Argentina / El pan en riesgo: el trigo HB4 y la presión del agro transgénico para privatizar las semillas
El trigo HB4, de la empresa Bioceres, es resistido en el campo y la ciudad por numerosos motivos. Uno de ellos es el patentamiento de la semillas. Mientras las multinacionales del agronegocio presionan para modificar leyes y cobrar regalías, organizaciones de productores, campesinos e indígenas defienden el derecho al uso propio de las semillas y alertan sobre la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria.
Por Lucía Guadagno
Desde su aprobación, en 2020, la liberación del trigo transgénico HB4 generó preocupación, movilizaciones y denuncias judiciales por parte de diversos sectores sociales, que piden que se suspenda su venta y cultivo. Uno de los motivos es el proceso de autorización por parte del gobierno argentino, que violó la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente (25.675). Otro es el aumento de las fumigaciones con el herbicida glufosinato de amonio, que viene asociado al HB4, y que está prohibido en la Unión Europea por su alta toxicidad. Y un tercer motivo es el avance sobre la privatización de las semillas, un proceso que afecta la biodiversidad, la economía y, sobre todo, la capacidad de las comunidades de producir alimentos sanos y variados.
El trigo HB4, primer trigo transgénico aprobado en el mundo (que ya está en harinas y panificados de Argentina), fue desarrollado por Bioceres, una empresa iniciada en 2001 por Gustavo Grobocopatel y Victor Trucco, entre cuyos accionistas se encuentra Hugo Sigman. La semilla tiene dos modificaciones genéticas. Una es la inserción de un gen de girasol para conferirle tolerancia a la falta de agua y promocionarlo como resistente a la sequía (aunque hasta el momento ningún estudio independiente lo haya confirmado). La otra es para hacerlo resistente al glufosinato de amonio, un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato. Para este desarrollo, Bioceres se asoció a la multinacional Florimond Deprez, con la que formaron la empresa Trigall Genetics.
Van por las semillas
El proceso biotecnológico utilizado en el trigo transgénico, también aplicado a la soja HB4, fue patentado por Bioceres junto con el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en cuyos laboratorios se hizo el desarrollo. Si bien la titularidad de la patente es compartida, la comercialización es exclusiva de Bioceres. La empresa, además,presentó una solicitud para patentar a su nombre la semilla de trigo, que se denomina “evento transgénico de trigo IND-ØØ412-7”. Según el registro online del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI), este pedido está pendiente de resolución.
Patentar las semillas como si fueran inventos es la estrategia que vienen aplicando las multinacionales del agronegocio en todo el mundo para ejercer derechos de propiedad intelectual sobre los cultivos. Con ello, buscan ganar los mercados y cobrar regalías por el uso y multiplicación de las semillas.
La región ya lo vivió con la soja. Hacia fines de los ‘90 y principios de 2000, empresas como Monsanto (hoy Bayer) y Syngenta comenzaron a introducir en el campo sus semillas transgénicas resistentes a agrotóxicos. Años más tarde, una vez instaladas en el mercado, comenzaron a presionar para cobrar regalías por la tecnología introducida en los cultivos. Esto significa que, no conformes con vender las bolsas de semillas, exigen el pago de un royalty por cada vez que el agricultor, en caso de haber guardado semilla de su propia cosecha, quiera volver a sembrarla.
Ese cobro está prohibido en la Argentina por la Ley 20.274 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que garantiza el uso propio gratuito por parte del agricultor. Es decir, el productor puede guardar para volver a sembrar en su campo pero no puede venderla; si la vende, tiene que pagarle al dueño de variedad.
Ante esto, primero Monsanto y luego otras empresas del sector comenzaron a implementar contratos de venta de semillas que contemplan el pago de regalías, acompañados de controles en los acopios y puertos para detectar los granos transgénicos. El primero de esos esquemas fue la llamada "BolsaTech", diseñado para detectar la variedad de soja Intacta, propiedad de Monsanto. El más reciente se llama "Sembrá Evolución” y reúne a las principales empresas del sector, entre ellas BASF, Bioceres, Brevant, Don Mario, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Nidera y Pioneer.
