viernes, 30 de septiembre de 2011

Pulso a la historia más allá del TIPNIS






Otramérica



Evo Morales se sacudió el martes la responsabilidad por la represión de la marcha indígena en protesta por la construcción de la carretera del TIPNIS y, sin dar detalles, dijo que ese proyecto quedaba paralizado. Pero la estrategia del Ejecutivo no ha dado resultado. La marcha sigue, el paro nacional se desarrolla hoy y Anonymous ha atacado varios sitios oficiales. ¿Qué está pasando en Bolivia?

La distancia hace creer que los titulares son la vida, pero los procesos, como el de Bolivia, ni son lineales ni son sencillos. El complejo cambio que sufre el país, desde que Evo Morales llegara al poder en 2006, es imparable y está lleno de tensiones. El pulso a la historia es grande y así parecen ser las consecuencias. El vuelco cultural para pasar de un Estado racial y excluyente a un Estado Plurinacional y participativo no es rápido ni fácil.
Esta vez, el detonante de las tensiones ha sido el proyecto carretero que el Gobierno pretendía (no está claro si ha reunciado a ello) realizar en contra de las comunidades indígenas a través del Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure (TIPNIS). Los medios de comunicación se han centrado en el tema de la carretera, asunto fundamental porque pone en jaque el modelo territorial, el de explotación de recursos naturales y la autonomía política de las Tierras Comunitarias de Origen (TOC), pero ese sólo es el primer punto de las reivindicaciones de la VIII Marcha Indígena (¡octava!) en Defensa del Territorio, la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia Bolivianas.
Una marcha con mucho fondo
Los indígenas movilizados por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) incluyen en su plataforma reivindicativa, además de la paralización del proyecto del TIPNIS, 15 demandas más: la paralización de las exploraciones de hidrocarburos en el Parque Aguarague; titulación y saneamiento de los TOC; desalojo de los colonos ilegales; respeto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; el fin de las trancas y los cobros ilegales por parte de colonos, ganaderos y otros intrusos que limitan la movilidad de las comunidades del área; recepción directa (y no através del Gobierno) de los fondos económicos en compensación por servicios ambientales (Fondo Verde y REDD); desarrollo normativo del derecho a Consulta de los pueblos indígenas en todos aquellos proyectos que afecten a su territorio; proyectos productivos para los 34 pueblos y naciones que habitan las denominadas Tierras Bajas; desarrollo de la autonomía indígena consignada en la Constitución; participación en el diseño de la nueva Ley de Bosques; elaboración de un censo en la zona; un plan de manejo de la cuenca del Río Pilcomayo, y especifican un largo listado de acciones concretas en las áreas de Educación, Salud y Vivienda.
Como se ve, pues, no se trata de una marcha ecologista, sino de una movilización para profundizar el modelo del Estado Plurinacional consignado en la Constitución de 2008 que ya desde su primer artículo define el nuevo modelo surgido de la Constituyente así: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
Ese sería el primer pulso a la historia: cumplir lo soñado y hacer realidad una Constitución innovadora y sorprendente donde tiene cabida la cosmovisión indígena y el modelo de hiperautonomía local o comunitaria que es, por cierto, el mismo que ha permitido la supervivencia de estas culturas durante siglos de explotación y exclusión. Las formulaciones del Gobierno y los discursos de Evo Morales -cada vez más tamizados por las necesidades económicas del Estado y por la decisión de no romper con el modelo capitalista- son habitualmente sobrepasadas por una sociedad boliviana implicada, politizada y dispuesta a no dejarse arrebatar de nuevo el control de sus vidas.
También se está jugando un complejo pulso que tiene raíces históricas entre los indígenas de las Tierras Altas, los andinos mayoritarios, y los indígenas de las Tierras Bajas, concentrados en la Amazonia, el Oriente y el Chaco boliviano.
Pero quizá, y en conexión con ese primer pulso de hacer realidad lo escrito, el pulso definitivo se está jugando entre un modelo neodesarrollista y aquellas comunidades que insisten en profundizar el proceso de cambio y apostar por una Bolivia que juegue en una liga lejana al capitalismo depredador.
No es fácil la posición del Gobierno. La apuesta por la nacionalización de las empresas de la industria extractiva se tuvo que quedar reducido a un aumento más que significativo de los impuestos que estas entregan a Bolivia y en un cambio contractual que las convierte en prestadoras de servicios al Estado, cuando eran todopoderosas concesionarias. Los proyectos sociales para sacar al país del atraso secular en el que lo habían enterrado las élites criollas requieren de recursos y la única inversión privada extranjera en el país tiene que ver con megaproyectos extractivos y/o con los intereses del subimperio vecino: Brasil.
Los más críticos del Gobierno, consideran que el poder ha carcomido a Morales, que el proyecto 'revolucionario' hace tiempo que salió de la agenda oficial. Maria Galindo, de Mujeres Creando, lo explicaba así a Otramérica: "El contenido de este gobierno es un contenido profundamente contradictorio y su contradicción principal se mueve entre la necesidad de responder a la agenda política planteada por la revuelta y las propias fuerzas conservadoras integrantes del Movimiento Al Socialismo y, sobretodo, su mayor atadura es la angurria de poder y el asalto del Estado para beneficio del equipo que está a cargo o que goza de oportunidades".
La crisis
Algunos medios de comunicación internacionales han titulado con ansiedad en estos días asegurando que Evo rompe con sus bases o que Evo pierde el apoyo indígena. Parece esta una afirmación que concuerda más con un deseo que con la realidad o que, cuando menos, ignora la complejidad boliviana.
Para que el proceso de Bolivia funcione es imprescindible la movilización permanente de la sociedad. Por eso no parecen haber sido suficientes las dimisiones del ministro y viceministro (Sacha Llorente y Marcos Frafán) de Gobierno que, sin asumir que ellos dieron la orden de reprimir la marcha en Puente San Lorenzo el pasado domingo, sí han cargado con la responsabilidad “para no ser instrumentos de la derecha ni de la campaña para desprestigiar al presidente [Morales]”, escribía Llorente. Otros tres altos cargos han dimitido pero en protesta interna por la brutal acción policial. Se trata de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, la directora del servicio Nacional de Migración, María René Quiroga, y una alta funcionaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Roxana Liendo.
Los marchistas también exigen las cabezas políticas del Canciller, del ministro de Obras Públicas y del de Presidencia. La Central Obrera Boliviana (COB) mantuvo la convocatoria de paro para hoy miércoles y las vigilias se mantienen en diversos puntos del Beni y Pando. Por si faltaba algo, ayer Anonymous hizo un ataque coordinado a varios sitios webs del Gobierno y anucnió que la acción sería por una sóla vez y en defensa del TIPNIS.
El pulso a la historia no ha acabado y el pulso a las tentaciones verticales desde el Ejecutivo, tampoco. La argentina Isabel Rauber, con motivo de la anterior gran crisis –el llamado ‘gasolinazo’-, escribía en Rebelión: “Bienaventurado sea el gasolinazo si se transforma en sacudón político, en punto de inflexión capaz de revertir la creciente tendencia superestrutural gubernamental a decidir desde arriba sin contar con los de abajo, adoptando la vieja cultura política del poder que considera que gobernar es tarea de quienes supuestamente ‘saben y tienen razón’, que es cosa de iluminados, o de ‘tener espalda’. Pero la revolución es tarea de pueblos, de mayorías conscientes, organizadas, discutiendo y definiendo Su proyecto en la medida que lo van construyendo”.
Otros autores, más cercanos a las tesis del Gobierno, cren que detrás de la Marcha hay intereses internacionales (especialmente, de Estados Unidos) y que no se está diciendo toda la verdad acerca del TIPNIS. Quizá, y solo quizá, la verdad es que este pulso no tiene que ver sólo con el TIPNIS.

