Pueblos indígenas en 2025: la violencia no da tregua en Latinoamérica
El año que culminó puso a prueba la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina. A pesar de las profundas carencias estructurales, sus comunidades se mantuvieron firmes frente a un alarmante aumento de la violencia contra sus territorios y liderazgos. Mientras los intereses económicos y criminales intensificaban su presión, los pueblos siguieron siendo un faro, no solo en la defensa de sus tierras y culturas, sino también en la protección de los ecosistemas que sostienen a toda la región.
Astrid Arellano
Minería, petróleo, agricultura y ganadería extensivas, crimen organizado, megaproyectos. A lo largo de 2025, Mongabay Latam documentó cómo estas y otras industrias —legales e ilícitas— han penetrado y se han expandido en los territorios indígenas, agudizando los conflictos socioambientales y poniendo en riesgo tanto a las comunidades como a la biodiversidad.
Sin embargo, este año también conocimos numerosas iniciativas capaces de inspirar y devolvernos la esperanza: mujeres indígenas que utilizan tecnología para monitorear los bosques; comunidades que lideran el descubrimiento de nuevas especies; jóvenes que luchan por salvar un humedal al borde de la desaparición. Cada una de estas acciones refleja el compromiso de los pueblos indígenas con la protección del planeta.
Estas historias forman parte del recuento del trabajo periodístico que Mongabay Latam desarrolló durante 2025, un año en el que —una vez más— los pueblos indígenas comparten valiosas lecciones sobre resistencia, cuidado de la naturaleza y la urgencia de vivir en armonía con la tierra, señalando caminos concretos para generar cambios positivos.
Defensores y territorios marcados por la violencia
Cada año, los patrones de violencia se repiten en los territorios indígenas a nivel Latinoamérica. En 2025 no hubo tregua. Países como Colombia, Guatemala, México y Perú siguieron presentes en las listas de diversas organizaciones que documentan asesinatos, desapariciones y agresiones contra las comunidades indígenas y sus defensores.
Durante el año, Mongabay Latam analizó varios reportes que así lo confirman. Las cifras varían de acuerdo a las fuentes, pero uno de los reportes más ponderados es el de Global Witness, que documenta estos crímenes desde hace más de una década. La organización reveló en su informe más reciente que en el 82 % de los casos registrados en 2024 la violencia se concentró de forma desproporcionada en Latinoamérica: los defensores indígenas y campesinos fueron los más afectados, con 45 casos por cada grupo. Solo en Colombia, el país más violento, 19 víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
Las propias Naciones Unidas, a través de su Relatoría Especial, advirtieron un agravamiento de la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos y del territorio en toda la región. Aunque los desafíos y amenazas son generalizados, las poblaciones indígenas —junto con mujeres y periodistas— enfrentan riesgos especialmente altos.
Colombia
Así sucedió con Aurelio Araujo Hernández, cuyo asesinato tuvo gran resonancia en Colombia. El líder indígena y coordinador del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, fue interceptado el 3 de junio por hombres armados, quienes le cerraron el paso y lo asesinaron junto a sus escoltas. Luego, los incineraron en su vehículo.
Otra región fronteriza se convirtió en el escenario de duros combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC: Catatumbo, en Norte de Santander. En esta zona de Colombia que colinda con Venezuela, los desplazamientos, confinamientos y asesinatos se dispararon a inicios de 2025, cuando campesinos, indígenas y líderes sociales quedaron en medio de la disputa entre dos grupos armados por el control de un corredor clave para el narcotráfico, además de rico en recursos naturales, minerales y cultivos de coca.
Aún frente a riesgos tan altos, las comunidades no se quedaron inmóviles. Un especial de Mongabay Latam mostró cómo las guardias indígenas en Colombia se han convertido en una barrera de protección para su territorio en regiones como la Amazonía. A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo —como GPS e imágenes satelitales— para generar datos que las entidades del Estado puedan usar y así frenar el asedio a sus territorios.
También en Colombia, las mujeres indígenas defensoras del territorio enfrentan una doble victimización: por su rol como líderes y por su condición de género. En la Amazonía y la Orinoquía colombiana, continúan siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en defensa del territorio, como evidencian las historias de cuatro defensoras documentadas en Putumayo, Caquetá y Meta en este especial periodístico.
“Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Viviana Gómez, integrante del Comité Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
México
En México la situación no fue distinta. Los asesinatos de defensores ambientales y del territorio aumentaron un 25 % en 2024, según el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Es la segunda cifra más alta en 10 años de documentación. El reporte señala que las principales víctimas —43 casos, casi la mitad de los casos totales— fueron personas de comunidades indígenas o agrarias.
