Patagonia: Corrimiento estatal, beneficio empresarial

El otorgamiento de becas de estudio en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz, nos permite analizar  algunas prácticas de las empresas mineras.
 
Hace unos días, se comentaba en los medios santacruceños que la empresa minera Newmont Goldcorp  pagaría en julio becas adeudadas con montos retroactivos desde marzo a junio a estudiantes de la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz, que no las habían recibido en este año. «Estamos felices de la vida y queríamos agradecer la oportunidad que nos dieron en los medios para difundir esta situación y esta noticia triste de Perito Moreno», indicaron los papás al hacer pública la situación del no cobro de las becas.  «Solo nos queda esperar a julio, cuando la empresa haría efectivo este pago» según informa El Diario Nuevo Día que tituló la noticia como: “Hubo acuerdo y la minera Newmont Goldcorp pagará las becas a los estudiantes de Perito Moreno”,  aclarando luego que se trataba de un acuerdo entre papás, ediles de la localidad y autoridades de la empresa.
Y para comprender la dinámica de esta operatoria, escuchamos los testimonios de las familias disponibles aquí.
De qué se trata el “aporte” de las mineras
El Concejo Deliberante de Perito Moreno tiene un convenio con el sector minero a través del cual 109 estudiantes reciben $11.000 en concepto de beca de estudio. Tres mineras hacen ese aporte: 50 becas son de Newmont, 50 de Patagonia Gold y el resto de Santa Cruz.
Algunas de las becas a cargo de Newmont iban a ser dadas de baja  a partir de la venta/traspaso de Gold Corp a Newmont y el cambio de condiciones que Newmont estableció  para recibir la beca.
El proyecto de becas funciona desde hace años y se rige con normas establecidas por el Concejo Deliberante de la localidad. Se enmarca además en proyectos de Responsabilidad Social Empresarial.
Para pensar…
Sabemos de la crisis económica en Argentina, una crisis estructural que el desmanejo político y el contexto mundial tienden a profundizar. Pero la estampa de la dinámica social, política y económica que muestra la localidad de Perito Moreno pone en primer plano una realidad que, quizás de tan obvia, puede pasar inadvertida.
Nos preguntamos por qué después de tantos años de explotación minera metalífera en Perito Moreno hay familias que siguen necesitando becas de estudio para sus hijos, por ejemplo.  Al parecer la megaminería NO estaría resolviendo per sé el aspecto económico de una región ¿verdad?
Nos preguntamos también, de qué “bolsillo” finalmente sale el dinero de esas becas, porque los programas de RSE representan beneficios tributarios para las empresas ya que los montos que “aportan” les son descontados de sus impuestos (que son prácticamente nulos en nuestro país para las empresas mineras).
Por último, nos preocupa que el otorgamiento de becas esté sujeto al cumplimiento de ciertos criterios  meritocráticos –ya sea que los establece el Estado Municipal o los establecen las Empresas- cuando en nuestro país la educación es un derecho universal  que además debe pensarse en términos de “continuidades” porque las mineras se retirarán del territorio una vez que lo hayan saqueado.
En síntesis, vemos aquí un muy claro ejemplo de lo que sucede cuando hay corrimiento estatal para asumir obligaciones: las empresas generan un nicho para presentar lo que parece ser un beneficio a la comunidad y, aunque tal vez lo sea en forma parcial y temporal, resulta finalmente en beneficios para el sector corporativo: lavado de imagen y favores tributarios.
La Educación Pública debe ser garantizada por el Estado y mantenerse independiente de las corporaciones.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/item/44045-corrimiento-estatal-beneficio-empresarial
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Argentina minera: Datos matan mentiras
La Secretaría de Minería de la Nación – ascendida a rango ministerial – y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros – principal vocero del discurso corporativo – aseveraban que, en 2007, la actividad había generado 40.000 empleos directos (ARGENTINA, 2008; 2010a; CAEM, 2015). Sin embargo, otro organismo oficial como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había estimado para ese año una plantilla laboral sensiblemente menor – 19.142 empleos directos (ARGENTINA, 2010b). Los informes de la Secretaría de Minería habían vaticinado para 2015 la cifra de 87.250 puestos directos de trabajo en el sector (ARGENTINA, 2008; 2010a), proyección sin fundamento toda vez que, durante el segundo trimestre de ese año, el personal en mina ascendió a 63.018 obreros, apenas el 0,3% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional – 18.076.746 obreros (ARGENTINA, 2015a).
 
