Una demanda colectiva en busca de justicia para los glaciares en Argentina

Organizaciones de todo el país llevarán a los tribunales la norma recién aprobada que permite canjear las fuentes de agua dulce del país por una promesa de desarrollo cortoplacista y para solamente unos pocos

Agostina Rossi Serra

El pasado 9 de abril no fue un día más en Argentina. En el Congreso de la Nación, a altas horas de la madrugada, votaron la modificación de la Ley de Glaciares, atentando así contra la seguridad hídrica del país. El Congreso argentino ha cruzado una línea que la ciencia y la sociedad habían marcado como infranqueable: no sólo ha ignorado el consenso de décadas de lucha civil, sino que ha decidido canjear las fuentes de agua dulce del país por una promesa de desarrollo cortoplacista y para pocos.
La modificación de la norma fue ejecutada para debilitar un mecanismo legal de vanguardia que protegía a todos los glaciares y el ambiente periglaciar. En resumen: el poder político ha firmado un permiso de destrucción de las reservas de agua dulce que alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen a ríos de todo el país, en un escenario de sequías cada vez más frecuentes y menor disponibilidad de agua debido a la crisis climática sin precedentes en curso.
El poder político ha firmado un permiso de destrucción de las reservas de agua dulce que alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen a ríos de todo el país.
Esta reforma restringe la protección a los cuerpos de hielo que cumplan con una función “hídrica relevante”, un criterio técnicamente incorrecto, ya que todos los glaciares y el ambiente periglacial cumplen esa función por ser reservas estratégicas de agua. Además, delega esa definición en criterios arbitrarios determinados por las autoridades provinciales. Esto último incumple el objetivo central de la ley original, que garantizaba una protección uniforme para todos los glaciares y el ambiente periglacial en el territorio argentino, justamente por ser fuentes estratégicas de agua dulce, definidas en ese sentido como bienes de carácter público.
Con este cambio, las provincias podrán decidir qué glaciares o parte del ambiente periglacial desproteger para favorecer por ejemplo a proyectos mineros, sin considerar las consecuencias en sus propios territorios y en otras regiones del país que también reciben y utilizan las cuencas alimentadas con el agua del deshielo.
Frente a este triste y vergonzoso capítulo de la historia ambiental argentina, insistimos en que la batalla no ha terminado. Apenas está comenzando y lo que cambia es de escenario. En las próximas semanas, desde Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación argentina de abogados y abogadas ambientalistas presentaremos ante la justicia junto a organizaciones de todo el país una demanda colectiva de alcance nacional para declarar la inconstitucionalidad de esta reforma. El reclamo es impulsado por cientos de miles de personas en todo el país, que las organizaciones acompañaremos y canalizaremos en el plano judicial. No se trata solo de un tecnicismo legal; es una acción en defensa de un bien común.
El Gobierno y el Congreso han decidido vulnerar la protección de los más de 16.000 cuerpos de hielo que hoy están en riesgo. La demanda colectiva, que esperamos sea la más grande de la historia, ya cuenta con más de 900.000 adhesiones de personas y asambleas que se han sumado para frenar esta amenaza concreta sobre las reservas de agua del país.
El acceso al agua es un derecho humano básico y cualquier actividad industrial que comprometa las reservas estratégicas de agua dulce debe ser considerada un crimen. El lobby minero puede haber ganado una votación, pero no ha ganado legitimidad social ni el territorio. La evidencia científica es clara: en un planeta que atraviesa un calentamiento sin precedentes, los glaciares son aliados clave para la adaptación climática. La demanda colectiva es la voz de defensa de los ríos y los pueblos que resisten; es la última trinchera para reafirmar que el agua vale, hoy y siempre, mucho más que todo.
La demanda colectiva es la voz de defensa de los ríos y los pueblos que resisten; es la última trinchera para reafirmar que el agua vale, hoy y siempre, mucho más que todo
La justicia argentina se enfrenta ahora al desafío de ratificar el principio de no regresión ambiental: una vez que el derecho a un ambiente sano ha sido conquistado, cualquier paso atrás es ilegal.
Aunque el Congreso decidió ignorar el reclamo de miles de personas en todo el país, junto con la evidencia científica que respalda la falta de licencia social, el poder judicial tiene ahora la oportunidad de marcar un límite claro frente a este lamentable avance. Los glaciares no votan, pero sus efectos se sienten a través de las comunidades.
Desde Greenpeace, junto a miles de ciudadanos, llevaremos este reclamo hasta las últimas consecuencias, porque cuando el daño ambiental se vuelve ley, la resistencia social se vuelve una obligación moral. El futuro de nuestros glaciares se jugará ahora en los tribunales.

Agostina Rossi Serra es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2026-04-29/justicia-por-los-glaciares-la-sociedad-civil-argentina-contra-el-desguace-ambiental.html - Imagen de portada: Una persona sostiene una pancarta durante una manifestación en contra de la reforma de la ley de glaciares, en Buenos Aires, el 8 de abril de 2026. JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)