Espejos de un mismo Saqueo: El FMI en Argentina y en los países Arabes

Argentina se encuentra en las vísperas de grandes conflictos por la aplicación del ajuste concertado por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Las movilizaciones en la calle se suceden en forma cotidiana, mientras todos los especialistas diagnostican un agravamiento de la crisis económica y un creciente deterioro social.

En este contexto conversamos con Claudio Katz y Eduardo Lucita, que son dos conocidos integrantes de EDI (Economistas de Izquierda) sobre las alternativas en debate.

Mario Hernandez

Por una coordinadora de economistas contra el FMI

MH: En distintos artículos han señalado las dificultades del escenario económico y político actual ¿Para Uds. por dónde pasa el debate actual?
CK: Es evidente que no existe ninguna posibilidad de superar el dramático horizonte que afronta el país sin rechazar en forma categórica el acuerdo con el FMI. El sometimiento a ese convenio debe ser impedido antes de su afianzamiento como regla de futuro, no olvidemos que el acuerdo alcanza a los 36 meses, es decir, que condicionará también al próximo gobierno cualquiera sea. El FMI no ha cambiado y las fantasías sobre su nueva sensibilidad social han sido refutadas por sus políticas de ajuste en todos los países.
EL: En este sentido pensamos que formalizar una convocatoria a desarrollar una campaña conjunta de actividades por la ruptura del acuerdo con el FMI, puede ser una posibilidad. De esa forma se podría instalar un programa de emergencia que abra el camino a transformaciones más profundas. Se podría plantear el conjunto de medidas indispensables para enfrentar la grave situación económica, siguiendo el principio que las consecuencias de la crisis deben recaer sobre sus causantes y no sobre el pueblo.
MH: ¿Qué formas concretas tendría esa convocatoria?
CK: Podría ser concertar un acuerdo entre entidades, corrientes y agrupaciones de economistas, para coincidir en un programa de actividades y de propuestas en común. La idea podría ser formar una suerte de Coordinadora de economistas contra el FMI. De esa forma podríamos acompañar la resistencia social y política al pacto con el Fondo, que ya se expresa en múltiples documentos, pronunciamientos y actos de protesta, no es ajeno a ello el nuevo rol que se le quiere asignar a las FF AA. Creo que podríamos aportar con nuestro conocimiento a la batalla cultural en curso para demostrar que el ajuste no es inevitable y que existen otras alternativas para superar la crisis actual. Otro camino a seguir.
MH: ¿Ven viable esa propuesta?
EL: Lo pensamos como una posibilidad y nos apoyamos en la complejidad y, sobre todo, en las perspectivas que está tomando la crisis, que son realmente preocupantes. Desde hace algunas semanas el BCRA ha logrado mantener estable el tipo de cambio pero a un costo muy alto en tasas de interés y en el cambio de deuda en pesos (Lebacs) por deuda en dólares (Letes), lo que abre el interrogante sobre la sustentabilidad de la deuda de corto plazo, algo que ya advirtió el propio FMI.
El presidente Macri en su reciente conferencia de prensa, en la que no dijo nada sustantivo, cambió la caracterización de turbulencia a tormenta, como diciendo que es más profundo el problema. Tanto él como sus funcionarios se niegan a hablar de crisis, pero es indudable que estamos en una crisis, y no menor. Incluso la directora del FMI vino para la reunión ministerial del G20, pero no era necesario que lo hiciera acompañada de todo su staff, incluso del economista que está a cargo del caso argentino (NR: Roberto Cantarelli), vinieron a ver qué estaba pasando, a auscultar el ambiente económico y político.
CK: Efectivamente puede considerarse que fue una misión adelantada del Fondo, incluso en otra conferencia Christine Lagarde advirtió que las metas de inflación y fiscales estaban para cumplirse.
A lo dicho por Eduardo agregaría que l os dueños del poder también advierten el posible incumplimiento de las metas acordadas con el FMI. Se perfilan dos escenarios: una regresión controlada o un estallido inmanejable. El primer contexto repetiría lo ocurrido en Grecia y el segundo lo padecido en el 2001.
