La gobernanza oceánica indígena de Chile está en una encrucijada
Las comunidades indígenas fueron pioneras en la creación de un nuevo tipo de protección costera; ahora, el gobierno busca recortar sus derechos: A los kawésqar, un pueblo indígena que habita desde hace más de siete
mil años en la Patagonia chilena, en el extremo sur del continente,
también se los llamaba “nómades del mar”. Su relación con este espacio
no solo ha sido ancestral, sino también vital: recorrían fiordos y
canales, recolectaban mariscos y pescados, se organizaban y practicaban
su cultura cotidiana.
Yasna Mussa
Pero con el paso de los años y los cambios en el panorama político, las actividades del pueblo kawésqar se vieron restringidas y limitadas. La violencia colonial y el despojo a finales del siglo XIX y principios del XX provocaron persecución, desplazamiento y muerte. Al mismo tiempo, industrias como la cría de salmón invadieron cada vez más sus territorios tradicionales y socavaron sus formas de vida en el mar.
“La relación de este pueblo con el mar es indisoluble”, afirma Leticia Caro, lideresa de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. “Navegamos porque descendemos de un pueblo nómade. Hay un uso constante dentro del territorio y allí se expresan los propios usos tradicionales y culturales de las comunidades indígenas. Son espacios de mantenimiento tradicional de las culturas, de subsistencia y de alimento”.
En 2008 se promulgó la Ley Lafkenche, que lleva el nombre de uno de los pueblos indígenas de Chile y entró en vigor en 2011. Esta legislación ha permitido la creación de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO).
Detrás de este acrónimo se esconde un modelo de gobernanza indígena sin precedentes en América Latina. Es uno de los pocos casos en el mundo en los que las comunidades originarias pueden tomar una parte activa sobre el espacio costero, considerando además su cosmovisión. Los ECMPO son una figura legal que reconoce y otorga la administración de espacios marinos a comunidades indígenas con el objetivo de proteger el uso ancestral de dichos territorios, promoviendo la gestión sostenible y la conservación biocultural por parte de las comunidades. Hoy existen 31 ECMPO activos y una centena de solicitudes, según datos entregados por la ONG chilena FIMA.
Este modelo enfrenta hoy su mayor desafío político. A pocos meses de asumir, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció que buscará cambiar la Ley Lafkenche para facilitar el desarrollo industrial. Para las comunidades que han construido su gobernanza sobre esta ley, la amenaza es existencial.
Avances y obstáculos
Patricio Colivoro es werkén de la Comunidad Mon Yen de Yaldad, un cargo ancestral cuyo rol principal es liderar las comunicaciones y transmitir los mensajes de su entorno al exterior. Junto a su comunidad y otras vecinas, han participado en la creación de tres ECMPO desde 2016. Estas se encuentran en el archipiélago de Chiloé, un conjunto de islas en el sur de Chile que desde hace mucho tiempo acogen a la cultura mapuche williche, una rama del pueblo indígena mapuche.
Este rincón del sur de Chile alberga múltiples ecosistemas frágiles. Cuenta con una gran riqueza de biodiversidad y especies únicas, como el zorro chilote (Lycalopex fulvipe) y la rana de Darwin (Rhinoderma darwinii). Estos paisajes también destacan por sus frondosos bosques, donde crecen alerces y arrayanes milenarios. Los habitantes locales han desarrollado una arquitectura distintiva: casas con tejas de madera y sostenidas por palafitos, estacas que elevan las construcciones sobre el agua.
Colivoro afirma que los ECMPO han contribuido a preservar esto: “Se ha logrado la recuperación de nichos ecológicos de ciertas especies que estaban desapareciendo de estos lugares. Hoy muestran un comportamiento positivo hacia su desarrollo. Los demás actores del borde costero reconocen y valoran a este ente administrador donde es la comunidad la que se ha vinculado”.
Los ECMPO operan bajo un marco legal común, pero su uso depende de cada administración comunitaria. En el caso de Chiloé, se continúa desarrollando la pesca artesanal, el marisqueo tradicional, la recolección de orilla de algas y mariscos, la navegación local, además del uso comunitario del borde costero, sus prácticas culturales y espirituales.
