Ecuador: Cuando las rutas de proyectos extractivos abren camino a la deforestación

Jonathan Palma

En el 2011 se definió un nuevo mapa petrolero en el que se establecieron 60 bloques para la extracción del crudo, la mayoría ubicados en las seis provincias del Oriente. Esta actividad llevó a las compañías a cargo de la explotación del oro negro a abrir rutas en medio de la selva.
    ¿Cómo actúan los traficantes de madera que se aprovechan de la falta de controles en zonas poco accesibles?
    ¿El programa estatal de conservación Socio Bosque es lo suficientemente efectivo para combatir la deforestación en el país?


El traficante de madera llega en un carro 4×4 a una zona donde vive un colono y después de un acuerdo se pacta un precio por cierta cantidad de árboles para talar. Muchas veces esos árboles no pertenecen al colono, sino a las comunidades indígenas que guardan estos bienes naturales como su principal patrimonio familiar.
Este es uno de los primeros eslabones de una cadena compleja que mantiene en riesgo a la biodiversidad de las provincias del Oriente y de otras zonas del Ecuador, como Esmeraldas.
Los colonos son aquellas personas que se asientan en zonas que antes no habían sido habitadas por el ser humano debido a la inaccesibilidad de estas áreas, como la selva. Por lo general, en la extensión de tierra donde inician su nueva vida desarrollan actividades de ganadería, agricultura, entre otros oficios, que de a poco contribuyen al problema de la deforestación.
Ellos llegan hasta estos sitios luego de que se talan extensiones de selva para abrir caminos que forman parte de proyectos petroleros o mineros, como sucede en las provincias de Sucumbíos, Napo, Francisco de Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Organizaciones No Gubernamentales que promueven la protección de los bosques y los derechos de las comunidades indígenas, como Terra Mater, e instituciones académicas que desarrollan investigación científica, como la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), tienen identificadas varias rutas donde está presente este fenómeno socioambiental que de a poco va minando las áreas verdes del Oriente ecuatoriano, zonas destinadas a la actividad petrolera desde 1970.
Bosque del Parque Nacional Yasuní. Este lugar megadiverso en fauna y flora está ubicado en Pastaza y Orellana. Foto de José Schreckinger
“Para ingresar a la estación (Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní) utilizamos la vía Maxus (provincia de Orellana), que es como se conoce a la carretera construida en el bloque (petrolero) 16, hace 26 años. Este bloque es operado por Repsol-YPF, que se puede decir hoy en día mantiene el récord ambiental muy alto. A lo largo de la vía están ubicadas comunidades de pueblos Kichwa y Waorani. En  estos años, la gente se ha reubicado a lo largo de esta vía y ha deforestado para hacer chacras de subsistencia”, refiere el codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini, de la USFQ, David Romo.
Paisaje captado desde la Estación de Biodiversidad Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní. Esta reserva se extiende por las provincias de Pastaza y Orellana. Foto de José Schreckinger.
El científico señala que “este problema no es responsabilidad de la petrolera. Sin embargo, es esta actividad la que abre una puerta para que los residentes locales tengan acceso a lugares del bosque que antes les eran muy lejanos”.
El abogado especializado en derecho ambiental internacional y cofundador de Terra Mater, Juan Auz, también hace referencia de la vía Maxus y de la vía Auca, en Orellana. El jurista explica que estas vías “se utilizan para la tala ilegal de madera, llegando a deforestar, entre 1986 y 2002, hasta el 23 % del área de las cercanías de la vía Auca y el 4 % en el área de la Maxus. La diferencia es que en el área de la vía Auca, la presencia de colonos es más notoria y menos restringida”.
En la actualidad, en la vía Maxus, por ejemplo, el problema se ha acentuado con el pasar de los años. El doctor Romo conoce de cerca este problema porque viaja de forma regular por este camino para llegar al lugar de investigación de la USFQ.