En Tierra del Fuego no habrá minería a cielo abierto







La norma sancionada a fin de agosto ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. La ley prohibe la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala y la utilización se sustancias contaminantes para la explotación de esos recursos naturales. De esta manera son ocho las provincias que cuentan con legislación similar por la cual se prohíbe o se condiciona severamente la actividad minera a gran escala: Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y ahora Tierra del Fuego.

A partir del pasado miércoles 21, está prohibida en la provincia la explotación a gran escala de minerales metalíferos a cielo abierto. De esta manera Tierra del Fuego se suma al reducido grupo de provincias que han limitado esa metodología extractiva, que integran Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Tucumán, San Luís y Córdoba.
La norma también prohibe la utilización de una serie de sustancias consideradas contaminantes para el medio ambiente y potencialmente peligrosas para la salud humana "en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado", según determina la ley provincial 852 que fuera sancionada por el Parlamento el 25 de agosto y promulgada por el Poder Ejecutivo por decreto 2108/11, del 14 de septiembre.
La ley "tiene por objeto la aplicación a la actividad minera de los principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional 25.675, así como el principio de desarrollo sostenible establecido en la Ley provincial 55" para garantizar "garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; proteger los recursos hídricos provinciales y compartidos; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades mineras puedan generar sobre el ambiente; promover la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; minimizar los riesgos ambientales de la minería y prevenir emergencias ambientales producidas por la actividad minera". Por tal razón, estipula que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para la aprobación de los proyectos mineros deberán respetar los principios de consentimiento previo e informado de la población que pueda ser afectada por los proyectos.
En ese marco de preservación ambiental prohibe el uso de las sustancias tales como ácido clorhídrico; ácido fluorhídrico; ácido nítrico; ácido sulfúrico; amonio; bromuro de sodio; cianuro; cianuro de sodio; mercurio y yoduro de sodio "en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado", como así también "la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala".
Dentro de esta categoría se cuentan, entre otros, el oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo y aluminio; combustibles minerales como la hulla y los hidrocarburos sólidos; las piedras preciosas; el cuarzo, la mica y los calizos.
Sin perjuicio de estas prohibiciones, la ley obliga a los concesionarios de minas de primera categoría a contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que se pueda producir.
Además crea un Fondo de Restauración Ambiental que se constituirá con aportes de los concesionarios, equivalentes al 5% del monto total de la inversión propuesta, que estará destinado a la instrumentación de acciones de reparación del ambiente afectado por las actividades mineras de primera categoría al momento del cierre de la mina.
Para el caso de aquellos emprendimientos que se encuentren en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, la norma determina que los titulares de las concesiones de esos yacimientos minerales metalíferos deberán elaborar un informe que indique la forma en que adecuarán sus explotaciones a las nuevas exigencias. En caso de no cumplir con este requisito deberán suspender su actividad hasta tanto adecuen sus procesos mineros o industriales.
Además, establece que la autoridad de aplicación – la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente– deberá realizar un relevamiento del pasivo ambiental que se haya generado en exploraciones o explotaciones de minerales metalíferos anteriores a la promulgación de la ley a fin de establecer los niveles de contaminación preexistentes. En tanto que para el caso de autorizaciones de exploraciones o explotaciones posteriores a la promulgación de la norma deberá realizar dicho relevamiento dentro de los 90 días, a partir del registro del pedido en la Escribanía de Minas.
Por otra parte, también pone en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Sustentable "las tareas de preservación y tutela del agua, y los recursos hídricos provinciales afectados por los proyectos sobre minerales de primera categoría", para lo cual deberá efectuar controles específicos en todas y cada una de las etapas de los proyectos, cuando los mismos afecten cuencas hídricas directa o indirectamente.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo
noalamina.org

Receta de la gran minería para destruir Catamarca





Alumbrera es la explotación de oro más grande de la Argentina. Mediante procesos de trituración, molienda y flotación en gran escala produce anualmente unas 700.000 toneladas de concentrados que contienen 190.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro. No conformes con ello, ahora quieren forzar el comienzo de la explotación de la mina Agua Rica, ya explorada, que está a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá, situada sobre sus fuentes de agua.

Fuente: Prensa Asamblea El Algarrobo

Es una falacia que para generar desarrollo local la minería deba ser a gran escala. En el Chocó Colombiano los mineros extraen oro y elaboran joyería sin trabajo infantil y con procesos químicos poco agresivos para el ambiente (Oro Verde certificado). Es un ejemplo paradigmático.
Los impactos socioambientales de las grandes inversiones están profusamente estudiados por la antropología y la sociología del desarrollo. Existe una "negligencia planificada" que acompaña a las grandes obras que suelen justificarse por el volumen de inversión que representan. Los manuales de evaluación de impacto del Grupo Banco Mundial describen el "boom town effect" que es un efecto de inflación localizada que genera el aumento de la demanda suntuaria en zonas de economía muy deprimida.
Alumbrera es la explotación de oro más grande de la Argentina. Mediante procesos de trituración, molienda y flotación en gran escala produce anualmente unas 700.000 toneladas de concentrados que contienen 190.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro.
El concentrado de oro y cobre –con el agregado de agua- se bombea a través de un mineraloducto de 316 Km. de longitud hasta la provincia de Tucumán, donde se encuentra una planta de filtrado. Desde allí se lo transporta por ferrocarril en trenes propios de Minera Alumbrera hasta las instalaciones portuarias de la empresa en Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, donde se embarca y envía a plantas de refinado en el exterior.
Las exportaciones de Bajo de la Alumbrera en el período 2002-2005 representaron ingresos por US$ 2.580 millones, y sólo en el año 2005 fueron de casi US$ 900 millones. Los países a los cuales se exportó el último año fueron China, India, Japón y Corea (un 40% del total), Alemania (25%), Bulgaria (11%), España y Finlandia (6% cada uno), Brasil y Canadá (5% cada uno) y Polonia (2%). La facturación de Alumbrera en el año 2004 llegó a los $ 3.450 millones.
El accionar de la empresa es cuestionado por vecinos de la zona, organizaciones sociales y estudios de impacto ambiental realizados de manera independiente y sin relación con la empresa. Alumbrera Ltd. a ocasionado daños sociales incurriendo en violaciones en el medio ambiente, leyes laborales y derechos humanos.
Ahora el daño alcanzará el río Minas, el río Candado y el valle de Andalgalá.
En la provincia argentina de Catamarca, el río Minas sería destruído de inmediato por la explotación de la Minera Agua Rica, una expansión de Minera La Alumbrera que está por iniciarse. 90,000 tns. de roca se removerían a punta de explosivos cada día. Los vientos arrastrarán la infernal polvareda generada sepultando la flora y fauna del valle del río Minas e inmediatamente el valle de Andalgalá. El valle del río Candado padecerá el mismo destino.

