¿La tercera es la vencida? Consideraciones para una Nueva Constitución con Perspectiva Ecológica para el Siglo XXI

En prácticamente 1 año, Chile tiene una tercera oportunidad para poder contribuir activamente en la protección del medio ambiente a través de actos políticos que lo involucran como Estado a nivel global, regional y local, y que desde lo antropocéntrico podría considerar una visión que nos acerque a un mayor equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. ¿Será capaz de lograr el objetivo?.

Por Carolina Parraguez Piña

Tras el Estallido Social de octubre del año 2019, la celebración de la Cop25 se vio afectada, por lo que la Presidencia de Chile, representada por el Ministerio del Medio Ambiente, se debió trasladar a la ciudad de Madrid para celebrar la Conferencia de la ONU Sobre Cambio Climático; independiente de los problemas políticos y sociales del país, los resultados de dicho encuentro internacional fueron un fracaso, manteniendo la tendencia negativa de la Cop21 celebrada en la ciudad de París el año 2015. A la fecha, aún no se puede llegar a un consenso global que limite la temperatura del Planeta a un máximo que no supere los 1.5 grados para este siglo XXI, como resultado de las acciones humanas que a través de las actividades industriales y contaminantes, principalmente, y que por medio de este compromiso podrían los países acordar reducir las emisiones de carbono para hacer frente a la ya declarada emergencia climática. El próximo mes diciembre será la oportunidad de Escocia. Esperemos la Pandemia no sea esta vez obstáculo y excusa para llegar a un resultado favorable.
Chile es uno de los países más afectados ambientalmente a nivel mundial, derivado de una severa crisis ecológica producida por el desequilibrio entre crecimiento y desarrollo económico y la tardía y caprichosa comprensión sobre el desarrollo sostenible, como resultado de una Constitución Política que da más valor a las actividades económicas por sobre el derecho a la vida de las personas y el medio ambiente que vincula al ser humano con su entorno, como ocurre, por ejemplo, con la agro industria y la mega sequía que aridifica nuestros suelos, y que también impide a miles de personas acceder a agua potable, así como también las zonas de sacrificio en que se privilegia a la industria minera por sobre la vida de escolares intoxicados por los incuantificables contaminantes que afectan la bahía de Quintero.
Chile es uno de los países más afectados ambientalmente a nivel mundial, derivado de una severa crisis ecológica producida por el desequilibrio entre crecimiento y desarrollo económico y la tardía y caprichosa comprensión sobre el desarrollo sostenible.
Sobre esto último, pareciera que la segunda oportunidad que Chile ha tenido de actuar como un Estado responsable y consciente de la afectación a la naturaleza en razón de sus actividades económicas extractivistas de recursos naturales (minería, forestal, pesca y acuicultura, agricultura, principalmente), quedó de manifiesto con la negativa del actual gobierno de ratificar el Acuerdo de Escazú el pasado mes de septiembre, bajo la excusa de ya contar con la institucionalidad ambiental suficiente y necesaria para cubrir las problemáticas ambientales de nuestro país, sin embargo, no ratificar este Acuerdo significa que no hemos comprendido que los ecosistemas y la naturaleza en sí no responden a fronteras políticas y límites geográficos impuestos por los Estados y que los deberes de cuidado y protección del medio ambiente son una responsabilidad compartida y solidaria. Negarnos a dicha ratificación es una peligrosa decisión que deja vulnerables a los defensores ambientales, que impide ejercer la democracia a través de la participación ciudadana, y una Justicia Ambiental para la región que comprometa conjuntamente a los Estados que compartimos territorios. La no ratificación, nos excluyó.
El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019, de la cual deriva la Ley 21.200, relativa a la reforma de la Constitución y el procedimiento para elaborar una nueva Carta Magna, ha dado paso al proceso constituyente más significativo desde la vuelta a la democracia y la posibilidad de poner sobre la mesa, en conjunto con otras múltiples prerrogativas, sobre cómo queremos definir el medio ambiente como garantía constitucional; en lo que respecta a temas ambientales, no es sequía es saqueo, agua potable como derecho humano esencial, protección a los animales, TTP11, plásticos y contaminación, y pueblos originarios, son precisamente de los principales temas que se deberán discutir de ganar el Apruebo. En caso contrario, la voluntad del Congreso seguirá siendo la que predomina, con los resultados que la ciudadanía ya conoce.
Actualmente en el Congreso se tramitan los proyectos de Ley Marco sobre Cambio Climático, Protección a los Glaciares, Ley Antártica, o la Reforma del Código de Aguas, sin embargo, de continuar vigente la Constitución de 1980, el resultado de dichas leyes seguirá sin ser suficientes para la gravedad de la mega sequía y los efectos negativos del cambio climático, ya que el concepto de medio ambiente en Chile sólo expresa una visión llamada café y no verde sobre el tema, al expresar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (19 nº 8), disposición a medio camino entre el derecho a la vida (19 nº 1) y el orden público económico (19 nº 21 a 24º), que en la práctica ha demostrado dar mayor jerarquía al Estado Subsidiario, al derecho de propiedad y a las concesiones, que tan claramente otorgan derechos a los particulares sobre nuestros recursos naturales, y expresamente propiedad sobre las minas y el derecho de aprovechamiento de aguas, por lo que cualquier Ley, aún cuando sea pro cuidado y protección de nuestros recursos naturales, va a tener que responder al mandato constitucional ya expuesto, impidiendo cualquier tipo de avance sobre la materia que permita un mayor equilibrio entre la relación del ser humano y su entorno (como ocurrió con la Ley Cholito y el estatuto de bienes muebles que se le da a los animales), ya que en palabras simples, nuestra actual Constitución prioriza la propiedad y las actividades económicas extractivistas por sobre el medio ambiente y la vida.