EL: Desde lo económico me parece que al tener un tipo de cambio flotante las devaluaciones operan como válvula de escape. Recordemos que ya hubo tres en pocos años -2014, 2015 y ahora- distinto a Grecia que el Euro (como también la convertibilidad en tiempos de De la Rúa) ejerce un presión hacia abajo permanente, por lo que me parece que el escenario más probable es el del ajuste permanente, ahora desde lo social sí puede haber un 2001, porque las tensiones sociales se van acumulando y la recesión recién está comenzando.
Es necesario suspender el pago de la deuda
MH: Pero el gobierno dice que el año que viene la economía repuntaría.
EL: Sí, si el tiempo acompaña la cosecha será buena y hay que ver la situación internacional que por el momento no ayuda, si se recupera el precio de la soja, si mejora económicamente Brasil, si baja el precio del petróleo... Pero lo cierto es que hoy una cosecha no alcanza, incluso con la baja de las retenciones la contribución al fisco sería menor y además ¿cuándo ingresarían esos dólares si no se les impone un plazo para hacerlo?
MH: ¿Y entonces qué contenidos concretos tendría esa convocatoria?
CK: Para evitar los despidos masivos, la pulverización del salario y la contracción del nivel de actividad, la enajenación de nuestra soberanía y la sumisión al sistema financiero internacional es necesario suspender el pago de la deuda. Esa decisión es imprescindible para cortar el festival especulativo con títulos públicos y para reducir las altísimas tasas de interés que sofocan la actividad productiva. Permitiría utilizar en forma racional los escasos dólares que ingresan al país. También serviría para revisar el estado real del endeudamiento. Urge una auditoría integral de la deuda comenzando por las operaciones concertadas por el gobierno Macri.
EL: Esas medidas son necesarias porque en los últimos meses se consumó una monumental salida de dólares. El dinero que falta en las escuelas y hospitales se esfumó del país por la ausencia de controles al movimiento de capitales. Para contener ese drenaje habría que instaurar el control de cambios, junto a rigurosas disposiciones de supervisión estatal del ingreso y la salida de fondos. Sin ese manejo no hay forma de contener realmente las corridas cambiarias y la economía nacional continuará navegando a la deriva.
CK: Es indispensable retomar el principio de soberanía en el uso de las reservas, que el gobierno ha delegado a los funcionarios del FMI. Ellos garantizan la libre flotación del dólar provocando interminables temblores de la economía.
Junto a la introducción del control de cambios es necesario regular todo el movimiento de divisas. La obligatoriedad de liquidar en el país las divisas de exportación, en un plazo máximo de 30-90 días debe ser restaurada de inmediato.
MH: ¿Pero estas medidas no requerirían algún tipo de acción oficial sobre el sistema financiero?
CK: Sin dudas. La experiencia indica que junto a la protección de los recursos financieros hay que establecer un riguroso control estatal de los préstamos y depósitos de los bancos. Esta decisión es urgente, puesto que el gobierno ha comenzado a traspasar la insolvencia fiscal a las entidades, mediante la mayor colocación de bonos de dudosa cobrabilidad. El control estatal de los bancos es la única forma de contrarrestar esas aventuras protegiendo al pequeño ahorrista.
La misma urgencia presenta la protección del Fondo de Garantía Y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que es el principal botín que quiere incautar el FMI. El gobierno le colocó bonos depreciados mientras utilizaba los dólares de las reservas para financiar las fugas de capital. El FGS es la joya de la abuela que se intenta rematar con los mismos procedimientos utilizados por Menen. Es la gran presa apetecida por los acreedores y por los grandes grupos nacionales que quieren recuperar las acciones que tienen en la ANSES. De esa forma esperan enterrar cualquier resabio de participación estatal en sus compañías. El FMI exige que se afronte el gasto corriente de las jubilaciones con los recursos del FGS. Con esa decisión la reserva se extinguiría en poco tiempo y quedaría abierto el camino para reintroducir los fondos privados de pensión.
El bache de las cuentas públicas fue potenciado en el último bienio

