Colombia / La masacre de las bananeras: «No ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca»

Los días 5 y 6 de diciembre de 1928, el ejército colombiano asesinó a miles de mujeres, hombres y niños en Ciénaga, Magdalena, en lo que se conoció como la Masacre de las Bananeras. La matanza, perpetrada por los militares, buscaba proteger los intereses de la multinacional United Fruit Company: En la década de 1920, el departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, fue el epicentro de la producción bananera bajo el liderazgo de la United Fruit Company. Esta multinacional controlaba el mercado del banano en varios países de Centroamérica y el Caribe.

La empresa se apoderó de extensas tierras en la región para garantizar la producción. También aseguró la llegada de miles de personas de diferentes zonas del país para que trabajaran como obreros en las plantaciones. La historiadora Judith White señala que, a finales de los años veinte, la United Fruit Company dominaba el mercado internacional del banano dentro de la economía global. Sin embargo, algunas compañías empezaban a desafiarla al lograr reducir los costos de producción.
La represión de las luchas populares
Para mantener su participación en el mercado, la multinacional intentó recortar sus costos. En esos años, la zona bananera de Santa Marta dejó de ser competitiva: el banano colombiano pesaba menos que el de Centroamérica y los fletes hacia Estados Unidos eran más costosos.
Por otra parte, los movimientos revolucionarios cobraron importancia al recoger amplias reivindicaciones de los sectores populares, que sufrían condiciones de desigualdad y miseria. Los trabajadores de la United Fruit Company y sus familias padecían enfermedades, falta de acceso a salud y educación, hambre y otras carencias.
Esta situación, sumada al clima de lucha social, incentivó a los trabajadores a organizarse para exigir mejores condiciones laborales a la empresa.
Una vez organizados, los trabajadores definieron un pliego de peticiones preciso y buscaron dialogar con la United Fruit Company. Sin embargo, la dirección de la empresa rechazó estas demandas, se negó a sentarse a negociar y desconoció a los dirigentes obreros.
La compañía consideró las exigencias una amenaza para sus operaciones en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la empresa tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores locales. Por ello, la United Fruit Company se negó a negociar.
La multinacional argumentó que la huelga no era un paro legítimo, sino una rebelión contra la autoridad, fomentada por agitadores ajenos al conflicto.

El Estado al servicio de la masacre
Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena redactó el pliego de peticiones, envió copias no solo a la United Fruit Company, sino también al Presidente de la República, al Congreso y al Ministerio de Industrias. Los trabajadores solicitaron al Gobierno que reconociera la legalidad de sus demandas y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara con la empresa.
No obstante, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez optó por proteger los intereses de la United Fruit Company. Para ello, encargó al general Carlos Cortés Vargas que acabara con la protesta de los trabajadores.
Tras varias manifestaciones y continuas detenciones por parte del ejército, el general Cortés Vargas, el gobierno y, sobre todo, la multinacional presionaron para finalizar la huelga a toda costa.
Incluso enviaron soldados de Antioquia, pues el general consideró que las tropas locales no actuarían debido a sus vínculos familiares y fraternales con la gente de la región.
Un ejército asesino
En la noche del 5 de diciembre, Cortés Vargas se concentró en la plaza de Ciénaga con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de Antioquia y Boyacá.
Los manifestantes, que se preparaban para otra movilización pacífica, creían que el ejército no dispararía, por lo que nadie reaccionó ante las amenazas del militar.
Cuando comenzaron los disparos, el horror se apoderó de la plaza. Los nidos de ametralladora disparaban indiscriminadamente contra la multitud.
Nunca se precisó el número total de víctimas. Después del 6 de diciembre, continuaron los días de terror a manos del ejército colombiano.
Según el general Cortés Vargas, solo hubo 9 muertos; el embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podía llegar a 1000 asesinados. El dirigente sindical Alberto Castrillón aseguró que ascendía a 5000 muertos. Varios historiadores coinciden en que la falta de claridad se debe al control de la información que ejercieron los militares.
Jorge Eliécer Gaitán visitó la región y, a su regreso a Bogotá, denunció en el Congreso de la República cómo el ejército colombiano, por orden del gobierno, asesinó a miles de personas para proteger los intereses de la United Fruit Company.
El general Cortés Vargas, quien fue exonerado por estos hechos, explicó después que atacó a los manifestantes para evitar que buques de guerra estadounidenses invadieran el territorio colombiano en defensa de la multinacional.

De la Masacre de las Bananeras a financiar grupos paramilitares
Años después, la United Fruit Company fue sustituida por Chiquita Brands International, que hoy es la principal distribuidora de banano en Estados Unidos. Durante la década de 1990, Chiquita Brands fue acusada de financiar grupos paramilitares en Colombia.
El 14 de marzo de 2007, la empresa aceptó una multa de veinticinco millones de dólares en un caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por mantener vínculos con grupos paramilitares colombianos.
Según la justicia norteamericana, entre 1997 y 2004, altos funcionarios de Chiquita Brands pagaron 1,7 millones de dólares a los paramilitares a cambio de protección y para que estos despojaran a campesinos de sus tierras.
Chiquita Brands admitió ante un tribunal federal estadounidense que realizó esos pagos y se declaró culpable de hacer negocios con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). A cambio de pagar la multa de 25 millones de dólares, los documentos judiciales no revelaron la identidad de los ejecutivos que autorizaron los pagos ilegales.

Fuente: Colombia Informa