Argentina: ¿La megaminería genera empleos como dicen el gobierno y la UOCRA?
Ariel Iglesias
Ulises Crauchuk
En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, junto a la federación empresaria de la provincia y las cúpulas sindicales de la UOCRA, Camioneros, Comercio y Petroleros, legitiman la actividad otorgándole el rango de panacea y motor del desarrollo regional al argumentar que ésta constituiría una importante fuente de divisas y empleo genuino y de calidad.
¿Cuánto y qué empleo genera la minería?
La actual ofensiva para avanzar en el saqueo de los países semicoloniales y dependientes, como Argentina, por parte de los organismos multinacionales de crédito, como el FMI y las multinacionales se basan en imponer ajustes para pagar la deuda externa ilegal, fraudulenta e ilegítima y por otro lado a la apropiación de los recursos naturales y otros bienes, a costa de la degradación y contaminación del hábitat, la transferencia de bienes ecológicos y servicios ambientales, y el pillaje de la reserva mundial de recursos energéticos, entre otros.
En primer lugar, en materia de la generación de divisas para el país, los términos legales para la inversión minera no parecen agregar muchos recursos al erario público.
Argentina diseñó, desde 1993 con el menemismo y se mantiene hasta la actualidad, un andamiaje jurídico extremadamente favorable para el sector: estabilidad fiscal por 30 años; desgravación total de las importaciones (arancel 0%); reembolso y posterior exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA); doble deducción de los costos de exploración; regalías provinciales irrisorias - 3% (como máximo) del valor bruto en boca de mina; exención de gravámenes y tasas municipales y los impuestos al cheque, los sellos, los combustibles y la ganancia mínima presunta; permiso para exportar y remitir utilidades al exterior sin pagar tributos y utilizar cuentas off shore como base para activos financieros y plazas de depósito de divisas; eliminación de retenciones a la exportación; y financiamiento del Programa de Gestión Ambiental Minera (GEAMIN).
Como resultado, la inversión extranjera directa en el sector creció exponencialmente, pasando de 224 millones de dólares anuales en 2003 a 2.550 millones de dólares anuales en 2013; paralelamente, el número de proyectos se incrementó sustancialmente - de 40 a 336, las exportaciones crecieron un 349% - de u$s 1119 millones en 2003 a U$s 3902 millones en 2014, en su mayoría (92,6%) integradas por metales - oro, plata, cobre y, en menor medida, zinc, plomo, molibdeno, manganeso, cromo, cobalto y titanio. Pero los datos disponibles en materia de generación de empleo distan mucho de estos números.
¿Generación de empleo?
Según datos de la consultora ABECEB, encargada de un estudio de factibilidad en torno al proyecto Navidad en Chubut, en el año 2019 la minería metalífera representó el 37% de los puestos de trabajo a nivel nacional del sector minero, siendo el 55% ‘correspondiente a minas y canteras no metalíferas. Según datos oficiales, el mismo informe establece que de los 17 127 puestos de trabajo en la minería metalífera, solo 9641 corresponden a puestos directos mientras 7486 son personal de empresas contratistas, semi directos “puros”, ya que se da por supuesto que la cadena de valor minera a través de la red de proveedores representa dos trabajadores “indirectos” más por puesto de trabajo directo. De allí que el informe hable de 76 975 puestos de trabajo totales generados por el sector minero.
Ahora bien, si hablamos de exportación de bienes primarios de escasa elaboración ¿Cuáles son las cadenas de valor asociadas? En general, se trata de la puesta en funcionamiento de la mina, instalaciones, caminos, y demás infraestructura, ya que la inmensa mayoría de los equipos utilizados (palas, retroexcavadoras, camiones, etc.) son importados. Una vez concluida la etapa de puesta en funcionamiento del proyecto, el personal necesario se reduce drásticamente.
En el año 2011 el impacto de la minería en el total de la PEA en Argentina era de un 0.06%, aportando el 2% del PBI, el 2,55% de las exportaciones y apenas el 0.43% de los ingresos fiscales. Eses mismo año la por entonces Secretaría de Minería hablaba de 380 000 empleos directos y 800 000 indirectos para el 2025. Para 2010 la propia Secretaría hablaba 19412 trabajadores registrados de los cuales tan solo 7 127 lo hacían en la minería metalífera.
El reciente boom de la minería metalífera en la Argentina, con epicentro en las provincias de Catamarca y San Juan es una buena foto en la que el discurso de los gobiernos puede refutarse.
Catamarca y San Juan son dos de las provincias más representativas del auge minero. Las principales minas metálicas actualmente en explotación son: 1) Bajo La Alumbrera (de la suiza Glencore-Xtrata Copper y las canadienses Yamana Gold y Goldcorp), enclavada en los distritos catamarqueños de Belén y Andalgalá; 2) Salar del Hombre Muerto (de la estadounidense FMC Lithium), emplazada en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra; 3) Veladero (de la canadiense Barrick Gold), situada en el departamento sanjuanino de Iglesia; 4) Gualcamayo (de Yamana Gold), localizada en el distrito sanjuanino de Jáchal; y 5) Casposo (de la australiana Troy Resources), emplazada en el departamento sanjuanino de Calingasta.