Contrariamente a lo que han afirmado algunos críticos, el ECMPO no delimita la propiedad privada indígena. Tampoco otorga exclusividad total a ninguna comunidad en particular ni prohíbe el desarrollo económico.
Colivoro destaca los aciertos que han tenido los ECMPO desde la experiencia de las comunidades con las que trabajan, como, por ejemplo, el posicionamiento de líderes comunitarios como actores relevantes dentro de la gestión y administración del borde costero.
Colivoro añade, sin embargo, que el principal desafío continúa siendo superar el umbral de discriminación. Afirma que su comunidad sigue encontrando actitudes racistas y prejuicios por parte de algunas instituciones y empresas que operan en Chiloé: “Se nos cuestiona nuestra capacidad administrativa, nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad armonizadora de las distintas partes que tienen interés en el borde costero”.
Las dificultades
La creación de una ECMPO es un proceso complejo.
“No son tantos los que han logrado llegar hasta ese momento porque los tiempos de tramitación son bastante largos”, explica Karla Vargas Arancibia, abogada y encargada de procesos territoriales en el equipo de Empoderamiento y Participación Pública de la ONG FIMA.
“Hay espacios en los cuales se ha tenido que judicializar ciertas situaciones o trabas. Por ejemplo, cuando hablamos de la admisibilidad de una solicitud, de la demora en esta admisibilidad o más adelante, a propósito de si se le reconoce o no cierto uso consuetudinario [por parte de los pueblos indígenas]”.
La abogada de FIMA también añade la falta de recursos disponibles para avanzar en cada etapa, que recae en la capacidad financiera con la que cuenta una comunidad. “Poder generar una solicitud, levantar información, tener un antropólogo que realice informes para poder solicitarlo, etcétera”. Además, la comunidad debe gestionar su ECMPO sin financiación ni apoyo estatal.
La decisión clave sobre la concesión de un ECMPO la toman organismos de carácter esencialmente político: la Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Estas están compuestas por unas 40 personas, entre las que se encuentran alcaldes, representantes de grupos de la sociedad civil y de diversos departamentos gubernamentales y, en algunos casos, representantes indígenas.
Una plataforma para la cultura
Antes de la Ley Lafkenche, el sistema chileno presionaba a las comunidades para que se organizaran en torno a los sindicatos de pesca artesanal. Esto hizo que las prácticas indígenas quedaran invisibilizadas, ya que los sindicatos no tenían necesidad ni espacio para ellas.
Dialogue Earth habló con Yohana Coñuecar Llancapani, dirigente mapuche williche originaria de la isla Llanchid, perteneciente a la comuna de Hualaihué. Afirma que los ECMPO, a diferencia de los sindicatos pesqueros, han proporcionado un espacio seguro para hablar de cultura, idioma, economía, organización y política sin miedo. Coñuecar Llancapani es la fundadora de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar (RMODM), un espacio que reúne a mujeres de diversas generaciones, pueblos originarios, profesiones y oficios del mar.
Chile ha introducido el concepto específico de zonas marítimas costeras en el discurso internacional
Yohana Coñuecar Llancapani, dirigente mapuche williche
Coñuecar resalta que la implementación de los ECMPO ha ayudado en la reactivación de la lengua, espiritualidad, medicina tradicional y la memoria de navegación, poniendo en valor actividades como la pesca y recolección.
“Cuando participamos en conferencias internacionales y decimos ‘Vengo de zonas marítimas costeras’, eso llama la atención”, explica Coñuecar. “Chile ha introducido este concepto específico en el discurso internacional. Pero además, cuando explicamos que quienes conformamos estas zonas somos mujeres, eso crea otro punto de interés que llama la atención, y también abre la posibilidad de coordinarnos con otros movimientos de comunidades indígenas o de mujeres pescadoras”.
Esto, a su vez, ha puesto de manifiesto las deficiencias institucionales que persisten. Por ejemplo, la falta de baños para mujeres en las caletas o las actitudes machistas de los propios compañeros de labores.