Los diques de colas, sobre un terreno altamente fisurado, percolarán sus químicos contaminantes por fracturas y fallas geológicas, algunas de carácter regional y altamente permeables. No obstante la exigencia del Informe de Impacto Ambiental y la misma actividad minera, que requiere que ese tipo de dique sea totalmente impermeable, Minera Alumbrera jamás impermeabilizó sus diques.
La mercantilización de los recursos naturales de Latinoamérica, que habían estado protegidos hasta más o menos la década de 1990, ya que se les consideraba parte de nuestra soberanía, se desencadenó como parte de la política neoliberal derivada del Consenso de Washington.
Impacto de Minera Alumbrera y Minera Agua Rica en Andalgalá – Imagenes Satelitales
Desde 1994, fecha de inicio del entonces proyecto La Alumbrera, los sucesivos gobiernos de Catamarca y las empresas mineras involucradas, han venido desinformando, falseando y ocultando las reales consecuencias e impactos de esos emprendimientos sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones de la región, especialmente notables en el Departamento de Andalgalá.
No conformes con ello, ahora quieren forzar el comienzo de la explotación de la mina Agua Rica, ya explorada, que está a pocos kilómetros de la ciudad de Andalgalá, situada sobre sus fuentes de agua.
Para contribuir a que no se siga con la mentira y los ciudadanos puedan informarse adecuadamente, ajuntamos dos archivos en formato jpg, consistentes en mapas satelitales editados con los datos más significativos para tener una dimensión cabal del desastre que está causando la Minera Alumbrera, que se agravará si se concreta la apertura de Agua Rica.
Roberto Luna
Fuente: noalamina.org



 LA JUSTICIA DE NEUQUEN FRENO LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA GEOTERMICA





En defensa de los glaciares

Se trata del primer fallo que aplica la flamante Ley de Glaciares. El proyecto para obtener electricidad a partir de vapores subterráneos estaba emplazado en una zona periglaciar. El gobierno provincial apelará.

Las localidades de Caviahue y Copahue, en Neuquén, remiten a paraísos invernales. Allí el gobierno neuquino concedió terrenos a una empresa canadiense para emplazar un proyecto de energía geotérmica, que consiste en producir electricidad a partir de la presión de vapores subterráneos. En una medida que sienta precedente, una jueza frenó esa iniciativa aplicando la flamante Ley 26.639, de Glaciares. La decisión, que hace lugar a una acción de amparo presentada por una asamblea vecinal, adopta una medida preventiva ante la presunción de que la planta se construirá sobre un área periglaciar. La cuestión se hubiera resuelto de manera más certera de contar con el demorado inventario de glaciares, exigido por la ley. Ante ese vacío, la jueza en lo civil y de minería 1 de Zapala, Ivonne San Martín, aplicó el principio precautorio frente a un posible daño ambiental irreversible. El gobierno neuquino no contestó las consultas de este diario, pero hizo saber que apelará el fallo.
A fin del año pasado, San Martín ya había dictado una resolución similar ante un amparo presentado por un vecino de Loncopué, localidad ubicada a 40 kilómetros de Caviahue. Ante una apelación del gobierno, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que lo revocó por falta de algunos fundamentos.
Ante la preocupación de que la empresa canadiense Geothermal One avanzara con sus acciones, Paula Kubli y Verónica Mulloni, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Caviahue, presentaron un nuevo amparo. Entre sus argumentos, recordaron que el senador nacional del Movimiento Popular Neuquino Horacio Lores, mientras se discutía la aprobación de la Ley de Glaciares, mencionó que con la prohibición de la actividad minera en zonas periglaciares se verían “comprometidos” una serie de proyectos de energía geotérmica en la provincia. Por ejemplo, el ubicado en la mina Las Mellizas, próximo a las poblaciones de Caviahue y Copahue, motivo de la demanda judicial. También puede leerse en la página del gobierno neuquino una carta que el gobernador Jorge Sapag envió por ese entonces a la Comisión de Ambiente de la Cámara alta. Allí manifestó concretamente que el texto en discusión afectaba “la generación geotérmica en las entubaciones cordilleranas”.
En su segunda resolución, la jueza apeló a la Ley General del Ambiente y a los derechos de tercera generación. Aplicó “el principio de prevención” ante posible daño irreversible que puede causarse en el ambiente y a generaciones futuras. Bajo este marco, las “explotaciones sospechadas de contaminantes deben detenerse”, apuntó la magistrada.
El pedido de las demandantes se basó en la presunción de que el emprendimiento geotérmico “resulta violatorio” de la Ley de Glaciares. Según el artículo 6, inciso C, de esa norma, están prohibidas la exploración y explotación mineras en áreas periglaciares que, según la ley, son zonas de suelos congelados, próximas a los glaciares, que actúan como “reguladores del recurso hídrico”.
San Martín también cuestionó la validez del estudio de impacto ambiental presentado por el gobierno provincial, ya que la actividad geotérmica tiene “prohibición absoluta” en sitios como Las Mellizas. La zona está próxima al volcán Copahue, donde se emplaza un glaciar. Asimismo, para la legislación nacional, la energía geotérmica se enmarca en el Código de Minería, bajo la figura de “vapores endógenos”, por lo que el caso calzó justo con la ley de presupuestos mínimos que protege las masas de hielo naturales.
La Asamblea de Vecinos se puso en guardia, además, debido a que la planta geotérmica se radicará –según la propia Agencia para la Promoción de Inversiones de Neuquén (ADI)– “en las proximidades” de la laguna Las Mellizas, única fuente de agua potable de la comunidad, y “a pocos kilómetros de las termas”. Ese centro de atracción turística sustenta buena parte de la economía local, que emplea a unas 500 personas de la zona.
“Nadie nos garantiza que no se vea afectada la laguna ni que no se sequen las termas”, planteó Paula Kubli. Al mismo tiempo los vecinos temen que la afectación del ambiente limite la práctica trashumante de los pequeños criadores de ganado, mapuches y criollos. Paula Mulloni, artesana, cuestionó además que la planta se radicaría “dentro de un parque provincial” y calificó el emprendimiento como parte de “una clara política extractiva y de acaparamiento de tierras” a favor de una multinacional.
Informe: Leonardo Rossi. (Pagina 12)

Estados Unidos: Principal mercader de armas del mundo




PL

Estados Unidos acaparó en 2010 el 53 por ciento del mercado mundial de armas, según reveló hoy el informe anual del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés).
Los mercaderes estadounidenses establecieron órdenes de venta por un valor de 21 mil 300 millones de dólares pese a la caída del negocio durante ese año.
Al evaluar los montos de armamentos entregados, el estudio añade que en el año el país también estuvo en la cima con 12 mil millones de dólares de un total de 35 mil millones que se puso en mano de los usuarios.
Entre los principales compradores en el mundo, India marcha en primer lugar con encargos de seis mil millones, seguida de Taiwán con dos mil 700 millones de dólares.
El texto precisa que en el periodo entre 2003 y 2010, Arabia Saudita adquirió 29 mil millones de dólares en artefactos bélicos, alejada del segundo lugar ocupado por la India con cerca de 17 mil millones; China, con trece mil 200 millones; Egipto, con 12 mil 100 millones, e Israel, con diez mil 300 millones.
Según la investigación del CRS, a causa de la actual crisis mundial, los principales fabricantes de armas estadounidenses y europeos buscan incrementar sus ventas, en especial entre los países petroleros de Medio Oriente, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
El informe destaca una caída en la venta a países en desarrollo cuyos contratos solo llegaron a 30 mil 700 millones de dólares en 2010 en comparación con los 50 mil millones del año precedente.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Crítica razonada al turismo de masas





