Crecimiento Global Verde, ‘Economía verde’, biodiversidad e ‘inteligencia forestal’

El nuevo “desarrollo sustentable” se llama “economía verde”, algo que funcionará a partir de un “crecimiento verde”. Principalmente desde Rio+20, la ONU y los gobiernos nacionales intentan mostrar ante los pueblos del mundo un renovado compromiso con una política responsable para con el medio ambiente y el futuro del planeta. Denominar “verde” a dicha política, un color asociado a la naturaleza, queda bien. Pero, por ser verde, tal política ¿se preocupará también por la diversidad? Y en el futuro la “economía verde” ¿también será una “economía biodiversa”?
El Instituto para el Crecimiento Global Verde, GGGI (Global Green Growth Institute), presenta sus servicios refiriéndose a “estrategias de desarrollo económico basadas en un crecimiento verde”. Quienes contratan sus servicios pueden contar con un asesoramiento que promete enseñar la metodología para elaborar el “plan de crecimiento verde”; con colaboración para crear sociedades “público- privadas”, para que las empresas asuman un papel aún más preponderante en el mundo; y con servicios de investigación. Pero nada sobre biodiversidad. ¿Cuál será, entonces, el significado exacto de “verde” en los programas de GGGI y otros consultores especializados en “crecimiento verde”?
Un tipo de “verde” aparece, por ejemplo, en el Perú (ver artículo en este boletín), donde el GGGI es una de las instituciones que ofrece ayuda para el desarrollo “verde” en la selva amazónica. La oferta incluye varios proyectos REDD. Una de las opciones para implementar REDD+ son las plantaciones de palma aceitera - un árbol indudablemente verde por fuera y, además, una “energía renovable” capaz de almacenar carbono. Plantada en monocultivo, la palma aceitera destruye la diversidad biológica y cultural. De esta forma se torna una actividad lucrativa en la que los árboles en crecimiento contribuyen al “crecimiento verde” y “renovable”, una simbología perfecta.
Otro aspecto “verde” en los proyectos en Perú es el tan propagado “manejo forestal sustentable”. Aparece como concepto prácticamente incuestionable desde un punto de vista ambiental, porque mantendría la “selva en pie” y, con ello, contribuiría también a la conservación de la biodiversidad del lugar. Sin embargo, son muchos los problemas relatados en relación a este tipo de “manejo” (ver boletín 188 del WRM) en áreas concedidas generalmente a empresas madereras. Inclusive la deforestación selectiva ha demostrado ser destructiva, empobreciendo la biodiversidad. Además, en las áreas de concesiones se han denunciado reiteradamente casos de violaciones de derechos de las comunidades locales.
También se considera “verde”, aunque cueste creer, el mecanismo de “compensación”, esencial para lo que el “crecimiento verde” garantiza, principalmente “el crecimiento”. Dicho mecanismo permite que continúe el aumento de las actividades destructivas en gran escala en áreas de bosque - como la explotación de petróleo, el agronegocio, la minería, las represas hidroeléctricas -. Sin embargo, la idea es que se tomen medidas que compensen los posibles daños; por ejemplo, garantizar la preservación de un bosque ‘equivalente’ en otro lugar o simplemente “plantar un bosque de monocultivos”, siempre y cuando la destrucción para la minería lo haga “necesario”.
Si esto parece increíble, las empresas de consultoría que piensan esas formas “innovadoras” de crecimiento no se quedan atrás en sus propagandas. La empresa finlandesa Indufor - consultora en el área forestal y contratada para elaborar el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú, uno de los programas para incentivar REDD+ y el comercio de “servicios ambientales”- afirma en su página web que practica la “inteligencia forestal”, de carácter “analítico, creativo y práctico”. La consultora ofrece a sus clientes “soluciones forestales” que son “sustentables y efectivas en términos de costos”.
O empezamos a usar y aplicar la sabiduría y creatividad de tantos pueblos y comunidades, para elaborar e implementar programas que puedan salvar realmente a los bosques, a la biodiversidad y al mundo de las crisis climática y ambiental; o les entregaremos el mundo en crisis a la “inteligencia” de los consultores y sus asociados, ávidos de transformar problemas graves, casi milagrosamente, en “soluciones” que permitan más negocios y beneficios para ellos y sus clientes y dejen menos bosques y biodiversidad para las comunidades.
WRM http://wrm.org.uy - reddeldia.blogspot.com - ecologiaverde.com

El Agua y el Derecho ¿Humano demasiado humano?

