Plan de oleoducto Perú-Ecuador, amenaza grave para la Amazonía
En su último mensaje a la nación, el 28 de julio, la presidenta del gobierno de facto del Perú, Dina Boluarte, anunció que Petroperú y Petroecuador firmaron un acta de cooperación internacional: El Ministerio de Energía y Minas del Perú indicó que comprará a Ecuador crudo que será procesado en la refinería de Talara (región Piura, norte peruano) y exportado desde el puerto de Bayóvar (Piura). El proyecto incluye la construcción de un ducto de hasta 70 kilómetros de extensión para transportar 200,000 barriles por día desde la provincia ecuatoriana de Orellana.
Por Javier Bedía Prado
En respuesta, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) de la Nación Chapra y el GTA de la Nación Wampís se manifestaron en contra de la conexión binacional que implicaría ampliar la red del oleoducto norperuano. “Con su capacidad actual, el oleoducto norperuano genera un promedio de 146 derrames por año. Anunciar que triplicará su capacidad operativa es una irresponsabilidad mayúscula que representa una grave amenaza para nosotros y para toda la Amazonía”, advierten en un comunicado.
Los pueblos originarios observan que no se conoce el contenido del acuerdo y que no se consultó a las comunidades que serían impactadas, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Advertimos a las autoridades ecuatorianas y a cualquier empresa petrolera interesada en operar en esta región que dichas inversiones carecerán de seguridad jurídica, pues nacen violando nuestros derechos. Más temprano que tarde, estas deudas deberán saldarse y las operaciones ilegítimas serán anuladas”, subrayan.
El oleoducto norperuano es considerado ilegítimo por los pueblos amazónicos, debido a que fue construido sin consentimiento de las comunidades.
Entre los años 2000 y 2019, se registraron 474 derrames de petróleo en lotes de la Amazonía y el oleoducto norperuano, según un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam Perú. El 65% de las fugas se debieron a corrosión de la infraestructura y fallas operativas.
Frontera extractiva en suroriente de Ecuador
En Ecuador, las comunidades Waorani se encuentran movilizadas tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de la ampliación de la frontera extractiva en el suroriente del país. Desde esta zona se proyecta vender petróleo al Perú.
El pueblo amazónico demanda a la justicia que emita la sentencia pendiente de su caso contra la explotación petrolera en el departamento de Pastaza, en la línea de generar jurisprudencia vinculante sobre el derecho a la autodeterminación y consentimiento previo, libre e informado.
Entre las áreas de licitaciones abiertas por el Ejecutivo de Ecuador al capital extranjero se incluiría Pastaza, donde actualmente no hay actividad petrolera debido a un fallo judicial de 2019 en favor de los Waorani, lo que impidió la operación de un bloque de hidrocarburo.
“Es hora de que la Corte Constitucional salga de sus escritorios y escuche directamente a las autoridades ancestrales Waorani, a nuestros pikenani, en nuestro territorio ancestral. Solo desde una escucha real y en condiciones de interculturalidad puede existir justicia para los pueblos y nacionalidades indígenas”, indicó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
De acuerdo a Amazon Frontlines, se pretenden licitar 21 bloques petroleros en un radio de 3,5 millones de hectáreas de bosque amazónico. El 91% de esta superficie es territorio ancestral de siete pueblos indígenas: Andwa, Achuar, Shiwiar, Kichwa, Shuar, Sapara y Waorani.
Responsabilidad de Petroperú en desastres ambientales
Por su parte, las naciones indígenas de la Amazonía peruana denunciaron el motivo de Petroperú para concretar el acuerdo con Ecuador.
“Petroperú, desesperada por hacer rentable el elefante blanco que representa la Refinería de Talara, está dispuesta a todo: endeudar al país mediante salvatajes gubernamentales, expandir la contaminación en la Amazonía, causar más daños a nuestras costas —afectando a nuestros hermanos pescadores artesanales—, y sobrecargar un oleoducto que ya es fuente constante de desastre ambiental”.
La petrolera estatal, además, no encuentra socio para reactivar el lote 64, de ubicación estratégica, cerca del oleoducto norperuano, en la región Loreto. En la subasta pública abierta en mayo no se presentaron postores, por lo que la licitación se negociará directamente.
“A pesar de los avances legislativos, se pretende imponer el lote 64, que tampoco ha sido consultado y que es rechazado de forma abierta por nuestras organizaciones. Exigimos al gobierno que rectifique su rumbo, respete nuestros derechos y priorice la reparación e indemnización de los pueblos afectados por la contaminación petrolera”, concluyen.
La ausencia de empresas dispuestas a invertir en el lote 64 se debe a la resistencia de comunidades indígenas que desde 1995 bloquean activamente los intentos del Estado peruano de operar en esa zona. Una eventual ampliación del oleoducto norperuano no enfrentará una oposición menor de los pueblos originarios.
Fuente: Avispa Midia