La amenaza del salmón
Una de las principales fuentes de conflicto en las aguas costeras de Chile es el cultivo de salmón.
Chile es el segundo productor mundial de salmón de cultivo, una industria valorada en más de 6.000 millones de dólares en exportaciones anuales que ha crecido de forma acelerada en las últimas décadas, precisamente en las costas y canales del sur donde habitan las comunidades indígenas.
La cría de salmón puede generar empleo e ingresos. Sin embargo, las organizaciones ecologistas y las comunidades locales han estado documentando los efectos negativos de esta expansión, como la contaminación del agua y la proliferación de algas tóxicas.
“Viendo desde lo espiritual, nuestro mar está en constante amenaza, por la salmonicultura y por las empresas mineras que están ahí queriendo explotar o expropiar los terrenos indígenas y acabar con nosotros”, afirma Pérsida Cheuquenao, presidenta de la Identidad Territorial Lafkenche, una organización indígena que agrupa a comunidades mapuches que han establecido o solicitado ECMPO.
Estas comunidades se extienden por la vasta región sur de Chile, desde el golfo de Arauco, en la región del Biobío, hasta la zona de Palena, en la región de Los Lagos. La zona cuenta con una gran biodiversidad, que incluye ballenas, delfines, lobos marinos y chungungos, así como peces y mariscos. Su objetivo es utilizar los ECMPO para desarrollar actividades marítimas tradicionales en zonas donde históricamente ha habido una importante actividad industrial y pesquera.
Aunque la Ley Lafkenche se ha ido consolidando y ha sido puesta como ejemplo a seguir por otros países, el panorama nacional se ha vuelto incierto desde que asumió el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast el 11 de marzo.
Como presidente electo, ya advertía que Chile podría ser “la primera potencia” salmonera global y cuestionó la ley que permite la creación de los ECMPO. “Impide el desarrollo portuario, el desarrollo de astilleros, el desarrollo de industrias salmoneras y de otras industrias pesqueras, pone en conflicto la pesca artesanal con comunidades que antes no existían. Eso es por la mala interpretación, el mal uso de una ley”, dijo Kast.
A fines de marzo, la Subsecretaría de Pesca anunció un cambio en sus prioridades, adelantando que impulsará cambios en la ley y relocalizaciones de las concesiones salmoneras. “No estaba previsto que comunidades tan pequeñas solicitaran proporciones tan amplias del mar, hay una desproporcionalidad que corregir”, dijo el subsecretario de pesca Osvaldo Urrutia.
Este no es el primer intento de revertir los ECMPO. El senador socialista Fidel Espinoza presentó anteriormente una moción en el Senado para introducir modificaciones legales que permitan, entre otras cosas, acelerar los procesos de solicitud y aprobación de ECMPO, que hoy pueden tardar años, estableciendo plazos más claros para que el Estado responda a las solicitudes.
Según Espinoza, el sistema actual genera incertidumbre jurídica, ya que existen solicitudes que abarcan extensas zonas y permanecen sin resolución durante largos periodos. Además, según el senador, afectan otras actividades productivas, especialmente en regiones del sur donde la pesca y la salmonicultura son clave. Esto, afirma el socialista, llevaría a una paralización del desarrollo costero si no se ordenan mejor los procesos.
Los grupos indígenas afirman que se les está dejando al margen del debate. “Ni siquiera se nos ha convocado, pese a que nosotros fuimos pilar fundamental en la elaboración de la ley”, afirma Cheuquenao.
Añade que, para su pueblo, su territorio es indivisible. Abarca tanto la tierra como el mar. “Queremos apoyar y proteger todo lo que forma parte de nuestra cosmovisión. Queremos cuidar todos los recursos que existen allí, tanto a lo largo de la costa como en alta mar. Seguiremos firmes en nuestra lucha”.
Fuente: https://dialogue.earth/es/oceanos/la-gobernanza-oceanica-indigena-de-chile-esta-en-una-encrucijada/ - Imagen de portada: La costa de Puerto Natales, en la Patagonia chilena, donde el pueblo indígena kawésqar busca que se cree un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) (Imagen: Jean-Paul Azam/ Hemis / Alamy)
