz" porque sostiene que nunca operó cambio fronterizo alguno en la zona. Por el contrario, explicó que la presencia de funcionarios de ambos países en el lugar en 2012 fue para "densificar los hitos", es decir poner mayor cantidad de hitos corroborando la misma traza, haciendo la demarcación más estrecha entre hito e hito.
El relato de la historia del botadero de basura de una mina chilena en Argentina realizado por Glencore-Pachón continúa señalando que "Pelambres admitió la existencia de SU escombrera en propiedad" de la empresa minera argentina y que por eso hicieron la primera denuncia civil (de empresa a empresa) solicitando "básicamente la restauración de las cosas a su estado anterior a costa de la demandada, la remediación ambiental del lugar y el abono de un valor locativo (alquiler) por la utilización del lugar y del agua en forma irregular".
A ese reclamo, Pelambres insistió con el presunto cambio de límites, que comenzó con el botadero en Argentina en 2007 y lo abandonó en 2011 "luego de advertir diferencias en los mapas en relación a modificaciones ocurridas a comienzos de 2008". "Es otras palabras –razona la presentación de Pachón- le tomó casi 4 años a Pelambres advertir que su obrar contradecía la realidad fáctica sobre la ubicación del límite fronterizo".
Relata Glencore: "¿Cómo dijo Pelambres que se enteró de la existencia de irregularidades sobre el límite fronterizo? (...) en el año 2011 tomó conocimiento de una serie de acciones judiciales iniciadas por oportunistas que reclamaban el otorgamiento de concesiones mineras sobre pertenencias de MLP (Minera Los Pelambres) con sustento en una nueva edición cartográfica del IGM de Chile, en papel, aparentemente del año 2008, que presentaba diferencias en el trazado limítrofe de la carta Cerro Gavino de 1996". Ese límite, según el argumento de Pachón, nunca fue corrido. De hecho, la escombrera sigue estando en territorio argentino sin que Pelambres decida remediar el "error".
Se trata de una escombrera gigante de 60 metros de alto de "material estéril", internado unos 1,5 kilómetros en territorio argentino y ocupando unas 51 hectáreas. Se calcula que la cantidad de material que se ha vertido es de 26.294.942 metros cúbicos de rocas. Y en las fotos que adjunta la demanda puede hasta apreciarse un hito demarcatorio del límite fronterizo en el medio de la escombrera. También se puede apreciar cómo el tabique del botadero desvía las aguas para que se escurran hacia el lado chileno.
Además de la roca, aparecen centenares de neumáticos desechados de los grandes vehículos que se utilizan en estas operaciones. La degradación de los materiales sin tratamiento desde 2007 también ha generado un "drenaje ácido de roca" de efecto contaminante y sin control porque no son tratados.
La escombrera en cuestión es la del Cerro Amarillo, una de las cuatro construidas por Pelambres para manejar los residuos de su gigante minero ubicado a pocos kilómetros del límite con San Juan, provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Se trata de un emprendimiento que es el quinto más grande de cobre a nivel mundial y que por su gran envergadura desarrolló un conducto para trasladar el mineral desde el yacimiento en plena cordillera hasta el puerto propio en la localidad de LOS VILOS.
La falta de acuerdo entre ambas empresas involucradas ha generado ambos procesos judiciales: uno civil y otro penal. Éste último, más reciente, como consecuencia de no haber prosperado el primero y con serias acusaciones de delitos que podría derivar en el pedido de indagatoria a la plana jerárquica, aún sin fecha.
Pero además avanza una vía diplomática y política para explorar la posibilidad de una solución que contemple el traslado de los residuos de la mina chilena a su país. Hace un par de semanas ocurrió el primer contacto que incluyó a funcionarios de Minería de la Nación, de la Cancillería y de la propia embajada chilena en Argentina.
Fue en Buenos Aires, pero el tono de la negociación no bajó y el pedido de Glencore de llevarse los desechos no pudo avanzar. Peor aún, luego de este encuentro se produjo un intercambio de notas en el que Pelambres calificó al pedido desde Argentina como que "no es lógico ni razonable".
La semana que concluyó también hubo otro encuentro, pero con funcionarios de menor rango. Fue en San Juan, y tampoco arrojó resultados positivos por un posible acuerdo. Mientras, en los próximos días podrá haber más novedades provenientes desde los tribunales federales, que parece ser el ámbito en el que se piensan ver cara a cara las partes.