Entrevista con Rodrígo Fernández Miranda, autor de "Viajar perdiendo el Sur"
Alba Sud


En los próximos días se presenta en Madrid el libro Viajar perdiendo el Sur. Crítica del turismo de masas en la globalización, publicado por Ecologistas en Acción dentro de su colección Libros en Acción. Conversamos con su autor sobre sus contenidos y el contexto social en el que aparece.
 Rodrigo Fernández Miranda (Buenos Aires, 1974) es miembro de Ecologistas en Acción y Consume Hasta Moriri además de colaborar con distintas organizaciones sociales y medios de comunicación alternativos. Es autor de El teatro de la libre elección (Editorial Popular, 2008); El legado consumista (Sodepaz Didesur, 2008) y coautor de Políticas públicas, beneficios privados (Foro de Turismo Responsable, 2009), Contapublicidad (Libros en Acción, 2009); El rompecabezas de la equidad (Icaria Editorial, 2006), entre otros. En la actualidad trabaja desde Madrid como investigador y consultor social en Folia Consultores  y colabora como docente universitario con Economistas sin Fronteras.
Su último libro, Viajar perdiendo el Sur. Crítica del turismo de masas en la globalización, con prólogo de Joan Buades y Ernest Cañada, se presenta el próximo martes 27 de septiembre de 2001 a las 19.30 h. en la sede de Ecologistas en Acción en Madrid (C/ Marqués de Leganés 12). Junto a Rodrigo Fernández Miranda, intervendrá Pedro Ramiro, investigador del Observatoria de las Multinacionales en América Latina (OMAL)- Paz con Dignidad.
Conversamos con Rodrigo sobre los contenidos del libro, el contexto en el que aparece y su distribución.
En "Viajar perdiendo el Sur" haces una crítica severa al modelo turístico dominante y las consecuencias que en diversos órdenes conlleva su expansión a escala internacional. ¿Cómo entiendes el papel jugado por la industria turística en la globalización y en la evolución del sistema capitalista en los últimos tiempos?
La industria turística ha tenido una tasa de crecimiento sostenido por encima de la media de casi todos los sectores desde la finalización de la II Guerra Mundial. Evolución que ha terminado por colocar a esta actividad como la más importante del planeta en el siglo XXI, en porcentaje del PIB global, volumen de comercio internacional y cantidad de puestos de trabajo que genera.
Más allá de las cuantías, el modelo dominante de turismo es una actividad emblemática en la globalización económica, no sólo por sus graves impactos a nivel medioambiental, económico y social para los países anfitriones, sino también por las dinámicas de liberalización, concentración de capitales, precariedad laboral y merma de derechos de las personas trabajadoras, privatización de bienes y espacios públicos y cambio de uso y sobreexplotación de los recursos en los destinos.
Además, el turismo tiene en la globalización otra relevancia menos visible, ya que los desplazamientos internacionales de personas, que pronto llegarán a los mil millones anuales, hacia países empobrecidos favorece la imposición de un sistema de valores y un estilo de vida que son funcionales al propio capitalismo.
Finalmente deja en evidencia un aspecto clave de las lógicas de esta globalización: se priman los derechos al ingente lucro de las empresas transnacionales y a los excesos consumistas de las clases medias de los países centrales, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de gran parte de las poblaciones de los países anfitriones de la Periferia global. En definitiva, este turismo es una parte esencial de un modelo que da la espalda a la vida, y que no puede crecer de manera infinita porque existen límites biofísicos a su expansión.
El mismo sector se ha visto sometido a un fuerte proceso de concentración empresarial. ¿Qué implicaciones tiene este proceso?
El proceso de concentración empresarial en el turismo es fuerte, aunque hasta el momento es menor que en otros sectores en el marco de la globalización. Una decena de empresas transnacionales de capitales europeos y estadounidenses controlan aproximadamente el veinticinco por ciento del negocio, aunque como es lógico este grado de concentración va in crescendo.
Las implicaciones de esta concentración son diversas, aunque las más relevantes pueden ser el mayor poder político que tienen estas empresas transnacionales, a través de sus lobbies sectoriales y también de los sectores conexos, que les permite que la toma de decisiones políticas así como las legislaciones y políticas públicas locales, regionales y globales se ajusten en mayor medida a sus intereses económicos.
Otro aspecto es la dificultad creciente de las pequeñas explotaciones para poder participar en el pastel del turismo, ya que la concentración se constituye como una barrera a la entrada, favorece los procesos de adquisición, construye enormes economías de escala, entre otros factores que dejan fuera de juego a las pequeñas y medianas empresas. Procesos de concentración y acumulación que son connaturales al propio capitalismo.
La industria turística está haciendo notables esfuerzos para "mostrar" su compromiso con la reducción de la pobreza, que se traducen en iniciativas de RSC, proyectos de cooperación, etc. ¿Cómo valoras esta estrategia y los alcances que está teniendo?
En la misma línea que los capitales transnacionales, las grandes empresas turísticas se vienen acercando a la idea de Responsabilidad Social Corporativa y Empresarial, participando en iniciativas sociales de distinto tipo, y dotando de valores teóricos e ideas positivas y socialmente aceptadas a la comunicación de su oferta.
A criterio de la mayor parte de las organizaciones sociales, se trata de una estrategia de mero corte comercial. La devastación socioambiental del planeta provocada por los modelos de producción y consumo es cada día más visible e incontestable, por lo que la conciencia y sensibilidad de la población sobre estos impactos es creciente. En nuestra opinión el objeto de esta RSC no es más que una fuente de valor de marca, una operación de “lavado” verde y solidario de una imagen corporativa que parece peligrar frente al nacimiento y la consolidación de dicha conciencia colectiva critica.
Este acercamiento a la RSC del sector turístico constituye precisamente eso, hablar de lo que no tiene, decir que construye lo que en realidad destruye, uno de los contrasentidos más notables del marketing en la globalización. Las transnacionales del sector incluyen en sus discursos ideas como “sostenibilidad”, “justicia en las relaciones comerciales”, “respeto por las culturas locales” y “cuidado del medioambiente”…justamente, todo aquello de lo que carecen sus prácticas y sus políticas.
En el libro dedicas una especial atención al protagonismo de la publicidad y el marketing en la consolidación del papel protagonista de este sector en la sociedad actual, ¿cómo lo valoras?
Considero que sin la publicidad y el marketing sería difícil comprender la existencia y las conductas colectivas de las sociedades de consumo, sumidas en unas dinámicas de nacimiento y muerte instantánea de los deseos, persecución perpetua y reivindicación del goce individualizado. Estas herramientas empresariales han permitido construir un mundo de signos y significados, de subjetividades asociados a las mercancías, a las experiencias y a los actos de consumo.
En el caso del turismo internacional de masas, por una parte la oferta se presenta como un lujo, pero que es accesible a la clase media. Lo que algunos académicos del marketing denominan “masstigge”, contracción entre las palabras “masa” y “prestigio”. Por otra parte, estas herramientas han dotado a la actividad de una fuerte asociación a ideas como la felicidad, la libertad o la liberación personal. Justa y paradójicamente, todo aquello de lo que una sociedad de consumo carece… seguramente por eso la oferta turística de masas se constituya como un atractivo tan grande.
También analizas la insostenibilidad ambiental del modelo turístico actual. ¿Cuál es la base de tu argumentación?
La argumentación que se desarrolla en el libro acerca de la falacia de la sostenibilidad en el turismo de masas parte básicamente de analizar cada uno de los elementos que componen el concepto de la sostenibilidad y compararlos con las prácticas y las dinámicas de este modelo turístico. Este modelo no sólo es totalmente insostenible desde una perspectiva medioambiental, sino que también lo es en otras dimensiones del propio concepto, como la dimensión social y la económica. En definitiva, es una actividad que no sólo tiene fuertes impactos presentes, sino que además constituye una amenaza social, económica y ambientalmente para la vida de las futuras generaciones.
Hasta el momento los movimientos sociales alternativos no hay visto en la industria turística una fuente de preocupación prioritaria, a diferencia de otros sectores, como las actividades extractivas o las diferentes formas de generación de energía, por ejemplo. Tú militas en Ecologistas en Acción y con este libro estáis haciendo un importante esfuerzo por posicionar el tema turístico en la agenda de movimiento ecologista. ¿Cómo lo valoras? ¿Crees que hay un cambio significativo en la valoración del turismo por parte del movimiento ecologista?
Efectivamente, parte de los movimientos y colectivos sociales han centrado sus críticas en sectores conexos al turismo, pero en parte esta industria ha quedado exonerada de las críticas. No obstante, desde hace algunos años el ecologismo, y en concreto el ecologismo social está dirigiendo su mirada crítica hacia el turismo, ya que en el territorio español tenemos un ejemplo bastante claro de las devastaciones que supone este modelo.
Además, es un sector que se relaciona directamente con las principales problemáticas sobre las que trabaja Ecologistas en Acción: modelos de transporte y de consumo, sostenibilidad, energía, conservación de la naturaleza, urbanismo, agua, educación, globalización y relaciones Norte-Sur, entre otros. Y, por supuesto, también se relaciona con la necesidad del decrecimiento. De ahí la importancia que tiene la visibilización y la incorporación del turismo a las agendas y los debates de las organizaciones sociales, por relacionarse con aquellos desafíos y problemas más acuciantes que nos plantea este capitalismo en el Siglo XXI.
Creo que ese cambio se está produciendo, aunque es necesario profundizar la crítica, visibilizar las denuncias, trabajar en la sensibilización de la población, considerando también que los capitales españoles tienen un peso relevante en la industria turística globalizada.
También considero que una cuestión pendiente es una confluencia y una articulación estable entre los diferentes movimientos y organizaciones sociales, ya que la amplitud de esta problemática exige respuestas políticas y sociales desde diferentes ámbitos: las iniciativas de comercio justo y de turismo responsable, las organizaciones sindicales y el ecologismo social, entre otras. Hace falta actuar desde diferentes flancos: por ejemplo, defender los derechos laborales en los países anfitriones, hacer incidencia política en los territorios de origen del turismo internacional, promover iniciativas de turismo alternativo, realizar campañas y actuaciones en comunicación y sensibilización en la población.
Asimismo, otra actividad que considero clave es la investigación, la producción y la divulgación de contenidos que analicen y desgranen la verdadera cara de esta industria, y en ese sentido hay que destacar la importante labor que vienen teniendo espacios como Alba Sud, el Observatorio de Multinacionales en América Latina o el Foro de Turismo Responsable.
Y ya para terminar, ¿cómo prevéis la difusión y promoción de este libro?
En coherencia con los contenidos del libro, además de la distribución a través de librerías alternativas, la idea que tiene la editorial Libros en Acción es que la difusión y la distribución de “Viajar Perdiendo el Sur” se realice en colaboración con las organizaciones y movimientos sociales, principalmente aquellos que trabajan la temática del Comercio Justo y del Turismo Responsable, a través de la distribución en tiendas de comercio justo, la presentación de las ideas en jornadas de turismo crítico, los medios de comunicación alternativos, las organizaciones ecologistas, entre otras.
También se espera contar con la presencia de estos contenidos en el ámbito de la educación, ya sea a través de espacios de confrontación de las ideas en las universidades o en espacios de educación para el desarrollo y no formal. Así, la idea es participar a lo largo de los próximos meses en debates, jornadas, talleres, sesiones formativas o mesas redondas.