Esta vía carrozable tiene más de 140 kilómetros de extensión e inicia en la parroquia Pompeya, en Puerto Francisco de Orellana (Coca), en la provincia de Orellana, y finaliza donde se asientan comunidades Waorani. El profesor cuenta que los habitantes que vivían cerca del río migraron a las cercanías de esta carretera.
“Cogen, arman una chacra o una finquita, con una casita, pegadas a la vía y utilizan la vía como medio de movilización, que es mucho más barato utilizar la carretera porque el río es más caro (…). Sí es impactante, como yo entro ya me he acostumbrado, pero para alguien que imagina que va a toparse con la selva se va a encontrar a asentamiento tras asentamiento, y en el mejor de los casos, como una fila de árboles del bosque que no han cortado y ves que al otro lado hay una chacra, (cultivos) de cacao, de maíz, de yuca”, describe el docente.
Los pobladores kichwas son más expansivos que los waoranis refiere el investigador. Los habitantes de este primer pueblo ancestral habitan entre Pompeya y el kilómetro 32 de la vía Maxus y los miembros de la segunda etnia se ubican en las inmediaciones del resto del camino.
“Se podría decir que la mayoría de la deforestación no está en todo lo largo de la vía, pero debe de estar afectando por lo menos a un 40 % de la vía, en una distancia equivalente, más o menos, 500 metros a cada lado de la vía. Sí es significativo. No hay ninguna cosa que pueda detener eso por el crecimiento de la población, a menos que la gente se vaya a vivir a otro lado”, advierte Romo.
Belén Páez, quien fue directora de Pachamama y actual directora de Terra Mater, explica que en el campo del análisis de bosques, los claros de vegetación que se extienden de las vías principales forman una imagen similar a la de un esqueleto de un pez, de ahí su nombre: perfil del cuerpo del pescado.
“Cuando uno mira un camino que es construido en el bosque se generan varias líneas alrededor que van al final formando esta figura, (la) de un pez. Y esto fomenta varias cosas, como el cambio del uso del suelo, que es una de las causas principales de la deforestación. Cuando nos referimos al cambio del uso del suelo estamos hablando de la transformación del suelo de alta biodiversidad por monocultivos, en el caso del Ecuador, por plantación de extensiones altísimas de palma africana. Monocultivos relacionados no con el autoconsumo de las comunidades, sino con un cambio del uso del suelo que fácilmente empobrece a estos suelos, que ya en la Amazonía en sí no tienen profunda cantidad de nutrientes”, expone Páez a Mongabay Latam.
La ONG Terra Mater tiene identificados ciertos focos de deforestación, que se extienden por los pasos carrozables construidos para fines petroleros.
“Principalmente hoy se nota con mucha claridad en Pastaza, dentro del bloque denominado 10, donde se ha abierto una carretera que va desde Puyo hasta la población de Huito, pasando por Villano (Pastaza), este es el nuevo foco de deforestación. Y estas son las áreas de influencia que se denotan en las imágenes satelitales”, detalla.
El problema de la deforestación por la tala ilegal también afectará, según Páez, a otro camino un poco más al sur de Pastaza: la vía Ebenezer-Macuma-Taisha, en Morona Santiago, que colinda con Perú.
“Este es el nuevo lugar en donde se prevé que va haber alta deforestación justamente porque hay una carretera en un lugar de alta biodiversidad donde no hay planes de manejo contiguos alrededor de la zona. El GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) ni las comunidades tienen sus planes de manejo forestal, entonces esto incrementa una posibilidad de deforestación en la zona”, observa la activista.
¿Cómo funciona la ‘negociación’ de los árboles en zonas de bosque del Oriente?
De acuerdo con testimonios recabados por la ONG Terra Mater y de un líder indígena, tercerizadores de madereros de Quito y Guayaquil llegan por la vía que conecta a Ambato con las provincias orientales. Y en horas de la noche sacan la madera para evadir los controles.
Una parte de la madera que sale de estos sitios la extraen sin pactar un precio con las comunidades indígenas, es decir, la roban. Otra parte de los árboles talados sale de este territorio selvático luego de que los traficantes de madera pactan un precio con los dirigentes de las poblaciones ancestrales.