¿Qué relación hay entre minería y "efecto-derrame‟ en la generación de empleo genuino vía la creación de puestos de trabajo directo e indirecto a nivel nacional y local?
La condición histórica de Catamarca y San Juan como provincias signadas por la pobreza fueron campo de cultivo para el discurso de que la minería metalífera era una panacea que genera miles de empleos directos e indirectos. Los cimientos y la credibilidad de ese relato estuvo en que fueron los gobiernos quienes impulsaron la idea de que “la minería es la industria madre de industrias‟.
Pero este mito de los gobiernos, multinacionales, empresarios locales y cúpulas sindicales se choca de frente con las cifras. Por ejemplo, la Secretaría de Minería de la Nación - recientemente ascendida a rango ministerial - y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros - principal vocero del discurso corporativo - aseveraban que, en 2007, la actividad había generado 40.000 empleos directos. Sin embargo, otro organismo oficial como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había estimado para ese año una plantilla laboral sensiblemente menor - 19.142 empleos directos. Los informes de la Secretaría de Minería habían vaticinado para 2015 la cifra de 87.250 puestos directos de trabajo en el sector, proyección sin fundamento toda vez que, durante el segundo trimestre de ese año, el personal en mina ascendió a 63.018 obreros, apenas el 0,3% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional - 18.076.746 obreros.
La perla del relato es que la Secretaría de Minería presenta esos miles de puestos de trabajo sin aclarar como si hace el INDEC que de los 60.244 puestos de trabajo directos registrados en 2014 en la minería en general, el 62,7% (39.503) correspondía a la explotación de minerales energéticos (petróleo, gas, carbón, uranio), y el 22,9% (14.473), al sector canteril (rocas de aplicación); la minería metalífera aportaba el 14,4% (9.072 obreros), cifra equivalente al 0,13% del empleo privado (6.490.746) y el 0,11% del empleo total nacional (7.965.375).
Un ejemplo, más para seguir derrumbando las mentiras sobre la generación de empleos. En Bajo La Alumbrera, el gobierno catamarqueño había prometido en 1993 que, cuando la mina comenzará a funcionar, se crearían 10.000 puestos directos de trabajo. Sin embargo, la escasez de puestos directos de trabajo en el sector es la regla, no la excepción. La plantilla laboral de Bajo La Alumbrera asciende a 1.429 operarios. Estos datos son congruentes con muchos estudios que plantean que, por cada millón de dólares invertido en el sector, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos.
En Andalgalá, segunda ciudad más importante de la provincia, y sede de las operaciones de la mina de cobre y oro más grande de América Latina, la desocupación alcanzaba en 2006 al 25% de la PEA. Seis años más tarde, esta problemática afectaba a la tercera parte de la PEA local, registrándose casi 5.000 desempleados sobre una población total de 18.000 habitantes.
La política de los gobiernos de buscar una legitimación política e ideológica que aseguren cierto consenso social para avanzar en la megaminería, tomando como eje la generación de puestos de trabajo, en una situación de aumento de la pobreza y desocupación, producto de la aplicación de políticas de ajuste que implementan los mismos gobiernos no resisten la experiencia de las provincias donde sí avanzó la megaminería como en San Juan y Catamarca.
En la provincia de Chubut, el proyecto Navidad es el principal incentivo para impulsar la megaminería. Estudios realizados señalan que en materia fiscal, por ejemplo, las contribuciones a la provincia serían del 1.9 % del presupuesto, mucho menos que el 7.5 % de los ingresos por regalías hidrocarburíferas. La coyuntura económica de la provincia de Chubut se caracteriza por un elevado déficit fiscal, ajustada liquidez y creciente endeudamiento (en gran parte moneda extranjera) condicionada por una alta dependencia histórica de las regalías del sector hidrocarburífero y por políticas que a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos, han hundido a la población trabajadora de la provincia en la pobreza, mientras los empresarios y terratenientes han aumentado sus riquezas exponencialmente como Bulgheroni de la PAE o Madanes Quintanilla de Aluar.
El gobierno además de vender la megaminería como la salida a la desocupación y a la diversificación productiva de la provincia plantea que el modelo minero extractivista es en base a una minería “sustentable” o “responsable”. Los derrames en San Juan y Catamarca hablan por sí solos contra esta otra mentira.