New Gold-Minera San Xavier y el blanqueo de ilícitos




¿Made in Mexico?



En su reporte anual 2010, la canadiense New Gold-Minera San Xavier declaró haber producido 118.708 onzas de oro, provenientes del tajo a cielo abierto que desarrolla en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí (México). El promedio anual del precio de la onza de oro en ese mismo periodo fue de 1,262 dólares. Así, el valor total del oro extraído durante 2010 por New Gold (a un altísimo costo ambiental, social y jurídico para el valle de San Luis) ascendió a casi 150 millones de dólares.
Tal cantidad de onzas equivale a un cubo de sólo 60 centímetros por lado con un peso de casi 4 toneladas, e implicó, en cálculos conservadores, la destrucción de más de 20 millones de toneladas de montaña y subsuelo, el uso de más de 10 mil millones de litros de agua del acuífero de San Luis y de al menos 4 mil toneladas de cianuro, la muerte de miles de animales y plantas del semidesierto, incluidas especies endémicas en peligro de extinción, así como la pérdida de un enorme territorio y sus cauces hídricos de temporal en una zona hasta hace poco protegida, entre otros daños irreversibles provocados por la minera canadiense y las autoridades que le han permitido operar.
La empresa canadiense afirmó haber superado la producción de 2009 (95.502 onzas de oro), no obstante el cierre temporal de la mina, y reportó que sus ganancias netas ascendieron a 85 millones de dólares gracias a los bajísimos costos de producción y al histórico aumento del precio del oro. Informó, además, haber destinado 9 millones de dólares para ampliar las camas de lixiviación y aseguró que trabajaba con todos los niveles de gobierno en México y diversos actores externos para mantener sin interrupciones la operación de la mina, no obstante haber sido declarado nulo el proyecto minero desde 2005 por tribunales federales, fallo que se confirmó en 2009 y que nunca fue acatado.
Desde esta última fecha la trasnacional desarrolló, como en 2006, una estrategia para obtener impunidad mediante la operación política de la justicia mexicana, la intervención del Gobierno canadiense por conducto de su embajada en México, la inhibición de instancias de gobierno nacionales y estatales encargadas de aplicar la justicia ambiental, la dominación efectiva del territorio municipal donde se asienta el proyecto minero y, sobre todo, el desgaste de la resistencia ciudadana cuyos triunfos legales fueron ignorados por autoridades de todo tipo.
New Gold tranquilizó a sus socios al asegurarles que las autoridades mexicanas eran “altamente comprensivas” con la continuidad del proyecto, más allá de su ilegalidad por falta de permisos ambientales. Prueba de ello son las solicitudes de aprobación de una nueva manifestación de impacto ambiental (MIA) que la minera presentó a la Semarnat entre 2009 y 2010, mismas que le fueron negadas.
Sin embargo, la mina se ha mantenido en operación y nunca ha sido sancionada, mucho menos investigada por esta grave irregularidad, o bien ante las pruebas y denuncias que existen sobre otros episodios que permiten presumir la comisión de múltiples ilícitos por parte de la empresa, desde compra de fincas históricas en Cerro de San Pedro a falsos propietarios, hasta contratos promovidos por la empresa con ejidatarios inexistentes para realizar despojo de tierras, pasando por la persecución y violencia contra opositores. De todo ello existen abundantes y sólidas evidencias que han sido ignoradas y que ameritan la urgente conformación de una comisión especial independiente para el rescate de la verdad.
En los pasados dos años, el objetivo central de la empresa ha sido gestionar políticamente la derogación de las leyes y normas que por años ha violado, para argumentar que el marco jurídico que le impedía operar ha desaparecido, principalmente el decreto estatal de 1993, que declaró gran parte del municipio Cerro de San Pedro zona de restauración y preservación de la vida silvestre.
Mediante un proceso municipal irregular patrocinado por la misma empresa, el pasado 26 de marzo el gobierno estatal avaló un nuevo plan de desarrollo urbano para Cerro de San Pedro, hecho a la medida de New Gold. Dicho plan derogó el decreto de 1993, eliminó el estatuto de “restauración y preservación de la vida silvestre” y lo cambió por el de “vocación minera”. Con esta componenda, el pasado 11 de agosto Semarnat autorizó a la minera una nueva MIA, supuestamente para “optimizar” (sic) la operación de la empresa canadiense que ha violado leyes y soberanía del país desde 2005.
La transnacional también reclutó en 2010 a un ex funcionario neoliberal, subsecretario de Comercio Internacional en los gobiernos de Zedillo y Fox, Armando Ortega Gómez, quien además trabajó en el equipo de negociación del TLC: tras su paso por áreas clave de la Secretaría de Economía, se integró al Grupo México de Germán Larrea (el mismo de Pasta de Conchos) como director jurídico de la Southern Copper Co.
Ortega, nuevo operador de New Gold, conocía la ilegal situación de la canadiense en México antes de aceptar su dirección general y la vicepresidencia de New Gold en América Latina. Su misión ahora es muy específica: garantizar la operación impune de la mina, evitar que sea investigada, tratar de blanquear su imagen y perseguir a opositores.
Mientras el crimen organizado arrebata al Estado mexicano el control de territorios y perfecciona el lavado de dinero, las mineras, mayoritariamente canadienses, y sus aliados político-empresariales (conjunto que fuera definido por Carlos Montemayor como “una nueva forma de crimen organizado”) han obtenido ya más de la quinta parte del país para megaminería y se especializan ahora en el blanqueo de sus ilícitos con la anuencia de las autoridades, la tolerancia de los ciudadanos, la complicidad de jueces y la colaboración de tecnócratas y ex servidores públicos que ahora lucran como sus directivos, consejeros y accionistas. Estamos, sin duda, ante otra poderosa fuente de violencia social.
Juan Carlos Ruiz Guadalajara es Investigador de El Colegio de San Luis AC

