Chile: Debilitar la institucionalidad ambiental

 

Durante los próximos cuatro años, Chile enfrentará una decisión política determinante: optar por un modelo que considere el capital natural como activo estratégico para el desarrollo o ver la conservación de la biodiversidad como un obstáculo que debe ser removido para acelerar inversiones

Diego Luna Quevedo

Al igual que varios países de la región, Chile enfrenta una decisión que va mucho más allá de los debates sobre crecimiento económico, impuestos o gasto público. En el centro de la discusión está también el rol que tendrá el Estado en la protección del patrimonio natural del país. En un contexto donde todo gira hacia reducir el aparato estatal, la simplificación regulatoria, la revisión y eliminación de organismos públicos, resulta urgente preguntarse cuáles serían las implicancias de un debilitamiento de la institucionalidad ambiental para el desarrollo y la economía de Chile.
La discusión suele plantearse como una tensión entre crecimiento económico y regulación ambiental. Sin embargo, esta es una falsa dicotomía. La experiencia internacional demuestra que los países con mayores niveles de desarrollo cuentan, precisamente, con instituciones públicas robustas capaces de gestionar adecuadamente sus recursos naturales, prevenir conflictos socioambientales y generar certidumbre para la inversión.
La biodiversidad constituye uno de los principales activos estratégicos de Chile al sustentar servicios ecosistémicos críticos para la sociedad: provisión de agua, captura y almacenamiento de carbono, protección frente a eventos climáticos extremos, polinización de cultivos, pesca, turismo y bienestar humano. Sin embargo, la conservación de estos bienes públicos no ocurre de manera espontánea, sino que requiere planificación, monitoreo, fiscalización y coordinación entre múltiples actores. Es precisamente allí donde la institucionalidad ambiental cumple un papel insustituible.
El Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fueron diseñados para abordar desafíos complejos que el mercado, por sí solo, no puede resolver. Tienen como función asegurar que las decisiones de desarrollo incorporen adecuadamente los costos ambientales, proteger ecosistemas vulnerables y resguardar intereses colectivos que cada vez tienen menor representación política.
Cuando se habla de reducir el Estado, pocas veces se transparenta cuáles son los riesgos y las capacidades que podrían verse afectadas. En materia ambiental, incluso reducciones aparentemente menores pueden tener consecuencias irreversibles. Hay cuatro riesgos de alta complejidad; uno es el debilitamiento de la fiscalización. Las normas ambientales tienen sentido únicamente si existen instituciones capaces de verificar su cumplimiento. Cuando la capacidad de supervisión disminuye, aumentan los incentivos para incumplir regulaciones, generando impactos que posteriormente resultan mucho más costosos de remediar. La experiencia internacional muestra que la prevención suele ser considerablemente más barata que la restauración ecológica.
Un segundo riesgo está relacionado con el debilitamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La evaluación ambiental no constituye un mero trámite burocrático, sino una herramienta que permite identificar, prevenir y mitigar impactos antes de que ocurran. Cuando se reducen capacidades técnicas, se acortan artificialmente los procesos y se debilitan los estándares de revisión, los proyectos se aprueban a ciegas, con información insuficiente o sin considerar adecuadamente sus efectos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades. Todo, en nombre de “destrabar” la inversión.
Un tercer riesgo se relaciona con la gestión de áreas protegidas. Chile ha logrado importantes avances en la expansión de su sistema de protección terrestre y marina durante las últimas décadas. Sin embargo, declarar áreas protegidas constituye apenas un primer paso.La conservación efectiva requiere personal, financiamiento, planificación y presencia territorial permanente. El debilitamiento institucional expone a nuestras áreas protegidas a una peligrosa vulnerabilidad.
En ese sentido, la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas buscó cerrar una brecha histórica en la conservación del país. Debilitarlo antes de que alcance su plena implementación significaría desperdiciar años de acuerdos en base a construcción técnica, científica y política destinados a fortalecer la gestión de la biodiversidad.
Paradójicamente, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental genera efectos negativos sobre la inversión privada. Con frecuencia se asume que menos regulación implica automáticamente mayor crecimiento económico. Sin embargo, los inversionistas necesitan de reglas claras, procesos previsibles y organismos técnicamente competentes. Cuando las instituciones pierden capacidades, aumenta la incertidumbre respecto de las decisiones regulatorias, se incrementan los conflictos con comunidades locales y la judicialización. El resultado es exactamente el contrario al buscado: mayores costos y menor certeza para los proyectos.
Un cuarto riesgo importante es la pérdida de capacidad de adaptación frente al cambio climático. Chile enfrenta desafíos crecientes asociados a sequías prolongadas, incendios forestales, retroceso de glaciares, aumento del nivel del mar y eventos meteorológicos extremos. La adaptación climática exige planificación territorial, gestión integrada de cuencas, protección de ecosistemas estratégicos y coordinación entre distintos niveles de gobierno. Todas estas funciones dependen de instituciones públicas sólidas y con capacidades técnicas adecuadas.
Existe consenso en la necesidad de mejorar nuestra institucionalidad, simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia del aparato estatal. La modernización es necesaria y deseable. Sin embargo, lo que estamos viendo es una clara intención política de debilitar o en el peor de los casos desmantelar. Mejorar capacidades institucionales no puede equivaler a reducirlas. Agilizar procesos no debe implicar eliminar controles esenciales.
Durante los próximos cuatro años, el país enfrentará una decisión política determinante: optar por un modelo que considere el capital natural como activo estratégico para el desarrollo o ver la conservación de la biodiversidad como un obstáculo que debe ser removido para acelerar inversiones. Lo que está en juego no es únicamente la protección de especies o ecosistemas, sino la capacidad del Estado para resguardar bienes comunes y representar intereses colectivos de largo plazo en una democracia.

Diego Luna Quevedo es especialista en Política y Gobernanza de Manomet Conservation Sciences y representante en Chile de Fundación Futuro Latinoamericano
Fuente: https://elpais.com/chile/2026-06-16/debilitar-la-institucionalidad-ambiental.html- Imagen de portada: El parque nacional Torres del Paine, en Chile. MAURO FLAMINI (UNIVERSAL IMAGES VÍA GETTY IMAGES)