Danilo Urrea y María Pinzón
Censat Agua Viva

Son amplios los debates que durante el último año se han dado en torno al agua como derecho humano y las diferentes visiones que frente a este concepto se han expuesto, contrapuesto, e incluso apropiado por parte de los gigantes corporativos.
Notas para el debate
Luego del Foro Mundial del Agua en Marsella, en marzo de 2012, y de las propuestas que ya apuntaban al desastroso resultado que se expone en los parágrafos 119 a 124 de la declaración de Río + 20 -básicamente la propuesta de un mercado mundial integrado del agua- queremos recoger algunas de las posiciones esbozadas en debates de organizaciones, redes y movimientos en defensa del elemento vital. Esperamos que estas letras nos permitan generar un intercambio activo y una posibilidad de re-construcción conjunta de concepciones comunes y estrategias frente al avance trasnacional en los territorios del agua.
La perspectiva del agua como derecho humano y algunos debates centrales.
Empezamos entonces por reconstruir algunos argumentos del debate que ya se perfilaban en Marsella, y que lejos de basarse en una perspectiva puramente teórica, han sido esbozados por grupos y organizaciones que han luchado y ganado batallas frente a la privatización y mercantilización del agua. Éstas críticas se han presentado desde lo que se considera la inoperancia en la efectivización del derecho a pesar de los reconocimientos internacionales y los cambios estructurales en algunas naciones.
En primer lugar, en la concepción del agua como derecho humano surge el peligro del antropocentrismo. Esto porque el enunciado el agua es un derecho humano podría excluir de la necesidad de acceso a los otros seres de la naturaleza para los que el agua también es vital. Existe una clara diferencia entre las enunciaciones agua como derecho humano (o como más comúnmente se presenta: el agua es un derecho humano) y el derecho humano fundamental de acceder al agua. El segundo enunciado y lo que su concepción entraña no es reduccionista, mientras que el primero objetiviza el elemento natural y de esa manera podría reducirlo a una funcionalidad únicamente para los seres humanos. Las diferencias entre las dos enunciaciones no son menores, pues en la premisa el agua es un derecho humano fundamental existe una condición ontológica que se presume existe en el agua para satisfacer necesidades humanas, de ahí su carácter antropocéntrico.
En segundo lugar, más allá de la condición enunciativa, que, se dice, pudiese ser reduccionista, la concepción de derecho en términos del pensamiento de occidente, asociada a la aparición del estado liberal - moderno, no se aplica a cosmovisiones, por ejemplo, indígenas. Comunidades para las cuales el agua no es un derecho, sino un componente esencial de la naturaleza que entrega sentido a la existencia en su transitar entre la montaña y el mar. Diversas visiones sobre las aguas, las del llamado mundo occidental y visiones externas y en general opuestas a él, plantean un extenso abismo respecto a la pragmática del derecho entre sociedades 'homogéneas' como las europeas, y sociedades como las latinoamericanas donde la la plurinacionalidad y pluriculturalidad no permiten reduccionismos ni fórmulas de homogenización jurídica o cultural.
Tercero. En la mayoría de las sociedades contemporáneas y su forma de organización política, el estado nacional es el garante de los derechos. Sin embargo, y como lo consigna Vandana Shiva en Las guerras del agua, el control del Estado sobre las aguas y otros bienes comunes fue y es la punta de lanza hacia la privatización, lo que pone en entredicho su papel de garante en relación al derecho. Por otra parte, y en estrecha relación al papel del Estado hoy, en la etapa neoliberal del capitalismo, y luego de los procesos de globalización, los estados nacionales parecen haber desdibujado cada vez más su función, para dar paso a lo que se ha denominado la corporación – nación. El cumplimiento frente a la exigencia del derecho, en esa perspectiva, y en el status quo actual, podría ser asumido por el modelo corporativo, como de hecho pretende hacerse a través de un mercado mundial integrado, regulador de la relación en términos de acceso y para el que las asociaciones público – privadas son las adecuadas para efectivizar el derecho al agua. Los anteriores son dos de los puntos de mayor análisis hoy, pues en sí mismo el Estado como 'administrador' de los bienes comunes ha generado procesos de privatización y mercantilización, y, por otra parte, en su proceso de corporativización parece entregar al modelo corporativo la garantía del derecho. ¿Quién debiera entonces velar por el acceso de los pueblos a los bienes comunes? Cuando la retórica del derecho se hace presente en los discursos de los organismos multilaterales, e incluso de las instituciones financieras internacionales que lo 'aceptan' como demanda de los pueblos y la sociedad civil 1 , no existe claridad de quién debe ser el garante del derecho, y, de hecho, los estados se han convertido en simples facilitadores de los enclaves trasnacionales que lo remplazan en asuntos fundamentales como la prestación del servicio del agua.
La visión multilateral de la ONU y sus contradicciones.
Más allá de las críticas referidas a la filosofía política del lenguaje, en términos de enunciación del derecho, a la condición ontológica del agua, y a la concepción política del Estado, queremos pasar a otros de los temas que ocupan debates y albergan análisis con diferentes enfoques. Como se sabe, el 28 de julio de 2010 la Organización de Naciones Unidas -ONU- emitió desde su Asamblea General la Resolución No 64 - 292 reconociendo el derecho humano al agua e instando a los estados a su aplicación efectiva. El conjunto del movimiento en defensa del agua celebró este reconocimiento como una gran victoria de las articulaciones que desde de la guerra por el agua de Cochabamba transitaron por logros nacionales y constitucionales como los de Uruguay, Ecuador y Bolivia, y que hoy se elevaban a un organismo multilateral, la ONU. Sin embargo, en las primeras de cambio del documento cero elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA-, y que se convertiría en la base para la imposición de la Economía Verde y la Gobernanza 2 , la concepción de derechos fue atacada y, más puntualmente, se presentó el derecho humano al agua como un impedimento para el logro de los objetivos de los nuevos programas de control ambiental corporativo.
Así, lo que fue celebrado como una gran victoria, la resolución de la ONU, se ponía en entredicho con las posiciones esbozadas en los borradores de discusión hacia Río + 20, y se daba paso a las propuestas de corporaciones como Nestlé, que apuntaban a la creación de un mercado mundial integrado del agua, en continuidad con el modelo de asocio público - privado y con las corporaciones como garantes de la posibilidad de acceso al líquido.
¿Existe entonces una posición diferente respecto al derecho al agua en la Asamblea General de la ONU y en uno de sus programas más importantes, el PNUMA? Frente a estas diferencias manifiestas ¿cómo se debe entender el papel de la ONU en la defensa del agua y la garantía del acceso como derecho humano fundamental?
En la pasada Cumbre de los Pueblos celebrada en Río de Janeiro, simultáneamente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -más conocida como Río + 20-, la Federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional presentó los estudios de caso en los que se demuestra la cooptación de la ONU por parte de las corporaciones trasnacionales, y lanzó una campaña global bajo el lema liberemos a la ONU de la cooptación trasnacional 3 . Los casos presentados por la Federación ambientalista son una expresión de lo que puede estar pasando al interior del organismo multilateral y de la necesidad de liberarlo de la influencia corporativa antes que propuestas y reivindicaciones como las del derecho humano fundamental al acceso al agua caigan bajo ésta.
Por otro lado, también se han hecho manifiestas las críticas al papel cumplido por la ONU en la creación del Consejo Mundial del Agua -CMA-, principal impulsor de la privatización del agua en alianza con el Banco Mundial -BM. Estos dos organismos, CMA y BM, durante las últimas décadas hilaron finamente la privatización que legitimaron con la invitación a la sociedad civil a avalar las declaraciones preconfiguradas de los Foros Mundiales del Agua, firmadas muchas veces unánimemente por organizaciones de la sociedad civil y gobiernos afines a la corporativización.