Fuente:  Tiempo de San Juan

La burbuja de los agrocombustibles estalla en Europa



Ayer, 28 de abril el Parlamento Europeo aprobó una nueva legislación que limita el uso de cultivos para producir combustibles. Los europarlamentarios han reconocido que los agrocombustibles pueden competir con la producción de alimentos, contribuir al cambio climático y forzar cambios en los usos del suelo. Amigos de la Tierra considera que esta decisión irá poniendo fin al uso de los agrocombustibles.

El Parlamento Europeo ha impuesto un nuevo límite al porcentaje de uso de agrocombustibles permitidos en el transporte de un 7% [1]. Al ser Europa el mayor consumidor de diésel de origen agrícola, como el aceite de palma, la soja o la colza, el voto tiene implicaciones globales, sobre todo para aquellos países exportadores como Indonesia, Malasia o Argentina. Esta votación probablemente suponga el final de la expansión del uso de cultivos alimentarios como combustibles.
La producción y el consumo de agrocombustibles creció exponencialmente entre 2008 y 2009 cuando dos directivas europeas, la de Renovables y la Calidad de los Combustibles incluyeron objetivos vinculantes del 10% del combustible provenientes de fuentes supuestamente “renovables”. En este contexto, el objetivo anterior era de un 8,6% para 2020, que se ha reducido a un 4,7%. El límite aprobado hoy se trata de un reconocimiento de los agrocombustibles como agravantes del cambio climático. En esta línea, la Unión Europea deja libertad a los estados miembros para bajar el límite de su uso, si así lo deciden.
“Estos combustibles hacen más daño que bien al clima y las personas. La Unión Europea por fin empieza a frenar los agrocombustibles y reconoce frente al resto del mundo que no son una solución al cambio climático. Esta decisión pone fin a una década de debates sobre el impacto de los agrocombustibles, que han ocasionado hambre, aumento en el precio de los alimentos y acaparamiento de tierras [2]”, ha señalado Alejandro González, responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra.
La UE ha tenido que retractarse en sus políticas sobre agrocombustibles, lo que debería ser una lección para los demás países que están pensando en incrementar el uso de estos combustibles. Hay 64 países en el mundo que han aumentado o están pensando en aumentar su uso para el transporte [3], entre ellos recientemente Indonesia [4].
Amigos de la Tierra insta a los países de la EU a que pongan fin a la producción de agrocombustibles a partir de alimentos.

Notas:
[1] Qué ha acordado la Unión Europea:
· Limitar el uso de agrocombustibles para el transporte a un 7%, dejando libertad a los estados miembros para bajarlo aun más. El objetivo anterior era de un 8,6% para 2020, desde el 4,7% actual.
· Las emisiones indirectas de GEI debido a la expansión de agrocombustibles serán vigiladas anualmente por la Comisión Europea y los productores. Esto mejorará la transparencia de la producción.
· Los Estados Miembros deben apoyar un objetivo no vinculante del 0,5% de los “combustibles avanzados” derivados de los residuos agrícolas, forestales o domésticos aunque con ciertas salvaguardas ambientales.
[2] Antecedentes:
La producción y el consumo de agrocombustibles creció exponencialmente entre 2008 y 2009 cuando dos directivas europeas, la de Renovables y la Calidad de los Combustibles incluyeron objetivos vinculantes del 10% del combustible provenientes de fuentes “renovables”. Amigos de la Tierra se opuso a dicho objetivo. En 2012 la Comisión Europea propuso revertir la legislación en respuesta a la evidencia del impacto de los agrocombustibles sobre el cambio climático, incluso peor que el de los combustibles fósiles. La propuesta de un límite del 5% inicial se amplió al 6% por el Parlamento Europeo y al 7% por los Estasdos Miembros, que se acaba de votar.
[3] http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/15-01WiseMandates.pdf
[4] El Gobierno de Indonesia está planificando aumentar el uso de los biocombustibles a nivel nacional, incluido el biocombustible obtenido a partir de aceite de palma mediante subvenciones adicionales y una meta obligatoria de 15% de biocombustible mezclado con diesel. http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/06/govt-levies-palm-oil-exports-fund-biodiesel-push.html

Un planeta de gordos pobres



El tiempo en el que las consecuencias alimentarias de la pobreza se limitaban al hambre parece haber quedado atrás. De acuerdo con un ambicioso informe publicado hace algunas semanas por el think-tank británico Overseas Development Institute, seis de cada diez personas obesas o con sobrepeso del planeta viven en países en desarrollo. En algunos casos, como el de India, el incremento acelerado de la obesidad en las rentas medias y bajas se ha producido en paralelo con un estancamiento de las cifras de malnutrición infantil. Dos maneras contrapuestas pero igualmente eficaces de minar la salud de los pobres.