MH: Pero el gobierno argumenta que la causa de la crisis es el desequilibrio de las cuentas públicas y que la solución es reducir ese desbalance….
EL: Ellos pretenden circunscribir todo el temblor actual a un problema fiscal y suponen que se resuelve desde el gasto y no de los ingresos. Por eso acusan a la población de originar el déficit, ocultando que el bache de las cuentas públicas fue potenciado en el último bienio. Transformaron los problemas precedentes en una crisis fiscal. Para favorecer a los grandes grupos se eliminaron las retenciones al agro y la minería. Por eso es impostergable la reimplantación de esas cargas. Junto a esa reintroducción correspondería restaurar los gravámenes a los bienes suntuarios, ampliando las escalas de Bienes Personales y Ganancias.
El mismo principio debería regir el reordenamiento del monotributo junto con revisar todas las exenciones impositivas y la reimplantación de los aportes patronales eliminados.
Para afrontar la durísima situación actual se impone, además, la adopción de un impuesto extraordinario a los ganadores del modelo y a las grandes fortunas. También a los depósitos off shore. Esas tenencias deberían ser una de las principales fuentes de recaudación adicional. Contienen dinero generado en el país transformado en activos radicados fuera de nuestras fronteras. Luego del último blanqueo resulta posible utilizar los archivos de la AFIP para instrumentar esta medida.
CK: Además, yo diría que el oficialismo focaliza la crisis en el desbalance fiscal para ocultar la gravedad del desequilibrio externo. Con desgastados pretextos de eficiencia facilitó el indiscriminado ingreso de importaciones, generando el mayor déficit comercial de la historia, El fomento de la especulación financiera condujo, además, a una apreciación cambiaria que deterioró las exportaciones. También desguarneció a la economía frente a las adversidades externas. Sin administración del comercio es imposible revertir esos problemas. Medidas más drásticas de control estatal de las importaciones y exportaciones serían también necesarias para rehabilitar la economía.
Esas iniciativas deberían facilitar la recomposición del tejido social, comenzando por quitar el IVA a los artículos de primera necesidad y la distribución gratuita de alimentos entre los sectores empobrecidos. Frente a la pesadilla inflacionaria que se agravará en los próximos meses, proponemos el control estatal de los precios. La efectividad de esa regulación depende de la firmeza en su aplicación, recurriendo especialmente a las normas vigentes que permiten penalizar las remarcaciones y el desabastecimiento. El éxito de esa acción depende de la participación de los consumidores, especialmente de las organizaciones sociales.
La destrucción del salario y de las condiciones de trabajo es el corazón del acuerdo con el FMI
MH: ¿Qué se podría hacer para evitar el inminente deterioro de los sueldos y el peligro de un gran desempleo?
EL: Es indudable que la destrucción del salario y los ingresos populares, de las condiciones de trabajo, es el corazón del acuerdo con el FMI, por eso una nueva reforma laboral y el ataque a los sindicatos. Esta agresión podría ser revertida con aumentos de emergencia y reapertura de paritarias libres y la defensa de los Convenios colectivos. También programan el despido masivo de empleados públicos para generalizar el desempleo y debilitar la resistencia social.
