Contaminar en Europa y plantar árboles en América Latina: ¿solución o tapadera climática?

Varias investigaciones publicadas en los últimos años apuntan a la falta de rigor de la mayoría de programas de créditos de carbono, mediante los que las empresas contaminantes pueden compensar sus emisiones: En el departamento de Vaupés, en la Amazonia colombiana, se comercia con el bosque. No con la madera de sus árboles ni con los animales que lo habitan, sino con el carbono que almacenan sus suelos y sus plantas. Allí, desde 2012, la empresa colombiana Masbosques desarrolla un proyecto de créditos de carbono validado por la estadounidense Ruby Canyon y por la empresa emisora de dichos créditos, Cercarbono. La idea es aparentemente sencilla: los gobiernos y las empresas más contaminantes pagan para conservar o reforestar la zona y así compensar los gases de efecto invernadero que emiten muy lejos de allí.

Juan Samaniego

La práctica, sin embargo, no es tan sencilla. Se articula a través de procesos poco transparentes para los que no hay apenas regulación, procesos que intentan ocultar los impactos negativos que el comercio de créditos de carbono puede tener para el medio ambiente y las personas que ocupan el territorio.
Por ejemplo,el proyecto del Vaupés, llamado Baka Rokarire ~ia tir+~dito, se desarrolló en el territorio Pirá Paraná a espaldas de su Consejo Indígena (que agrupa a representantes de los seis pueblos y las 17 comunidades locales del territorio). Tras una larga protesta en la que los pueblos indígenas estuvieron apoyados por la organización Gaia Amazonas, la Corte Constitucional colombiana determinó el pasado mes de junio que los derechos de los habitantes de Pirá Paraná habían sido violentados por las empresas privadas que estaban sacando provecho en un proceso de comercialización que nunca se comunicó a los indígenas y que, además, las empresas involucradas no parecían haber actuado de buena fe.

El problema es que este caso está lejos de ser el único.

Los créditos de carbono, entre la acción climática y el ecoblanqueo
El proyecto Baka Rokarire es parte de Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), un marco de trabajo establecido por los países firmantes del Acuerdo de París para reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación y el aumento de las reservas de carbono y el manejo forestal sostenible. Bajo estas siglas se agrupan cerca de la cuarta parte de todos los créditos de carbono emitidos en la actualidad en el mundo.
Bajo este sistema, cada crédito de carbono representa la retirada de la atmósfera o la no emisión de una tonelada de dióxido de carbono equivalente (una medida que equipara el potencial de calentamiento de todos los gases de efecto invernadero). Esto puede lograrse a través de múltiples vías, desde evitando la deforestación hasta replantando bosques. El sistema fue ideado como un incentivo económico para que los países pobres protegiesen sus recursos naturales y los ricos tuviesen interés en financiar acciones medioambientales.
“El principal problema del mercado de bonos de carbono es la falta de integridad de la mayoría de los créditos de carbono existentes. La mayoría sobrerrepresenta su beneficio climático o ni siquiera tiene un beneficio climático real”, explica Libby Blanchard, científica climática de la Universidad de Cambridge y una de las 34 personas del entorno investigador que firman una carta publicada este año en Nature en la que alertan de la poca solidez de los sistemas de compensaciones voluntarias de carbono y de los muchos problemas detectados en la mayoría de protocolos, estándares y programas de créditos de carbono.
Su carta no se escribe de la nada, ya que la evidencia de la escasa utilidad de los mercados de carbono (tal como están planteados) se acumula desde hace tiempo. Tres estudios independientes entre sí publicados en el último año concluyen que la mayor parte de proyectos REDD+ no tienen un impacto evidente en frenar la deforestación, que las metodologías aplicadas en la mayoría de proyectos se desvían intencionadamente del conocimiento científico y que las metodologías usadas para cuantificar los créditos de carbono son generalmente poco conservadoras y sobrestiman el potencial climático de los proyectos.
Además, un contundente análisis publicado por The Goldman School de la Universidad de California a finales del año pasado, en el que se estudiaron las cuatro metodologías de acreditación más utilizadas para los créditos de carbono REDD+, concluyó que las estimaciones de las reducciones de emisiones suelen ser exageradas, que los proyectos no están pensados para solucionar las causas del problema (en el caso de la deforestación, por ejemplo, la tala para agricultura, ganadería y minería) y que las empresas utilizan el sistema de créditos de carbono como una potente herramienta de greenwashing, ya que les sirve para presentarse como “neutras en carbono” ante inversores, empleados y clientes y para justificar sus continuas emisiones.
El análisis, además, señala que la mayor parte de los proyectos REDD+ se dan en países del Sur Global y que rara vez surgen de las propias comunidades, sino de relaciones de poder desequilibradas entre empresas de los países desarrollados y territorios empobrecidos. “Cada programa de compensación de carbono puede tener infinidad de impactos ambientales y sociales. En el mejor de los casos, puede servir para proteger los bosques de la deforestación. En el peor, puede permitir que las grandes empresas contaminantes sigan quemando combustibles fósiles”, añade Libby Blanchard.
Para añadir más leña al fuego, la Science Based Targets initiative (SBTi), una organización de empresas y corporaciones para fomentar la acción climática del sector privado en base al conocimiento científico, rebajó el pasado mes de abril la exigencia de los criterios sobre las compensaciones de carbono por parte de las empresas. Se trata de una organización con gran influencia, no solo por las empresas con las que colabora, sino también por sus socios, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el World Wildlife Fund (WWF).
Esta relajación de la exigencia motivó la reacción de Blanchard y los otros 33 científicos climáticos que firmaron la carta, ya que entienden que los cambios de SBTi abren la puerta para que las empresas utilicen los créditos de carbono para (in)cumplir los objetivos de reducción de emisiones de alcance 3 –las emisiones indirectas y, por tanto, las más difíciles de eliminar–.
“Es necesario rigor al interpretar los objetivos de descarbonización y compensación de emisiones. Science-Based Targets initiative se crea de acuerdo a un compromiso vinculado a la investigación y la evaluación, y ahora está aflojando sus valores fundacionales”, señala Josep Peñuelas, investigador del CREAF y del CSIC y otro de los firmantes de la carta publicada en Nature. “La evidencia científica no es perfecta, pero es la herramienta más cercana que tenemos para entender qué está pasando y qué puede pasar”.

Fuente: https://climatica.coop/contaminar-europa-plantar-america-latina-creditos/ - Imagen de portada: Las estimaciones de las reducciones de emisiones suelen ser exageradas, según un estudio. Foto: Levi Arnold / Unsplash