La tendencia es alarmante. Entre 1980 y 2008 el número total de personas con sobrepeso u obesidad ha crecido en 890 millones (de 571 a 1.461). Pero este problema ha recaído con mucha más fuerza sobre los hombros de los países pobres (donde se ha multiplicado por tres) que sobre los de ingreso alto (donde ha aumentado un 70%). La dieta media en China, por ejemplo, no solo ha crecido de los 852 a los 2.109 gramos por persona y día, sino que su composición ha variado notablemente: el consumo de productos animales se ha multiplicado por 11, el de azúcar por tres y el de vegetales por cuatro. El patrón se repite en grandes países en desarrollo como India, Tailandia, Egipto o Perú.
El primer problema es de salud pública. La evolución cuantitativa y cualitativa de estas dietas está directamente relacionada con la proliferación de las llamadas ‘enfermedades no transmisibles’ como la diabetes, las patologías cardiovasculares o el cáncer. The Economist recordaba hace unos días que en 2012 el 57% de los diagnósticos oncológicos se produjo en el mundo en desarrollo, donde hoy se producen dos de cada tres fallecimientos derivados de las patologías cancerígenas (más víctimas de las que provocan el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos). Cuando todavía no se ha cerrado la herida abierta por las consecuencias de las reglas de propiedad intelectual en el acceso a medicamentos contra el VIH-SIDA, la posibilidad de extender este conflicto a las enfermedades no transmisibles es la pesadilla de muchos. El derecho a la salud de los nuevos pobres exige tratamientos que, de acuerdo al modelo actual de innovación y acceso a medicamentos, resultan simplemente inalcanzables.
La otra perspectiva que aborda el informe es la de los efectos de este proceso sobre la evolución de la demanda agraria y los precios de los alimentos. Al fin y al cabo, se ha establecido entre académicos y políticos la idea de que las crisis alcistas de precios de 2008 y 2011 se debieron tanto al incremento lento de la demanda en las grandes economías emergentes como a la presión ejercida por las políticas energéticas (producción de biocombustibles) y la alteración de la producción media como consecuencia del clima y los desastres naturales. Pues bien, de acuerdo con la investigación encargada por el ODI a los expertos de IFPRI (un centro de referencia mundial en este ámbito), el aumento de la demanda de productos ricos en grasa incrementará el precio mundial de la carne, pero no necesariamente el del grano o el de otros alimentos básicos. La razón está en que –incluso considerando la evolución de la población- prevén una transformación en la dieta de los países de ingreso alto que reduzca los niveles de consumo de carne por debajo incluso de los actuales. Una revolución similar a la que se ha logrado en el campo del tabaquismo.
Las implicaciones de cada una de las cuestiones planteadas arriba son extraordinarias. El incremento del sobrepeso y la obesidad entre las poblaciones más pobres del planeta nos obligará a enfrentarnos a complejos dilemas políticos que afectan a la salud pública, la estructura de los mercados agrarios y la capacidad de las instituciones para influir ambos. Y lo haremos al mismo tiempo que luchamos contra una inseguridad alimentaria que en este momento determina la vida de cerca de 850 millones de personas. Como recuerda el informe de ODI, tenemos razones más que suficientes para reconsiderar los patrones de consumo y producción en este sistema alimentario roto.

Fuente: CCS http://ccs.org.es

miércoles, 29 de abril de 2015

La defensa del ambiente necesita de los movimientos sociales



Si la indígena Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, quien obtuvo el Premio Ambiental Goldman para América del Sur y América Central 2015, deja una enseñanza, es que para defender el ambiente hay que apoyarse en los movimientos sociales.

