La propuesta de Resolución del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para regular la comercialización de semillas no certificadas constituye, en la práctica, un ataque directo al patrimonio de agricultores campesinos, comunidades indígenas y huertos urbanos, según denuncian ANAMURI, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y RAP Chile. El texto establece un nuevo registro obligatorio con requisitos imposibles de cumplir para la agricultura familiar, como la exigencia de homogeneidad varietal –contraria a la naturaleza evolutiva de las semillas tradicionales– y costos de etiquetado, envasado e inscripción que hacen inviable el intercambio. Además, crea la figura del «representante de una variedad» sin exigir vínculo con su producción, abriendo la puerta a que empresas semilleras se apropien de semillas campesinas por vía administrativa. Según las organizaciones, el proyecto lleva el sello de ANPROS, gremio que agrupa a trasnacionales como Bayer, Syngenta y Corteva, y que históricamente...