Una ley prohibiendo los despidos y suspensiones durante dos años es la única forma de cortar la perspectiva del paro masivo, que asumirá mayores proporciones con el inicio de la recesión en el sector privado. Que debe complementarse con el control del cumplimiento efectivo de la jornada legal de 8 horas, en camino a la reducción de las horas de trabajo, la igualdad de género en relación al salario y las condiciones de trabajo y el cupo laboral para trabajadores/as trans.
CK: No olvidemos además que los atropellos en curso incluyen la continuidad de los tarifazos que asfixian a las familias y quebrantan a las pequeñas empresas, ya se anunciaron nuevos aumentos en luz, gas y combustibles y hoy nos enteramos de los nuevos precios de los boletos del transporte. Su justificación en futuras inversiones queda refutada por enormes ganancias de los concesionarios, que no se traducen en mejoras del servicio. Para encubrir ese desfalco los costos de las empresas se mantienen en un invariable secreto. Hay que hacer públicos esos costos.
Yo creo que los tarifazos son tan inadmisibles como la denigración de los subsidios. Se oculta que estas subvenciones existen en todos los países y cumplen una estratégica función de apuntalar el consumo y la producción. Proponemos retrotraer las tarifas a noviembre pasado y suspender los aumentos mientras dure la crisis. Posteriormente deberá discutirse una evolución acorde al incremento del salario. Esa decisión también implica revisar los contratos y eliminar la garantía en divisas. La dolarización de las tarifas conduce al colapso de la economía.
MH: Para terminar ¿cuán grave es la recesión que está comenzando?
EL: Después de dos años de anémico vaivén del PBI se perfila una recesión de grandes proporciones, que se agravará con los recortes que impone el acuerdo con el FMI a la obra pública. Fijate que algunos consultores de cuño neoliberal (Broda, Santángelo, Ecolatina) ya comienzan a pronosticar para este año una caída del PBI de entre -0.5 y -1%, cuando se venía hablando de 0.4 ó 0.5 positivo. El drástico freno ya comenzó con la sub ejecución del presupuesto. Este dramático resultado no es inexorable si se implementa un plan de recuperación de la economía, basado en obras públicas y créditos a las PYMES.
CK: Aunque el gobierno se empeñe en demostrar que la crisis es un azaroso efecto de tormentas externas, herencias de la gestión anterior o conductas de la sociedad, salta a la vista la responsabilidad de su modelo neoliberal centrado en la libertad de mercado. Ese esquema ha recreado los típicos desequilibrios de la apertura comercial, la desregulación financiera, la precariedad laboral y el desbocado endeudamiento.
EL: Es más grave que una recesión, incluso La Nación recoge comentarios de Wall Street que hablan de que la recesión sería más prolongada. Para salir de esta encrucijada para la que el gobierno no tiene más margen de maniobra que ratificar el rumbo, hay que señalar otro camino. Creo hemos aportado ya algunos elementos para esto pero, sobre todo, es necesario coordinar y aunar esfuerzos, con el mayor desprendimiento de apetencias personales, de grupos o de partidos. El movimiento de mujeres, un movimiento de movimientos, es un ejemplo a seguir. Diría pensar menos en el 2019 y más en que este es el momento de actuar de conjunto para evitar que la sociedad termine instalándose en la crisis. Ahora es cuando.

