Cobrar los rayos de sol

Escrito por Marta González Borraz

¿Se imagina el lector que alguien tuviera que pagar por el aire que respira? Los ciudadanos españoles tendrán que pagar por utilizar el sol y el viento mediante un nuevo impuesto sobre el autoconsumo.
A partir del 1 de enero de 2014 los ciudadanos españoles tendrán que pagar por utilizar el sol y el viento. Así lo establece el proyecto de ley del sector eléctrico, que se encuentra en tramitación. La norma fija un impuesto denominado "de respaldo" obligatorio para los particulares que producen su propia energía. Es decir, todo el que tenga una instalación fotovoltaica en su casa o comercio tendrá que empezar a pagar por estar conectado a la red eléctrica. De esta forma, el desembolso del usuario será mayor que si se opta por el consumo convencional.
Generar electricidad propia mediante paneles solares o molinillos de viento se había convertido en una interesante alternativa. Supone un alivio para el medioambiente al tratarse de energías renovables y garantiza un ahorro importante debido al abaratamiento de las instalaciones y a las constantes subidas de la factura de la luz.
El proyecto de ley del sector eléctrico penaliza el autoconsumo y favorece a las compañías eléctricas.
Cuando no hay sol o viento hay que engancharse a la red y pagar la factura normal ya que en España, al contrario que en otros países pioneros, no está permitido ceder la energía sobrante y recuperarla cuando se necesite o venderla a las compañías eléctricas. A pesar de ello el autoconsumo se ha incrementado en los últimos años. Lo utilizan granjas, supermercados, industrias cárnicas, restaurantes y algunos hogares. En caso de que no se inscriban en el registro oficial para pagar el impuesto a la producción propia se arriesgan a cortes de suministro y multas de hasta 30 millones de euros.
Darío Corrales vive con su familia de cuatro miembros en un alojamiento unifamiliar y hace cuatro años instaló dos paneles solares. Sostiene que tras una inversión inicial "en poco tiempo el bolsillo lo nota". "El impuesto esconde el objetivo de que volvamos a depender de las compañías eléctricas. Acaba con el autoconsumo porque deja de ser rentable", declara.
Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la intención es que todos los consumidores "contribuyan a los costes y servicios del sistema". Sin embargo fuentes del sector de las renovables afirman que se trata de "penalizar el autoconsumo" y favorecer a las compañías eléctricas. Sostienen que el peaje "de respaldo" pretende evitar que la autonomía energética se desarrolle, ya que si prosigue los ritmos de crecimiento puede convertirse en una fuerte competidora de las grandes empresas.
Varias organizaciones acusan al gobierno de frenar el desarrollo de las energías limpias y obligar al país a importar.
Varias organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción manifiestan su rechazo a la reforma eléctrica. Acusan al Gobierno de frenar el desarrollo de las energías limpias y obligar al país a importar y quemar combustibles fósiles, lo que a la larga puede generar una situación insostenible a nivel ambiental, económico y social. También la mayoría de partidos políticos se han sumado a las críticas, e incluso los organismos reguladores han mostrado su disconformidad. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) insta al Ejecutivo a suprimir el impuesto ya que, como sostiene su presidente Alberto Lafuente, no tiene en cuenta beneficios sociales del autoconsumo como la menor dependencia energética y el menor impacto medioambiental de las actividades eléctricas.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético es la unión de personas y organizaciones comprometidas con la transición hacia un sistema energético limpio y sostenible. Para Jorge Morales, ingeniero industrial y miembro de la organización "el peaje al autoconsumo es como si tienes plantados unos tomates en tu terraza y tuvieras que pagar al supermercado de la esquina un canon obligatorio mensual por si, en el momento en que te quedes sin tomates, quisieras ir a comprarlos. No pasa en ningún país del mundo". Depender de las energías más sucias y contaminantes nos conduce a un sistema injusto y sometido al petróleo, que tiene consecuencias negativas para la naturaleza. Por ello la organización considera que la reforma energética es una "involución" contraria al "futuro sostenible" por el que apuesta.
Fuente: Revista Fusión - Imagen: geotermiasolar.net
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PARA MENTIR NO HACE FALTA MUCHO

En todas partes pasa lo mismo. A los ministros de ambiente les gusta predecir los éxitos de sus políticas cuando en la práctica están rodeados de fracasos. En Argentina Mussi dice que la situación del Riachuelo ha mejorado en un 50 %, pero el caso español no se le queda atrás en la Cumbre de Cambio Climático a la hora de chamuyar. En este caso el fabulador es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que anunció ayer que, a falta de los últimos datos del inventario, y pese a los augurios pesimistas de algunos (sic), está en condiciones de cumplir con el primer periodo del Protocolo de Kioto (2008-2012), cuyas cuentas se rendirán en 2015. Con estos dos ejemplos podríamos tomar a cualquier línea de funcionarios, desde un municipal hasta un presidente. En común después de todo discurso el ambiente es algo que los incomoda, puesto que no es invisible. De todos modos para tranquilidad de la humanidad también lo hacen en todos los temas. Volviendo al caso Cañete ya que de Argentina no se puede contar nada ya que el secretario de ambiente Mussi está de salida, por lo cual poco le importa el cambio climático, se mandó una de gallegos. Cañete aprovechó la presentación del Perfil Ambiental de España 2012, el informe que radiografía la situación medioambiental del país, para presentar los principales avances en materia climática.
“Tenemos unas emisiones de gases de efecto invernadero un 21% superiores a los niveles del año de referencia 1990. Y sabrán ustedes que el Protocolo permitía que fueran un 15% mayores que las de ese año”, explicó ayer el ministro.
Sin embargo, según aclaró, para cumplir con los compromisos adquiridos hasta el año 2012 el Gobierno ha invertido 800 millones de euros en compras de derechos de emisión. “Pero hemos dado un giro a la política de cambio climático y, en lugar de comprar derechos de emisión a terceros países, hemos pasado a la reducción de emisiones en nuestro territorio”, dijo Cañete.

Fuente: medioymedio.com.ar

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