Lejos de intentar en este escrito la descalificación de la ONU como organismo creado para cumplir un importante papel en el planeta, y como actor multilateral velar por la garantía del derecho de los pueblos, estas ideas pretenden poner en consideración la actualidad de garantía del derecho, principalmente el promulgado como derecho humano al agua, frente a las posibles contradicciones del organismo multilateral.
Queda en perspectiva de estudio aplicado y seguimiento cómo y dónde se ha efectivizado el contenido del derecho fundamental al acceso al agua posteriormente a las grandes resoluciones y declaraciones, y, en la cara contraria, pero en el mismo contexto, cuáles son los avances de las corporaciones y las empresas privadas para hacerce cargo de las funciones de los estados, desde la lógica de la oferta/demanda y la acumulación de capital producto de la necesidad de la población por acceder al agua y otros bienes comunes.
La cooptación trasnacional del lenguaje.
La estrategia formulada por las empresas trasnacionales y los organismos multilaterales denominada mercado global del agua, para la efectivización de lo que ahora ellos llaman el derecho humano al agua y la mitigación y compensación de la huella hídrica de la producción industrial, vino acompañada de un lenguaje ambiguo que permitió a las multinacionales poner en términos corporativistas, como efectividad y transparencia, las reclamaciones históricas de los pueblos. Justicia, soberanía y autonomía hídrica pretenden ser usados ahora para continuar con los procesos de privatización de la gestión del agua y obtener un mayor control estratégico sobre las fuentes, para la producción de alimentos u otros bienes.
Un ejemplo de esta estrategia es la iniciativa+Agua 4 lanzada en el año 2012, impulsada por la Fundación AVINA en asocio con la multinacional Coca Cola, cuyos objetivos de "efectivizar el derecho humano al agua potable, mitigar los efectos del cambio climático y proteger las fuentes de agua en las cuencas", 5 planteados en un lenguaje por los pueblos y organizaciones conocido, y tal vez construido, han logrado enmascarar los conflictos e impactos generados por el modelo de asociación público-privada sobre el que se cimienta la misma iniciativa y sus verdaderos intereses de ampliar la mercantilización del agua.
Con este lenguaje transfigurado, la iniciativa +Agua habla también de la "identificación de modelos de gestión democrática del agua", y de "fortalecer la capacidad de gestión del agua de comunidades organizadas a nivel local y de las cooperativas de agua potable" 6 , cooptando los significantes y construcciones históricas que comunidades organizadas han desarrollado en torno a la gestión y protección del agua y en el que se fundamentan las reivindicaciones por el derecho humano fundamental a su acceso. Al mismo tiempo, la Fundación AVINA, altamente cuestionada por su accionar en otros países de América Latina 7 , fue encargada por el gobierno colombiano para diseñar el componente de participación comunitaria para la construcción de la política rural de agua que desconoce la gestión popular y promueve la privatización y el endeudamiento de la nación.
En los últimos años la nombrada Fundación, entre otros despropósitos, ha jugado el papel de promotora de programas de agricultura industrial con uso de agro tóxicos o de reforestación de selvas para venta de bonos de carbono, generando consecuencias como el acaparamiento de nuevos territorios por las empresas y el mercado, y la maximización de las ganancias de las corporaciones trasnacionales que los financian. Asuntos que hacen manifiesto que estas alianzas corporativas y multinacionales simplemente abanderan la consolidación de un mercado global como forma de ampliar las oportunidades para que empresas como Coca Cola y Nestlé aumenten sus ganancias con complicidades, también gubernamentales, para la simulación de la participación en la construcción de políticas de gestión del agua y los territorios. La apropiación de los lenguajes populares y de reivindicación de la histórica lucha de los pueblos permite a estas empresas y corporaciones generar confianzas y vincular a sus proyectos a organizaciones comunitarias que desconocen su accionar, apoyadas también en el marketing publicitario que con su incitación al consumo raya en modernos laboratorios de infantilización regresiva 8 . La utilización de los significantes tergiversados contiene también una fuerte carga ideológica que instaura relaciones de poder de dominación, en este caso para el acaparamiento de las fuentes de agua y el control de su acceso.
Una lucha de sentidos.
Como hemos querido advertir, el sentido que se le pretende entregar al derecho humano al acceso al agua y los mecanismos y estrategias para darle cumplimiento desde los estados contemporáneos, los organismos multilaterales y las corporaciones trasnacionales tiene una amplía divergencia con los planteamientos de las comunidades que históricamente han reivindicado el derecho natural a acceder al agua para garantizar su supervivencia material y simbólica, como seres de la naturaleza. Asistimos a una tergiverzación del sentido que obedece al establecimiento de la asociación estratégica entre estos tres actores mencionados, de una u otra forma protagonistas del modelo neoliberal, para elevar al mercado como condición de posibilidad de acceso al derecho.
La puesta en marcha de planes gubernamentales y proyectos corporativos que pretenden hegemonizar el significado del derecho al agua ha tenido graves consecuencias para los territorios hídricos, en términos de apropiación, contaminación, desaparición de cuerpos de agua, y pérdida de autonomía y exclusión de las comunidades, lo que significa una contradicción fundacional. La hegemonía de sentido desconoce lo que la pragmática misma del derecho reconoce, por ejemplo en casos en los que las familias no pueden ser desconectadas del servicio de agua porque se viola por conexidad el derecho a la vida, consagrado en las cartas políticas como principio rector del estado social de derecho.
¿Se debe entonces rechazar el derecho humano al agua?
El rechazo tajante al derecho humano al agua implicaría un retroceso histórico para el movimiento en defensa del agua y para las comunidades organizadas en torno a esta reivindicación; el camino de lucha que ha costado la vida de hombres y mujeres, y también ha entregado victorias frente al modelo neoliberal, no debiera abandonarse como consecuencia de los intentos de cooptación de los lenguajes y los significantes por parte del aparato trasnacional. Sin embargo, reconocemos la necesidad de re-definir nuestras concepciones comunes, y re-significar tanto las enunciaciones de nuestras exigencias como los escenarios en los que éstas son planteadas y defendidas. La resignificación de lo público desde lo comunitario, la recuperación de la construcción colectiva para la efectivización del derecho humano al acceso al agua pudiese primar sobre el sentido individualista e individualizante que la propiedad privada reivindica como garante de derechos liberalizados. Puede que allí mismo podamos encontrar un espacio común para pensar en público y en conjunto si estas acciones pretenden también recuperar el Estado, la estructura que facilitó la apropiación privada de los bienes comunes, o si estas propuestas y alternativas de los pueblos se encaminan a una re-socialización de los bienes comunes en la que las aguas permitan fluir la reconfiguración de nuestra vida como sociedad – naturaleza.
Por Danilo Urrea / María Pinzón - CENSAT Agua Viva
Junio 2013
Notas
1 - Cuando hacemos referencia a la sociedad civil la comprendemos compuesta por las formas no estatales, y que por tanto se alejan del control ideológico del Estado..
2 - Recordemos que la propuesta de Economía Verde y Gobernanza Ambiental fue presentada por el PNUMA y dio el marco de referencia a las discusiones sostenidas en Río + 20 en junio de 2012 en Brasil. Para ver una crítica a estos conceptos y su inviabilidad estructural, puede consultarse Roa y Rodríguez. Economía Verde: al calor de las negociaciones del clima. Bogotá. 2012. Disponible aquí
3 - Para más información sobre esta campaña se puede consultar: aquí
4 - Para más información sobre este programa visitar: aquí
5 - Ibid
6 - Ibid
7 - Veáse: Puche Paco. Dos mil doce, un año clave en la lucha contra AVINA y ASHOKA. Publicado en diciembre de 2012. Disponible aquí
8 - Para ampliación del concepto de infantilización regresiva: Guattari, Felix. Las tres ecologías. Pretextos.
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_Agua_y_el_Derecho_Humano_demasiado_humano Imagenes: scoop.it - euroxpress.es - vamosmujer.org.co