Fuente: Rebelión - Imagenes: ‪Perfil.com‬ - ‪enfoquenoticias.com.mx‬
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El gatopardismo del FMI en el mundo árabe

Las protestas antiausteridad que con mayor o menor intensidad han ocurrido este año en Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania constatan que las políticas promovidas por Fondo Monetario Internacional (FMI) no han cambiado respecto a las del período prerrevolucionario. ¿Que todo cambie para que todo siga como está?

 

Marc Español

Doctores vestidos con bata blanca, abogados cubiertos con toga negra y músicos armados con instrumentos tradicionales. Lo que hubiera quedado como una estampa cotidiana en hospitales, juzgados y tarimas de Jordania se convirtió de repente a finales de mayo en una imagen inusual por encontrarse todos ellos en las calles de la capital, Amán, unidos con su indumentaria de trabajo a las mayores huelgas que ha vivido el país recientemente.
Estalladas en pleno mes de Ramadán, las protestas desbordaron las calles jordanas gracias a su carácter transversal, que unió desde beduinos hasta trabajadores de la alta tecnología, y a su nítido desencadenante: el rechazo a una subida de impuestos que amenazaba con volver a castigar a las clases populares en medio de nuevos recortes y subidas de precios.
Poco antes que los jordanos, los egipcios habían convertido algunas paradas del metro de El Cairo en su particular escenario de protesta. Aunque pequeñas, aisladas y tajantemente reprimidas, algunos osaron reprobar el excepcional aumento de precios de los billetes (de hasta el 350%), una medida enmarcada en otra ola de recortes impulsada por el Ejecutivo que ha conllevado un nuevo encarecimiento de la electricidad, el agua y los combustibles.
Anticipándose a los dos casos anteriores, Túnez dio la bienvenida a 2018 saliendo a la calle para expresar una vez más su profundo descontento con el rumbo del país. La chispa que prendió un invierno más la llama tunecina, y que terminó con centenares de detenidos, fue el alza de impuestos y el recorte de subsidios del nuevo presupuesto aprobado por el Gobierno, obsesionado con devaluar la moneda y reducir el déficit a base de austeridad.
Lejos de tratarse de una coincidencia, Jordania, Egipto y Túnez son los países árabes que han llevado a cabo mayores planes de ajuste dictados por el Fondo Monetario Internacional desde que estallaran las Primaveras Árabes en 2011, y sobre todo desde que en 2016 llegaran a acuerdos millonarios con el organismo subordinados a reformas estructurales. En el caso jordano, el acuerdo ascendió a 723 millones de dólares, en el egipcio a 12.000 millones y en el tunecino a 2.900 millones.
Quien tampoco se ha mantenido al margen de esta dinámica ha sido Marruecos, sacudido por las manifestaciones que se produjeron en marzo en la ciudad minera de Jerada a causa de la falta de empleo, el alto coste de vida y la marginalización que padece. A pesar de que la situación de Rabat es a priori más estable que la de Amán, El Cairo y Túnez, Marruecos ha recibido 15.000 millones de dólares en tres préstamos aprobados por el FMI desde 2011, lo que también le ha obligado a implementar ajustes como reformar el sistema de pensiones, recortar subsidios o desregularizar el mercado.
Unas reformas que, lejos de mejorar la situación económica de la mayoría de habitantes de estos países, recuerdan al fantasma que tanto desgastó al mundo árabe antes de 2011.
De Washington a Deauville
En la crisis económica que contribuyó a crear el caldo de cultivo en el que germinaron las Primaveras Árabes, el FMI no estaba exento de culpa. Ya a partir de 80, muchos países de la región (entre ellos Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania) comenzaron a implementar bajo los auspicios del organismo las políticas del denominado Consenso de Washington, una receta estándar basada en 10 tipos de reformas de tinte neoliberal como la disciplina fiscal, la liberalización financiera y comercial, la privatización de empresas públicas o la desregulación del mercado.