Una salida de y desde los trabajadores ante la desocupación y la pobreza
El atraso al que el modelo exportador basado en el petrolero de la “Dubai” de la Patagonia ha impuesto a la meseta chubutense y a toda la provincia está lejos de revertirse con un nuevo saqueo. Mientras el gobernador Arcioni acaba de presentar un proyecto de reducción de hasta el 50% de las ya mermadas regalías petroleras para “estimular” la explotación petrolera, continúa el saqueo de las empresas pesqueras de nuestros mares, se extranjeriza la tierra y se avanza en la desertificación de la pre-cordillera con la implantación de pinos, es evidente que el modelo de saqueo no hace más que profundizarse, gobierno tras gobierno.
Las medidas para enfrentar este nuevo intento de reprimarización de la economía en función de abastecer el mercado internacional de metales, no pueden quedar en mano de quienes lo han promovido sin “grieta”. A su vez es una fuente de recursos que buscan los gobiernos nacional y provincial para pagar la deuda externa ilegal, fraudulenta e ilegítima.
Es necesario imponer la voluntad de las amplias mayorías que rechazan este saqueo con la lucha en las calles por un programa de fondo que unifique a las asambleas ambientales, a la juventud y a los trabajadores ocupados privados y estatales, con los trabajadores informales y desocupados. Esta unidad es fundamental para enfrentar el discurso del gobierno que promete trabajo a ese sector de la clase obrera para romper la unidad contra la megaminería.
Los recursos actuales que genera la provincia, la cuarta jurisdicción en volumen de exportación del país, con u$s2000 millones en 2020, y que se fugan en los pagos de una deuda ilegal e ilegítima que condena a la provincia a la miseria del ajuste permanente, o terminan en manos de los grandes fugadores de siempre, los Bulgheroni y Madanes Quintanilla, Menendez, Braun, etcétera.
Contra esta política de falsas promesas megamineras, los trabajadores y el conjunto del pueblo pobre de la provincia deben oponer la pelea por un plan integral de obras públicas controlado por los propios trabajadores. En la provincia hacen falta construir escuelas, caminos, hospitales, y un plan de viviendas que podrían dar trabajo a miles de desocupados y acabar con la pobreza. Pero para eso hay que afectar los intereses de los ganadores de siempre, comenzando por los acreedores de la deuda y los capitalistas.
Como parte de este plan hay que plantear la urgente necesidad de resolver la dramática situación de miles de desocupados a través de un IFE de $40000 y el reparto de las horas de trabajo actualmente existentes sin rebaja salarial entre ocupados y desocupados, es una pelea inmediata que debemos plantearnos para oponer a este chantaje del gobierno ¿O no les preocupa resolver la situación de los desocupados? Ninguna promesa de generación de puestos de trabajo, de boca de quienes nos hunden en la miseria, puede justificar contaminar el agua de ríos y acuíferos en el marco de la actual emergencia climática.
Si como sostienen algunos sectores antimineros, la crisis actual de Chubut es “de diseño” para imponer la megaminería mediante la asfixia económica ¿qué mejor que construir una alianza con aquellos sectores de trabajadores ocupados y desocupados a los que el Estado busca usar como chantaje en su discurso de “progreso, desarrollo y generación empleo”?
Derrotar esta política de saqueo, ajuste y precarización que buscan imponer el gobierno nacional y provincial en función del pago de la deuda, es la única salida para el pueblo trabajador. Sin tocar los intereses de capitalistas y terratenientes, no hay posibilidad de resolver los problemas de los trabajadores, la juventud desocupada y las comunidades originarias.
Derrotar la arremetida megaminera del gobierno nacional, e imponer la Iniciativa Popular 2020 sin modificaciones, implica la más amplia movilización en las calles y la coordinación de todos los sectores en lucha para discutir democráticamente como imponer nuestras demandas. Asambleas populares que a nivel provincial expresen y coordinen el movimiento desde abajo en la construcción un plan de lucha para imponer las demandas de quienes enfrentan el ajuste y el saqueo.
Que Chubut es un punto de referencia en la lucha contra el saqueo neoliberal hace dos décadas, está fuera de duda. Pero en el marco de la actual crisis social, económica, política y sanitaria puede ser un punto de apoyo para el inicio de una lucha mayor contra el ajuste del gobierno nacional en todo el país. Ampliar el horizonte de la pelea ambiental, uniendo y buscando coordinar con los sectores obreros y juveniles en lucha en la provincia y en el país.
Cómo la lucha que hoy está en curso en Colombia y la experiencia de Chile, la posibilidad de vencer está en desarrollar una lucha común con el movimiento obrero y el pueblo pobre. Cómo lo demostraron los docentes en 2019 en Comodoro Rivadavia bloqueando los pozos y forjando una alianza con los obreros del petróleo, que tuvieron contra las cuerdas a Arcioni en 2019. La alianza del movimiento ambiental, con los trabajadores ocupados y desocupados, las mujeres y la juventud, puede abrir la posibilidad de imponer una salida obrera y popular para que la crisis la paguen los empresarios.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/
