Argentina / La normativa de biopreparados del Senasa: una oportunidad para la agricultura campesina
En Argentina hay más de 1.000 productos biológicos inscriptos, pero hasta octubre pasado no existía una reglamentación del Senasa que diferenciara la producción del agronegocio de la que realizan los pequeños productores. En un contexto adverso, la resolución permite formalizar la tarea de las biofábricas campesinas y comercializar biopreparados a precios justos.
Por Mariángeles Guerrero
La agroecología impulsa el uso de preparados biológicos que combinan elementos que ofrece el ecosistema de un cultivo (como insectos, hongos o plantas) con los saberes y el hacer de quienes trabajan y cuidan la tierra. Durante 2023, desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se llevó a cabo un proceso consultivo para protocolizar esa producción. Se trataba de una demanda sostenida por el sector campesino y cooperativo, porque les permitirá comercializar este tipo de productos a un precio justo frente al paquete tecnológico que ofrecen las empresas del agronegocio. “Con los biopreparados podemos reducir hasta un 70 por ciento lo que antes gastábamos en agroquímicos”, afirma Maritsa Puma, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).
El año pasado, el Senasa lanzó dos consultas públicas para crear un marco normativo que diferencie la producción industrial de bioinsumos y la artesanal de biopreparados. Los primeros tienen un desarrollo industrial y los segundos se encuentran vinculados a la agricultura familiar, cooperativas o micropymes. Como resultado, el organismo nacional publicó en octubre pasado la Resolución 1003/23, que establece el marco regulatorio para los biopreparados. En tanto, la Resolución 1004/23 se ocupa de la regulación de los bioinsumos.
Teófilo Isla es técnico del Senasa y participó del proceso de elaboración de estas normativas. “El uso de bioinsumos y de biopreparados viene creciendo, entonces existe la necesidad de generar normas específicas. Como organismo nacional tenemos la competencia de autorizar el uso de insumos agropecuarios y nos vimos en la necesidad de actualizar las formas que se autorizan estos insumos”, explica.
En Argentina hay más de 1.000 productos biológicos inscriptos. Antes de la existencia de estas nuevas regulaciones, los bioinsumos se podían registrar en el Senasa pero a través del Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, según el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina (Resolución 350 de 1999). El reclamo era que haya un registro específico que reconozca la particularidad de los bioinsumos y los biopreparados, con su propio camino administrativo. De ese proceso participó un amplio espectro que comprende desde la Cámara Argentina de Bioinsumos y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (entidad ligada al agronegocio) hasta organizaciones sociales, de la agricultura familiar e indígena, cooperativas y pymes.
“Hay distintos tipos de insumos, algunos de mayor complejidad técnica y otros de menor complejidad técnica, que tienen dinámicas de elaboración y comercialización muy distintas; y eso requiere distintas estrategias para abordar su formalización, para asegurar la inocuidad, la calidad y la eficacia agronómica”, prosigue Isla.
La nueva normativa prescribe que será el Estado el que se hará cargo de llevar adelante los análisis necesarios para el registro. En palabras del entrevistado, esto “cambia un poco la lógica de autorizaciones”. Al respecto, señala: “Una empresa registra un producto en la medida en que puede obtener ganancias. Entonces, sólo se registran productos en los cuales hay ganancias y muchos cultivos menores o regionales no tienen insumos aprobados y autorizados por el Senasa”. Las resoluciones establecen la creación de un inventario cuya función es autorizar la comercialización y orientar técnicamente a quien quiera producir, para hacerlo de forma segura.
Una normativa para valorizar los saberes campesinos
La Resolución 1003/23 prescribe además que los protocolos de cada biopreparado, con las especificidades técnicas para cada producto, no serán confidenciales. El propósito es asegurar el acceso libre a las especificidades técnicas de cada producto. Esta regulación es un avance en materia de reconocimiento a prácticas sostenidas fundamentalmente por organizaciones de pequeñas y pequeños productores. “Antes venían ingenieros de las empresas y te regalaban los agroquímicos para hacer pruebas en tu campo y así se llevaban el conocimiento de los productores. Ahora están haciendo lo mismo con productos ‘bio’ y son las mismas empresas”, denuncia Puma.
Víctor Tomaselli participó del proceso de regulación por el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Destaca que el objetivo de la regulación es estandarizar las recetas para la comercialización y valorizar los conocimientos que, muchas veces, se transmiten de generación en generación. "Cada aplicación conlleva el combate contra una plaga e indica una esperanza en que la aplicación dé resultado y se logre el resultado económico esperado. Eso sólo se puede lograr si estandarizamos los procesos y los pasamos por un control de calidad estricto", sostiene Tomaselli.