La Secretaría de Minería presenta además estadísticas laborales elaboradas a partir de datos agregados que no permiten discriminar cuáles son los yacimientos y/o los subsectores de la actividad donde se inserta la fuerza de trabajo contratada revelando así la intencionalidad de atribuir a los proyectos metalíferos en particular la creación de puestos de trabajo.
Esa estratagema queda expuesta cuando se recurre a las estadísticas del INDEC: de los 60.244 puestos de trabajo directos registrados en 2014 en la minería en general, el 62,7% (39.503) correspondía a la explotación de minerales energéticos (petróleo, gas, carbón, uranio), y el 22,9% (14.473), al sector canteril (rocas de aplicación); la minería metalífera aportaba el 14,4% (9.072 obreros), cifra equivalente al 0,13% del empleo privado (6.490.746) y el 0,11% del empleo total nacional (7.965.375) (ARGENTINA, 2015a).
El gobierno catamarqueño había prometido en 1993 que, cuando Bajo La Alumbrera comenzara a funcionar, se crearían 10.000 puestos directos de trabajo: las imágenes que poblaron los diarios y la publicidad gubernamental pregonaban una gran ola de empleos mineros, a tal punto que se decretaban frecuentes feriados y asuetos para que la población de Andalgalá y Belén pudiera asistir a la llegada de las maquinarias del progreso.
Ese mismo argumento fue repetido años más tarde en San Juan. Sin embargo, la escasez de puestos directos de trabajo en el sector es la regla, no la excepción. La plantilla laboral de Bajo La Alumbrera asciende a 1.429 operarios, seguida por Gualcamayo (920), Veladero (800), Casposo (420) y Salar del Hombre Muerto (270) (IEEE, 2009; BELENINFO, 2012; NALM, 2010; 2015a; PASTOR, 2014; EL ESQUIÚ, 2012). Como resultado, el personal de esas cinco minas metálicas sumaría apenas 3.839 obreros, poco más de la tercera parte de las cifras que la narrativa estatal y corporativa había augurado dos décadas atrás para Bajo La Alumbrera.
Estos guarismos corroboran la aseveración de Machado Araoz  de que, por cada millón de dólares invertido en el sector, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos; teniendo en cuenta que la puesta en producción de los proyectos aquí considerados demandó 1.995 millones de dólares, la relación respecto de la generación de empleo directo sería de 1,92 puestos de trabajo por cada millón invertido.
Otra evidencia empírica de la falacia subyacente al mito del “empleo minero‟  es que  el boom metalífero no solo ha manifestado una ínfima influencia en la creación de puestos directos de trabajo, sino que en algunos casos hubo reducción de la capacidad de absorción laboral del sector minero en general.
En Catamarca por ejemplo, donde se emplazan tanto el principal mega-yacimiento cuprífero como la única mina de litio del país: la participación de la rama económica “Minas y canteras” en la ocupación laboral disminuyó, entre 2001 y 2010, del 0,99% al 0,26%. Lo mismo ocurrió a nivel departamental en el área de influencia de Bajo La Alumbrera, tal como lo demuestran los casos de Andalgalá (de 1,72% a 1,17%) Belén (de 7,73% a 0,93%) y Santa María (de 1,84% a 0,67%). La plantilla laboral minera de Andalgalá se mantuvo estable (79 obreros), en tanto que la de Belén y Santa María se redujo un 83,1% (de 550 a 93) y un 46,8% (de 109 a 58), respectivamente. Aún más drástica fue la caída registrada en Antofagasta de la Sierra – del 13,86% al 0,22% (ARGENTINA, 2009; 2013a), a pesar del creciente boom internacional del cloruro y carbonato de litio.
Otro importante factor a menudo ocultado   es que el origen geográfico de la inmensa mayoría de los obreros contratados no es local, ni siquiera provincial; por el contrario, posee un componente marcadamente extrarregional, incluso extranjero. So pretexto de baja cualificación laboral y/o escasa tradición minera de la fuerza de trabajo local, las empresas transnacionales suelen contratar a operarios provenientes de otras provincias argentinas no-mineras   así como también de algunas naciones sudamericanas, además de reclutar personal jerárquico y técnico originario de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Alemania, Inglaterra, Australia y Japón.
La reducida incidencia del sector sobre la ocupación directa se traslada también al empleo indirecto, debido a que la inmensa mayoría del equipamiento y los insumos utilizados en la explotación de los yacimientos es de origen externo, incluso importado. Como resultado, las minas funcionan como verdaderas economías de enclave casi absolutamente desarticuladas del tejido socio-productivo local.
En lo que atañe a la distribución de la renta minera, el discurso corporativo sostiene que, en el año 2013, la remuneración de los asalariados absorbió el 29% de la misma, al igual que el excedente de explotación (CAEM, 2015). Sin embargo, en la principal mina metálica del país (Bajo La Alumbrera) los salarios pagados en 2010 representaban sólo el 2,5% del valor bruto de producción, guarismo que caía a apenas el 1,7% cuando se extrapolaba dicho análisis al período 1998-2010.

Fuente: Psicoesfera y Minería Metalífera en la Argentina: el Mito de la Creación de Empleo en las Provincias de Catamarca y San Juan, Sebastián Gómez Lende.
Usted puede leer la investigación completa aquí: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/26650/CONICET_Digital_Nro.21760.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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