Se lanzó en 2022, enfocado en el cobro de regalías sobre algunas variedades de soja transgénica, pero aspiran a aplicarlo sobre un universo más grande de semillas, incluso no transgénicas. Sin embargo, lo que las empresas consiguieron cobrar hasta ahora con este sistema está muy lejos de sus ambiciones. De las 17 millones de hectáreas de soja transgénica sembradas en el país, sólo dos millones pagan regalías, según informó el Grupo Don Mario en una entrevista con Bichos de Campo.
Es por esto que, desde hace más de una década, las empresas de semillas —entre ellas, Bioceres— presionan para que el Congreso Nacional modifique la ley de semillas y les garantice el cobro de las regalías. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri se avanzó en proyectos de ley que no llegaron a ser aprobados. Durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue el que aprobó el trigo HB4, el entonces ministro de Agricultura Julián Domínguez también se expresó a favor de modificar la ley.
Más cerca en el tiempo, en el frustrado proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, a principios de este año, se introdujo la adhesión de la Argentina al Convenio de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), conocido como Convenio UPOV91. De haberse aprobado, se hubieran restringido drásticamente los derechos de los agricultores, al prohibir el uso propio gratuito de las semillas para siembra o para la generación de nuevas variedades. Tras el fracaso del proyecto de ley, en el nuevo proyecto del Gobierno (conocido como Ley Bases, que fue aprobado en junio) la adhesión a UPOV91 fue retirada.
En este contexto, las empresas volvieron exigir públicamente la modificación de ley de semillas el pasado 1 de octubre, durante el Agribussiness Conference, un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). “Cuanto más respeto por la propiedad intelectual haya, se puede esperar que haya más inversión”, dijo Juan Farinati, presidente y CEO Cono Sur de Bayer, según publicó La Nación. “La Argentina necesita una normativa o un conjunto de normativas mucho más moderno, aggiornado a la tecnología que hoy existe.”
Defensa del uso propio
Más allá del impacto económico en los productores, que se verían obligados a pagar las regalías, una modificación de la ley en ese sentido tendría graves consecuencias para la producción agroecológica, campesina e indígena. Aumentaría la concentración de las semillas en manos de las empresas con mayor capacidad tecnológica y comercial al tiempo que reduciría aún más la diversidad de cultivos, afectando la capacidad de las comunidades de producir alimentos sanos, variados y a precios accesibles.
Por eso es que desde distintos sectores, tanto rurales como urbanos, se planeta un fuerte rechazo a la modificación de la ley. Organizaciones de pequeños y medianos productores, movimientos campesinos e indígenas, productores agroecológicos, asambleas socioambientales y cátedras libres de soberanía alimentaria de universidades nacionales alertan desde hace años sobre los impactos que tendría un avance mayor sobre la privatización de las semillas.
Fueron más de 400 las organizaciones que en enero pasado se unieron en un pronunciamiento para rechazar la adhesión de la Argentina al Convenio UPOV91. Entre ellas, están la Mesa Agroalimentaria Argentina, que reúne a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), el Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra y Bases Federadas. “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda cadena agroalimentaria, mediante el reconocimiento de mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputando derechos de las y los productores”, advirtieron.
Leyes y convenios internacionales
Otra de las instituciones que rechaza la modificación de la ley de semillas es la Federación Agraria Argentina (FAA). Su presidenta, Andrea Sarnari, hizo una analogía entre el trigo HB4 y lo ocurrido con la soja transgénica. “El reconocimiento de la propiedad intelectual de la tecnología introducida en el trigo lo coloca en igualdad de condiciones que la soja”, sostuvo ante la consulta de Tierra Viva. En ese sentido, reiteró la posición de la FAA de defender la actual ley. “Tenemos una clara postura de que el reconocimiento de esa propiedad intelectual se agota en el momento de la venta de la semilla. Y que a partir de allí pasa a ser propiedad del agricultor, con todas las facultades y derechos que le son reconocidos, entre ellos el de uso propio gratuito”, afirmó.