Como muchas naciones con abundantes recursos naturales, Honduras, en el corazón de América Central, es un país que padece la maldición de los recursos. Sus bosques llaman a los intereses madereros a la explotación, sus minerales son codiciados por intereses mineros, sus caudalosos ríos invitan a las grandes represas y sus fértiles llanuras costeras son ideales para la agricultura industrial.
Honduras también es el país más violento del hemisferio occidental. La violencia está vinculada en gran parte a la delincuencia y a que la oligarquía política mantiene gran parte de la riqueza del país y el poder está en manos de unos pocos. Cuando los ricos recursos del país están en juego, los ambientalistas también suelen ser blancos frecuentes de esos mismos intereses.
Algunas de las áreas mejor preservadas del país se encuentran en territorio de los indígenas lenca, quienes construyeron su cultura en torno a la tierra; los bosques y los ríos fueron su sustento durante milenios.
En 1993, luego del 500 aniversario del “descubrimiento de América”, cuando indígenas de América comenzaron a crear federaciones nacionales e internacionales para reclamar su soberanía, el territorio lenca dio a luz al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
En estos 22 años, los dirigentes de la lucha popular del COPINH lo convirtieron en el motor de la conservación del patrimonio ambiental y cultural de país, lo que le valió la ira de madereros, constructores de represas, intereses de la palma aceitera y de otros cuyas riquezas dependen de la depredación del ambiente y de sus defensores.
Desde los años 90, COPINH forzó la cancelación de decenas de operaciones madereras. Creó varias áreas boscosas protegidas, desarrolló planes municipales de gestión de bosques y aseguró más de 100 títulos de propiedad para las comunidades indígenas, en algunos casos abarcando municipalidades enteras.
Uno de los últimos triunfos, el que le valió a Berta Cáceres, integrante fundadora de COPINH, el Premio Ambiental Goldman, fue presionar hasta que una de las mayores constructoras de represas del mundo, la compañía estatal china Sinohydro, se retiró de un complejo de presas conocido como Agua Zarca.
Berta se volvió una figura conocida en su país en 2009, cuando emergió como líder del movimiento que reclamaba la refundación de Honduras y la redacción de una nueva Constitución, que obtuvo el apoyo del entonces presidente Manuel Zelaya, quien propuso un referendo nacional para evaluar el asunto.
Pero el día del referendo, el 28 de junio de ese año, los militares rodearon y disparó contra la casa del presidente, tiraron la puerta y llevaron a Zelaya hasta una base militar de Estados Unidos, donde un avión lo aguardaba para scarlo del país.
La Organización de las Naciones Unidas y los países del hemisferio occidental (salvo la propia Honduras) condenaron el golpe militar. Todos los estados de la región, salvo Estados Unidos, retiraron a sus embajadores, así como todos los de la Unión Europa.
Con la deposición del presidente elegido en las urnas, Honduras cayó en una espiral de violencia que continúa hasta ahora. Pero el golpe de Estado también dio lugar a un movimiento de resistencia nacional que sigue luchando por una nueva Constitución. En él, Berta y COPINH apuestan por una nueva sociedad hondureña construida de cero.
Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras registró un enorme aumento de megaproyectos que terminarán desplazando a la comunidad lenca y a otros indígenas. Casi 30 por ciento del territorio nacional está reservado para concesiones mineras, lo que crea una demanda de energía barata para alimentar a las futuras operaciones.