Campesinos e indígenas intensifican acciones contra hidroeléctricas

Programa de Radio Temblor de Panamá

Campesinos e indígenas que participan en la Alianza Estratégica Nacional, presentaron el jueves 13 de junio en la Corte Suprema de Justicia, en ciudad de Panamá, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 18 del 26 de marzo, que pone en riesgo la seguridad colectiva de las comunidades situadas en las cuencas hídricas.
Dicha ley, atenta contra el debido proceso y la naturaleza en la tenencia de la tierras, ya que se basa en la expropiación para fines hidroeléctricos en todo el país.
Por otro lado el sábado 15 de junio en Río Grande, provincia de Coclé, campesinos aglutinados en la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé (CODETAC), marcharon contra la ampliación de la hidroeléctrica de El Fraile y contra la concesión de las aguas del río Harino. En la misma participaron 450 personas, en donde reclamaron por el respeto a los recursos naturales; es que en Panamá, quieren mercantilizar el patrimonio ecológico. Las acciones continuarán, ya que el actual gobierno quiere amedrentar la consulta popular y decisión colectiva de los afectados.
En otro espacio, el lunes 17 del presente mes, se realizó en la Universidad de Panamá, Sede de Veraguas, una cadena humana, con el fin de hacer un llamado ante las concesiones para fines energéticos como a la destrucción de los recursos naturales en Panamá. Estudiantes, docentes, organizaciones campesinas y solidarias se dieron cita en dicha acción, y no se descartan otras acciones en las próximas fechas. Ya que los presentes como ciudadanos dependen del agua potable que proviene del río Santa María en esta región, que está amenazada por la construcción de más de 6 hidroeléctricas.
Foto y sitio web de Radio Temblor: http://www.radiotemblor.org - Imagen: mediosalt.wordpress.com

Carboníferas en Isla Riesco amenazan colonias de huemules, cóndores, ballenas y delfines

por Francisco Marín

Las recientes denuncias hechas por el vocero de la agrupación Alerta Isla Riesco, Gregor Stipicic, de que la Mina Invierno, a penas iniciadas sus faenas ya contaminó un río: el Chorrillos Invierno, han vuelto a poner las miradas sobre este proyecto en el que el propio presidente Sebastián Piñera tiene intereses al poseer 785.609 acciones de Copec (familia Angelini), que junto con el grupo Ultramar (familia Von Appen), son los impulsores de esta iniciativa.
Alerta Isla Riesco emitió el viernes 7 un comunicado en el que denunció también que Minera Invierno instaló en forma irregular una cancha de acopio de carbón; está extrayendo áridos en una zona “intermareal con la consecuente destrucción de un tramo de la Ruta Y-560”; está ocasionando polución del aire; y, usurpó en forma no violenta la estancia Anita Beatriz. Toda una pesadilla para los habitantes de Isla Riesco que hasta hace muy poco disfrutaban una tranquila existencia en este paraíso natural ubicada políticamente en la comuna de Río Verde, Región de Magallanes, en el extremo sur de Chile.
A sólo cuatro meses de haber comenzado las operaciones de construcción de mina Invierno, el daño causado por esta debe considerarse solo como un pequeño anticipo de lo que vendrá de no ser clausurada pronto sus actividades.
Cabe tener presente que el proyecto de los Angelini-Piñera y Von Appen en Isla Riesco contempla la explotación de tres yacimientos más, todos de carbón sub-bituminoso: Adela, Río Eduardo y Helena. Sólo el área intervenida en por mina Invierno -15 millones de metros cuadrados- convierten a este proyecto carbonífero en el más grande de Latinoamérica. Mina Invierno considera una inversión de 180 millones de dólares y el proyecto global está estimado en 500 millones de dólares.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad el 15 de febrero de 2011, por la entonces debutante Comisión de Evaluación Ambiental, nueva autoridad medioambiental (que reemplazó a la Corema) que tiene la particularidad de estar conformada por funcionarios de exclusiva confianza del Presidente Piñera. Es decir, el Gobierno aprobó un proyecto que favorece ampliamente a quien lo preside, conflicto de interés que ha sido la tónica de la administración Piñera.
Al terminar la sesión, la intendenta Liliana Kusanovic -que fue duramente increpada por manifestantes ambientalistas- declaró que el “proyecto cumple cabalmente la ley medioambiental. Con él hemos dado un impulso al desarrollo económico de la región. El 30% del carbón que se consume en el país será aportado por Minera Isla Riesco y es carbón que se deja de importar”.
En agosto de ese mismo año el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente aprobó finalmente y “con observaciones” este proyecto. Sólo “exigió” que se haga un monitoreo a los eventuales perjuicios que podría acarrear al hábitat del huemul y el pájaro carpintero la puesta en marcha de este proyecto. Entre los cuatro ministros que votaron favorablemente esta iniciativa se cuenta el hoy precandidato presidencial Pablo Longueira, que entonces lideraba la cartera de Economía. También aprobaron el proyecto la titular de Medio Ambiente María Benítez; y los ministros de Salud y Minería, Jaime Mañalich y Hernán Solminihac.
Longueira acaba de conseguir la promulgación de la Ley de Pesca que fue bautizada con su apellido y que tiene la peculiaridad de entregar a perpetuidad la casi totalidad de las cuotas de pesca a las siete familias que controlan la actividad pesquero industrial y que han depredado los mares de Chile. Curiosamente una organización de pescadores, la Conapach de Zoila Bustamante, apoyó este proyecto, que como se ha comprobado, fue aprobado con coimas y cohecho.
Sven Von Appen, uno de los controladores de Ultramar e impulsor principal de las minas en Isla Riesco, provocó controversia al declarar -el 15 de mayo a La Segunda- que “a los chilenos les ha crecido tanto el apetito, que no pueden parar. Eso producirá que engordarán y se pondrán más cómodos”. Miren quien habla…
Fauna amenazada
Mina Invierno se encuentra próximo a la costa del Seno de Otway, cuerpo de agua con estrechas vías de comunicación con el océano Pacífico que, por lo mismo, tiene bajas tasas de circulación y renovación. Esta baja tasa de recambio implica que todos los elementos que caigan en él –en especial el polvo de carbón– se acumularán durante los 25 años que duraría la explotación de todos los yacimientos.
En entrevista con éste corresponsal, realizada en mayo de 2011, la vocera de Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, denunciaba las enormes carencias de este proyecto que hoy comienzan a evidenciarse. Stipicic sostuvo que el seno de Otway “es muy vulnerable a cualquier tipo de contaminación”. Destacó que en éste viven especies en peligro de conservación como el petrel gigante; lobos marino común y fino; cuatro tipos de delfines (entre ellos el endémico delfín chileno) y otros cetáceos como la orca y la ballena jorobada. En sus aguas habitan también la colonia de Pingüinos de Magallanes.
Stipicic afirmó que “la contaminación del seno de Otway, junto a las aguas de lastre de los buques cargueros, son una real amenaza la cual no es reconocida por la minera”. También señala que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera no tomó en cuenta las consecuencias en el ecosistema marino adyacente a la mina ni el impacto de los buques que transportarán el carbón por las agitadas aguas marinas del extremo sur de Chile.
Según establecen investigaciones del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa), Riesco es una de las pocas islas en que habita el huemul. Esta especie está en peligro de extinción estimándose que en Chile quedan menos de 2 mil ejemplares. Además, junto con el cóndor, forma parte del escudo nacional de este país suramericano. El estudio de impacto ambiental de Minera Isla Riesco no considera la presencia del huemul en la mencionada isla, aunque es un hecho comprobado que existe.
El proyecto minero también afectará a una gran cantidad de aves. En cerro Palomares, ubicado a 8 kilómetros de Isla Riesco, en la ribera oriente del canal Fitz Roy, existe una colonia de cóndores. De hecho, es el único lugar de nidificación cercano al mar existente en Chile. El gran problema es que este lugar es muy cercano al único camino de acceso a Isla Riesco, cuyo tránsito aumentará exponencialmente en caso de ponerse en marcha la carbonífera.
Esto podría significar la disminución e incluso la extinción de esta importante colonia de cóndores, según coinciden los expertos. En entrevista con este reportero el presidente de Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), Bernardo Zentilli, sostuvo que la destrucción de hábitat “evidentemente que va a tener un impacto negativo sobre la fauna silvestre”. Afirma que muchos animales morirán por la afectación de sus ecosistemas y por la llegada de enfermedades y por la incorporación de otras especies especialmente perros.
Zentilli, que es ingeniero forestal, afirma que otros de los grandes problemas es que la irrupción de cientos de nuevos habitantes a la isla, así como el enorme tráfico de carga, implicará la llegada de nuevas especies de animales –como el perro–, así como de enfermedades que supondrán un serio peligro para este frágil ecosistema, que derivará en la muerte de animales autóctonos.
Especial preocupación expresa Zentilli por los huemules. “Este proyecto carbonífero –afirma el ecologista– fue aprobado en forma completamente irregular”. Argumenta: “En el proceso de evaluación, se aprobó el puerto (2009) y la explotación de la mina (2011), como si fueran dos proyectos distintos”. Señala que “esto es un escándalo, estamos ante una forma totalmente oscura de aprobar proyectos”.
Y detalla: “En el EIA se asegura que los vientos máximos en la zona a intervenir son de 39 kilómetros por hora, cuando toda persona que conozca Magallanes sabe que es normal que los vientos sobrepasen largamente los 100 kilómetros por hora. Sería increíble que el gobierno aprobara algo así”.
El representante de Codeff estima que, dado que el proyecto es a rajo abierto, y los vientos son tan fuertes, “el polvillo de carbón, que es altamente tóxico, se va a expandir por una región que queremos proteger”. Codeff es la organización de defensa del medio ambiente más antigua de Chile (1969).
Por otra parte, expresa el naturalista, otra consecuencia de Isla Riesco será la proliferación de centrales termoeléctricas a carbón, “lo que va a derivar en que el índice de contaminación atmosférica per cápita (de Chile) va a llegar a niveles espantosos puesto que ya son muy altos.
“Además –agrega–, toda esta energía es para apoyar la explotación minera que está dejando muy pocos beneficios a Chile. Aparte, las mineras ocupan gran cantidad de agua en una zona (Norte de Chile) en que hay una gran carencia de agua para la producción de alimentos y para el consumo humano”.
El Ciudadano