Crédito: Gentileza de Francisca Hidalgo, de @estudiofagus

Hemos visto algunos avances en sustentabilidad al proponerse más tecnología y algunos incentivos para seguir calificando como país OCDE, pero en ninguno de los casos busca el restablecimiento de la riqueza de la biodiversidad en las montañas, valles y el océano, o el equilibrio armónico entre las ciudades y los hábitos de consumo y desarrollo, siendo absolutamente todos los espacios depredados a diario por la industria minera, energética, forestal, pesca y acuicultura y agrícola y ganadera, que sin lugar a dudas responden al exclusivo beneficio de una cultura occidental y consumista que demanda ilimitadamente celulares, ropa o comida chatarra, que provienen de los suelos, ríos o animales que sirven de materia prima para elaborar productos que conjugan en perfecta relación con el sistema económico y cultural que resulta insostenible si queremos pensar en un futuro sin las consecuencias del cambio climático, la degradación y extinción de la biodiversidad, e incluso la nuestra.
Algunos temen que el actual proceso constituyente sea una hoja en blanco, sin embargo, las reglas del juego ya están establecidas; una Nueva Constitución deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (inciso final artículo 135, Ley 21.200). En palabras simples, aferrarse a los ideales del siglo XX es hundir a la humanidad y todo lo que ella consume como cual Titanic, por lo que la invitación es a comprender que de lo ya construido, sea bueno o malo, es el momento  para establecer y ampliar nuevos principios, derechos e instituciones que respondan a las necesidades y desafíos de estos tiempos.
Las reglas del juego actual son claras. Si se elige la Convención Mixta, un 50% de sus integrantes convencionales serán miembros actuales del Congreso, y el otro 50% serán representantes ciudadanos elegidos entre sus pares. De ganar la opción de la Convención Constitucional, el 100% será elegido entre y por la ciudadanía, lo que nos da la oportunidad de ser una nación sensata que comprende que las normas jurídicas no sólo son necesarias para regularnos entre humanos, sino también con lo no humano, como son nuestros bosques o animales (también llamados recursos naturales), así como también que las ciencias, la tecnología y las energías renovables no convencionales abren las puertas a los pendientes que como Estado y sociedad tenemos en materia de sustentabilidad, y que hoy no son más que la respuesta ante esta cuarta revolución industrial y era digital, que de ser bien administradas, nos deberían servir de herramienta para adquirir más conocimientos que nos posibiliten reflexionar sobre nuestras interacciones y relaciones con el entorno, estableciendo no sólo derechos individuales sino también derechos colectivos y solidarios. No todo es por y para nosotros.
En palabras simples, nuestra actual Constitución prioriza la propiedad y las actividades económicas extractivistas por sobre el medio ambiente y la vida.
La esperanza es que la política y el Estado de Derecho se inspiren e incluyan, también, la participación ciudadana y el rol democrático que corresponde a la sociedad civil, la visión de los pueblos originarios y su cosmovisión coherente en la relación humano y naturaleza, así como también los principios de la permacultura y la eco resiliencia,  para que elijamos sabiamente a los mejores representantes en la Convención, que como órgano político Constituyente tendrá la labor de ser la voz de lo que queremos ser como Nación a través de una Nueva Constitución que fijará las nuevas reglas sobre cómo nos relacionaremos como humanidad y de todo cuanto nos servimos del medio ambiente.
Actualmente, la Constitución en su artículo primero inciso cuarto expresa que el Estado está al servicio de la persona humana. La propuesta es que el Estado esté al servicio del bienestar y buen trato de la humanidad para con el medio ambiente, siendo su finalidad proteger la armonía y equilibrio con los ecosistemas que dan sustento a la vida.
Seamos menos cóndor y más huemul, es decir, menos carroña y más gracia, como decía Gabriela Mistral.
La tercera, ¿será la vencida? El futuro no espera.

Ilustración enviada para convocatoria “Carteles para una Constitución Ecológica” de Revista Endémico. Crédito: Gentileza de @ilustraverde
Sobre la Autora
Carolina Parraguez Presidenta Fundación Aurora Cívica Ambiental. Abogada, Magíster Derecho Ambiental Universidad del Desarrollo, Docente Universidad Pedro de Valdivia.
Fuente: https://www.endemico.org/

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