Como consecuencia de estos preceptos, algunos indicadores macroeconómicos regionales mejoraron (en los países árabes el PIB aumentó de media un 4,9% anual entre 2000 y 2010, según un estudio elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2012), pero lo hicieron a costa de la justicia social. En este sentido, Nada al Nashif y Sima Bahous, del PNUD, señalaron que las recetas del FMI fracasaron “en crear empleo y servicios sociales para satisfacer las crecientes aspiraciones de los ciudadanos árabes” y tuvieron entre sus grandes déficits “el diálogo y la protección social”. Y es que a pesar de que el crecimiento económico fue relativamente alto, el organismo apunta que solo una pequeña parte benefició a las clases populares, como pone de manifiesto el hecho de que la renta per cápita aumentó solo la mitad de lo que lo hizo el PIB (alrededor de un 2%), lo que redujo poco las tasas de pobreza (un 6% de media entre la década anterior y posterior a 2000) y frenó los índices de desarrollo humano, sobre todo a partir de 1990 y hasta 2010.
Consciente de la imagen de agente disciplinado al servicio de las elites occidentales que se había forjado en la región, el FMI vio en las Primaveras Árabes una oportunidad para revisarse y presentarse como una institución más flexible. Así, en diciembre de 2011, la directora general del organismo, Christine Lagarde, subió al estrado del centro Woodrow Wilson para reconocer que los suyos ni habían anticipado “las consecuencias de un acceso desigual a las oportunidades” ni habían “prestado suficiente atención a cómo estaban compartiéndose los frutos del crecimiento” en la región, por lo que pedía que el culto a la estabilidad económica pasase a ir de la mano de un “crecimiento inclusivo”.
La primera oportunidad para llevar a cabo esta transición, al menos en el plano discursivo, había llegado en mayo de ese mismo año en la elitista comuna francesa de Deauville. El G8, reunido en la localidad gala, estableció la llamada Asociación del G8 de Deauville, a través de la cual el selecto club, junto con Turquía, los países del Golfo e instituciones como el FMI y el Banco Mundial se comprometieron a prestar hasta 40.000 millones de dólares a lo que denominaron “países árabes en transición” (Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Jordania y Yemen). Una oferta que estaba vinculada a la condición de implementar reformas estructurales pilotadas, en buena medida, por el FMI.
Así fue como, ligeramente a partir de 2010 y sobre todo después de 2011, el organismo monetario empezó a incorporar en sus planes recomendaciones referidas al “crecimiento inclusivo”, “el fortalecimiento de sanidad y educación” y la “mejora de la redistribución y la desigualdad”. Según recogen los investigadores Bessma Momani y Dustyn Lanz en un análisis elaborado en 2014, el FMI no realizó nunca estas sugerencias en Marruecos, Túnez y Egipto hasta el estallido de los levantamientos, mientras que en 2013 las incluía todas a la vez, en un claro signo de cambio tras el período revolucionario.
‘Déjà vécu’
El abandono de un discurso vacío de justicia socioeconómica a partir de 2011, sin embargo, no se ha traducido en la práctica en ningún cambio sustancial de las exigencias del organismo. Tal y como recogen sus propios informes, el mundo árabe, y en particular los países vinculados al FMI, se ha visto vapuleado por tenaces medidas de ajuste, entre las que destacan la reducción de subsidios (con la comida y la energía como principales blancos); recortes en instituciones públicas; incremento de impuestos sobre el consumo; y reformas de los sistemas sanitario, de pensiones y de redes de seguridad social. Las fórmulas del Consenso de Washington han servido de marco para ello.
Otros factores internos y externos como la rampante corrupción, la reducción de ayudas procedentes del Golfo o la guerra siria también agravan la delicada situación de algunos de estos países. No obstante, la percepción de que las nuevas oleadas de austeridad son fruto del romance entre el FMI y los respectivos gobiernos se mantiene intacta, especialmente debido a la evidente relación de causalidad que se puede trazar entre las demandas de los primeros, las políticas de los últimos y los efectos sobre la ciudadanía.
En esta línea, poco después de que El Cairo completase la más reciente batería de recortes, el FMI finalizó la tercera revisión de su convenio con el país de los faraones y aprobó un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares tras loar “la fuerte implementación del programa [de reformas]” y su “rendimiento generalmente positivo”. Mientras tanto, la inflación vuelve a remontar hasta el 14,4% (con una media superior al 32% en 2017) y el desempleo se estanca por encima del 10%, recrudeciendo una situación muy delicada. Desde que El Cairo devaluó su moneda un 50% a petición del FMI a finales de 2016, las tasas de pobreza y de los que viven en situación de riesgo se habría disparado más del 5% cada una, y la capacidad de compra de la mayoría se ha desplomado a menos de la mitad.