La persona enviada por el maderero o el intermediario se entrevista con el habitante y le ofrece entre 100 y 300 dólares por un árbol en pie, valores alejados de la realidad del mercado, cuando solo un tablón de madera fina cuesta más de 120 dólares, sostiene la titular de Terra Mater.
“He escuchado que en un área de Morona Santiago han pagado 25, 50 dólares por un árbol”, lamenta.
El presidente de la nacionalidad Zápara del Ecuador, Manari Ushigua, en uno de sus recorridos que ha hecho desde Llanchama Cocha hasta Villano, en Pastaza, pudo conocer que los traficantes de tierra ofrecen fundas de dinero, de un dólar, a los habitantes indígenas.
Los miembros de los pueblos ancestrales al ver gran cantidad de billetes o monedas y que por desconocimiento de las transacciones ignoran que no se trata de cifras altas,  acceden a comercializar sus bienes naturales, en especial los árboles de especies finas, como cedro, caoba o guayacán.
El líder Zápara cuenta a Mongabay Latam que en Villano hay pobladores que están vendiendo sus fincas, entre estos, miembros del pueblo Kichwa.
“Los mismos kichwas de esa zona contrataron con algunas empresas madereras, que son de Ambato. Y ellos exportan grandes, grandes cantidades de maderas. Tienen esas máquinas, esas instalaciones que ponen a través de unos alambres, con una máquina sacan (los árboles) a la carretera y llevan a Ambato para explotar. Esa zona de Villano tiene mucha explotación de madera. Eso ha causado un impacto social negativo porque el alcoholismo aumentó y también la prostitución. Ha pasado un cambio social muy fuerte, y eso para una comunidad como Villano, que no estaba preparada para aceptar una carretera que llegue a ese lugar, trajo esos impactos sociales. Nosotros somos vecinos de los villanos, nuestra comunidad es de Villano mediodía caminando (…). Nosotros no queremos carretera porque viendo este impacto social sí nos afecta mucho a nosotros, somos una población muy pequeña, solo somos 575 personas, los záparas. Eso nos afectaría y nos cambiaría totalmente en menos de un año, podríamos estar desapareciendo como cultura Zápara”, advierte el dirigente indígena.
Una vez que los cargamentos de madera viajan por caminos sinuosos y vías de primer orden, que conectan esta zona con las principales ciudades del país, como Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil, llegan a industrias dedicadas a la elaboración de muebles y a la construcción.
Los muebles confeccionados con maderas finas son comercializados por encima de los 500 dólares en el mercado local y también son enviados al extranjero donde su precio es mayor. En construcción este material es usado para elaborar pisos falsos.
Los controles para evitar la tala, transporte y comercialización ilegales de madera son ejecutados por el Ministerio del Ambiente (MAE), institución que a través de la Dirección Nacional Forestal “promueve el uso sustentable de los bosques a través de la implementación de programas de manejo forestal, que permiten a los propietarios de bosques realizar el aprovechamiento de ciertas especies forestales, de una manera técnica que no implica deforestar el área”. Así lo destaca esta cartera de Estado a través de una comunicación enviada a Mongabay Latam.
El MAE informa que los controles están enfocados en tres niveles.
En el lugar donde se encuentran los bosques, se realiza un “seguimiento y control a los programas de manejo forestal que son presentados por los propietarios de los bosques y que son sujetos a inspecciones para verificar que los mismos se realicen cumpliendo los estándares técnicos (niveles de conservación)”, se enlista en la comunicación.
Un ceibo queda como huella de la deforestación en un punto de la vía a Tarapoa, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Foto de José Schreckinger
También hay puestos fijos y móviles de control forestal y de vida silvestre. Estos retenes están situados en “14 puestos fijos de control forestal y vida silvestre distribuidos en las provincias consideradas origen de madera (provincias del Oriente y Esmeraldas)”.