Las comunidades rurales de Guinea Bissau se organizan frente a las posibles explotaciones mineras

Ivanka Puigdueta
Sodepaz


Durante los meses de abril, mayo y junio de este año se llevó a cabo la segunda ronda de encuentros del Grupo de Trabajo sobre Petróleo y otras Industrias Extractivas (GTP-IE) con comunidades de las distintas regiones del país. Estas reuniones encuadran una de las preocupaciones más acuciantes del pueblo guineense, como son las varias explotaciones mineras que se proyectan a lo largo del país: bauxita en la región de Gabu, fosfato en la sección de Farim, petróleo en el archipiélago de las Bijagós y arenas pesadas (zirconio, ilmenita, rutilo...) en la zona de Varela. Frente a la posibilidad de que las explotaciones se produzcan realmente, y los riesgos medioambientales y sociales que conlleva toda actividad minera o petrolera, en 2005 se constituyó el GTP-IE, red que agrupa a muy diversos actores, entre los que se encuentran ONGs nacionales e internacionales, organismos gubernamentales, instituciones internacionales y coaliciones o asociaciones civiles 1
Esta segunda ronda de encuentros tuvo como objetivo reforzar los conocimientos técnicos y la participación de las poblaciones locales afectadas por las posibles explotaciones mineras, así como su capacidad de negociación frente a las empresas. Para ello, a través del GTP-IE, expertos en distintas áreas (medio ambiente, jurisdicción, geología, economía...) se trasladaron a las comunidades rurales para informar a las sociedades campesinas sobre los previsibles impactos socioambientales de las industrias extractivas, las características de los yacimientos existentes, la legislación vigente en materia de protección ambiental y las herramientas de que disponen para poder participar en el proceso de toma de decisión. Por su parte, conscientes de los peligros que conllevan las explotaciones de recursos a gran escala, algunas comunidades se han organizado y han protagonizado acciones en defensa de sus derechos e intereses. Así pues, en 2007 un grupo de campesinos y campesinas de once aldeas del Sector de Farim (región de Oio, norte del país), donde se está planeando el inicio de la explotación de fosfatos, se unieron con el fin de mejorar su posición frente a las empresas mineras y crearon la Comisión Población, Fosfato y Desarrollo Local , mejorando su capacidad negociadora frente a la empresa que actualmente está realizando las prospecciones en Farim (Guinné Bissau Minerais, empresa estatal) . Igualmente, frente a la posible explotación de bauxita en la región de Gabu, los campesinos han formado la Plataforma Horizontal, y otras comunidades están haciendo lo propio en sus regiones.
Por otro lado, con el objetivo de impulsar los esfuerzos de organización y coordinación de los campesinos que serán previsiblemente afectados por las explotaciones mineras, fue organizada una visita de intercambio a la región de Thies (norte de Senegal). Este encuentro, realizado a principios de mayo, tuvo como objetivo el intercambio de experiencias con comunidades senegalesas afectadas por la explotación de fosfatos en dicha región, en marcha desde los años 60, y la explotación de arenas pesadas, que se encuentra en su fase de inicio. La comitiva, compuesta de campesinos del sector de Farim y la zona de Varela, periodistas y otros miembros del GTP-IE, tuvo la oportunidad de conocer los impactos socioeconómicos y ambientales de las explotaciones mineras en la región de Thies y la manera en que las poblaciones locales se han organizado frente a las mismas, al mismo tiempo que aportó su propia experiencia en la materia.
Guinea Bissau es un país rico en recursos mineros que, al contrario que los países vecinos (Senegal, Guinea Conakri, etc.), no ha explotado hasta la fecha. Los minerales que distintas empresas, en su mayoría extranjeras, pretenden extraer, son de una gran demanda mundial, y su explotación podría ser beneficiosa para un país con un elevado índice de pobreza (según informe de PNUD 2011) y al que la mayoría de estados y agencias de ayuda internacional dieron la espalda tras el golpe de estado de hace un año, cuyas consecuencias recaen directamente sobre una población ya de por sí en situación de vulnerabilidad. No obstante, las zonas en que estos minerales se encuentran son de una gran fragilidad, algunas declaradas Parque Natural o Reserva de la Biosfera, como el archipiélago de las Bijagós o el Parque de las Lagunas de Cufada. Por otro lado, algunas de las potenciales explotaciones presentan complicaciones añadidas, como la extracción de fosfato en el Sector de Farim. El yacimiento de fosfato se encuentra a una profundidad de 30 ó 40 metros, mientras que el nivel freático se sitúa a unos diez metros bajo el suelo. Todavía no está claro si la tecnología que permitiría sacar el inmenso volumen de agua del suelo para acceder al recurso minero sería o no rentable, pero en cualquier caso, y según técnicos de la Célula de Evaluación Ambiental (CAIA), no haría desaparecer el riesgo de introducción de agua salada que afectaría de manera dramática a los cultivos de otras regiones. En cuanto al proyecto de explotación de petróleo en el archipiélago de las Bijagós, cualquier accidente podría tener consecuencias desastrosas. Las poblaciones de este archipiélago han vivido tradicionalmente en total armonía con la naturaleza, obteniendo de ella todos los recursos para su supervivencia. Los vertidos de petróleo nunca encuentran fácil solución, y sería aun más difícil lograrla en un país con la inestabilidad política de Guinea Bissau. Por otro lado, hay que subrayar que entorno al 85% de la población guineense vive directamente de los recursos proporcionados por su entorno natural inmediato, a través de la agricultura, la pesca, la ganadería o la recolección, y que las explotaciones mineras a cielo abierto, como serían la explotación de fosfato en Farim o de bauxita en Gabu, hacen desaparecer esos recursos, desde los animales hasta el propio suelo, pasando por las plantas. Además, la experiencia muestra que, lejos de recibir beneficios, las poblaciones residentes en las áreas donde se producen explotaciones mineras o petroleras sufren la contaminación de agua, suelo y aire, además de perturbaciones sociales, y no llegan a recibir los beneficios prometidos por las empresas mineras. Las empresas mineras suelen prometer la compensación por los daños y la restauración del entorno natural, pero tales promesas raramente se ven cumplidas.
Por todo lo anterior, la información y el empoderamiento de las poblaciones se muestran como elementos imprescindibles si se quiere tratar de evitar situaciones trágicas como las presentes en el delta del Níger o tantos otros lugares donde la riqueza del subsuelo se transformó en violencia y miseria para los habitantes del lugar.
1.- Dirección General de Geología y Minas, Dirección General del Medio Ambiente, Dirección General de los Bosques y la Fauna, Red de Parlamentarios por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, PETROGUIN - departament del gobierno encargado de la gestión del petróleo- Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN), Instituto de la Biodiversidad y las Áreas Protegidas (IBAP), Swissaid, Tiniguena, Natinyan, Placon-GB, Célula de Evaluación del Impacto Ambiental (CAIA), KAFO, Movimiento Nacional de la Sociedad Civil por la Paz, la Democracia y el Desarrollo, Red Eco-journalistas y Coalición Publish What You Pay .
Ivanka Puigdueta, licenciada CC Ambientales, especialista en Cambio Climático y cooperante de SODEPAZ en Guinea Bissau - Imagenes: nytimes.com -