Marroquíes protestan en la ciudad de Jerada contra la marginalización económica. Fadel Senna/AFP/Getty Images

La situación para los jordanos también dista de ser alentadora. Su crecimiento económico queda lejos del registrado antes de 2010, su deuda pública bate récords desde su primer acuerdo con el FMI en 2012, el turismo no remonta y la inflación se mantiene en torno al 5% a pesar de que Amán, la ciudad con más habitantes, es ya la segunda más cara de la región. Además, el desempleo se sitúa por encima del 18%, y aunque no hay datos oficiales recientes al respecto, el nivel de pobreza se encontraría por encima de esa cifra.
También en Túnez son cada vez más los que consideran que la situación económica del país es muy mala. El 26% de sus ciudadanos señalaba a finales de 2017 que tenía dificultades para adquirir los bienes más esenciales (10 puntos más que en 2016), y la mayoría (64%) consideraba que la crisis económica y financiera, así como el paro (actualmente por encima del 15%), son los grandes problemas que minan el país. La inflación se sitúa en el 7,8% y, desde la revolución de 2010, el índice de precios de consumo se ha disparado, una dinámica al alza que no ha cambiado desde 2016.
Marruecos, aunque no ha llegado a necesitar la misma bombona de oxígeno que los otros tres Estados árabes, sí que ha recibido tres empujones por parte del FMI desde 2011, manteniendo su imagen de buen discípulo. A pesar de ello, el desempleo escala por encima del 10% (que aumenta entre los jóvenes), el 16% de su población vive con menos de tres dólares al día, y el país no consigue alcanzar un desarrollo humano alto, siendo el número 123 de 188 en el IDH de 2016, por debajo de países como Irak o Egipto.
La ola de protestas que ha sacudido recientemente (sea en mayor o menor medida) estos países árabes que están ejecutando los planes de ajuste más severos pone de relieve que la paciencia que los gobiernos piden a sus ciudadanos, así como el propio contrato social en algunos casos, muestra claros síntomas de extenuación. Los resultados prometidos no llegan, y el tiempo se agota.
Con la excepción de Túnez, que está previsto que finalice su programa de reformas en 2020, la fecha de expiración de los planes en Marruecos, Egipto y Jordania es 2019, y el empeño de sus gobiernos por seguir en la senda de la austeridad se mantiene intacto. Amán no ha hecho gestos de querer cambiar de rumbo a pesar de las masivas protestas, y todo apunta a que, siguiendo la estela de Rabat, solo tratará de ralentizar las reformas. El Cairo ha aprobado recientemente un presupuesto claramente regresivo en el que los aumentos de ciertas partidas sociales es marginal cuando no directamente insuficiente, y ha anticipado que continuará su cruzada contra los subsidios hasta el final. Y Túnez, por su parte, sigue comprometido a no salirse de la raya a pesar de sus agudos problemas.
El FMI, por su parte, tampoco parece molesto con la actual situación y retiene su énfasis en que el mundo árabe debe seguir venerando la disminución de su deuda y haciendo hincapié en unos ajustes que incluyan “la eliminación total de los subsidios a la energía y los cambios en los sistemas de pensiones y de seguridad social”, tal y como recogían en un informe de mayo sobre las perspectivas económicas regionales.
Esta postura seguirá cementando la dinámica que Momani y Lanz ya apuntaban en 2014, en la que la retórica más justa del FMI choca con un asesoramiento en materia social “impreciso en comparación con otros temas como política financiera, monetaria y fiscal”. El organismo establece objetivos específicos en los últimos casos, pero no lo hace “para lograr un crecimiento inclusivo, mejorar la salud y la educación o reducir la desigualdad”. Una lógica que, de nuevo, nadie parece dispuesto a romper.

Fuente: https://www.esglobal.org/el-gatopardismo-del-fmi-en-el-mundo-arabe/ Imagen de piortrada:
Mercado Al Attaba en el Cairo, Egipto, mientras el país sigue atravesando una complicada crisis económica. Khaled Desouki/AFP/Getty Images