Y advierte: “Es importante que la gente sepa cómo se hacen las cosas y qué procesos hay que cumplir para que el proceso sea beneficioso: hacer un insecticida como el jabón potásico, por ejemplo, de cualquier manera no sirve. Hay que repetir esos conocimientos, que son los que ponemos a disposición de la gente, que es la tiene que ser protagonista”. Sobre este punto, subraya la importancia de que el proceso sea participativo.
“Si tenemos estandarizado cómo hacer un jabón potásico, podemos ofrecer un producto a 800 pesos el litro, que es lo que en realidad cuesta producirlo, y no a 19.000 pesos como lo venden en los comercios. Podemos aumentar el margen de ganancia gastando lo menos posible en algo que está científicamente probado”, indica. Sobre los precios, Puma ofrece otro ejemplo: el súpermagro —biopreparado a partir de la fermentación anaeróbica de elementos naturales como bosta, suero, melazas, cenizas y harinas; utilizando como nutriente— se vende a 20.000 pesos en el mercado convencional y a 5.000 pesos en la biofábrica de su organización.
En el marco del inicio del gobierno de Javier Milei, Tomaselli destaca: “Son iniciativas estratégicas que continúan como actos de Estado. Gobierne quien gobierne, no pueden paralizarse. Por eso es importante la institucionalización que supone esta herramienta. En el reglamento se ponen plazos de presentación para cada uno de los protocolos. Si hay alguna desviación, serán las organizaciones de la agricultura familiar las que deban plantearlo".
Agroecología para no depender
La Federación Rural para la Producción y el Arraigo pertenece a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y es una de las organizaciones que participó del proceso consultivo que se generó para la regulación. Cuenta con biofábricas en Córdoba, La Plata y Mar del Plata: entre todas abastecen a 250 familias. Actualmente están conformando otra en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es sólo una de las organizaciones que cuenta con biofábricas en el país, y que también difunden esos conocimientos en talleres en diferentes provincias.
Facundo Monguzzi, productor de la Federación, valora las recientes resoluciones porque habilitan la creación de los protocolos que permitirán a la agricultura familiar comercializar los productos a través de sus cooperativas. "Siempre y cuando queden en manos de los pequeños productores de la agricultura familiar y no en manos de las grandes empresas. Ese es uno de nuestros principales miedos: la apropiación y la privatización", matiza. En los últimos años, el agronegocio presenta un discurso "verde", con productos "bio" que siguen apuntando a la dependencia del paquete tecnológico por parte de los productores. "Esta una herramienta para difundir en un contexto de crisis, donde se está haciendo muy difícil abastecerse de los insumos industriales”, valora Monguzzi.
Maritsa Puma vive y trabaja en el cordón hortícola de La Plata e integra el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT. Como integrante de CoTePo, una de sus tareas es brindar talleres de agroecología para que más familias se sumen a producir de forma amigable con la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria. En esa tarea, el rol de la biofábrica de la organización es la de producir, en mayor escala, los insumos que fueron aprendiendo a hacer y a usar en la transición agroecológica. Allí producen abonos orgánicos fermentados como el bokashi y biofertilizantes como el súpermagro.
“Utilizamos las plantas que tenemos en el campo y extraemos las propiedades que ellas mismas usan para defenderse contra plagas o enfermedades. Por ejemplo, hacemos purín de paraíso, que es un árbol abundante aquí en La Plata”, explica Puma sobre la lógica agronómica que desarrollan con los biopreparados. La UTT cuenta con 8 biofábricas —ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Salta y Santiago del Estero— en las que producen 50 biopreparados.
La integrante de la Cotepo aclara que algunos de esos saberes ya eran practicados por integrantes de la UTT, debido a que los traían como aprendizaje de sus padres o abuelos campesinos. “Antes se hacían fermentos con plantas para curar los cultivos y no se necesitaban agroquímicos. Así que todo esto también fue recuperar saberes de los propios compañeros”, dice Puma.
Además comenta que, sin las regulaciones, no estaba permitido viajar con los biopreparados a otras localidades, lo que dificulta la comercialización. Actualmente, trabajan con el INTA, el Senasa, el Ministerio de Desarrollos Agrario de Buenos Aires, la UNLP y otras organizaciones de productores como la Federación Rural en los protocolos para formular los biopreparados. En ese trabajo conjunto, realizaron hace dos meses un encuentro específico sobre purín de ortiga —que estimula el desarrollo y crecimiento de los cultivos—; el próximo será sobre biofermentos.