El gran acaparamiento de tierras del G8

Nick Jacobs
euobserver.com

El sábado [8 de junio de 2013] David Cameron estaba celebrando el compromiso histórico de acabar con la desnutrición al que se había llegado bajo la presidencia británica del G8. Pero también se estaba celebrando otro acontecimiento menos visible, a saber, la decisión de Malawi, Nigeria y Benin de unirse a Tanzania, Ghana, Etiopía, Mozambique, Costa de Marfil y Burkina Faso como cobayas de la “Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición” del G8.
La Nueva Alianza, lanzada hace un año por el presidente Obama, es una asociación entre países del G8, gobiernos africanos y empresas privadas (entre las que se incluyen Monsanto, Syngenta, Cargill y Yara) cone el objetivo de sacar de la pobreza a 50 millones de personas en los próximos diez años.
Trata de hacerlo no solo por medio de la ayuda al desarrollo sino animando a los dirigentes africanos a “volver a definir las políticas para mejorar las oportunidades de inversión” y de este modo “catalizar la inversión del sector privado en la agricultura africana”. Las políticas en cuestión conciernen a las semillas, a los pesticidas, a los fertilizantes, a la posesión de la tierra, a los recursos de agua y a cualquier otro dominio en el que las prácticas locales, en caso de “no reformarse”, pueden constreñir la inversión potencial de la agroindustria.
El Marco de Cooperación de Mozambique, diseñado con socios del sector privado a cambio de su compromiso de invertir, ayuda a entender hasta qué punto la Nueva Alianza ya está revisando las regulaciones de los países socios.
Se prevé otorgar un papel a los pequeños agricultores, cuya producción sería subcontratada por la agroindustria. Sin embargo, lo principal del acuerdo radica en el frente regulador, en el que el gobierno de Mozambique promete “incentivos para el sector privado, especialmente para desarrollar e implementar los insumos domésticos y las políticas referentes a las semillas”, lo que significa “dejar de distribuir semillas gratuitas y no mejoradas”. A esto se suma el compromiso de reformar los derechos sobre la tierra para facilitar importantes inversiones y promover el libre comercio.
Trasfondos coloniales
Lo que es impactante es la forma descarada en que la Nueva Alianza pretende abrir las tierras cultivables africanas (descritas de forma memorable por el Banco Mundial como la “última frontera” de las multinacionales) a una oleada sin precedentes de inversión a escala industrial.
En un estudio reciente sobre la Nueva Alianza CIDSE , una ONG de desarrollo, señala que el Corredor Beira de Crecimiento Agrícola diseñado por la Nueva Alianza en Mozambique corresponde casi exactamente a la zona que se subcontrató a la Compañía Mozambique en la época colonial.
Tomando un ejemplo más reciente, la ONG denomina al modelo “la nueva cara del ajuste estructural”, lo que pone de relieve la continuidad entre las condiciones de la Nueva Alianza (reforma de la regulación para la ayuda) y las condiciones impuestas a los países en desarrollo en las décadas de 1980 y 1990 (privatización y liberalización del comercio a cambio del apoyo del Banco Mundial/FMI).
Esta continuidad no debería sorprender. La Nueva Alianza es meramente la nueva encarnación de una visión dominante encabezada por la inversión extranjera para el desarrollo de África. Está relacionada intelectualmente con la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, en sus siglas en inglés), que ha implicado a personas como Kofi Annan a favor de una campaña de inversión y de productividad basada en una fuerte inversión. Mientras tanto, esto concuerda con la plataforma “Crecimiento África” establecida para preparar a los países para la inversión bajo la Neva Asociación para el Desarrollo de África que estableció la Unión Africana en 2003.
En esencia n o hay nada nuevo en la “Nueva Asociación” o la “Nueva Alianza”, aunque puede que este último proyecto sea novedoso en la forma ambiciosa en que une ayuda al desarrollo y oportunidades de inversión de las corporaciones.
Hecho consumado
El gran éxito de la Nueva Alianza es haberlo colado de modo que pasara desapercibido. En su lanzamiento en 2012 Estados Unidos presentó el proyecto como el siguiente paso lógico en la “reinversión en agricultura” que había arraigado desde que los precios de los alimentos se dispararon en 2007-2008 y había reunido miles de millones de dolares de compromiso de ayuda en [la ciudad italiana de] L’Aquila.
Supuestamente, los detalles más precisos del plan supusieron una novedad incluso para los socios del G8 de Estados Unidos, cuyo escepticismo oficial ha dado lugar a los empujones para conseguir que estén presentes sus propias compañías (Angela Merkel ha establecido un “Asociación de Alimentos Alemana” para duplicar los beneficios).
Y, lo que es fundamental, a las ONG y grupos de la sociedad civil (¡lo mismo que a blogs como este!) les ha costado darse cuenta de lo que se estaba imponiendo a países africanos en nombre de facilitar el acceso al mercado a los estandartes de las grandes compañías. Ahora que se han dado cuenta, la protesta es ensordecedora: la víspera de la cumbre Nutrición para el Crecimiento más de 25 organizaciones (entre las que estaban Amigos de la Tierra y War on Want) pidieron a David Cameron que retirara los 395 millones de libras que Reino Unido había prometido a la Nueva Alianza en los próximos tres años.
Con todo, la Nueva Alianza, se ha convertido en un hecho consumado al poner en marcha decenas de planes de inversión y de reformas de regulación para el próximo año.
¿Qué quieren realmente los agricultores africanos?