Mexico: Pese a la criminalización de la protesta, sigue firme la resistencia para frenar la represa El Zapotillo







Desde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinoza, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.
En el marco del sexto encuentro mesoamericano de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (Redlar), que se lleva a cabo en Costa Rica, el integrante del colectivo COA, Guadalupe Espinoza Sauceda, fue entrevistado por Radio Mundo Real.
El tema central del diálogo fueron los principales acontecimientos que se desarrollan en torno a los procesos de resistencia al embalse El Zapotillo, en el Estado mexicano de Jalisco.
Desde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinoza, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.
La represa tendría una cortina de 105 metros, inundaría unas 5000 hectáreas de tierras y desplazaría a unas 5000 personas. “En total se afectarían tres comunidades, que tienen una característica, muchos de sus pobladores tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las reformas del presidente Carlos Salinas, en la década del noventa”, explicó el referente del colectivo COA.
El proceso de construcción de El Zapotillo, según el dirigente, significa una abierta privatización del recurso hídrico, que tiene como telón de fondo a las prácticas de “represión y muerte” por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que enfrentan a los movimientos sociales con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
“Hay una criminalización de la protesta, nos dicen que somos anti-desarrollo porque nos oponemos a la presa. Hoy el gobierno impulsa una campaña mediática para avalar la construcción de esas obras”, agregó.
El activista recordó además que el 28 de marzo de este año la represa El Zapotillo fue tomada por organizaciones sociales, paralizando la construcción a través de una “acción directa inspirada en la defensa del agua”. 
Radio Mundo Real
www.radiomundoreal.fm/

Estudio de Oxfam llama la atención sobre monopolio de tierras y sus consecuencias para las comunidades afectadas





"Las personas con derechos sobre la tierra están siendo perjudicadas frente a las élites locales y a los inversores nacionales o extranjeros, pues carecen de poder para hacer valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente”. La afirmación es del informe Tierra y Poder: El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras. El documento, difundido por Oxfam la semana pasada, presenta recomendaciones y ejemplos de impactos negativos de la apropiación de tierras.
En base a investigaciones de Land Marix Partnership, el informe destaca que, desde 2001, fueron vendidos, arrendados o entregados en concesiones aproximadamente 227 millones de hectáreas de tierras de países en desarrollo. La mayoría desde 2008 a inversores extranjeros.
"Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a producir para los mercados internacionales de alimentos y de biocombustibles. A muchos se los puede llamar, con acierto, ‘acaparamiento de tierras'”, se comenta. De acuerdo con el documento de Oxfam, América Latina y África Occidental son ejemplos de nuevos destinos para la producción de biocombustibles.
El informe llama la atención sobre la importancia de reducir la apropiación de tierras, porque, de acuerdo con él, el acceso a la tierra por parte de pequeños productores rurales y campesinos produce seguridad alimentaria. Además, países con una distribución más igualitaria de tierras tienden a desarrollarse mejor que los de división desigual.
Para Oxfam, la adquisición de una tierra se transforma en apropiación cuando: viola los derechos humanos; no respeta el principio de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas; ignora los impactos sociales, económicos, ambientales y de género; no posee contratos transparentes; y no respeta las reglas de la democracia.
"Donde ya se han producido los desalojos el panorama es desolador: conflictos y pérdida de la seguridad alimentaria, de los medios de vida, de los hogares y del futuro. La mayoría de las personas afectadas han recibido una compensación escasa o nula, y les ha costado mucho volver a reconstruir sus vidas, a menudo teniendo que hacer frente a unos alquileres más altos, menos oportunidades de trabajo y mayores riesgos para su salud”, se relata.
Para evitar la apropiación de tierras y mejorar la vida de las poblaciones rurales, el informe recomienda que todos los actores involucrados (gobiernos nacionales, inversores, gobiernos de los países donde están ubicadas las instituciones inversoras, investigadores, organizaciones sociales y sociedad) cumplan con su responsabilidad.
"Las empresas y los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para que se respete el derecho a la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si se espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar de minarlos, las relaciones de poder entre los inversores y las comunidades locales tienen que cambiar”, se resalta. 
Traducción: Daniel Barrantes

Unión Europea ¿Llegó la crisis a su apogeo?






Entre julio y septiembre de 2011, por todo el mundo, las bolsas de nuevo sufrieron una violenta sacudida. La crisis se profundiza en la Unión Europea, y en particular respecto a sus deudas. El CADTM entrevistó a Eric Toussaint con el objetivo de descodificar los diferentes aspectos de esta nueva fase de la crisis.