Para cubrir esa necesidad, el gobierno aprobó cientos de proyectos de represas. Entre ellos está el de Agua Zarca, una iniciativa conjunta entre la compañía hondureña Desarrollos energéticos SA (DESA) y la china Sinohydro.
Con la construcción prevista sobre el río Gualcarque, Agua Zarca se promovió sin consultar a los lencas, que quedarían sin suministro de agua, alimentos y medicamentos.
COPINH comenzó la lucha contra las represas en 2006. Llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una apelación contra la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial para el sector privado, que había accedido a financiar el proyecto, y realizó varias actividades de desobediencia civil no violentas para frenar la construcción.
En abril de 2013, Cáceres organizó bloqueos de rutas para impedir el acceso de DESA a las obras. Durante un año, los lencas mantuvieron una fuerte presencia pacífica, soportando varios intentos de desalojo y ataques violentos de guardias de seguridad militarizados y de las Fuerzas Armadas hondureñas.
Ese mismo año, el líder comunitario Tomás García, de Río Blanco e integrante de COPINH, murió de un disparo durante una protesta pacífica. Hubo otros ataques con machete, detenciones y torturas. Ninguno de los responsables fue llevado ante la justicia.
A fines de 2013, aduciendo la resistencia de la comunidad y el escándalo tras la muerte de García, Sinohydro terminó su contrato con DESA. Agua Zarca sufrió otro golpe cuando la CFI retiró los fondos, preocupada por las violaciones a los derechos humanos. Actualmente, la construcción del proyecto está detenida.
El premio concentrará la tan necesitada atención de la comunidad internacional en COPINH y en Honduras, a medida que aumenta la disputa por los recursos en la región.
“El premio y la atención internacional coinciden con un momento difícil para nosotros”, dijo Berta ante un pequeño grupo de personas que se reunió para darle la bienvenida al estado estadounidense de California, donde se realiza una de las dos ceremonias de premiación.
“La situación en Honduras empeora”, alertó.
“Cuando esté en Washington a fines de esta semana para reunirme con autoridades estadounidenses, el presidente de Honduras estará en la habitación de al lado esperando conseguir más de 1.000 millones de dólares para una serie de megaproyectos promovidos por los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, que aumentan el peligro de que nuestros recursos naturales terminen en manos privadas a través de proyectos mineros, de represas y eólicos”, explicó.
“Esto se acompaña con una mayor militarización del país, que incluye nuevas bases ultramodernas que se están instalando en este momento”, puntualizó.
En todo el mundo, en el frente de la lucha ambiental, hay personas de movimientos sociales visionarios y valientes, como COPINH, y activistas como Berta Cáceres.
“Para luchar contra el asalto de represas, minas y la privatización de nuestros recursos naturales, necesitamos la solidaridad internacional”, subrayó Berta a sus seguidores en Estados Unidos.
“Cuando recibimos su solidaridad, nos sentimos rodeados de su energía, su esperanza, su convicción de que juntos podemos construir sociedades con dignidad, con vida, con rebelión, con justicia y, sobre todo, con alegría”, añadió.
Si el mundo avanza hacia la reducción del impacto social y ambiental destructivo que suele acompañar al desarrollo económico, necesitamos hacer lo posible para reconocer y apoyar a los campesinos, indígenas y a los movimientos sociales que día a día ponen en riesgo sus vidas para frenar la ola de destrucción.