Otro de los frentes es la inspección de los depósitos de madera, aserraderos, ebanisterías e industrias forestales para  “verificar que la madera con la cual estos negocios se abastecen, cumplen con los parámetros de legalidad de la misma”, como evitar el uso de producto maderable de especies y zonas protegidas.
Como parte de estos controles, el MAE detalla que ejecutó el año anterior 3179 operativos en los que se incautó madera proveniente de bosques protegidos. En el 2015, se realizaron 2652 intervenciones de este tipo.
Paralelo a estas medidas, el Gobierno implementa, desde el 2008, el programa Socio Bosque. Y en el 2013, mediante Acuerdo Ministerial N°131, se establece el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural Socio Bosque. Iniciativas con las que se entregan incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa, se destaca en la página web del ministerio.
Según cifras del MAE, desde el 2008 hasta el cierre del año 2016, Socio Bosque mantiene 1 489 000 hectáreas bajo conservación en sus tres capítulos: Socio Bosque, Socio Páramo y Socio Manglar. 188 151 personas se beneficiaron de esta iniciativa.
Con este tipo de programas de conservación y reforestación, el Gobierno ha proyectado bajar de forma significativa el problema de la deforestación.
El MAE informa en el país la deforestación es evaluada y reportada por periodos de tiempo. “Para el periodo 1990-2000 se reportó una deforestación neta a nivel nacional de 92 742 hectáreas por año; en el periodo 2000-2008, la cifra fue de 77 748 hectáreas por año y durante el último periodo 2008-2014, se registró una deforestación neta de 47 497 hectáreas por año. Es decir que, en relación a las últimas dos décadas, se constata una reducción de la deforestación del 51 % en el país”, desglosa esta cartera de Estado. Los valores correspondientes al  2015 y 2016, se indica en una comunicación, están en proceso de evaluación y se prevé que su reporte y publicación estén listos para mediados de este año.
A pesar de los esfuerzos por frenar la tala ilegal, los cargamentos de dudosa procedencia siguen surgiendo de las provincias verdes del país. El 3 de febrero pasado, agentes policiales, de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), decomisaron en Zamora 3,24 metros cúbicos de madera que no contaban con la documentación respectiva.
El comandante de la UPMA, José Ricardo Yánez, detalla a Mongabay Latam que el año anterior hubo 1248 casos de vehículos detenidos en carreteras y madera decomisada en aserraderos y otro tipo de destinos finales.
La UPMA dio cifras de los metros cúbicos de madera incautados desde el 2013 hasta el 2016. En el 2013, agentes aprehendieron 7061,79 m3; en el 2014, este rubro ascendió a 13 660,91 m3; en el 2015, la cifra se redujo en 10 878,45 m3; sin embargo, al año siguiente, el volumen incautado subió a 13 375,83 m3. Del 2013 al 2016 hubo un incremento de metros cúbicos de madera incautados de casi el 100 %.
Para el jefe de la UPMA, el aumento de las aprehensiones se debe a los controles que se ejecutan tanto en carreteras, lugares de acopio, además de operativos sorpresa que se logran con Inteligencia de la Policía. No obstante, Yánez también presume que otro factor que puede estar incidiendo en el aumento de los decomisos es que las personas dedicadas al tráfico de madera se estarían aprovechando del programa gubernamental Socio Bosque.
Camión cargado de madera transitaba por una vía de segundo orden cerca del poblado de Zapallo, en el cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, en el norte del Ecuador. Foto de  José Schreckinger.
“A lo mejor hay más traslado de madera quizás por lo que se está implementando el programa Socio Bosque, que lo maneja el MAE, y que a lo mejor muchas de las personas quieren desvirtuar de que están autorizados de un aprovechamiento sustentable de la madera. A lo mejor esas personas que trafican o están trasladando madera tratan de aprovecharse de ese programa y a lo mejor están comenzando a sacar más madera”, expone.