¿Proporcionará este plan al menos algunos beneficios a los pequeños agricultores africanos, aparte de los que acumulan Cargill, Syngenta y compañía? En absoluto, en opinión de aquellos a quienes se supone va a sacar de la pobreza, esto es, los agricultores africanos.
En una carta dirigida a la Unión Africana y al G8 tras el lanzamiento de la Nueva Alianza Mamadou Cissokho, entonces presidente de la confederación de agricultores del África Occidental ROPPA, hacía una sorprendente acusación del plan en defensa de los agricultor es africanos:
“Les ruego que expliquen cómo piensa ustedes justificar que la seguridad y soberanía alimentaria de África se podría garantizar por medio de la cooperación internacional al margen de los marcos políticos formulados de manera inclusiva con los agricultores y productores del continente”.
Una rápida ojeada a los documentos políticos elaborados por asociaciones de agricultores de África Oriental, Occidental y Central revela enormes discrepancias entre lo que estos agricultores quieren y necesitan, y lo que propone la Nueva Alianza.
Aunque el producto bandera del G8 parece proteger las semillas y formalizar los títulos de propiedad, los agricultores recuerdan que los 33 millones de familias agricultoras de África (el 80% del total del continente) obtienen “autonomía y resiliencia” del control que poseen sobre una base productiva en gran medida no transformada en mercancía, constituida de tierras, agua, semillas, trabajo (o mano de obra) y conocimientos. Lo que les preocupa es garantizar que no se impide a los agricultores practicar la mayoritariamente popular reutilización de semillas y que los dueños de rebaños no están constreñidos por los sistemas de títulos de propiedad de la tierra que les impiden acceder a las tierras comunales de pastoreo.
La lógica de la agricultura africana es radicalmente opuesta a las visiones preponderantes en el Norte. La rotación de cultivos que odian practicar los agricultores de la Unión Europea forma parte de los sistemas de agricultura africanos que tienen que ser biodiversos para sobrevivir en unas condiciones muy duras; los agricultores malíes que no utilizan productos químicos pueden pasar semanas desherbando a mano en grupos de ayuda mutua y culminar el trabajo con “una fiesta con comida, bebida y bailes con música tradicional” al acabar la estación de lluvias.
Se puede descartar fácilmente esta visión por ser paródica o desfasada. Pero los deseos de los agricultores africanos no son en absoluto ingenuos. Reconocen la necesidad de inversiones y de acceder a los mercados, pero simplemente quieren que se proporcione esto a sus familias y no a la agroindustria occidental. Son perfectamente conscientes de lo difícil que es que este modelo de agricultura familiar coexista con la agricultura industrial y reconocen que:
‘Cuando se debilitan y minan elementos del sistema, el sistema como un todo puede venirse abajo y dejar de ser viable”’.
Esta es la razón por la que no quieren meramente coexistir y luchar frente a las inversiones estilo Nueva Alianza, sino que quieren ver que se apoya a las familias que se dedican a la agricultura y se les da preferencia.
Intereses contrapuestos
Por consiguiente, no es una coincidencia que la Nueva Alianza no haya consultado a los agricultores africanos, cuyos verdaderos intereses son diametralmente opuestos a los de la agroindustria occidental. Después de todo, están compitiendo por las mismas reservas de tierra y agua, y por desempeñar el mismo papel primordial en la formulación de los planes agrícolas nacionales.
La voz de los agricultores africanos cayó en oídos sordos cuando se lanzó la Nueva Alianza. Pero, simplemente para estar segura, la Nueva Alianza se las ha arreglado para marginar el único foro en el que podían ser escuchados.
Un efecto clave de lanzar este plan tan ambicioso y en el que hay en juego mucho dinero es que ha elevado el estatus del G8 como el director clave del desarrollo agrícola a expensas del Comité Mundial para la Seguridad Alimentaria (CFS, por sus siglas en inglés), en el que los agricultores de los países en desarrollo pueden negociar en pie de igualdad con los gobiernos del mundo. Es mucho lo que está en juego, dado que el CFS ha elaborado recientemente sus propias líneas directrices sobre los derechos sobre la tierra y los “acaparamientos” de tierras, un ámbito que las corporaciones habían esperado regular.
Lo que nos ha enseñado la Nueva Alianza es que es fácil presentar lo que en esencia son oportunidades de inversión para las corporaciones como marcos de desarrollo, como formas de lograr la seguridad alimentaria dirigida por los pequeños agricultores o incluso, como la única manera de lograrla. Se ha permitido al G8 poseer el discurso y legitimar a la nueva Alianza y a sí mismo como los árbitros de la seguridad alimentaria.
Directrices
Puede que, efectivamente, los inversores extranjeros tengan un papel constructivo que desempeñar en el desarrolló agrícola de África. Pero lo que está claro es que hay que establecer algunas directrices básicas (por no mencionar una normas específicas de inversión) antes de que se suelte a las compañías en esta “última frontera”. He aquí tres para empezar:
    1.    En ningún caso las compañías que pretenden hacer beneficios deber participar en los procesos políticos y reguladores .
    2.    El apoyo total del G8 y del lobby de la agroindustria no debería ser suficiente para llevar a cabo el plan.
    3.    La oposición total de los supuestos beneficiarios del plan de desarrollo debería ser suficiente para bloquearlo.
Como mínimo, la Nueva Alianza no debería expandirse a otros países hasta que se hayan establecido las directrices.
Fuente:
http://blogs.euobserver.com/jacobs/2013/06/11/the-g8s-great-land-grab/ -
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos - Imagenes: facebook.com - farmlandgrab.org