Sexta parte: ¿Llegó la crisis a su apogeo?
CADTM: ¿Llegó la crisis a su apogeo?
Eric Toussaint: Estamos muy lejos del fin de la crisis. Si nos limitamos a tener en cuenta los aspectos financieros, debemos ser conscientes de que los bancos privados han continuado, desde 2007, con un juego extremadamente peligroso que les resulta beneficioso, mientras no haya accidentes, y que es perjudicial para la mayoría de la población. La cantidad de activos dudosos en sus balances es gigantesca. Ahora bien, debemos tener en cuenta que los 90 principales bancos europeos, y esto hay que saberlo, en los dos próximos años deberán refinanciar deudas por el astronómico monto de 5,4 billones de euros (5.400.000.000.000 €). Y eso representa el 45% de la riqueza producida anualmente en la Unión Europea. |2| Los riesgos son colosales y la política llevada a cabo por el BCE, la CE y los gobiernos de los países miembros de la UE no resuelve nada, todo lo contrario.
También hay que insistir sobre un aspecto central de los riesgos que corren los bancos europeos: financian una parte importante de sus operaciones pidiendo préstamos a corto plazo en dólares a prestamistas estadounidenses, los US Money market funds, |3| con un tipo inferior al del BCE. Además, volviendo al caso griego como ejemplo: ¿cómo se puede pensar que los banqueros europeos se contenten con el 0,35% a 3 meses si tiene que pagar el 1% por los préstamos que les concede el BCE? Los bancos europeos financiaron y financian todavía sus préstamos en Estados Unidos mediante los créditos que piden a los Money market funds de Estados Unidos. Pero estos organismos tienen miedo de lo que pasa en Europa y también les preocupa la disputa entre demócratas y republicanos sobre la deuda pública estadounidense. |4| A partir de junio de 2011, esta fuente de financiación con bajos tipos de interés estaba prácticamente agotada, especialmente a costa de los grandes bancos franceses, lo que precipitó su caída en bolsa y aumentó la presión que ejercían sobre el BCE para que les recomprara los títulos, proveyéndoles dinero fresco. En resumen, tenemos aquí también la demostración de la amplitud de los vasos comunicantes entre la economía de Estados Unidos y la de los países de la Unión Europea. De allí los contactos incesantes entre Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, el BCE, el FMI… y los grandes banqueros, de Goldman Sachs a BNP Paribas, pasando por el Deutsche Bank. Una ruptura de los créditos en dólares de los que se benefician los bancos europeos puede provocar una grave crisis en Europa, e igualmente, una dificultad de los bancos europeos para reembolsar los préstamos estadounidenses, podría precipitar una nueva crisis en Wall Street.
Desde 2007-2008, los bancos y otros inversores institucionales desplazaron sus actividades especulativas del mercado inmobiliario (donde provocaron la burbuja que estalló en una decenas de países, comenzando por Estados Unidos) hacia los mercados de deuda pública, de divisas (donde cada día se cambian el equivalente a 4 billones de dólares - 4.000.000.000.000 $ - de los que el 99% corresponde a la especulación) y de los bienes primarios (petróleo, gas, minerales, productos agrícolas). Estas nuevas burbujas pueden reventar en cualquier momento. Uno de los detonantes podría ser un aumento de los tipos de interés que decida la Reserva Federal de Estados Unidos (seguida por el BCE, el Banco de Inglaterra…). Por este lado, la FED anunció en agosto de 2011 su intención de mantener su tipo director cerca de cero hasta 2013. Pero hay otros acontecimientos que pueden constituir un detonante de una nueva crisis bancaria o de un crash bursátil. Los sucesos de julio-septiembre de 2011 nos muestran que estamos en un momento en que necesitamos reunir energías para conseguir que las instituciones financieras privadas queden fuera de juego y no puedan seguir perjudicando.


La amplitud de la crisis está también determinada por el volumen de la deuda pública de los Estados y su modo de financiación en Europa. Los banqueros europeos poseen más del 80% de la deuda total de países en dificultad, como Grecia, Irlanda, Portugal, los del Este europeo, España e Italia. En volumen, los títulos de la deuda pública italiana representan 1,5 billones de euros (1.500.000.000.000 €), o sea, más del doble de la deuda pública de Grecia, Irlanda y Portugal en conjunto. La deuda pública de España alcanza los 700.000 millones de euros (la mitad de la italiana). La cuenta es fácil: las deudas públicas de Italia y España representan el triple de las deudas públicas griegas, irlandesas y portuguesas. Como hemos visto en julio y agosto del año 2011, mientras cada país continuaba pagando sus deudas, varios bancos europeos casi se desplomaron. La intervención del BCE los salvó. Pero el andamio financiero de los bancos europeos es tan frágil que un ataque en la bolsa los podría dejar fuera de combate. Sin hablar, por supuesto, de un crash bancario, que es también perfectamente posible.
Hasta aquí, aparte del trío Grecia – Irlanda – Portugal, principalmente, los Estados habían conseguido refinanciar sin grandes dificultades sus deudas recurriendo a nuevos préstamos, cuando llegaba el vencimiento. La situación se degradó mucho en estos últimos meses. Ya en julio y comienzos de agosto de 2011, los tipos de interés exigidos por los inversores institucionales a Italia y España para la refinanciación de sus deudas, con préstamos a 10 años, se habían disparado, alcanzando el 6%.
Nuevamente, fue la intervención del BCE, que recompró masivamente títulos españoles e italianos, lo que permitió la satisfacción de los banqueros y otros inversores institucionales, e hicieron bajar los intereses. ¿Por cuánto tiempo? Pues Italia debe pedir cerca de 300.000 millones de euros entre agosto de 2011 y julio de 2012, ya que es el monto de sus obligaciones que vencen en ese corto lapso. Las necesidades de España son netamente inferiores, alrededor de 80.000 millones de euros, pero sigue siendo una suma considerable. ¿Cómo se comportarán los inversores institucionales en el curso de los próximos doce meses y qué pasará si las condiciones para sus demandas de dinero al mercado estadounidense se endurecen? Hay muchos otros acontecimientos que pueden agravar la crisis internacional. Una cosa es segura: la política actual de la CE, el BCE y el FMI no conducirá a ninguna solución favorable.
CADTM: Muchas veces has escrito que la deuda privada era mucho más grande que la deuda pública. Pero aquí te has centrado en la deuda pública…
Eric Toussaint: No hay ninguna duda sobre eso. Las deudas privadas son mucho más importantes que las deudas públicas. Según el último informe del McKinsey Global Institute, la suma de las deudas privadas, a escala mundial, se eleva a 117 billones de dólares (117.000.000.000.000 $), o sea casi el triple del conjunto de deudas públicas cuyo volumen alcanza los 41 billones de dólares (41.000.000.000.000 $). Por supuesto, existe un gran riesgo de que las empresas privadas, y los bancos y otros inversores institucionales, no puedan hacer frente a los reembolsos de sus deudas. General Motors y Lehman Brothers quebraron en 2008, como otras muchas empresas, al ser incapaces de pagar sus deudas.
Los banqueros, los otros jefes de empresa, los medios tradicionales y los gobiernos quieren hablar solamente de deudas públicas y ponen como pretexto su aumento para justificar los nuevos ataques contra los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. La austeridad y la reducción de los déficit públicos se convirtieron en recetas únicas a las que se agregan las privatizaciones y los nuevos impuestos al consumo. Para quedar bien, algunos gobiernos europeos añaden un minúsculo impuesto a cargo de los ricos y hablan del impuesto a las transacciones financieras.
Es evidente que el aumento de las deudas públicas es el resultado de treinta años de políticas neoliberales como son: la financiación de las reformas fiscales, que favorecieron a las grandes fortunas y a las grandes empresas privadas, mediante el recurso al empréstito; el rescate de los bancos y otras empresas poniendo parte de sus deudas o de sus pérdidas a cargo de los presupuestos del Estado; una nueva reducción de los ingresos fiscales debido a los efectos de la recesión y al aumento de algunos gastos públicos con los que ayudar a las víctimas de la crisis. El efecto combinado de estos diferentes factores provocó el aumento de la deuda pública. Todo se reduce a una política social deliberadamente injusta, cuyo objetivo es favorecer sistemáticamente a una clase de la sociedad, la clase capitalista, mientras algunas migajas se distribuyen entre las clases medias con el fin de controlarlas. Por el contrario, la gran mayoría de la población pagó los platos rotos de estas políticas y ha visto cómo sus derechos eran fuertemente recortados, incluso simple y llanamente burlados. Debido a ello, concentré mis respuestas en la deuda pública puesto que es absolutamente necesario lograr una solución positiva a este problema. 
24 de septiembre 2011 - Eric Toussaint - Sexta parte de En el ojo del huracán: la crisis de la deuda en la Unión Europea (6/7) |1| Traducido por Griselda Piñero y Raúl Quiroz - http://www.cadtm.org
Notas:
|1| Veáse la primera parte «Grecia» http://www.cadtm.org/Grecia,7022, la segunda parte «La gran liquidación de títulos griegos» http://www.cadtm.org/La-gran-liquidacion-de-titulos, la tercera parte «El BCE, fiel servidor de los intereses privados» http://www.cadtm.org/El-BCE-fiel-servidor-de-los, la cuarta parte «Un ‘plan Brady’ europeo: la austeridad permanente» http://www.cadtm.org/Un-plan-Brady-europeo-la y la quinta parte “CDS y agencias de calificación: los provocadores de riesgos y desestabilización” http://www.cadtm.org/CDS-y-agencias-de-calificacion-los
|2| Véase Gillian Tett en el Financial Times del 5 de agosto de 2011, p. 22, así como Peterson Institute for Internacional Economics, Europe on the Brink, julio de 2011.
|3| Véase Daniel Munevar: «El pequeño y oscuro secreto de los bancos europeos» http://www.cadtm.org/El-pequeno-y-oscuro-secreto-de-los
|4| Véase «US funds cut eurozone exposure» en el Financial Times, del 25 de julio de 2011, p.15.