Para el Ministerio del Ambiente, no se ha dado tal suerte de aprovechamiento del programa estatal para incrementar la tala ilegal por parte de traficantes de madera. Esta institución asegura que el plan de incentivos “tiene una efectividad de conservación del 98 %, (que) lo mismo ha sido comprobado en estudios realizados por el Ministerio del Ambiente”. Añade que este programa “ha contribuido al fortalecimiento de los procesos de monitoreo en territorio y que ha servido para fomentar una cultura de cuidado y respeto por parte de las comunidades locales hacia los bosques”.
El investigador de la USFQ, David Romo, sostiene que el programa Socio Bosque tiene que ir más allá de los incentivos y de los controles ejecutados solo por las instituciones competentes del tema.
“Comenzamos con bastante fuerza en este tema de Socio Bosque y de las implicaciones del manejo de la producción maderera en el Ecuador y de cómo queremos medir la deforestación y nos quedamos un poco estancados ahí. Sí se requiere mejorar los mecanismos de control y debe de ser un control que no solamente parte del Estado, sino que incluso está dado por las mismas comunidades localmente por monitoreadores de las comunidades que pueden reportar al Estado”, analiza y plantea Romo.
La práctica de camuflar especies forestales protegidas en cargamentos de producto maderable aprobado para la tala y su traslado ha sucedido siempre, dice el especialista. De ahí que considera que se debe capacitar a quienes realizan los controles en las zonas identificadas con el problema de la deforestación.
“Cuando tú ves esos camiones que van cargados con un montón de palos en las carreteras están viajando con una guía que ha sido aprobada por el Ministerio del Ambiente, el problema al final del día es que la persona que tiene que emitir la licencia no es necesariamente la persona que va a verificar (en controles de carretera) qué árboles fueron los que cortaron (…) tiene que ser alguien que tiene el conocimiento para eso, pero eso está verde”, apunta Romo. “Al final del día, creo que el problema fundamental que hace que todas estas actividades continúen es que no hemos tomado absoluta seriedad de la conservación de áreas como el Yasuní. La conservación no es una cosa que se da porque yo paso leyes o armo estrategias de control a la brava, nosotros necesitamos trabajar con la gente que vive ahí, trabajar desde todas las instancias para que la calidad de vida de esas personas mejoren (…) se debe trabajar con las comunidades para que ellas tengan otras alternativas (sustentables) de ingresos (…)”, señala.
La UPMA detalla que del total de metros cúbicos incautados el año anterior, a nivel nacional (13 375,83), el 49,56 % proviene solo de siete de las 23 provincias del Ecuador continental. Se trata de las provincias con mayor biodiversidad del país. De ahí la preocupación de las ONG y de la comunidad científica.
Entre los cargamentos incautados constan productos forestales sin la documentación correspondiente, que presentan irregularidades en la guía de movilización, además de  exceso de material del que se detalla en los papeles y también madera de especies protegidas por la Ley, como el cedro, extraídas sin permiso o de zonas restringidas.
El MAE tiene definido un listado de 26 especies forestales bajo la clasificación de especies de aprovechamiento condicionado debido a que por su alto valor comercial han sufrido una sobreexplotación, lo que ha ocasionado una disminución de sus poblaciones dentro de las áreas de bosques nativos del país. Entre las especies en este listado están el  cedro, guayacán, caoba y bálsamo.
El doctor  Romo, de la USFQ, explica que las pérdidas de especies son incuantificables desde que se abren espacios en la selva para la construcción de caminos, en el caso de los proyectos petroleros.
“Cada construcción de vías requiere la tala de especies sin respetar si son finas o no, viejas o jóvenes, pues se abre un derecho de vía, tanto para vehículos, como para construir los oleoductos. Asociado a los árboles hay miles de millones de especies animales, principalmente insectos y se estima que la deforestación de apenas un kilómetro de bosque llevará a la extinción varios cientos de especies de insectos sin que estos logren ser registrados. ¡Perdiéndose esta información para siempre!”, lamenta Romo.