Argentina: ¿Regulación ecológica …?

Roberto F. Bertossi

El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional (CN.), establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano… Las autoridades proveerán a la protección de este derecho… Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para completarlas…”
Lo cierto es que tanto la Nación como las Provincias fundamentadas en dicho dispositivo constitucional de supremacía han venido dictando normas. En efecto, a nivel nacional podemos citar la Ley N° 25675 (Ley General del Ambiente Bien jurídicamente protegido. Sancionada el 27/11/2002. Publicada en el Boletín Oficial del 28/11/2002); la Ley N° 25612 (Gestión integral de residuos industriales); la Ley N° 25688 (Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Sancionada: 28/11/02. Promulgada: 30/12/02. Publicada en el B.O.:03/01/03); la Ley N° 25916 (Residuos domiciliarios -Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Sancionada el 03/09/2004. Publicada en el Boletín Oficial del 07/09/2004)que las provincias en general han tratado de completar y complementar concomitantemente.
Sin duda, esta legislación ecológica es de la mayor valía, significación y trascendencia, más aun si releemos el dispositivo constitucional relacionado cuando prescribe imperativamente: “…satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”
La irrefutable crisis ambiental que se percibe, se ve, se padece pero que no se puede ni medir ni pronosticar, justifica, explica y predice largamente la grave obligación convergente entre las Administraciones Publicas nacional, provincial y municipal, en orden a defender y preservar un ambiente equilibrado y duradero, en una noble y cabal perspectiva ecológica con solidaridad intergeneracional.
Así como la última parte del articulo 41 (CN.) prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de aquellos radioactivos, se debe implementar y exigir sin demoras, licencias ambientales más agudamente precisas y operativas tanto como la imposición de sanciones contundentemente ejemplificadoras y disuasivas contra toda infracción menor o mayor infringida al ambiente en materia de, vg., utilización irracional de los recursos naturales, singularmente el agua, la tierra, los montes, los bosques, la minería; los anárquicos, caóticos y apabullantes desarrollos inmobiliarios sin responsabilidad social ambiental; las históricas áreas turísticas y más, exigiendo consecuentemente la demolición de obras sin miramientos ni corruptelas e incautando o destruyendo en su caso, todo lo relacionado con la infracción/es ecológicas.
Cabe agregar que así como “el interés, es la medida de la acción”, resulta del todo penoso e inequitativo verificar la matriz de la nada en materia de personal en general y ecológicamente calificado en particular como la exigua infraestructura ambiental asignada a la fecha para un eficaz y eficiente poder de policía ambiental; en realidad toda una grave e inhumana rémora inaceptable como también la que resulta con peores consecuencias/derivaciones por la ausencia de una profunda educación y concientización ambientalmente solidaria.
Claro, si a esto lo “contaminamos” con la falta de incentivos, control y sanción de los aspectos ecológicos comprometidos en permisos, contratos, concesiones y licitaciones públicas (ciclo de vida de los bienes o productos, eliminación ecológica de residuos, responsabilidades pos consumo; la inexepcionable utilización de tecnologías limpias atingentes a los protocolos fabriles/productivos/servicios relacionados con las compras de todo poder público y también privado en la medida de que, por alguna clausula/circunstancia, estuviera subordinado algún modo a la supervisión del primero); bueno así entonces el panorama es más sombrío e impredecible todavía dándose de patadas con el segundo párrafo del inciso 19 del artículo 75, la última parte del articulo 42 y el artículo 43 de nuestra Carta Magna, logrando paradójica y contra fácticamente la saturación de las saturaciones con la pavorosa ausencia de una apropiada regulación ambiental agrícola con los efectos perniciosos ya por todos conocidos y padecidos ante el festival de la voracidad fiscal, de la evasión/elusión, de la corrupción e impunidad nacional.
Finalmente, si bien la legislación ambiental va cobrando mayor sentido y alcance en temáticas y metodologías -impensables pocos años atrás- respecto de las implicancias ambientales y enormes externalidades negativas, lo cierto es que ante la ausencia de una apropiada/suficiente regulación ambiental y la certeza del principio: “toda inejecución legal cuestiona su propia eficacia”, deberemos con premura entre todos, mancomunada y cooperativamente desde el propio quehacer, lograr el cumplimiento (poder de policía) más satisfactorio posible, hipermoderno y sustentable de toda la legislación ecológica, argentina e internacional en tanto constitucionalmente aplicable, (Art. 75 inciso 22, CN.).
Caso contrario, como en materia de planificación/políticas agrícolas y ferroviarias, en materia ecológica habremos malogrado quinquenios, desaprensiva y peligrosamente con una intransferible corresponsabilidad común.
Fuente: Argenpress.info - Imagenes: dforceblog.com - wwwfernandacastillocom.blogspot.com