Torpeza y distintos intereses





El gobierno de Evo Morales tiene argumentos sensatos para construir la polémica carretera Cochabamba-Beni: unificar un país en el que los viajes se miden a menudo en días por falta de caminos asfaltados y los viajes pueden ser infernales en época de lluvias. Objetivo que se suma a la electrificación, las conexiones a la telefonía celular y otras medidas desarrollistas. Pero también son razonables las prevenciones de los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Moxeños, yuracarés y chimanes apoyados por varias ONG reclaman el derecho a la consulta establecido en la nueva Constitución y temen que la ruta acabará con su espacio vital y habilitará una invasión de los campesinos cocaleros. Pese a que la Constitución habla siempre de "indígenas-originarios-campesinos", se trata de sectores con intereses muchas veces contrapuestos. 

Basta una frase para ver estas cosmovisiones encontradas entre quechuas/aymaras e indígenas amazónicos: el líder de la central campesina Roberto Coraite causó revuelo días atrás cuando reclamó la carretera para que los indígenas amazónicos "dejen de vivir como salvajes". De hecho, en el MAS de Evo Morales estos pueblos indígenas de tierras bajas siempre fueron indígenas de segunda frente a aymaras y quechuas. Y el gobierno los acusa ahora de estar manipulados por la derecha -que sobreactúa ahora su indigenismo- y de recibir financiamiento de la cooperación de EE.UU. No es la primera vez que un gobierno boliviano paga cara la intransigencia, incluso cuando tiene buenas razones. Habrá que ver ahora si la marcha indígena logra reactivarse después de la represión y si la creciente solidaridad urbana cuaja en protestas más consistentes. 

En cualquier caso, la torpeza oficial puso al borde del estallido el núcleo del "relato" evista: la refundación de Bolivia en base a un modelo de respeto a la Madre Tierra alternativo a la "crisis de la civilización occidental". Hasta ahora se intentó mezclar desarrollismo con eco-indigenismo, pero esa mezcla estalló en esta enorme, aislada y deslumbrante geografía amazónica, que atrae también a narcos y traficantes de madera.

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Las ONG equivocadas respecto a Morales y la Amazonía

Bolivia Rising

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la Amazonía”.
El objetivo de esas iniciativas no han sido las corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan, sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009. Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC que une a esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una marcha a la capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado peticiones inerncionales declarando su apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos indígenas.
La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido errores en su manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada por más de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los hechos y dan una dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por la justicia climática.
Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de comunidades indígenas locales.
Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido introducir una nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas protecciones para el parque nacional.
La ley propuesta fijaría penas de cárcel de entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de árboles en el parque nacional.
Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos” motivan el apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia y sus pueblos.
Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para recibir atención médica.
La carretera también permitiría a productores agrícolas locales un mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente, tienen que pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos hacia el oeste.
En vista del estatus de Beni como el mayor departamento (estado) productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos basados en Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su soberanía sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales.
Son hechos como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a apoyar la carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso dentro del TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como una disputa entre el gobierno y la gente indígena.
Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el segundo país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo mientras protege el medio ambiente.
Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que los que deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo, en lugar de profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte del gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de iniciar discusiones con los manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial de Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han viajado a la ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso público del gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la constitución boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su oferta de que el proceso de consulta sea supervisado por observadores internacionales seleccionados por los propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas iniciativas, una serie de comunidades del TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con el gobierno.
Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de consulta propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones basadas fuera del TIPNIS.
Esas organizaciones fueron también los principales proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de la marcha.
Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o descartadas por grupos medioambientales internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones respecto a la declaración del presidente boliviano de que “la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’”
Esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía de Bolivia.
El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté controlado por el Estado boliviano en lugar de por corporaciones transnacionales es el resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que creen legítimamente que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su país.
Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y han sido, tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones más pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente, los manifestantes también demandaban la interrupción de la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono” que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido financiamiento directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el gobierno elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la interferencia de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la luz las conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”.
Esos “intereses oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por WikiLeaks y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado concluyentemente que USAID apunta directamente a comunidades indígenas en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de promover políticas que representan una nueva forma de “imperialismo verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países, aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones medioambientales para promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas el derecho a controlar y administrar sus propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el medioambiente en otros sitios.
La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente. Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando como grupos minoritarios que requieren protección especial.
Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo de la mayoría.
Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han cometido errores, y son probables en el futuro. Pero son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de liderazgo.
Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a los países desarrollados como “causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben “reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a aceptar sus responsabilidades.
El movimiento global debe rechazar explícitamente la intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las políticas de “imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU.
Solo a través de una campaña semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más pobres para planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.
Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables.
Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.

[Federico Fuentes edita http://boliviarising.blogspot.com]
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