La ley argentina está en línea con el Convenio UPOV de 1978, que reconoce el derecho a dos tipos de uso gratuito. Uno es el derecho a guardar de la propia cosecha para volver a sembrar, excepto que sea para venderla como semilla, caso en el que sí hay obligación de pagar los derechos al obtentor o dueño de la tecnología. El otro uso gratuito es para quienes se dedican a mejorar y obtener nuevas variedades de semillas a partir de las ya existentes.
Sin embargo, por presión de las multinacionales del sector, en 1991 el Convenio UPOV fue modificado. La nueva versión, conocida como UPOV91, exige pagar regalías en todos los casos, al eliminar los derechos al uso gratuito presentes un UPOV78. “Puede afirmarse que las sucesivas modificaciones a la UPOV (1972, 1978 y 1991) en cuanto a la protección brindada a los obtentores (y a las empresas involucradas) se asimila cada vez más a la que otorgan las patentes”, advierte la investigadora Lucila Díaz Rönner. “Este tránsito del sistema de los derechos del obtentor (...) al del patentamiento sobre procesos biotecnológicos y genes se debe a la presión de las multinacionales que invierten en investigación y desarrollo con el fin de asegurar tanto sus ganancias monopólicas, dado sus derechos de exclusividad sobre los elementos patentados, como su control sobre los resultados de sus actividades de innovación genética aplicados a fines industriales y comerciales.”
La presión por aprobar leyes de semillas en línea con los convenios UPOV no ocurre solo en Argentina, sino en la mayoría de los países de América Latina y el mundo. Un informe de la organización internacional GRAIN explica cómo los Tratados de Libre Comercio (TLCs), por ejemplo, han sido utilizados para imponer estos cambios de régimen.
“A principios de la década de 1990, a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las empresas semilleras lograron presionar a los gobiernos para que renunciaran a su soberanía sobre las semillas y se sometieran al sistema de propiedad intelectual sobre variedades vegetales”, señala el informe. “Los tratados de libre comercio (TLCs) se han convertido en la herramienta favorita de los países industrializados, en cooperación con las corporaciones, para lograr que los gobiernos del Sur global adopten nuevas normas que restrinjan el derecho de campesinas y campesinos a guardar, intercambiar y mejorar sus semillas.”
Contaminación irreversible
La liberación en el campo del trigo HB4 puso en alerta a campesinos, indígenas y productores agroecológicos no sólo de Argentina sino de otros países por el riesgo de que el transgénico contamine a otros trigos, en un proceso que luego es irreversible en la naturaleza. En el campo, las semillas y los granos se mezclan, ya sea en las máquinas, en los camiones, en los acopios o a través de las siembras aéreas (que se usan sobre campos cultivados, para que una vez realizada la cosecha, el suelo ya tenga cobertura). Así como pasó con la soja y el maíz, tarde o temprano el transgénico pasa a estar presente en casi todos los cultivos, lo que conlleva graves consecuencias.
Una de ellas es que se hace cada vez más difícil conseguir semillas no transgénicas y de variedades que no sean las que venden las grandes empresas. Esto reduce en gran medida la diversidad de plantas disponibles, y por lo tanto, la variedad y la calidad de los alimentos.
Cristian Raggio es agricultor y produce trigo agroecológico en un campo en la localidad de Washington, en el sur cordobés, y en otro cerca de la localidad bonaerense de Luján. “El trigo que producimos en Córdoba es muy distinto al de Buenos Aires, porque las condiciones son más adversas, entonces el grano tiene otras características y hasta otro aroma, que es muy buscado por los panaderos”, contó a Tierra Viva.
A Raggio le preocupa el avance del trigo HB4 porque ya conocen y sufren las consecuencias de la soja y el maíz transgénicos: a pesar de los esfuerzos por mantener sus propias semillas, en muchos casos, al cabo de unos años se les terminan contaminando y se ven obligados a comprar bolsas de semillas orgánicas para recomenzar los procesos otra vez. “Te limitan la libertad de hacer tus propias cosas”, señala.