Inter Press Service - IPS Venezuela http://www.ipsnews.net

Uruguay: La Marcha por el acuífero Guaraní reclamó por ambiente, participación real y desarrollo


La Diaria

Habitantes de Tacuarembó, Piedra Sola, Caraguatá, Tambores, Rivera, Cerro Chato, Valentines, Paysandú, Durazno, Maldonado, Montevideo, Concordia (Argentina) y México marcharon el sábado por las calles de Tacuarembó en defensa del acuífero Guaraní y en rechazo a tres tipos de explotación que amenazan su calidad: la agropecuaria que hace un uso intensivo de agroquímicos, la minería metalífera a cielo abierto y el fracking.

Hacía un calor de verano sobre las 15.00 cuando una docena de caballos y sus correspondientes jinetes -y jinetas- aprontaban a la sombra del Parque Rodó los últimos detalles antes de iniciar la marcha. Algunos ya habían tenido un viaje de más de 50 kilómetros. Se aprontaban también, pero sobre los pedales de sus bicicletas, muchos de los tacuaremboenses que acompañaron la procesión. Bordearon la ciudad y en las últimas seis cuadras, al llegar a la plaza Colón, se sumaron quienes estaban a pie. La marcha fue variopinta. Desde Montevideo habían llegado grupos como Uruguay Libre y la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 30 colectivos de diferentes puntos del país y vecinos de zonas rurales cercanas que han vivido de cerca la búsqueda de metales e hidrocarburos. “No se vende, el agua se defiende”, coreaban. Además de aplausos sonaban los instrumentos tocados por descendientes de charrúas, se mezclaban los cánticos de la Comisión de Estudiantes en Lucha por la Tierra y el Agua de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y, al pasar por la iglesia, las campanas acompañando la procesión, que tenía cerca de tres cuadras. Pero las iglesias acompañaron también en la calle.
La marcha fue convocada por la comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua y su vocero fue Julio Bonino, obispo de Tacuarembó y Rivera. Mansamente, hablando con medios, feligreses y militantes, el sacerdote aguardó a la marcha en la plaza Colón, adonde también acudieron monjas; algunas, entusiasmadas, tomaban fotos de la movilización. “Para el Facebook”, comentaba una llegada de Zaragoza. Bonino contó a la diaria que la comisión se formó hace tres años, cuando pobladores rurales fueron a plantear a la autoridad eclesiástica que “empresas extractivas habían pedido sus campos para prospección” de metales. El grupo juntó 13.000 firmas que fueron elevadas a la Corte Electoral para convocar un plebiscito que prohibiera la megaminería metalífera a cielo abierto en el departamento; si bien el trámite fue revocado por la Corte Electoral, la Junta Departamental de Tacuarembó resolvió por decreto prohibir en su jurisdicción esa actividad extractiva y la del fracking (técnica utilizada para extraer el gas no convencional). Pero el planteo no fue acompañado por el intendente Wilson Ezquerra, que tenía que modificar las directivas de ordenamiento territorial. Ésa fue una de los dos cosas que solicitó la marcha de ayer, a 15 días de las elecciones departamentales y ante el cambio de intendente, ya que Ezquerra no puede ser reelecto.
El acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importante de la región, se extiende por suelos de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Bonino señaló que a diferencia de Salto y Paysandú, donde el acuífero se encuentra a 1.000 metros por debajo del nivel del suelo, en el corredor de Tacuarembó y Rivera se ubica la zona de recarga, porque está a menos de 100 metros y hay afloramientos.
El segundo pedido de la movilización fue que las próximas autoridades departamentales levanten un monumento al acuífero “porque está bajo tierra y a la gente le cuesta darse cuenta de lo que significa”, dijo el obispo. En cuanto a la comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua, comentó que “es bastante plural, hay personas de posturas muy extremas y otras más moderadas”, y respondió que “no hay estancieros”, aunque podrían participar si quisieran. El obispo ha encabezado también las marchas del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera en defensa de las fuentes de trabajo en la empresa local, Urupanel, que tiene en seguro de desempleo a 400 trabajadores. Aunque la lucha del sindicato de la madera y la de defensa del agua tienen pocos puntos en común, Bonino los relaciona: “Son lecciones que estamos aprendiendo. Nos alegramos cuando una multinacional se instala y da trabajo, pero después, cuando la coyuntura cambia, de un día para otro, 400 familias quedan en la calle. Es un aprendizaje de que cuando le decimos ‘adelante’ a alguien tenemos que negociar las condiciones. Nos alegramos mucho con el desarrollo pero no tenemos carreteras para esa cantidad de camiones, no tenemos la energía que se precisa ni quién vigile las consecuencias de que se haga un tiradero de plaguicidas”.
Hace agua
El episodio de mal olor y mal sabor del agua en el último mes en Maldonado a causa de la contaminación de la Laguna del Sauce, así como las luces encendidas en la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía, también motivaron la marcha. “¿Cómo se está protegiendo la reserva de agua subterránea en un momento de pésimo estado de todos los cursos de agua?”, preguntaban organizadores y participantes que hicieron uso de la palabra en la actividad de cierre de la movilización.