La fauna, testigo y víctima directa de la deforestación y otras actividades ilícitas
La fauna de estas zonas sufre constantes impactos por la deforestación sistemática de su hábitat. El titular de la UPMA indica que del tráfico de madera se desprenden otras actividades ilícitas como el tráfico de especies animales.
“Muchas de las personas que van a talar encuentran fauna, especialmente loros, monos, culebras y les sacan de su entorno. En los árboles encuentran nidos de tucanes, o encuentran animales recién nacidos y los trasladan justamente para comercializarlos. Si los logran capturar vivos se los llevan para que sean animales domésticos, para venderles a las personas que les atraigan estos animales (…). Un tucán o un mono puede costar entre 500 y 1000 dólares, en el mercado internacional quizá pueden estar superando los 5000 y 10 000 dólares (…). Y si los matan, los trasladan para tenerles disecados y también les venden”, describe el mayor de la Policía Nacional.
El narcotráfico es otra de las actividades en las que pueden estar involucrados los traficantes de madera.
“Esta actividad puede relacionarse con otros delitos, como el caso de sustancias estupefacientes, algún tipo de transporte de armas, de forma camuflada dentro de la madera”, refiere el uniformado. Yánez recuerda la detención de dos personas en Guayaquil por transportar 335 kilos de cocaína en un cargamento de madera en septiembre pasado.
Le legislación ecuatoriana establece sanciones económicas y de privación de libertad para quienes afecten a la flora y fauna del país. Es así que en el artículo 78 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre se estipulan sanciones con multas equivalentes al valor de uno (375 dólares) a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, herramientas y equipos para quien afecte, transporte, comercialice y adquiera los productos forestales o de vida silvestre pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento.
En cambio, el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una sanción de uno a tres años de cárcel para quien cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional e internacional.
Un halcón negro  en una orilla del río Tiputini. Foto de José Schreckinger.
Llamado a las autoridades
Belén Páez considera que se deben de implementar planes de manejo forestal con las comunidades de pueblos ancestrales y comuneros de las zonas donde se han abierto estas rutas carrozables, para que conozcan la realidad de la problemática de la deforestación y cómo impulsar emprendimientos de desarrollo socioeconómico sustentables. Páez cita estudios realizados en Brasil, Perú y Bolivia que demuestran efectos negativos serios en poblaciones donde la deforestación influyó en el surgimiento de otros problemas, pero en el campo social.
“Los primeros años tienen ingresos que les permiten comprar cosas de la ciudad, gastos varios de necesidades básicas, salud, educación (…). Ingresos que les permiten tener acceso a adicciones como el alcoholismo, la prostitución y después de unos años, estos mismos estudios, en las estadísticas, demuestran que a nivel ambiental esas comunidades se han deteriorado completamente. Que sus recursos, que históricamente tenían, el acceso a sombra, el acceso a todos los servicios ambientales que provienen del bosque, ya no están. Entonces se genera lo que se llama una pobreza de bosque. Un fenómeno social que en las comunidades indígenas no existía cuando el bosque estaba íntegro”, describe la ambientalista.
Romo, de la Estación de Biodiversidad Tiputini, en el Yasuní, coincide en que “se debe invertir en la gente local”, que “se requiere creatividad para ayudar con proyectos sustentables, pero (que) no se ha hecho ni hay la intención aún (de hacerlo)”.
El científico le cuenta a Mongabay Latam que estaban “trabajando en una estrategia para evaluar la deforestación de manera temprana”. No obstante, este estudio solo estaba financiado hasta el 2012. Romo señala que están esperando renovar el financiamiento. El objetivo de este trabajo, añade, es el de tener un sistema paralelo al que tiene el Gobierno, y así poder validar la información de manera independiente. Por ahora dice: “Estamos estancados”.

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/02/ecuador-cuando-las-rutas-proyectos-extractivos-abren-camino-la-deforestacion/?utm_source=Latam&utm_campaign=425a4bae5d-BOLETIN_2017_03_03&utm_medium=email&utm_term=0_e3bbd0521d-425a4bae5d-71089191

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