La productora deja en claro que los biopreparados no son sólo un reemplazo de los agroquímicos. “La agroecología apunta a algo más social porque mejora la calidad de vida y de trabajo de las familias. Es más sano y más barato producir tus propios insumos y no contaminás el ambiente donde vivís. Nosotros no vemos a los bioinsumos como una mercancía: son recetas abiertas, para que cualquier familia que quiera pueda hacerlo con herramientas que ya tienen en el campo”.
Por eso insiste en la clave de la no dependencia: “Cuando un productor sabe y practica cómo se hace un bioinsumo, es algo que nadie se lo puede quitar. Si dependemos de las empresas que venden insumos con precios dolarizados, terminamos trabajando para pagarles a ellas. Es una manera injusta de vivir y trabajar. Con la agroecología nuestra intención es independizarnos de todas esas multinacionales a las que no les importa la alimentación”.
Una oportunidad de aliviar los costos para la producción de biopreparados
Recientemente, la FAO publicó el estudio “Bioinsumos: Oportunidades de inversión en América Latina”. Para el mismo se realizaron investigaciones y entrevistas en 11 países de la región de América Latina y el Caribe, y encuestas a más de 900 personas para conocer la percepción, tanto de usuarios como oferentes, sobre los bioinsumos.
Del estudio se desprende que, uno de los limitantes para la aplicación de bioinsumos por parte de los usuarios —productores individuales, cooperativas, empresas y técnicos— es la falta de información sobre la oferta y resultados, falta de personal capacitado para asesorarlos y falta de proveedores cercanos. Desde el lado de los oferentes —empresas productoras de bioinsumos y centros de investigación— los mayores inconvenientes tienen que ver con aspectos regulatorios y de costos.
Al igual que cualquier insumo agropecuario, los bioinsumos deben estar registrados para poder ser comercializados en el mercado. Registrar un bioinsumo implica un proceso científico, legal y administrativo mediante el cual la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un producto (fitosanitario o fertilizante), previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin a que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal ni para el ambiente.
En el estudio se indica que estos mencionaron que hacer un registro comercial lleva mucho tiempo y que no hay normativa adecuada para sus productos, a lo que se suma que los costos de los ensayos son muy elevados. Como contrapunto, el modelo agroquímico cuenta hace años con los avales de los organismos de sanidad para sus biocidas y fertilizantes.
Atendiendo el aspecto de los costos de los ensayos para el registro de biopreparados, la Resolución 1003 también indica que los análisis deben ser realizados por la Dirección de Laboratorio Vegetal, dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico (DGLyCT) del Senasa o por quien disponga la referida Dirección para facilitar el análisis y registro.
El Protocolo de Nagoya —al que suscribió Argentina— acordado en 2010, establece que sólo los Estados pueden otorgar permisos para hacer colectas, aislar y evaluar el potencial de los agentes biológicos. Además, incluye la definición de regulaciones para garantizar una participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. En nuestro país existen resoluciones sancionadas por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y por el Ministerio de Ambiente de la Nación, según las que es necesario solicitar permiso a la jurisdicción correspondiente para tomar muestras tanto del medio ambiente como de colecciones de microorganismos.
Por último, el informe de la FAO señala que los bioinsumos contribuyen a incrementar los rendimientos agrícolas a mediano y largo plazo. Por el otro, permiten reducir las externalidades ambientales y sociales negativas del paquete tecnológico predominante en la producción agrícola, reduce la huella de carbono y contribuye a preservar la biodiversidad. “Como los bioinsumos, de menor complejidad tecnológica, puedan ser producidos por quienes se dedican a la agricultura –de manera individual o asociada–, estas personas pueden reducir su dependencia de insumos externos, elevar su participación en la generación del valor de las cadenas de producción agrícola y abrir nuevas oportunidades de negocio y de empleo en áreas rurales”, reconocen.
"Los biopreparados son una herramienta para abastercerse de insumos, teniendo el cuidado de que no se los apropien las empresas y del rol que cumpla el Estado", advierte el productor de la Federación Rural y, de cara a las políticas de desregulación económica que encabeza Milei, llama la atención sobre cómo se va a implementar, en términos del protagonismo que tengan los productores, por eso considera vital "difundir mucho más el conocimiento".
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/la-normativa-de-biopreparados-del-senasa-una-oportunidad-para-la-agricultura-campesina/ Imagen de portada: Foto: Prensa UTT