Representantes de la Comisión de Maldonado por la Tierra y el Agua, conformada a partir del último episodio, mencionaron la negación inicial de las autoridades de OSE, que al principio dijeron que “no les constaba” el mal olor y sabor del agua, luego reconocieron el problema pero dijeron que era potable y “finalmente confesaron que el agua no era potable”, reclamó el vocero de la comisión fernandina. Rechazaron que se fumigue al borde de la Laguna del Sauce, y exigieron que “se revise inmediatamente el modelo de desarrollo agroalimentario, forestal, energético y minero que se ha impuesto en nuestro territorio” y se evalúen los costos y beneficios que terminan dejándole al país.
Carlos Sosa, integrante de la Federación de Funcionarios de OSE y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, habló del trabajo de diez años de la comisión para poner en práctica el artículo 47 de la Constitución de la República -que define al agua como un recurso esencial a proteger- creando las comisiones de cuencas hidrográficas, mediante las cuales la sociedad civil tiene participación en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Sin embargo, Sosa planteó que “muchos han querido destruir esos espacios” y que sólo son asesores. Añadió que las autoridades tuvieron la potestad de impedir que se llegara al punto de contaminación de la Laguna del Sauce y deslizó que el descuento de tarifas se hizo porque sucedió en Maldonado y Punta del Este, pero que lo mismo debió hacerse en mayo de 2013 en el área metropolitana.
Hidrocarburos y metales
Piedra Sola es un poblado ubicado a 72 kilómetros de Tacuarembó en el que viven 250 personas. El Grupo de Jóvenes de Piedra Sola se formó hace cinco años para atender necesidades del lugar, pero un día se interiorizaron de qué era el fracking. Poco después llegaron referentes de empresas, “tendieron cables por todo el pueblo y llegaron las maquinarias para la exploración, para hacer una ecografía del suelo”, relataron los jóvenes. Los datos extraídos no son conocidos por los lugareños, pero “en el bloque Piedra Sola, que cubre varias partes del departamento de Paysandú, hay petróleo, no sabemos puntualmente en qué parte”, agregaron. Por si acaso, hicieron un grafiti en el área de exploraciones que reza: “Piedra Sola libre de fracking”.
Estaban también los colectivos Paysandú Nuestra y el Grupo Ecológico Nativista Sanducero, que se unieron hace dos años para declarar el departamento “libre de fracking”. El planteo fue recogido tanto por la Junta Departamental como por la intendencia, que ahora se apresta a incorporarlo a las directrices de ordenamiento territorial.
De Concordia habían llegado los integrantes del Foro Regional Contra el Fracking, integrado por habitantes de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Cinco de sus integrantes fueron procesados porque en agosto de 2014 quisieron frenar el ingreso a Uruguay de seis camiones vibro que venían del sur. Lo hicieron “en defensa del acuífero Guaraní”, pero eso les generó el procesamiento, que apelaron y tratarán de revocar el 2 de junio, cuando se desarrolle la última audiencia en un juzgado de Paraná. Para eso pidieron el acompañamiento de uruguayos.
A 26 kilómetros de Vichadero (Rivera), en Abrojal, desembarcó hace cuatro años el proyecto Vaca de Oro de Loryser SA, grupo empresarial que opera también con los nombres de Oro Sur y Minera San Gregorio. Fabiana Campos vive en Vichadero y mostró una foto del cráter abierto en el Abrojal, adonde la minera acudió para extraer más oro que prolongue la vida de la planta de Minas de Corrales, en la que ya queda poco. “Aterrizan en un lugar donde la gente no tiene información y te venden espejitos de colores”, planteó Campos. Después de siete meses, el cráter quedó abierto y sin utilidad.
La situación también es complicada en Valentines y Cerro Chato, donde salvo cuatro empleados, los más de 90 contratados por Aratirí siguen en seguro de desempleo. Los referentes de la localidad que participaron en la marcha reconocieron la caída de las expectativas -en un mes se llegaron a vender 22 juegos de living, ejemplificaron-, al tiempo que defendieron su postura: “No es que estemos en contra del trabajo, somos rehenes de esta situación”. Hace más de un año que los propietarios de las tierras no cobran el porcentaje que les corresponde. Si en febrero de 2016 el gobierno y Aratirí todavía no firmaron el contrato de explotación, de acuerdo a la Ley de Minería de Gran Porte, los títulos deberán pasar al Registro de Vacantes. Los productores movilizados rechazaron la propuesta de Aratirí de desarrollar un proyecto de menor escala, porque sostienen que lo hacen para salir del marco de la Ley de Minería de Gran Porte y pasar a ser regulados por el Código Minero, que permite retener los títulos de prospección y exploración por hasta 12 años.
Las evocaciones al ideario de Artigas se hicieron de diferentes formas. La misión cristiana Abba Emanuel, de la iglesia evangélica, llevó a un importante número de niños y jóvenes, que además de bailar danzas típicas representaron la obra “Purificación 1815”, con un Artigas y decenas de indios seguidores.
Bonino ha reivindicado el aporte de la cultura afro y guaraní en la región y se enorgullece de trabajar en un departamento de nombre indígena y rodeado de ríos con la misma toponimia. Dijo que “ñandé” es un término guaraní para hablar de un nosotros que nos incluye a todos, y eso es lo que busca con su misión. Algo de eso pareció verse el sábado en un encuentro, en principio, insospechado. 

Fuente original: http://ladiaria.com.uy/ - Imagenes: Acto en defensa del acuífero Guaraní, al sábado, en Tacuarembó. Foto: Alessandro Maradei