Otra de las consecuencias de la contaminación es la demanda del pago de regalías a productores que ni siquiera eligieron sembrar semillas con derechos de propiedad intelectual. Este caso está ilustrado en la película Percy vs Goliath, protagonizada por Christopher Walken, basada en la historia real de un productor canadiense que fue demandando por Monsanto (hoy Bayer) por haber hallado en sus cultivos canola patentada por la empresa.
En favor de biodiversidad y la soberanía alimentaria
Son numerosos los reclamos que existen tanto a nivel nacional como internacional para que se suspenda la autorización de cultivo y comercialización del trigo HB4. Uno de ellos es un recurso de amparo colectivo presentado por productores agroecológicos y comunidades indígenas ante el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
Entre los motivos, en la presentación destacan la defensa de la diversidad biológica ante “el peligro grave que representa la contaminación genética del trigo HB4 para todas las variedades de trigo criollas obtenidas luego de decenas de años de trabajo en los cultivares (...) que cubren gran parte de la provincia de Buenos Aires”. Y advierten que la liberación de este transgénico implica “anular la actividad agroecológica de personas y emprendimientos de la agricultura familiar, campesina e indígena que producen trigo agroecológico, que son quienes en la actualidad garantizan el acceso a alimentos sanos y de calidad, seguros e inocuos”.
En julio de 2022, el juez de primera instancia Néstor Adrián Salas entendió que había un riesgo de contaminación irreversible y prohibió de manera temporaria el cultivo del trigo HB4 hasta tanto se hagan estudios de impacto ambiental. Sin embargo, la medida fue revocada en marzo de 2023 por los jueces Diego Fernando Ucin, Elio Horacio Riccitelli y Roberto Daniel Mora, de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Ahora se espera una decisión final por parte de la Corte Suprema de Buenos Aires.
En Brasil, donde también se aprobó el cultivo del trigo HB4, 18 organizaciones de la sociedad civil presentaron un oficio antes autoridades nacionales y el Ministerio Público para que se suspenda la autorización. Entre los argumentos, apuntaron también a la inevitable contaminación y sus consecuencias. “Así como ocurrió con la contaminación masiva de toda la cadena de la soja, en poco tiempo el país podría perder su autonomía en la producción y comercialización de variedades convencionales de trigo, generando graves afectaciones no sólo a la diversidad agrícola sino también por la soberanía tecnológica y alimentaria del país”, advierten.
Las organizaciones brasileñas, entre las que se encuentra la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, la Articulación Nacional de Agroecología, el Instituto Brasileño de Defensa al consumidor y FIAN Brasil, remarcan el carácter “totalitario” de estas estrategias comerciales. “La inviabilidad de segregar diferentes sistemas de producción en todas las etapas de la cadena —desde el cultivo, el transporte, el almacenamiento hasta el procesamiento— convierte a la tecnología transgénica en totalitaria y viola el derecho de los agricultores a elegir qué régimen de producción quieren adoptar y de los consumidores respecto de su derecho a la libre elección respecto de la calidad/origen de los alimentos”. A ello agregan que, en el hipotético caso de que esa segregación fuera viable, los costos de llevarla a cabo recaerían en las cadenas de producción convencional, orgánica y agroecológica, encareciendo aún más los alimentos saludables. “Esto va en contra de las políticas encaminadas a la agricultura sostenible y las políticas para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria”, sostienen.
En Paraguay, otro de los países donde también se autorizó el cultivo, se lleva adelante una campaña en rechazo del transgénico. A nivel internacional, movimientos y organizaciones de América Latina, Asia y África alertaron sobre los riesgos y solicitaron la suspensión de las autorizaciones ante los relatores especiales de la Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Salud, Ambiente y Alimentación.
*Este artículo es parte de un proyecto realizado con el apoyo de Misereor.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-pan-en-riesgo-el-trigo-hb4-y-la-presion-del-agro-transgenico-para-privatizar-las-semillas/ - Imagen de portada: Ilustración: Sebastián Damen