Recién comenzaba 2025 cuando la desaparición del comisario ejidal Arnoldo Nicolás Romero alarmó a la comunidad de San Juan Gichicovi, en Oaxaca, uno de los estados atravesados por el Tren Interoceánico y catalogado por varias organizaciones como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos. Este megaproyecto, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta de México, se ha convertido en una amenaza diaria para defensores indígenas, quienes ahora enfrentan detenciones y procesos penales. Romero, quien había sido un opositor al megaproyecto, fue reportado como desaparecido desde el 17 de enero, pero cuatro días después su cuerpo fue encontrado en un camino local, herido por un arma de fuego.
“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec”, menciona Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe (ayuuk) e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), organización que ha acompañado a opositores al Tren Interoceánico. “Hay amenazas por parte del Gobierno del estado de Oaxaca, como por parte de la Marina, y del crimen organizado”, advierte Ramírez quien, junto con dos compañeros de Ucizoni y otros 23 defensores comunitarios, enfrenta procesos judiciales por ataques a las vías de comunicación y por el delito de invasión al derecho de vía, tras el desalojo violento de un campamento pacífico contra el tren en construcción. La criminalización es la agresión más frecuente contra defensores, según documenta también el informe de CEMDA.
Perú y Ecuador
En abril, el ataque a integrantes del Comité de Control y Vigilancia Forestal Comunitario de la comunidad nativa kakataibo Mariscal Cáceres, ocurrido mientras recorrían su territorio para verificar el estado de sus bosques, encendió las alarmas de organizaciones que apoyan a defensores ambientales en Perú. El hecho evidenció las demoras del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, al que la comunidad había pedido protección sin respuesta desde 2021. Según el Ministerio de Justicia, entre abril de 2021 y abril de 2025, el Mecanismo registró 706 personas defensoras y 64 familiares vinculados a 505 situaciones de riesgo, ante el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
El paro nacional convocado en septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para protestar en contra de la eliminación del subsidio al diésel y del aumento de las fronteras petrolera y minera, detonó una movilización contra las medidas extractivistas del Gobierno de Daniel Noboa, que concluyó con decenas de heridos, varias detenciones y muertes violentas. En la movilización encabezada por poblaciones indígenas y campesinas, las comunidades de Azuay protestaron para exigir la revocación de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, mientras que siete nacionalidades indígenas de Pastaza pidieron paralizar la ronda de licitación petrolera de los campos Suroriente y Subandino. Durante las protestas, las comunidades denunciaron al Estado por abusos, represión e incluso el bloqueo de cuentas bancarias de líderes sociales y organizaciones ambientales.
Bolivia
El 11 de febrero fue asesinado el poblador indígena leco Francisco Marupa en el interior del Parque Nacional Madidi, en Bolivia. Este crimen contra el defensor del territorio y la biodiversidad levantó una ola de críticas contra el Estado, su política extractivista y su falta de presencia en áreas protegidas, como en el caso de Madidi, donde las comunidades cercanas son atravesadas por el avance de la minería ilegal, la explotación de madera y el tráfico de tierras.
En este país, cada ocho días se registran casos contra defensores ambientales que sufren vulneraciones en sus derechos, según un estudio elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). Este documento muestra que solo entre enero y abril de 2025 se registraron 14 casos de violaciones a los derechos de los defensores, de los cuales el 79 % está vinculado a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, nueve de estos 14 casos se dieron en el interior de áreas protegidas, como el caso de Marupa.
Chile
La familia de una defensora mapuche recorrió las avenidas de Belém do Pará, en Brasil, durante la cumbre climática o COP30. Durante una marcha, Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil, portaba una manta con una frase: “¿Dónde está Julia Chuñil?”. Su madre desapareció hace más de un año en la región chilena de Los Ríos, caracterizada por la presencia de bosques templados lluviosos de la selva valdiviana, considerados uno de los mayores tesoros en biodiversidad de Chile y con un gran valor cultural para el pueblo mapuche.
La presencia de San Martín Chuñil en la marcha por la acción y la justicia climática, ocurrida en el marco de las protestas de pueblos indígenas en la COP30, tuvo como propósito visibilizar la lucha de su madre y exigir su reaparición con vida. “Andamos difundiendo el tema de mi madre porque no queremos que quede impune, no queremos que quede como una persona más desaparecida”, dijo San Martín Chuñil a Mongabay Latam mientras recibía saludos de asistentes a la marcha que reconocían la ilustración de Chuñil junto a su perro, Cholito, con quien desapareció tras salir a buscar a un par de sus animales extraviados.
La defensora, de 73 años, buscaba proteger antiguos bosques como presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, hasta su desaparición ocurrida el 8 de noviembre de 2024, un año en que las agresiones físicas contra defensores ambientales se triplicaron en Chile.
Fuente: https://es.mongabay.com/2025/12/pueblos-indigenas-violencia-latinoamerica/
